Carolina Pérez León
Expediente 1038/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1038/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 23/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Carolina Pérez León
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
con esta fecha se notifica por lista a la parte tercero interesada el auto de veintitrés de febrero del año en curso, mismo que la letra dice oca del Río, Veracruz, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes mediante proveído de diez de febrero de la presente anualidad, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, lo que realizó la parte quejosa mediante escrito recibido vía electrónica el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la quejosa ********************por propio derecho y en representación de su menor hija con identidad reservada a través de las iniciales ********************, para los efectos siguientes: ".que el juez responsable: 1). Deje insubsistente la resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dictada en el ******************** 2). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva determinación, que puede ser en el mismo sentido o en uno diverso; pero tomando como base las consideraciones aquí apuntadas, esto es, deberá subsanar completamente el vicio formal y demás consideraciones destacadas Ello a fin de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado." Mediante proveído de diecisiete de enero del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, mediante proveído de primero de febrero del presente año, este órgano jurisdiccional consideró requerir nuevamente a la autoridad responsable a efecto de que cumpliera a cabalidad los lineamientos señalados en la ejecutoria de mérito. Seguidamente, en auto de diez de febrero de la presente anualidad, se acordó y ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así toda vez, que obra en autos el oficio 1099/2023 signado por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, por el cual remitió copia certificada de la resolución de nueve de febrero del presente año, dictada en el expediente ******************** de su índice estadístico. De la resolución anteriormente referida, se advierte que en cumplimiento al fallo amparador otorgado a la quejosa, con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, el juez responsable dejó insubsistente la resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y procedió a resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación interpuesto por el demandado -aquí tercero interesado- previsto en el artículo 210, tercer párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En primer término, el juez puntualizó que los alimentos provisionales que se fijan en los juicios respectivos, constituyen una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, porque tienen a asegurar la subsistencia de quienes los demandan, mientras se resuelve en definitiva. Así mismo, que conforme al artículo 210 del código procesal anteriormente citado, cualquier reclamación en contra de la pensión alimenticia provisional, se resolverá previa vista que se dé a la parte contraria del reclamante, tomándose en consideración única y exclusivamente los documentos aportados al promoverlo, así como las pruebas que obre hasta el estadio procesal, sin que se prevea la posibilidad de valorar otro medios de convicción respecto de los cuales requieran especial desahogo. Ahora, una vez actualizados los requisitos para ejercer la acción de alimentos, esto es, se acredite la calidad de acreedor y que el deudor cuente con los bienes o ingresos para otorgar la pensión alimenticia, se deberá atender lo dispuesto por el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, que establece que los alimentos deben de ser proporcionales a la posibilidad de quien debe darlos y a la necesidad de quien debe recibirlos; así como la obligación de los padres a dar alimentos a sus hijos, conforme lo previsto en los numerales 234 y 239 del citado código civil. Así tenemos que mediante proveído de catorce de febrero de dos mil veintidós, el juez responsable decretó una pensión alimentaria provisional consistente en el 45% (cuarenta y cinco por ciento) del salario y demás prestaciones que percibe el reo procesal, distribuida en 25% (veinticinco por ciento) para la menor de edad de apellidos ******************** y 20% (veinte por ciento) para la actora en calidad de esposa, tener por acreditado el vínculo de esposos entre los contendientes, así como el vínculo paterno filial entre la menor y el demandado, con el acta de matrimonio número ********************, de fecha de registro diecinueve de mayo de dos mil catorce, y el acta de nacimiento número ******************** de fecha de registro veintiuno de marzo de dos mil catorce, ambas expedidas por el Registro Civil de Veracruz, Veracruz, de donde resulta su derecho a percibir alimentos por parte del demandado. En relación con la capacidad económica del deudor, el juez consideró que la misma quedó justificada con la manifestación realizada mediante su escrito de contestación de demanda y de interposición del recurso de reclamación en contra de la pensión alimenticia provisional decretada a favor de las actoras, lo que es indicativo de que obtiene un ingreso, con valor probatorio en término se los artículos 316 y 320 del Código Procesal Civil del Estado de Veracruz; así como los recibos de nómina a nombre del reo procesal, con valor probatorio pleno conforme a lo previsto en los artículos 235 fracciones I, III, 239 y 266 del citado código procesal. De ahí que, teniendo la capacidad económica del deudor alimentario para sufragar los gastos de su esposa e hija; son a él, a quien le corresponde