Carolina Romero Ríos

Expediente 290/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 20 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
290/2018
Año
2018
Actuaciones
20
Última actuación
11/02/2019

Partes del expediente

  • Carolina Romero Ríos
  • Juez de Control del Estado de Baja California, con domicilio en Ensenada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, once de febrero de dos mil diecinueve. Vista; la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes en proveído de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada por este juzgado el trece de agosto de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a Carolina Romero Ríos; para los siguientes efectos: "[.] Deje insubsistente la determinación dictada en la audiencia de diez de mayo de dos mil dieciocho dentro del cuadernillo preliminar 00032/2018 de su índice; y Emita otra en la que, subsanando los vicios formales de fundamentación y motivación, con plenitud de jurisdicción, resuelva nuevamente sobe el medio de impugnación hecho valer [.]" Determinación que mediante ejecutoria pronunciada en sesión de siete de diciembre de dos mil dieciocho, por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, sede en Mexicali Baja California, en atención al recurso de revisión interpuesto por la tercera interesada Margarita Romero Méndez, se confirmó. La ejecutoria en mención se recibió mediante auto de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, por lo que se requirió a la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento del fallo protector. En cumplimiento a ello, se tuvo al Juez de Control del Poder Judicial del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, remitiendo el oficio registrado con folio 416, al cual anexó copias certificadas del auto de diez de enero de dos mil diecinueve, en el cual dejó insubsistente la determinación dictada en la audiencia de diez de mayo de dos mil dieciocho, dentro del cuadernillo preliminar 00032/2018 de su índice; de igual forma, allegó el disco versátil que contiene registro de audio y video de la audiencia de quince de enero de dos mil diecinueve, en la cual con plenitud de jurisdicción determinó por no interpuesto el recurso de impugnación presentado por Miguel Antonio Galván Araiza, quien se ostentó como apoderado legal de la ofendida Carolina Romero Ríos, purgando los vicios de fundamentación y motivación, en cuanto a que el citado Miguel Antonio Galván Araiza, no acreditó ser representante legal de Carolina Romero Ríos, conforme al artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A las probanzas antes relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fue emitida por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad. Por ende, mediante auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, para que manifestaran lo que a su interés conviniera; sin que hayan realizado manifestación alguna al respecto, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. En las relatadas condiciones, se determina que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que el Juez de Control del Poder Judicial del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, informó y acreditó que en el auto de diez de enero de dos mil diecinueve, dejó insubsistente la determinación dictada en la audiencia de diez de mayo de dos mil dieciocho, dentro del cuadernillo preliminar 00032/2018 de su índice; de igual forma, que la audiencia de quince de enero de dos mil diecinueve, con plenitud de jurisdicción declaró por no interpuesto el recurso de impugnación presentado por Miguel Antonio Galván Araiza, quien se ostentó como apoderado legal de la ofendida Carolina Romero Ríos, purgando los vicios de fundamentación y motivación, en cuanto a que el citado Miguel Antonio Galván Araiza, no acreditó ser representante legal de Carolina Romero Ríos, conforme el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la autoridad responsable, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firmó Miguel León Bio, juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California, ante Ricardo Morones Dávalos, secretario que autoriza y da fe. MLB/RMD/ornelasp EL SECRETARIO CERTIFICO QUE LA PRESENTE DETERMINACIÓN, COINCIDE EN SU TOTALIDAD EN EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO E IMPRESO, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO DEL ARTÍCULO 3º DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNJUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIACALLE DELANTE 314, ESQUINA EN PEDRO LOYOLA, COLONIA CARLOS PACHECO, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CÓDIGO POSTAL 22890 "2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" Ensenada, Baja California, 11 de febrero de 2019 2221 Juez de Control del Partido Judicial de Ensenada, Baja California. 