Carolina Yañez Rodríguez
Expediente 1274/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1274/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Carolina Yañez Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que por acuerdo de seis de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibió el informe justificado de la autoridad responsable, mediante el cual manifestó que es cierto el acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la pensión alimenticia provisional, dictada en el expediente ***********, relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar sobre guarda y custodia y pensión alimenticia promovido por *********** en ejercicio de la patria potestad y en representación del menor de identidad reservada de iniciales G.E.D.R. en contra de la quejosa ***********. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, esta juzgadora advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que antes de acudir al juicio de amparo, la quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa respectivo, en contra del acto reclamado, de conformidad con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; precepto legal que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El precepto transcrito contempla el principio de definitividad, al establecer que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales, la ley ordinaria concede algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Dicho principio supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que de existir algún medio ordinario de defensa que el quejoso no hubiese interpuesto, el amparo resulta improcedente. Además, este principio, responde a la naturaleza jurídica del juicio biinstancial como medio extraordinario y supremo de defensa de los derechos humanos o fundamentales de los gobernados, por lo que, lógicamente, antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de impugnación del acto reclamado legalmente establecidos. Asimismo, sustenta lo anterior la jurisprudencia número I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 902, con número de registro 187016, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Los artículos 5.45, 5.74 y 5.75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, disponen: "Artículo 5.45. Las medidas provisionales serán revisadas de oficio y, en su caso modificadas en la audiencia inicial en la que, inclusive, podrán dictarse otras. Las resoluciones provisionales dictadas en la audiencia inicial sólo podrán modificarse en sentencia definitiva." "Artículo 5.74. Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales." "Artículo 5.75. En audiencia, el recurso de revocación procede en contra de: I. El auto que resuelva excepciones procesales; II. El que inadmita pruebas; III. El auto que declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes; y IV. El que resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. (.)". De estos artículos, se advierte que en los juicios sobre controversias del estado civil de las personas y del derecho familiar, a) las resoluciones provisionales dictadas en la audiencia inicial sólo podrán modificarse en sentencia definitiva, b) los autos y decretos dictados fuera de la audiencia serán revocables conforme a las reglas generales que se especifican para tal medio de impugnación, y c) el recurso de revocación procede contra las medidas provisionales dictadas en audiencia. En el caso que nos ocupa, la impetrante de amparo reclama la determinación emitida por la autoridad responsable mediante la cual se le fijó una pensión alimenticia provisional, dictada en Audiencia Inicial el once de septiembre de dos mil veintitrés, en el expediente ***********, relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar sobre guarda y custodia y pensión alimenticia promovido por *********** en ejercicio de la patria potestad y en representación del menor de identidad reservada de iniciales G.E.D.R. en contra de la quejosa ***********. Ahora, contra dicha determinación, procede el recurso de revocación previsto en los artículo 5.74 y 5.75 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, el cual, puede tener por efecto que los actos sean revocados o modificados las consideraciones que dieron origen al acto reclamado, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal. Por tanto, al conceder la ley ordinaria un recurso por virtud del cual, puedan ser modificadas o revocadas las determinaciones combatidas, es inconcuso que la parte quejosa estaba obligada a agotar tal medio ordinario de impugnación, previo a acudir a esta instancia constitucional. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia con registro electrónico 2005039, emitida en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, dentro del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I pagina 350, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo.". Sin que sea óbice a lo anterior, la jurisprudencia1 de título: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO". De ese criterio, se advierte que el más Alto Tribunal de la República ha estimado como una excepción al principio de definitividad, los casos en que esté involucrado un menor de edad y cualquiera de las partes alegue un riesgo para éste, en caso de ejecutarse la resolución, si el recurso ordinario es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que se encuentra. En el presente asunto, como se ha visto, la determinación de once de septiembre del año en curso, que se cuestiona a través de la acción constitucional, consiste en la audiencia inicial en la que la responsable fijó la pensión alimenticia provisional, dictada en el expediente ***********, relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar sobre guarda y custodia y pensión alimenticia promovido por *********** en ejercicio de la patria potestad y en representación del menor de identidad reservada de iniciales G.E.D.R. en contra de la quejosa *********** Al respecto, no se actualiza el supuesto a que se refiere el citado criterio jurisprudencial, porque conforme a lo establecido en la parte final