suministrarlos en términos de los numerales 233, 234 en íntima relación con el 239 del Código Civil del Estado de Veracruz. Una vez justificados los lazos existentes entre la acreedora alimentaria por propio derecho y en representación de la menor de edad involucrada de apellido ********************, esposa y la descendiente de los contendientes, así como que la parte deudora obtiene ingresos producto de la actividad laboral que viene desempeñando, el juez procedió al análisis de proporcionalidad conforme al artículo 242, en relación con los diversos 234 y 239, del multicitado código civil. En relación a la reclamación interpuesta por el deudor alimentario, a efecto de declarar su procedencia o no, el Juez de primera instancia analizó los agravios manifestados por el mismo, así como las constancias procesales y documentos exhibidos por ambas partes, y declaró PARCIALMENTE PROCEDENTE la reclamación interpuesta por el recurrente, con base en las siguientes consideraciones: El juez estimó fundado y procedente para regraduar la pensión alimenticia decretada de manera primigenia, el agravio hecho valer por el reclamante, relativo a que cuenta con acreedor diverso a las actoras, para lo cual exhibió copia certificada del acta de nacimiento número ******************** de fecha de registro veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, expedida por el Registro Civil de Veracruz, con la cual acredita que cuenta con acreedor que en la especie es su hijo menor de iniciales ********************, y quien tiene a su favor la presunción de ser alimentado por el reo procesal conforme el artículo 242 del Código Civil del Estado, lo cual resulta una variación en las circunstancias que imperaban cuando se fijó el monto de la pensión provisional en mención. De lo anterior, toda vez que el reo tiene como acreedores alimentarios a la actora en calidad de esposa, y su descendiente de apellidos ********************, como también al menor de apellidos ********************; por tanto, ante la existencia de éste, el juez señaló que debía determinar el importe uqe se destina para cubrir los alimentos de los nuevos acreedores, y a partir de ahí, considerar si procedía o no la reducción de la pensión fijada de manera primigenia. En consecuencia, ante la existencia de acreedores alimentarios diversos, el juez procedió al análisis de los elementos para valorar las necesidades alimentarias de todos los acreedores y la capacidad económica del deudor, a efecto de determinar el importe de alimentos que corresponde a los acreedores de la pensión preexistente y el importe que el deudor destina para cubrir los alimentos del nuevo acreedor, junto a la propia subsistencia del deudor. Del análisis de las documentales exhibidas por el reclamante, entre ellas el recibo de nómina correspondiente al periodo del uno al quince de agosto de dos mil veintidós, expedido por ********************., a favor del demandado, así como del reporte de propinas recibidas por parte del empleador a favor del demandado, y los tres estados de cuenta expedidos por la ********************., el juez responsable apreció que la capacidad económica del demandado tiene un alcance liquido quincenal de ******************** posterior al descuento del cuarenta y cinco por ciento de la pensión alimenticia provisional decretada; así como que las acreedoras alimentarias perciben ******************** cantidad ligeramente mayor a lo que alcanza el demando. Luego así, los descuentos por concepto de la pensión alimenticia provisional decretada en el sumario, es ligeramente mayor a la cantidad que le queda al reo procesal para satisfacer sus necesidades alimentarias, tanto para él, como para su nuevo acreedor alimentario, del que valoró que cuenta con la edad biológica de un año dos meses, lo que resulta un hecho novedoso que deberá tomarse en cuenta ante la presunción que tiene el menor de apellidos ******************** a percibir alimentos del demandado; sin que se tenga noticia de que tanto los acreedores alimentarios preexistentes, como el diverso de apellidos ********************, requieran de alimentos especiales o cuenten con alguna discapacidad que requiera algún tipo de aparato y/o dieta especial para su subsistencia. Luego, la cantidad que le corresponde a la menor de edad de apellidos ******************** por concepto de pensión alimenticia provisional, lo es de aproximadamente ******************** correspondiente al 25 % (veinticinco por ciento) del salario y demás prestaciones que percibe el reo; de aquí que, si el reo proporcionara un monto similar para los alimentos de su acreedor diverso de apellidos ********************, le quedaría la cantidad estimada de ******************** de manera quincenal, estimándose que no es suficiente para cubrir las necesidades del demandado. Derivado de lo anterior, el juez apuntó que debe privilegiar el mínimo vital que requiere el deudor para su propia subsistencia, el cual ha sido considerado un derecho fundamental que se apoya en los principios del Estado social de derecho, dignidad humana, solidaridad y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales suscritos por México y constitutivos del bloque de constitucionalidad, y conformados por la satisfacción y protección de diversas prerrogativas que, en su conjunto o unidad, forman la base o punto de partida desde la cual el individuo cuenta con las condiciones mínimas para desarrollar un plan de vida autónomo, y de participación activa en la vida democrática del Estado, libre del temor y las cargas de la miseria o de necesidades insatisfechas. En ese sentido, el mínimo vital es un concepto jurídico indeterminado que exige confrontar la realidad con los valores y fines de los derechos