Carolina Reyes Espinoza

Expediente 387/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 12 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
387/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
12/09/2019

Partes del expediente

  • Carolina Reyes Espinoza
  • Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno Y Municipios del Estado de Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, doce de septiembre de dos mil diecinueve. Autoridad informa gestiones. Vistos los oficios signados por el Delegado de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se le tiene informando las acciones realizadas a efecto de acatar el fallo protector emitido en este juicio de amparo. Requiere y precisa plazo para cumplimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 192, párrafo cuarto y 193 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, teniendo en consideración que la autoridad responsable informa que el doce de septiembre de dos mil diecinueve, se sesionará y resolverá la solicitud de pensión solicitada por la quejosa Carolina Reyes Espinoza; por tanto, se le requiere para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, remita las constancias con las que acredite fehacientemente que ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, continuar con una actitud omisa, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en los ordinales 192, 193, 194 y 258 de la Ley de Amparo, y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno que corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante el Juez de Distrito, no obstante deje el cargo. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Autoridades informan gestiones. Agréguese a los autos el oficio signado por el delegado de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se le tiene informando las acciones realizadas a efecto de acatar el fallo protector emitido en este juicio de amparo. Solicitud de prórroga. En atención a la diversa solicitud planteada, en el sentido de que se les otorgue a las autoridades responsables una prórroga de cuarenta y cinco días para dar cumplimiento al fallo protector emitido en este asunto, dígaseles que no ha lugar a acordar de conformidad tal solicitud, toda vez que se considera excesivo el plazo solicitado. En efecto, el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que la autoridad de amparo al hacer los requerimientos relativos al cumplimiento de la ejecutoria de amparo amplíe el término respectivo tomando en cuenta su complejidad o dificultad, sin embargo, se establece que éste debe ser un plazo razonable y estrictamente determinado. En el caso, el delegado de las autoridades responsables solicita una prórroga de cuarenta y cinco días atendiendo a que deben realizarse diversos trámites administrativos de conformidad con el artículo 58 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios. Sin embargo, si bien el referido precepto legal establece plazos determinados para resolver la solicitud de pensión respectiva, lo cierto es que en el caso resultan inaplicables los mismos, toda vez que no se está en el supuesto de un trámite ordinario que las autoridades responsables se encuentran obligadas a atender y seguir conforme a los términos contemplados en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios, sino que se trata de un cumplimiento a una ejecutoria de amparo que no admite demora alguna y cuyo acatamiento se rige por la Ley de Amparo y, por ende, por los plazos que se indican en ésta. Lo anterior, ya que el restablecimiento del derecho fundamental violado mediante la ejecución de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios, pues estimarlo de otra forma sería contrariar los fines del juicio constitucional alterando la jerarquía de las normas jurídicas; además de dejar al arbitrio de la autoridad responsable su acatamiento bajo el argumento que la legislación ordinaria establece plazos para su resolución. De ahí, que si justamente el fallo protector fue pronunciado con motivo de la vulneración al derecho de petición de la parte quejosa derivado de la inactividad procesal de las autoridades responsables, resultaría absurdo y contrario al cumplimiento de las ejecutorias de amparo que se otorgara un plazo de cuarenta y cinco días más para que las responsables acataran el mismo, puesto que legalmente en términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios, ha transcurrido en exceso el término con el que contaban para realizar todos los trámites necesarios para la resolución correspondiente. Por tal motivo, atendiendo a las particularidades del caso y a que deben realizarse diversos trámites administrativos, con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, únicamente se concede una prórroga de diez días hábiles a las autoridades responsables para que acrediten fehacientemente el cumplimiento dado al fallo protector. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, continuar con una actitud omisa, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en los ordinales 192, 193, 194 y 258 de la Ley de Amparo, y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno que corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante el Juez de Distrito, no obstante dejen el cargo.

  3. Principal

    VISTO EL ESTADO DE AUTOS, SE ADVIERTE QUE A LA FECHA NO OBRA ACUSE DE RECIBO DE OFICIO DIGIDO A LA AUTORIDAD PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN MEXICALI, POR EL QUE SE LE NOTIFICÓ LA SENTENCIA EMITIDA EN EL PRESENTE ASUNTO, POR LO QUE SE REQUIERE A LA ADMINISTRACIÓN DE CORREOS DE TIJUANA PARA QUE INFORME LA FECHA EN QUE FUE ENTREGADO A LA AUTORIDAD EN COMENTO...

  4. Principal

    SE REEXPIDE OFICIO

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