2222 Licenciado Gregorio Ramírez Gutiérrez agente del Ministerio Público del Fuero Común Titular de la Unidad de Investigación de Delitos Contra la Vida y la Integridad con residencia en esta ciudad. DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 290/2018-II, PROMOVIDO POR CAROLINA ROMERO RÍOS, SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: "Ensenada, Baja California, once de febrero de dos mil diecinueve. Vista; la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes en proveído de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada por este juzgado el trece de agosto de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a Carolina Romero Ríos; para los siguientes efectos: "[.] Deje sin (sic) insubsistente la determinación dictada en la audiencia de diez de mayo de dos mil dieciocho dentro del cuadernillo preliminar 00032/2018 de su índice; y Emita otra en la que, subsanando los vicios formales de fundamentación y motivación, con plenitud de jurisdicción, resuelva nuevamente sobe el medio de impugnación hecho valer [.]" Determinación que mediante ejecutoria pronunciada en sesión de siete de diciembre de dos mil dieciocho, por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, sede en Mexicali Baja California, en atención al recurso de revisión interpuesto por la tercera interesada Margarita Romero Méndez, se confirmó. La ejecutoria en mención se recibió mediante auto de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, por lo que se requirió a la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento del fallo protector. En cumplimiento a ello, se tuvo al Juez de Control del Poder Judicial del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, remitiendo el oficio registrado con folio 416, al cual anexó copias certificadas del auto de diez de enero de dos mil diecinueve, en el cual dejó insubsistente la determinación dictada en la audiencia de diez de mayo de dos mil dieciocho, dentro del cuadernillo preliminar 00032/2018 de su índice; de igual forma, allegó el disco versátil que contiene registro de audio y video de la audiencia de quince de enero de dos mil diecinueve, en la cual con plenitud de jurisdicción determinó por no interpuesto el recurso de impugnación presentado por Miguel Antonio Galván Araiza, quien se ostentó como apoderado legal de la ofendida Carolina Romero Ríos, purgando los vicios de fundamentación y motivación, en cuanto a que el citado Miguel Antonio Galván Araiza, no acreditó ser representante legal de Carolina Romero Ríos, conforme al artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A las probanzas antes relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fue emitida por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad. Por ende, mediante auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, para que manifestaran lo que a su interés conviniera; sin que hayan realizado manifestación alguna al respecto, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. En las relatadas condiciones, se determina que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que el Juez de Control del Poder Judicial del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, informó y acreditó que en el auto de diez de enero de dos mil diecinueve, dejó insubsistente la determinación dictada en la audiencia de diez de mayo de dos mil dieciocho, dentro del cuadernillo preliminar 00032/2018 de su índice; de igual forma, que la audiencia de quince de enero de dos mil diecinueve, con plenitud de jurisdicción declaró por no interpuesto el recurso de impugnación presentado por Miguel Antonio Galván Araiza, quien se ostentó como apoderado legal de la ofendida Carolina Romero Ríos, purgando los vicios de fundamentación y motivación, en cuanto a que el citado Miguel Antonio Galván Araiza, no acreditó ser representante legal de Carolina Romero Ríos, conforme el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la autoridad responsable, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    con fundamento en el articulo 26 fraccion III se notifica al tercero interesado Germán Romero Méndez. Ensenada, Baja California, once de febrero de dos mil diecinueve. Vista; la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes en proveído de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada por este juzgado el trece de agosto de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a Carolina Romero Ríos; para los siguientes efectos: "[.] Deje insubsistente la determinación dictada en la audiencia de diez de mayo de dos mil dieciocho dentro del cuadernillo preliminar 00032/2018 de su índice; y Emita otra en la que, subsanando los vicios formales de fundamentación y motivación, con plenitud de jurisdicción, resuelva nuevamente sobe el medio de impugnación hecho valer [.]" Determinación que mediante ejecutoria pronunciada en sesión de siete de diciembre de dos mil dieciocho, por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, sede en Mexicali Baja California, en atención al recurso de revisión interpuesto por la tercera interesada Margarita Romero Méndez, se confirmó. La ejecutoria en mención se recibió mediante auto de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, por lo que se requirió a la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento del fallo protector. En cumplimiento a ello, se tuvo al Juez de Control del Poder Judicial del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, remitiendo el oficio registrado con folio 416, al cual anexó copias certificadas del auto de diez de enero de dos mil diecinueve, en el cual dejó insubsistente la determinación dictada en la audiencia de diez de mayo de dos mil dieciocho, dentro del cuadernillo preliminar 00032/2018 de su índice; de igual forma, allegó el disco versátil que contiene registro de audio y