sociales, siendo necesario realizar una evaluación de las circunstancias de cada caso en concreto, pues a partir de tales elementos es qe su contenido se ve definido al ser contextualizado con los hechos del caso; por consiguiente, igual que todos los conceptos jurídicos indeterminados, requiere ser interpretado por el juzgador, tomando en consideración los elementos necesarios para su aplicación adecuada a casos particulares, por lo que debe estimarse que el concepto no se reduce a una perspectiva cuantitativa sino que por el contrario es cualitativa, toda vez que su contenido va en función de las condiciones particulares de cada persona, de esta forma cada gobernado tiene un mínimo vital diferente; esto es, el análisis de este derecho implica determinar, de manera casuística, en qué medida se vulnera por carecer de recursos materiales bajo las condiciones propias del caso. Por lo anterior, el juez responsable estimó procedente el agravio hecho valer por el recurrente para regraduar la pensión alimenticia decretada en el auto de inicio al haber quedado acreditado que el reo procesal cuenta con un acreedor diverso, que lo es su infante de apellidos ********************, y en consecuencia debe privilegiar el mínimo vital del deudor alimentario. Respecto al agravio hecho valer por el recurrente en el sentido que la actora no tiene necesidad de solicitar alimentos a su favor al contar con fuentes de riqueza que le permiten sufragar sus propias necesidades alimentarias, el mismo resulta infundado e improcedente para regraduar la pensión alimenticia decretada de manera primigenia, toda vez que no exhibe probanza objetiva para acreditar que la actora cuenta con una fuente de empleo que le permita allegarse de sus propios alimentos. En referencia a que la actora debe de contribuir con los alimentos de la menor involucrada, debe decirse que la actora contribuye con su obligación de darle alimentos a la menor en mención, incorporándola a la familia, mientras que el reo procesal lo hace aportando una pensión alimenticia, actualizándose así la hipótesis prevista en el artículo 240 del código civil del estado, máxime que no se acreditó que la actora cuente con una fuente de ingresos; por tanto, el agravio hecho valer por el recurrente resulta insuficiente para regraduar la pensión alimenticia combatida. En consecuencia, de acuerdo a los medios de convicción exhibidos por las partes contendientes, atendiendo al principio de proporcionalidad previsto en el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz; en virtud de que el demandado justificó parcialmente los extremos de sus agravios hechos valer en el recurso de reclamación, el juez responsable declaró PARCIALMENTE PROCEDENTE la reclamación planteada por ******************** y, REGRADUÓ el monto de la pensión provisional alimentaria fijada en el auto de radicación de fecha catorce de febrero de dos mil veintidós, donde se le decretó al demandado una pensión alimenticia provisional consistente en el 45% (cuarenta y cinco por ciento) del salario y demás prestaciones que percibe el reo procesal de su fuente laboral, para fijarse en el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del sueldo y demás prestaciones que percibe el reo a favor de la actora ********************, por propio derecho y en representación de su menor hija de apellidos ********************, distribuida en 20% (veinte por ciento) para la referida menor, y 15 % (quince por ciento) para la actora en calidad de esposa, descuento que deberá aplicarse una vez hechas las deducciones legales comprendidas en el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo. Cantidad que el juez responsable estimó equitativa y humano a los ingresos del deudor alimentario, considerando sus condiciones particulares, al ser una persona adulta que cuenta con la edad de veintinueve años, sin evidencia que padezca de una enfermedad crónica o presente una capacidad diferente o alguna condición por la cual requiera alimentación especial o un medicamento determinado. Respecto de su primera acreedora alimentaria, hija de los contendientes de apellidos ********************, que cuenta con la edad biológica de nueve años de edad, sin evidencia que padezca de alguna enfermedad crónica o presente una capacidad diferente o alguna condición por la que requiera alimentación especial o un medicamento determinado, y que probablemente se encuentre estudiando su instrucción primaria acorde a su edad; estimándose que el porcentaje regraduado a favor de ésta, es suficiente para satisfacer las necesidades de la referida menor, conforme lo prevé el artículo 239 del código civil del Estado, considerando que la menor habita junto a su progenitora y aquí actora, quien cumple con su obligación de proporcionarle alimentos al tenerla incorporada a la familia, y que no se cuenta con noticia de que las acreedoras eroguen gastos por concepto de habitación, sin embargo es un hecho notorio que el inmueble genera gastos como lo es la luz, agua, entre otros. Asimismo, su segunda acreedora, lo es la actora ********************, quien en la especie cuenta con la edad biológica de veintinueve años de edad, sin evidencia que padezca alguna enfermedad crónica o presente una capacidad diferente o alguna condición por la cual requiera alimentación especial o un medicamento determinado; estimándose que la cantidad fijada para ésta, le permite allegarse de sus alimentos, y que la procedencia de su acción, por propio derecho, será motivo de análisis en sentencia, máxime que como quedó evidenciado, el reo procesal cuenta con un acreedor diverso de apellidos ********************. Significando que a la aquí actora le fue otorgado un quince por ciento del salario y demás