Carolina Teresa de Jesús Vera Hernández

Expediente 1601/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 24 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1601/2018
Año
2018
Actuaciones
24
Última actuación
23/11/2021

Partes del expediente

  • Carolina Teresa de Jesús Vera Hernández
  • Congreso del Estado Independiente, Libre Y Soberano del Estado de Coahuila de Zaragoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila, a veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Inconformidad. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales conducentes. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Documentos originales. No existen. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es susceptible de depuración, salvo la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, y el proveído en que se ordena su archivo como asunto concluido, mismos que deberán conservarse en términos del numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. Sin que en el presente asunto se hubiere solicitado la apertura del incidente de suspensión. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, asistido del licenciado Jorge Trejo Veloz, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Razón actuarial. Visto lo de cuenta, se agrega la razón de la actuaria de la adscripción de la que se desprende su imposibilidad para notificar el auto de diecinueve de octubre del año en curso, a la quejosa Carolina Teresa de Jesús Viera Hernández, por los motivos que en la misma expone. Notificación por lista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista a la quejosa referida el proveído referido, así como las subsecuentes actuaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones, en esta ciudad. Notifíquese. Torreón, Coahuila, a diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos, del cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por el Administrador Local de Recaudación de esta ciudad, sin que lo hicieran; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la sentencia de amparo, dictada por este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, fueron los siguientes: "PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Carolina Teresa de Jesús Vera Hernández, contra los actos que reclama del Administrador Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con domicilio en Saltillo, por los motivos expuestos en el considerando tercero; y respecto de la promulgación que reclamó del Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, por las razones señaladas en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Carolina Teresa de Jesús Vera Hernández, respecto de los actos atribuidos al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, consistente en los artículos 79, fracción II, inciso 1) y 79-A, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, cuyo texto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete y en vigor a partir del uno de enero de dos mil dieciocho, atento a lo expresado en los penúltimo y último considerandos de esta sentencia". Impugnación. Inconforme con la sentencia, las autoridades responsables Congreso y Gobernador, ambas del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, interpusieron recurso de revisión del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, la cual modificó para quedar en los siguientes términos: "1. Se desincorporen de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos 79, fracción II, inciso 1), 79-A, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza que nos ocupa. 2. Se deje insubsistente el cobro de derechos por servicios registrales, con folio 760304737, el cual se calculará con base en la cuota mínima establecida en el numeral 79-H, es decir, por el monto de $362.00 (trescientos sesenta y dos pesos), por registro de compraventa. 3. Hecho lo anterior, procedan a devolver las diferencias de los pagos realizados por la parte quejosa, al utilizar los servicios del Registro Público de la Propiedad, con residencia en esta ciudad, los cuales constan en el recibo indicado. 4. Asimismo, deberán devolverle las cantidades erogadas respecto a: "fomento a la educación y a la seguridad" e "impuesto adicional". 5. Las cantidades a devolver deberán ser debidamente actualizadas". Tan pronto fue recibida la citada ejecutoria, el seis de noviembre de dos mil diecinueve, se requirió el cumplimiento respectivo. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. En tal virtud, este juzgado estima que en el caso se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que dicha autoridad recaudadora desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales; además, mediante diligencia de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, la notificadora adscrita a dicha autoridad responsable, entregó a la parte quejosa el cheque número 000017366 de fecha dos de septiembre de dos mil veintiuno. Vista con cumplimiento. Con dichas constancias remitidas, por proveído de siete de octubre del año en curso, se dio vista a las partes. Desahogo de la vista. Sin que las partes hubieren hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable informó que en cumplimiento al fallo protector, desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales; además, mediante diligencia de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, la notificadora adscrita a dicha autoridad responsable, entregó a la parte quejosa el cheque número 000017366 de fecha dos de septiembre de dos mil veintiuno. Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a las partes.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila, a diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos, del cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por el Administrador Local de Recaudación de esta ciudad, sin que lo hicieran; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la sentencia de amparo, dictada por este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, fueron los siguientes: "PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Carolina Teresa de Jesús Vera Hernández, contra los actos que reclama del Administrador Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con domicilio en Saltillo, por los motivos expuestos en el considerando tercero; y respecto de la promulgación que reclamó del Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, por las razones señaladas en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Carolina Teresa de Jesús Vera Hernández, respecto de los actos atribuidos al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, consistente en los artículos 79, fracción II, inciso 1) y 79-A, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, cuyo texto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete y en vigor a partir del uno de enero de dos mil dieciocho, atento a lo expresado en los penúltimo y último considerandos de esta sentencia". Impugnación. Inconforme con la sentencia, las autoridades responsables Congreso y Gobernador, ambas del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, interpusieron recurso de revisión del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, la cual modificó para quedar en los siguientes términos: "1. Se desincorporen de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos 79, fracción II, inciso 1), 79-A, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza que nos ocupa. 2. Se deje insubsistente el cobro de derechos por servicios registrales, con folio 760304737, el cual se calculará con base en la cuota mínima establecida en el numeral 79-H, es decir, por el monto de $362.00 (trescientos sesenta y dos pesos), por registro de compraventa. 3. Hecho lo anterior, procedan a devolver las diferencias de los pagos realizados por la parte quejosa, al utilizar los servicios del Registro Público de la Propiedad, con residencia en esta ciudad, los cuales constan en el recibo indicado. 4. Asimismo, deberán devolverle las cantidades erogadas respecto a: "fomento a la educación y a la seguridad" e "impuesto adicional". 5. Las cantidades a devolver deberán ser debidamente actualizadas". Tan pronto fue recibida la citada ejecutoria, el seis de noviembre de dos mil diecinueve, se requirió el cumplimiento respectivo. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. En tal virtud, este juzgado estima que en el caso se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que dicha autoridad recaudadora desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales; además, mediante diligencia de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, la notificadora adscrita a dicha autoridad responsable, entregó a la parte quejosa el cheque número 000017366 de fecha dos de septiembre de dos mil veintiuno. Vista con cumplimiento. Con dichas constancias remitidas, por proveído de siete de octubre del año en curso, se dio vista a las partes. Desahogo de la vista. Sin que las partes hubieren hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable informó que en cumplimiento al fallo protector, desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales; además, mediante diligencia de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, la notificadora adscrita a dicha autoridad responsable, entregó a la parte quejosa el cheque número 000017366 de fecha dos de septiembre de dos mil veintiuno. Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a las partes.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable no ha informado sobre total cumplimiento al fallo protector. Requerimiento. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente que sea notificada del presente proveído, remita copia certificada de las constancias que acrediten la entrega del cheque al quejoso. Apercibimiento. Para el caso de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá en lo particular una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.

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