video de la audiencia de quince de enero de dos mil diecinueve, en la cual con plenitud de jurisdicción determinó por no interpuesto el recurso de impugnación presentado por Miguel Antonio Galván Araiza, quien se ostentó como apoderado legal de la ofendida Carolina Romero Ríos, purgando los vicios de fundamentación y motivación, en cuanto a que el citado Miguel Antonio Galván Araiza, no acreditó ser representante legal de Carolina Romero Ríos, conforme al artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A las probanzas antes relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fue emitida por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad. Por ende, mediante auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, para que manifestaran lo que a su interés conviniera; sin que hayan realizado manifestación alguna al respecto, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. En las relatadas condiciones, se determina que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que el Juez de Control del Poder Judicial del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, informó y acreditó que en el auto de diez de enero de dos mil diecinueve, dejó insubsistente la determinación dictada en la audiencia de diez de mayo de dos mil dieciocho, dentro del cuadernillo preliminar 00032/2018 de su índice; de igual forma, que la audiencia de quince de enero de dos mil diecinueve, con plenitud de jurisdicción declaró por no interpuesto el recurso de impugnación presentado por Miguel Antonio Galván Araiza, quien se ostentó como apoderado legal de la ofendida Carolina Romero Ríos, purgando los vicios de fundamentación y motivación, en cuanto a que el citado Miguel Antonio Galván Araiza, no acreditó ser representante legal de Carolina Romero Ríos, conforme el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la autoridad responsable, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firmó Miguel León Bio, juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California, ante Ricardo Morones Dávalos, secretario que autoriza y da fe. MLB/RMD/ornelasp EL SECRETARIO CERTIFICO QUE LA PRESENTE DETERMINACIÓN, COINCIDE EN SU TOTALIDAD EN EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO E IMPRESO, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO DEL ARTÍCULO 3º DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNJUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIACALLE DELANTE 314, ESQUINA EN PEDRO LOYOLA, COLONIA CARLOS PACHECO, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CÓDIGO POSTAL 22890 "2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" Ensenada, Baja California, 11 de febrero de 2019 2221 Juez de Control del Partido Judicial de Ensenada, Baja California. 2222 Licenciado Gregorio Ramírez Gutiérrez agente del Ministerio Público del Fuero Común Titular de la Unidad de Investigación de Delitos Contra la Vida y la Integridad con residencia en esta ciudad. DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 290/2018-II, PROMOVIDO POR CAROLINA ROMERO RÍOS, SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: "Ensenada, Baja California, once de febrero de dos mil diecinueve. Vista; la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes en proveído de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada por este juzgado el trece de agosto de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a Carolina Romero Ríos; para los siguientes efectos: "[.] Deje sin (sic) insubsistente la determinación dictada en la audiencia de diez de mayo de dos mil dieciocho dentro del cuadernillo preliminar 00032/2018 de su índice; y Emita otra en la que, subsanando los vicios formales de fundamentación y motivación, con plenitud de jurisdicción, resuelva nuevamente sobe el medio de impugnación hecho valer [.]" Determinación que mediante ejecutoria pronunciada en sesión de siete de diciembre de dos mil dieciocho, por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, sede en Mexicali Baja California, en atención al recurso de revisión interpuesto por la tercera interesada Margarita Romero Méndez, se confirmó. La ejecutoria en mención se recibió mediante auto de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, por lo que se requirió a la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento del fallo protector. En cumplimiento a ello, se tuvo al Juez de Control del Poder Judicial del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, remitiendo el oficio registrado con folio 416, al cual anexó copias certificadas del auto de diez de enero de dos mil diecinueve, en el cual dejó insubsistente la determinación dictada en la audiencia de diez de mayo de dos mil dieciocho, dentro del cuadernillo preliminar 00032/2018 de su índice; de igual forma, allegó el disco versátil que contiene registro de audio y video de la audiencia de quince de enero de dos mil diecinueve, en la cual con plenitud de jurisdicción determinó por no interpuesto el recurso de impugnación presentado por Miguel Antonio Galván Araiza, quien se ostentó como apoderado legal de la ofendida Carolina Romero Ríos, purgando los vicios de fundamentación y motivación, en cuanto a que el citado Miguel Antonio Galván Araiza, no acreditó ser representante legal de Carolina Romero Ríos, conforme al artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A