prestaciones que percibe el reo, dado que de su caudal probatorio no se encuentra acreditado que requiere de un monto mayor por concepto de pensión alimenticia a su favor, tomando en consideración que únicamente exhibió la partida de nacimiento y de matrimonio, respectivamente, y que han sido valoradas de manera oportuna, sin que se acrediten gastos diversos ni sus montos, sin tener noticia que el monto fijado le sea insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Del mismo modo, aún y cuando el hijo del reo procesal de apellidos ******************** no es parte de la controversia, lo cierto es que ante la noticia de que también es acreedor del demandado, y que cuenta con presunción legal de ser alimentado por éste, y dada su corta edad requiere también de atenciones y cuidados acordes a su edad, estimándose que el porcentaje del veinte por ciento que se regraduó a favor de la infante de apellidos ********************, debe ser destinado en igual proporción para el de apellidos ********************. De aquí que se estime que la cantidad regraduada en la presente, en suma con la cantidad para el menor citado, den como resultao cincuenta y cinco por ciento del salario y demás prestaciones que percibe el reo procesal de sus ingresos, quedando con el otro cuarenta y cinco por ciento para que éste sufrague sus necesidades alimentarias, previos los descuentos de ley. En tales condiciones, con lo descrito con anterioridad, se advierte que la autoridad responsable, atendió a los lineamientos que se le especificaron en la ejecutoria de amparo, esto es, dejó la resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintidós en el juicio ordinario civil ********************, y en su lugar, emitió otra, y derivado del análisis de todos los elementos para valorar las posibilidades económicas del deudor alimentario y las necesidades de la parte acreedora a fin de cumplir con el principio de proporcionalidad establecido en los artículos 239 y 242 del Código Civil del Estado, declaró PARCIALMENTE PROCEDENTE la reclamación planteada y, REGRADUÓ la pensión alimenticia provisional decretada por auto de inicio de catorce de febrero de dos mil veintidós, para fijarse en el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del sueldo y demás prestaciones que percibe el reo a favor de la actora ********************, por propio derecho y en representación de su menor hija de apellidos ********************, distribuida en 20% (veinte por ciento) para la referida menor, y 15 % (quince por ciento) para la actora en calidad de esposa, descuento que deberá aplicarse una vez hechas las deducciones legales comprendidas en el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Sin que pase inadvertido para el suscrito las manifestaciones vertidas por ********************, pues contrario a éstas, este Juzgado considera que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron y que aquí quedaron precisados. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data de veintidós de noviembre de dos mil veintidós (fojas 28 a 31 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes mediante proveído de diez de febrero de la presente anualidad, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, lo que realizó la parte quejosa mediante escrito recibido vía electrónica el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la quejosa ********************por propio derecho y en representación de su menor hija con identidad reservada a través de las iniciales ********************, para los efectos siguientes: ".que el juez responsable: 1). Deje insubsistente la resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dictada en el ******************** 2). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva determinación, que puede ser en el mismo sentido o en uno diverso; pero tomando como base las consideraciones aquí apuntadas, esto es, deberá subsanar completamente el vicio formal y demás consideraciones destacadas Ello a fin de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado." Mediante proveído de diecisiete de enero del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, mediante proveído de primero de febrero del presente año, este órgano jurisdiccional consideró requerir nuevamente a la autoridad responsable a efecto de que cumpliera a cabalidad los lineamientos señalados en la ejecutoria de mérito. Seguidamente, en auto de diez de febrero de la presente anualidad, se acordó y ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así toda vez, que obra en autos el oficio 1099/2023 signado por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, por el cual remitió copia certificada de la resolución de nueve de febrero del presente año, dictada en el expediente ******************** de su índice estadístico. De la resolución anteriormente referida, se advierte que en cumplimiento al fallo amparador otorgado a la quejosa, con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, el juez responsable dejó insubsistente la resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y procedió a resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación interpuesto por el demandado -aquí tercero interesado- previsto en el artículo 210, tercer párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En primer término, el juez puntualizó que los alimentos provisionales que se fijan en los juicios respectivos, constituyen una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, porque tienen a asegurar la subsistencia de quienes los demandan, mientras se resuelve en definitiva. Así mismo, que conforme al artículo 210 del código procesal anteriormente citado, cualquier reclamación en contra de la pensión alimenticia provisional, se resolverá