del artículo 5.75 del Código citado, el recurso de revocación se debe interponer al momento de emitirse el auto o decreto, el cual debe resolver de manera inmediata el juzgador. En consecuencia, la peticionaria de amparo tenía el deber de agotar el recurso ordinario antes de promover el juicio de amparo. Tampoco se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En ese tenor, el acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto, ni constituye un acto que afecte la libertad personal de la inconforme; ni la quejosa tiene el carácter de tercera extraña a juicio, como se establece en el inciso c) del citado numeral, puesto que es parte en el procedimiento de origen. De igual manera, no se actualiza la hipótesis prevista en la última parte de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la procedencia del recurso de revocación no está sujeta a interpretación adicional, ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, pues los artículos 5.74 y 5.75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, son claros en determinar que las resoluciones dictadas fuera de la audiencia y en audiencia, respectivamente, serán revocables. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con la fracción V del artículo 63, ibídem. Por lo anterior expuesto, se sobresee el juicio de amparo antes de la audiencia constitucional toda vez que ni aun celebrándose ésta podría ser desvirtuada con prueba alguna la causal invocada, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando la causa de improcedencia es notoria e indudable, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Así lo establece en lo conducente de la tesis 13K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página 1235, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." Finalmente, se desprende que de una consulta realizada en la agenda electrónica de audiencias, que se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), de este Juzgado de Distrito, se advierte que fueron señaladas las nueve horas con cuarenta minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés; sin embargo, en auto de nueve de noviembre del año en curso, se asentó que se señalaron las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del treinta de noviembre del presente año. Bajo ese contexto, se hace la aclaración que la hora correcta lo es las nueve horas con cuarenta minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés; en consecuencia, y atento a lo acordado en líneas que anteceden se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional en el presente expediente. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Lista Fiscal Federal adscrito Lista
- Incidental
S E R E S U E L V E ÚNICO. Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a *****, por los actos y razones indicados en el considerando III inciso a.1 de este fallo. Notifíquese
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Estado procesal de los autos. Visto el estado procesal del juicio en que se actúa y las constancias que lo integran, se advierte que aún no transcurre el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Jueza Segunda Familiar de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 2. Imposibilidad legal para su celebración. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo1 , el órgano jurisdiccional podrá diferir o suspender la audiencia, según proceda, cuando no haya trascurrido un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional. En suma a ello, es menester acotar que, en términos de la redacción del citado precepto legal, dicho diferimiento habrá de realizarse a solicitud del quejoso o del tercero interesado. Sin embargo, en el cuarto párrafo del numeral aludido se establece que los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Evidenciándose de esta manera la intención del legislador de otorgar a las partes la aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De ahí que, de una interpretación sistemática del contenido íntegro del precepto legal en cita, el órgano jurisdiccional se encuentra facultado para diferir, de oficio, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. Logrando así un debido equilibrio procesal de las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.2 Criterio que resulta vigente de acuerdo con los artículos 2173 y sexto transitorio4 de la Ley de Amparo en vigor, al haberse emitido por el Máximo Tribunal conforme a normas de la Ley de Amparo anterior, que resultan sustancialmente similares a las normas correlativas de la Ley de Amparo vigente.5 3. Diferimiento. En consecuencia, a efecto de dar margen a que se cumpla lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 22 de dicho ordenamiento legal, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés. 4. Se glosa registro. Téngase por recibido el escrito suscrito por **********, mediante el cual pretende ampliar su demanda de amparo. A efecto de acordar lo conducente a la ampliación de la demanda, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece la necesidad por parte del juzgador de examinar todo el escrito de demanda y, si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, pues tal dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de amparo en ese sentido, se procede analizar tales aspectos. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. La tesis en cita prevé que, para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo que resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso. Sobre esa base, se considera necesario señalar que los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 111, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, prevén: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: (.) II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda. Los preceptos transcritos establecen que la imposibilidad de ampliar la demanda deriva de la Constitución Federal y las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo, exceptuándose entre ellas, la reconocida en su numeral 111, que prevé la posibilidad de formularla, siempre y cuando el nuevo acto por el que se pretenda ampliar la demanda guarde estrecha relación el señalado en el escrito inicial de demanda. La ampliación de la demanda de amparo constituye una figura procesal que implica la adición o modificación por parte del quejoso, de lo expuesto en su escrito original, para que forme parte de la controversia constitucional que deberá resolver el juez o tribunal de amparo que conozca del asunto; ampliación que puede recaer sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación. Conforme a lo previsto en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se desprende que la demanda de amparo podrá ampliarse, cuando: a) No hayan transcurrido los plazos para su presentación; o b) El quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial; caso en que la ampliación debe sujetarse a los plazos del referido numeral 17. Adicionalmente, es de tomar en consideración la jurisprudencia 15/2003 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, julio de 2003, página 12, de rubro: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. Cabe señalar que la ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica que debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia, tales como el que no se haya integrado la litis y que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que llevaron a cabo los actos reclamados, pero debe existir siempre una relación con los actos primigenios. En esas condiciones, se tiene que en auto de once de octubre del año en curso, se admitió la demanda de amparo por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en: De lo anterior, se advierte que el acto por el cual pretende ampliar su demanda no deriva de un hecho novedoso para que en su caso pueda ser procedente la ampliación, pues deriva de las autoridades responsables y actos reclamados por los que se pretende ampliar su demanda son los mismos que por los que se admitió la demanda. Es aplicable en lo conducente por el criterio que sostiene, la jurisprudencia VI.2o.C. J/240, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1339, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIX, Enero de 2004, Novena Época, cuyo rubro dispone lo siguiente: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos. En tales condiciones, se aprecia que la ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios. Por lo expuesto, se considera que contra el acto consistente en el incidente de liquidación de pensiones adeudadas que señala como nuevo acto reclamado, la instancia constitucional resulta notoria, manifiesta e indudablemente improcedente, por actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 111, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, ya que dicho acto reclamado y autoridad señalada como responsable por los que se formula la ampliación se tratan de los mismos por los que se admitió a trámite la demanda inicial, es decir las consecuencias derivadas del acto reclamado, serán analizados en el fondo de la sentencia que se llegue a dictar en el mismo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 113, 61, fracción XXIII y 111, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la ampliación de demanda, respecto de los actos precisados en el escrito que se acuerda. Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia es indudable pues no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión de derecho no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue la conclusión a la que se ha llegado tampoco cambiará. Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial emitido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos manifiesto e indudable a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Cabe precisar que la presente determinación no vulnera el derecho de acceso a la justicia, pues éste lo que protege es la obtención de una resolución sobre la pretensión que se plantee por el promovente, más no que sea resuelta favorable a sus intereses, mucho menos que se ignoren principios fundamentales que rigen nuestro sistema jurídico o que se entorpezca el desarrollo de las etapas del proceso a través de la interposición de medios de defensa ineficaces o improcedentes. Sirve de apoyo la jurisprudencia XI.1o.A.T. J/1, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, visible en la página seiscientos noventa y nueve, del tomo I, noviembre de dos mil trece, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo. 5. Alegatos. Téngase por recibido el escrito suscrito por el tercero interesado **********, y en atención a su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones a manera de alegatos, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Lista Fiscal Federal adscrito Lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a seis de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Se agrega informe justificado. Glósese a los autos el oficio de cuenta signado por la Jueza Segunda Familiar de Tlalnepantla de Baz, Estado de México; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo informe justificado, con el cual dese vista a las partes por el plazo de ocho días para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En ese sentido, el principal objetivo de dicha vista, es respetar el derecho de audiencia del justiciable para: a) que tenga la oportunidad de expresar argumentos tendentes a refutarla; b) hacer notar aspectos no analizados por este juzgado al momento de recibir las constancias; o, c) hacer llegar elementos de prueba para desvirtuar lo manifestado por la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, de manera analógica, la tesis XXI.2º.16 K, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN."1 . En el entendido de que de conformidad con el numeral 66 segundo párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, el vocablo "dar vista" o "correr traslado" sólo significa que los autos quedan en la secretaría, para que se impongan de ellos los interesados. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Oficio Fiscal Federal adscrito Vía electrónica
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