Carolina Santiago Rios
Expediente 29/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 29/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Carolina Santiago Rios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese el oficio de la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México, atento a su contenido, infórmese que se desechó la demanda y el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se declaró firme y ordenó el archivo del expediente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término previsto en el numeral 98 de la ley de la materia, para recurrir en queja el auto que desechó la demanda, sin que se hiciera valer; consecuentemente, SE DECLARA FIRME EL REFERIDO PROVEÍDO. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro electrónico. Atendiendo a las particularidades del juicio, y considerando que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con el numeral 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el oficio del Juzgado Décimo Primero Familiar de la Ciudad de México, atento a su contenido, infórmese que el veintisiete de enero del año en curso se desechó la demanda. NOTIFÍQUESE.
- Principal
(CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LE REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL 1 DE FEBRERO DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE 27 DE ENERO DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: "Agréguese el escrito de la parte quejosa con el cual desahoga la prevención formulada en autos, en ese sentido, se provee: SE DESECHA LA DEMANDA. I. El ordinal 113 de la Ley de la materia1 establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano, ya que de conformidad con el diverso numeral 62 de la ley de la materia2 , las causales de improcedencia se estudian de oficio. II. El acto reclamado es la resolución de seis de octubre de dos mil veintidós, emitida por la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que declaró fundada la excepción de incompetencia por declinatoria hecha valer por la accionante en el juicio especial hipotecario ....; y determinó que la Juez Décimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México es incompetente para seguir conociendo y resolver el citado asunto, por lo que debería remitirse al Juez Familiar en turno del Distrito de Tlalnepantla con residencia en el municipio de Naucalpan de Juárez del Estado de México, y no condenó en costas a la su contraparte. III. La demanda es improcedente porque el acto aún no es definitivo, para efectos del trámite de la incompetencia por declinatoria; por lo que no existe un agravio actual, real y directo contra la quejosa, en términos del artículo 107 fracción I de la Carta Magna, 61 fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo. Los ordinales relativos a la causal de improcedencia, disponen lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.). Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley (.). Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Por otra parte, el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, dispone: "Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su III. La demanda es improcedente porque el acto aún no es definitivo, para efectos del trámite de la incompetencia por declinatoria; por lo que no existe un agravio actual, real y directo contra la quejosa, en términos del artículo 107 fracción I de la Carta Magna, 61 fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo. Los ordinales relativos a la causal de improcedencia, disponen lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.). Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley (.). Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Por otra parte, el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, dispone: "Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará". También, se cita el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Décima Época, en Materias(s): Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, que dispone: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En el particular, la quejosa se duele de la resolución de Alzada que acogió la excepción de incompetencia que ella planteó; y en consecuencia ordenó remitir el asunto a un Juez en el Estado de México, para que continúe con el conocimiento del asunto, y exentó a su contraparte del pago de costas. De lo anterior se sigue que si el acto no se ha consumado o materializado, y no está vinculada al proceso la autoridad foránea, ni se reclama la determinación donde se avoca al conocimiento del asunto remitido por incompetencia, entonces no se está frente a un acto que lesione de forma real y actual derechos sustantivos de la moral impetrante y haga procedente la acción de amparo en términos de lo previsto en la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de la Materia, pues todavía no es definitiva. Al efecto se cita la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.) emitida por la Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Décima Época, registro 2009721, Materia(s): Común, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." De tal suerte que será hasta que la incompetencia por declinatoria sea definitiva en términos de lo que marca la citada jurisprudencia, que podrá examinarse el acto reclamado en su conjunto dentro del procedimiento relativo a la incompetencia. Esto es, una vez que se llame a juicio a todas las autoridades implicadas en la emisión del acto y su ejecución. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad de razón la tesis VII.2o.T.6 K (10a.), Registro: 2010898, de la Décima Época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV, Materia(s): Común, Laboral, que establece: "COMPETENCIA. EL ESTUDIO DE LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLINA PROCEDE EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE LA ACEPTA, AL CONSTITUIR AMBAS UN SOLO ACTO JURÍDICO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, en sesión pública de 28 de mayo de 2015, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo I, agosto de 2015, página 5, de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIM ENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINIIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", al interpretar la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, determinó que el juicio de amparo indirecto procede contra los actos en los que la autoridad jurisdiccional a favor de la cual se declina la competencia la acepta, o bien, cuando se inhibe en el conocimiento de un asunto, por ser en ese momento cuando se produce una afectación personal y directa a la esfera jurídica de los derechos del gobernado; por tanto, contra la resolución original de declinatoria de competencia, no procede el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado a contrario sensu, ambos de la ley de la materia. En ese contexto, se concluye que al no proceder el amparo contra el primer auto o resolución declinatoria de competencia, su legalidad puede ser motivo de inconformidad y de examen constitucional en el juicio de amparo promovido contra el auto de aceptación de dicha competencia, esto, porque la declinatoria constituye el origen de aquella determinación de competencia y, por ende, constituye un solo acto jurídico; de estimar lo contrario, se dejaría en estado de indefensión al quejoso, quien no podría impugnar por vicios propios ese primer acto mediante algún recurso." Consecuentemente, al no afectarse de forma personal y directa la esfera jurídica de la moral quejosa dado que de acuerdo a los eventos narrados en la demanda la incompetencia aún no es definitiva, se actualiza la causal de improcedencia aludida; y con fundamento en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo, debe DESECHARSE LA DEMANDA. No pasa inadvertido que la accionante en sus conceptos de violación se duele de que la Sala responsable no condenó en costas a su contraparte, pues ante la inexistencia del agravio actual, real y directo contra la quejosa en la resolución que deriva el reclamo, el tema inherente a las costas no se puede desvincular de dicho acto y, por tanto, sigue su misma suerte; por lo cual, su estudio deberá someterse a hasta que sea definitiva la excepción de incompetencia. Sirve de apoyo a por analogía, la tesis aislada III.5o.C.2 K (10a.) con registro 2000758, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito que dice: "COSTAS. LAS DERIVADAS DE UNA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, NO PUEDEN DESVINCULARSE DE LA NATURALEZA DE ÉSTA, POR LO QUE DEBEN IMPUGNARSE EN LA VÍA QUE CORRESPONDA (ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS III.5o.C.7 K). La condena en costas es de naturaleza accesoria a la pretensión principal del juicio, por lo que la decretada u omitida respecto de una sentencia de segundo grado que revoca la de primera instancia y ordena reponer el procedimiento es consecuencia del análisis de la violación adjetiva considerada fundada y, por tanto, debe seguir su misma suerte. En ese sentido, si por la naturaleza de la reposición ésta se traduce en un acto de ejecución irreparable, procederá el juicio de amparo en la vía indirecta, pues no puede desligarse el estudio de la legalidad de las costas del análisis del acto reclamado, dada la accesoriedad de aquéllas con éste, pero si la determinación implica un acto intraprocesal que no sea de imposible reparación, la legalidad de la condena u omisión de pronunciamiento al respecto debe hacerse valer como violación en el amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia definitiva que llegue a dictarse en el juicio correspondiente. Bajo esas condiciones, si la materia de la regularización fue únicamente para el efecto de que se desahogara de nueva cuenta la segunda audiencia conciliatoria, es claro que esa resolución no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, habida cuenta que la única consecuencia es, en todo caso, el retardo en la conclusión del procedimiento, por lo que en realidad se trata de una infracción sólo susceptible de reclamarse en el juicio de garantías uniinstancial que llegare a intentarse contra la indicada sentencia definitiva. Por las razones expuestas este órgano jurisdiccional se aparta del criterio sostenido en la tesis III.5o.C.7 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, febrero de 2003, página 973, de rubro: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SE CONSIDERA PARA EFECTOS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ADEMÁS DE RESOLVER SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON EL OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, CONDENA AL PAGO DE GASTOS Y COSTAS." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve ..., contra actos de la Cuarta Sala y Juez Décimo Primero, ambos de lo Familiar en la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."
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