previa vista que se dé a la parte contraria del reclamante, tomándose en consideración única y exclusivamente los documentos aportados al promoverlo, así como las pruebas que obre hasta el estadio procesal, sin que se prevea la posibilidad de valorar otro medios de convicción respecto de los cuales requieran especial desahogo. Ahora, una vez actualizados los requisitos para ejercer la acción de alimentos, esto es, se acredite la calidad de acreedor y que el deudor cuente con los bienes o ingresos para otorgar la pensión alimenticia, se deberá atender lo dispuesto por el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, que establece que los alimentos deben de ser proporcionales a la posibilidad de quien debe darlos y a la necesidad de quien debe recibirlos; así como la obligación de los padres a dar alimentos a sus hijos, conforme lo previsto en los numerales 234 y 239 del citado código civil. Así tenemos que mediante proveído de catorce de febrero de dos mil veintidós, el juez responsable decretó una pensión alimentaria provisional consistente en el 45% (cuarenta y cinco por ciento) del salario y demás prestaciones que percibe el reo procesal, distribuida en 25% (veinticinco por ciento) para la menor de edad de apellidos ******************** y 20% (veinte por ciento) para la actora en calidad de esposa, tener por acreditado el vínculo de esposos entre los contendientes, así como el vínculo paterno filial entre la menor y el demandado, con el acta de matrimonio número ********************, de fecha de registro diecinueve de mayo de dos mil catorce, y el acta de nacimiento número ******************** de fecha de registro veintiuno de marzo de dos mil catorce, ambas expedidas por el Registro Civil de Veracruz, Veracruz, de donde resulta su derecho a percibir alimentos por parte del demandado. En relación con la capacidad económica del deudor, el juez consideró que la misma quedó justificada con la manifestación realizada mediante su escrito de contestación de demanda y de interposición del recurso de reclamación en contra de la pensión alimenticia provisional decretada a favor de las actoras, lo que es indicativo de que obtiene un ingreso, con valor probatorio en término se los artículos 316 y 320 del Código Procesal Civil del Estado de Veracruz; así como los recibos de nómina a nombre del reo procesal, con valor probatorio pleno conforme a lo previsto en los artículos 235 fracciones I, III, 239 y 266 del citado código procesal. De ahí que, teniendo la capacidad económica del deudor alimentario para sufragar los gastos de su esposa e hija; son a él, a quien le corresponde suministrarlos en términos de los numerales 233, 234 en íntima relación con el 239 del Código Civil del Estado de Veracruz. Una vez justificados los lazos existentes entre la acreedora alimentaria por propio derecho y en representación de la menor de edad involucrada de apellido ********************, esposa y la descendiente de los contendientes, así como que la parte deudora obtiene ingresos producto de la actividad laboral que viene desempeñando, el juez procedió al análisis de proporcionalidad conforme al artículo 242, en relación con los diversos 234 y 239, del multicitado código civil. En relación a la reclamación interpuesta por el deudor alimentario, a efecto de declarar su procedencia o no, el Juez de primera instancia analizó los agravios manifestados por el mismo, así como las constancias procesales y documentos exhibidos por ambas partes, y declaró PARCIALMENTE PROCEDENTE la reclamación interpuesta por el recurrente, con base en las siguientes consideraciones: El juez estimó fundado y procedente para regraduar la pensión alimenticia decretada de manera primigenia, el agravio hecho valer por el reclamante, relativo a que cuenta con acreedor diverso a las actoras, para lo cual exhibió copia certificada del acta de nacimiento número ******************** de fecha de registro veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, expedida por el Registro Civil de Veracruz, con la cual acredita que cuenta con acreedor que en la especie es su hijo menor de iniciales ********************, y quien tiene a su favor la presunción de ser alimentado por el reo procesal conforme el artículo 242 del Código Civil del Estado, lo cual resulta una variación en las circunstancias que imperaban cuando se fijó el monto de la pensión provisional en mención. De lo anterior, toda vez que el reo tiene como acreedores alimentarios a la actora en calidad de esposa, y su descendiente de apellidos ********************, como también al menor de apellidos ********************; por tanto, ante la existencia de éste, el juez señaló que debía determinar el importe uqe se destina para cubrir los alimentos de los nuevos acreedores, y a partir de ahí, considerar si procedía o no la reducción de la pensión fijada de manera primigenia. En consecuencia, ante la existencia de acreedores alimentarios diversos, el juez procedió al análisis de los elementos para valorar las necesidades alimentarias de todos los acreedores y la capacidad económica del deudor, a efecto de determinar el importe de alimentos que corresponde a los acreedores de la pensión preexistente y el importe que el deudor destina para cubrir los alimentos del nuevo acreedor, junto a la propia subsistencia del deudor. Del análisis de las documentales exhibidas por el reclamante, entre ellas el recibo de nómina correspondiente al periodo del uno al quince de agosto de dos mil veintidós, expedido por ********************., a favor del demandado, así como del reporte de propinas recibidas por parte del empleador a favor del demandado, y los tres estados de cuenta expedidos por la ********************., el juez responsable