las probanzas antes relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fue emitida por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad. Por ende, mediante auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, para que manifestaran lo que a su interés conviniera; sin que hayan realizado manifestación alguna al respecto, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. En las relatadas condiciones, se determina que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que el Juez de Control del Poder Judicial del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, informó y acreditó que en el auto de diez de enero de dos mil diecinueve, dejó insubsistente la determinación dictada en la audiencia de diez de mayo de dos mil dieciocho, dentro del cuadernillo preliminar 00032/2018 de su índice; de igual forma, que la audiencia de quince de enero de dos mil diecinueve, con plenitud de jurisdicción declaró por no interpuesto el recurso de impugnación presentado por Miguel Antonio Galván Araiza, quien se ostentó como apoderado legal de la ofendida Carolina Romero Ríos, purgando los vicios de fundamentación y motivación, en cuanto a que el citado Miguel Antonio Galván Araiza, no acreditó ser representante legal de Carolina Romero Ríos, conforme el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la autoridad responsable, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, diecisiete de enero de dos mil diecinueve. Vistos, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta suscrito por el Juez de Control del Poder Judicial del estado de Baja California de esta ciudad, mediante el cual informa haber dado cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en presente asunto, y al efecto remite copia certificada de las constancias relativas, así como la versión original de la audiencia de quince de enero de dos mil diecinueve. Por tanto, resguárdese el disco compacto en la secretaría encargada, a fin de evitar el daño por manejo del expediente, quedando a disposición de las partes para su consulta; en el entendido de que, si es su deseo imponerse de éste, su reproducción se realizará en las instalaciones de este juzgado de distrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece, al resolver la contradicción de tesis 455/2012 entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito) (actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito), pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental publica de actuaciones al tratarse de una simple fijación o registro, por los medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y publica contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental publica lato sensu, tendiente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embrago, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que se, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a las partes por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que en derecho convenga, transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, tráiganse los autos a la vista para dictar lo procedente en relación al cumplimiento dado al fallo protector por parte de las autoridades responsables. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    con fundamento en el articulo 26 fraccion III se notifica al tercero interesado Germán Romero Méndez.Ensenada, Baja California, diecisiete de enero de dos mil diecinueve. Vistos, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta suscrito por el Juez de Control del Poder Judicial del estado de Baja California de esta ciudad, mediante el cual informa haber dado cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en presente asunto, y al efecto remite copia certificada de las constancias relativas, así como la versión original de la audiencia de quince de enero de dos mil diecinueve. Por tanto, resguárdese el disco compacto en la secretaría encargada, a fin de evitar el daño por manejo del expediente, quedando a disposición de las partes para su consulta; en el entendido de que, si es su deseo imponerse de éste, su reproducción se realizará en las instalaciones de este juzgado de distrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece, al resolver la contradicción de tesis 455/2012 entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito) (actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito), pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental publica de actuaciones al tratarse de una simple fijación o registro, por los medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y publica contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental publica lato sensu, tendiente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embrago, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que se, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a las partes por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que en derecho convenga, transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, tráiganse los autos a la vista para dictar lo procedente en relación al cumplimiento dado al fallo protector por parte de las autoridades responsables. Notifíquese personalmente. (se deja a su disposicion copia de las constancias relativas)

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