apreció que la capacidad económica del demandado tiene un alcance liquido quincenal de ******************** posterior al descuento del cuarenta y cinco por ciento de la pensión alimenticia provisional decretada; así como que las acreedoras alimentarias perciben ******************** cantidad ligeramente mayor a lo que alcanza el demando. Luego así, los descuentos por concepto de la pensión alimenticia provisional decretada en el sumario, es ligeramente mayor a la cantidad que le queda al reo procesal para satisfacer sus necesidades alimentarias, tanto para él, como para su nuevo acreedor alimentario, del que valoró que cuenta con la edad biológica de un año dos meses, lo que resulta un hecho novedoso que deberá tomarse en cuenta ante la presunción que tiene el menor de apellidos ******************** a percibir alimentos del demandado; sin que se tenga noticia de que tanto los acreedores alimentarios preexistentes, como el diverso de apellidos ********************, requieran de alimentos especiales o cuenten con alguna discapacidad que requiera algún tipo de aparato y/o dieta especial para su subsistencia. Luego, la cantidad que le corresponde a la menor de edad de apellidos ******************** por concepto de pensión alimenticia provisional, lo es de aproximadamente ******************** correspondiente al 25 % (veinticinco por ciento) del salario y demás prestaciones que percibe el reo; de aquí que, si el reo proporcionara un monto similar para los alimentos de su acreedor diverso de apellidos ********************, le quedaría la cantidad estimada de ******************** de manera quincenal, estimándose que no es suficiente para cubrir las necesidades del demandado. Derivado de lo anterior, el juez apuntó que debe privilegiar el mínimo vital que requiere el deudor para su propia subsistencia, el cual ha sido considerado un derecho fundamental que se apoya en los principios del Estado social de derecho, dignidad humana, solidaridad y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales suscritos por México y constitutivos del bloque de constitucionalidad, y conformados por la satisfacción y protección de diversas prerrogativas que, en su conjunto o unidad, forman la base o punto de partida desde la cual el individuo cuenta con las condiciones mínimas para desarrollar un plan de vida autónomo, y de participación activa en la vida democrática del Estado, libre del temor y las cargas de la miseria o de necesidades insatisfechas. En ese sentido, el mínimo vital es un concepto jurídico indeterminado que exige confrontar la realidad con los valores y fines de los derechos sociales, siendo necesario realizar una evaluación de las circunstancias de cada caso en concreto, pues a partir de tales elementos es qe su contenido se ve definido al ser contextualizado con los hechos del caso; por consiguiente, igual que todos los conceptos jurídicos indeterminados, requiere ser interpretado por el juzgador, tomando en consideración los elementos necesarios para su aplicación adecuada a casos particulares, por lo que debe estimarse que el concepto no se reduce a una perspectiva cuantitativa sino que por el contrario es cualitativa, toda vez que su contenido va en función de las condiciones particulares de cada persona, de esta forma cada gobernado tiene un mínimo vital diferente; esto es, el análisis de este derecho implica determinar, de manera casuística, en qué medida se vulnera por carecer de recursos materiales bajo las condiciones propias del caso. Por lo anterior, el juez responsable estimó procedente el agravio hecho valer por el recurrente para regraduar la pensión alimenticia decretada en el auto de inicio al haber quedado acreditado que el reo procesal cuenta con un acreedor diverso, que lo es su infante de apellidos ********************, y en consecuencia debe privilegiar el mínimo vital del deudor alimentario. Respecto al agravio hecho valer por el recurrente en el sentido que la actora no tiene necesidad de solicitar alimentos a su favor al contar con fuentes de riqueza que le permiten sufragar sus propias necesidades alimentarias, el mismo resulta infundado e improcedente para regraduar la pensión alimenticia decretada de manera primigenia, toda vez que no exhibe probanza objetiva para acreditar que la actora cuenta con una fuente de empleo que le permita allegarse de sus propios alimentos. En referencia a que la actora debe de contribuir con los alimentos de la menor involucrada, debe decirse que la actora contribuye con su obligación de darle alimentos a la menor en mención, incorporándola a la familia, mientras que el reo procesal lo hace aportando una pensión alimenticia, actualizándose así la hipótesis prevista en el artículo 240 del código civil del estado, máxime que no se acreditó que la actora cuente con una fuente de ingresos; por tanto, el agravio hecho valer por el recurrente resulta insuficiente para regraduar la pensión alimenticia combatida. En consecuencia, de acuerdo a los medios de convicción exhibidos por las partes contendientes, atendiendo al principio de proporcionalidad previsto en el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz; en virtud de que el demandado justificó parcialmente los extremos de sus agravios hechos valer en el recurso de reclamación, el juez responsable declaró PARCIALMENTE PROCEDENTE la reclamación planteada por ******************** y, REGRADUÓ el monto de la pensión provisional alimentaria fijada en el auto de radicación de fecha catorce de febrero de dos mil veintidós, donde se le decretó al demandado una pensión alimenticia provisional consistente en el 45% (cuarenta y cinco por ciento) del salario y demás prestaciones que percibe el reo procesal de su fuente laboral, para fijarse en el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del sueldo y demás prestaciones que percibe el reo a favor de la actora ********************, por propio derecho y en representación de su menor hija de apellidos ********************, distribuida en 20% (veinte por ciento) para la referida menor, y 15 % (quince por ciento) para la actora en calidad de esposa, descuento que deberá aplicarse una vez hechas las deducciones legales comprendidas en el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo. Cantidad que el juez responsable estimó equitativa y humano a los ingresos del deudor alimentario, considerando sus condiciones particulares, al ser una persona adulta que cuenta con la edad de veintinueve años, sin evidencia que padezca de una enfermedad crónica o presente una capacidad diferente o alguna condición por la cual requiera alimentación especial o un medicamento determinado. Respecto de su primera acreedora alimentaria, hija de los contendientes de apellidos ********************, que cuenta con la edad biológica de nueve años de edad, sin evidencia que padezca de alguna enfermedad crónica o presente una capacidad diferente o alguna condición por la que requiera alimentación especial o un medicamento determinado, y que probablemente se encuentre estudiando su instrucción primaria acorde a su edad; estimándose que el porcentaje regraduado a favor de ésta, es suficiente para satisfacer las necesidades de la referida menor, conforme lo prevé el artículo 239 del código civil del Estado, considerando que la menor habita junto a su progenitora y aquí actora, quien cumple con su obligación de proporcionarle alimentos al tenerla incorporada a la familia, y que no se cuenta con noticia de que las acreedoras eroguen gastos por concepto de habitación, sin embargo es un hecho notorio que el inmueble genera gastos como lo es la luz, agua, entre otros. Asimismo, su segunda acreedora, lo es la actora ********************, quien en la especie cuenta con la edad biológica de veintinueve años de edad, sin evidencia que padezca alguna enfermedad crónica o presente una capacidad diferente o alguna condición por la cual requiera alimentación especial o un medicamento determinado; estimándose que la cantidad fijada para ésta, le permite allegarse de sus alimentos, y que la procedencia de su acción, por propio derecho, será motivo de análisis en sentencia, máxime que como quedó evidenciado, el reo procesal cuenta con un acreedor diverso de apellidos ********************. Significando que a la aquí actora le fue otorgado un quince por ciento del salario y demás prestaciones que percibe el reo, dado que de su caudal probatorio no se encuentra acreditado que requiere de un monto mayor por concepto de pensión alimenticia a su favor, tomando en consideración que únicamente exhibió la partida de nacimiento y de matrimonio, respectivamente, y que han sido valoradas de manera oportuna, sin que se acrediten gastos diversos ni sus montos, sin tener noticia que el monto fijado le sea insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Del mismo modo, aún y cuando el hijo del reo procesal de apellidos ******************** no es parte de la controversia, lo cierto es que ante la noticia de que también es acreedor del demandado, y que cuenta con presunción legal de ser alimentado por éste, y dada su corta edad requiere también de atenciones y cuidados acordes a su edad, estimándose que el porcentaje del veinte por ciento que se regraduó a favor de la infante de apellidos ********************, debe ser destinado en igual proporción para el de apellidos ********************. De aquí que se estime que la cantidad regraduada en la presente, en suma con la cantidad para el menor citado, den como resultao cincuenta y cinco por ciento del salario y demás prestaciones que percibe el reo procesal de sus ingresos, quedando con el otro cuarenta y cinco por ciento para que éste sufrague sus necesidades alimentarias, previos los descuentos de ley. En tales condiciones, con lo descrito con anterioridad, se advierte que la autoridad responsable, atendió a los lineamientos que se le especificaron en la ejecutoria de amparo, esto es, dejó la resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintidós en el juicio ordinario civil ********************, y en su lugar, emitió otra, y derivado del análisis de todos los elementos para valorar las posibilidades económicas del deudor alimentario y las necesidades de la parte acreedora a fin de cumplir con el principio de proporcionalidad establecido en los artículos 239 y 242 del Código Civil del Estado, declaró PARCIALMENTE PROCEDENTE la reclamación planteada y, REGRADUÓ la pensión alimenticia provisional decretada por auto de inicio de catorce de febrero de dos mil veintidós, para fijarse en el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del sueldo y demás prestaciones que percibe el reo a favor de la actora ********************, por propio derecho y en representación de su menor hija de apellidos ********************, distribuida en 20% (veinte por ciento) para la referida menor, y 15 % (quince por ciento) para la actora en calidad de esposa, descuento que deberá aplicarse una vez hechas las deducciones legales comprendidas en el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Sin que pase inadvertido para el suscrito las manifestaciones vertidas por ********************, pues contrario a éstas, este Juzgado considera que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron y que aquí quedaron precisados. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data de veintidós de noviembre de dos mil veintidós (fojas 28 a 31 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 1038/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes mediante proveído de diez de febrero de la presente anualidad, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, lo que realizó la parte quejosa mediante escrito recibido vía electrónica el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la quejosa ********************por propio derecho y en representación de su menor hija con identidad reservada a través de las iniciales ********************, para los efectos siguientes: ".que el juez responsable: 1). Deje insubsistente la resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dictada en el ******************** 2). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva determinación, que puede ser en el mismo sentido o en uno diverso; pero tomando como base las consideraciones aquí apuntadas, esto es, deberá subsanar completamente el vicio formal y demás consideraciones destacadas Ello a fin de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado." Mediante proveído de diecisiete de enero del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, mediante proveído de primero de febrero del presente año, este órgano jurisdiccional consideró requerir nuevamente a la autoridad responsable a efecto de que cumpliera a cabalidad los lineamientos señalados en la ejecutoria de mérito. Seguidamente, en auto de diez de febrero de la presente anualidad, se acordó y ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así toda vez, que obra en autos el oficio 1099/2023 signado por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, por el cual remitió copia certificada de la resolución de nueve de febrero del presente año, dictada en el expediente ******************** de su índice estadístico. De la resolución anteriormente referida, se advierte que en cumplimiento al fallo amparador otorgado a la quejosa, con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, el juez responsable dejó insubsistente la resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y procedió a resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación interpuesto por el demandado -aquí tercero interesado- previsto en el artículo 210, tercer párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En primer término, el juez puntualizó que los alimentos provisionales que se fijan en los juicios respectivos, constituyen una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, porque tienen a asegurar la subsistencia de quienes los demandan, mientras se resuelve en definitiva. Así mismo, que conforme al artículo 210 del código procesal anteriormente citado, cualquier reclamación en contra de la pensión alimenticia provisional, se resolverá previa vista que se dé a la parte contraria del reclamante, tomándose en consideración única y exclusivamente los documentos aportados al promoverlo, así como las pruebas que obre hasta el estadio procesal, sin que se prevea la posibilidad de valorar otro medios de convicción respecto de los cuales requieran especial desahogo. Ahora, una vez actualizados los requisitos para ejercer la acción de alimentos, esto es, se acredite la calidad de acreedor y que el deudor cuente con los bienes o ingresos para otorgar la pensión alimenticia, se deberá atender lo dispuesto por el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, que establece que los alimentos deben de ser proporcionales a la posibilidad de quien debe darlos y a la necesidad de quien debe recibirlos; así como la obligación de los padres a dar alimentos a sus hijos, conforme lo previsto en los numerales 234 y 239 del citado código civil. Así tenemos que mediante proveído de catorce de febrero de dos mil veintidós, el juez responsable decretó una pensión alimentaria provisional consistente en el 45% (cuarenta y cinco por ciento) del salario y demás prestaciones que percibe el reo procesal, distribuida en 25% (veinticinco por ciento) para la menor de edad de apellidos ******************** y 20% (veinte por ciento) para la actora en calidad de esposa, tener por acreditado el vínculo de esposos entre los contendientes, así como el vínculo paterno filial entre la menor y el demandado, con el acta de matrimonio número ********************, de fecha de registro diecinueve de mayo de dos mil catorce, y el acta de nacimiento número ******************** de fecha de registro veintiuno de marzo de dos mil catorce, ambas expedidas por el Registro Civil de Veracruz, Veracruz, de donde resulta su derecho a percibir alimentos por parte del demandado. En relación con la capacidad económica del deudor, el juez consideró que la misma quedó justificada con la manifestación realizada mediante su escrito de contestación de demanda y de interposición del recurso de reclamación en contra de la pensión alimenticia provisional decretada a favor de las actoras, lo que es indicativo de que obtiene un ingreso, con valor probatorio en término se los artículos 316 y 320 del Código Procesal Civil del Estado de Veracruz; así como los recibos de nómina a nombre del reo procesal, con valor probatorio pleno conforme a lo previsto en los artículos 235 fracciones I, III, 239 y 266 del citado código procesal. De ahí que, teniendo la capacidad económica del deudor alimentario para sufragar los gastos de su esposa e hija; son a él, a quien le corresponde suministrarlos en términos de los numerales 233, 234 en íntima relación con el 239 del Código Civil del Estado de Veracruz. Una vez justificados los lazos existentes entre la acreedora alimentaria por propio derecho y en representación de la menor de edad involucrada de apellido ********************, esposa y la descendiente de los contendientes, así como que la parte deudora obtiene ingresos producto de la actividad laboral que viene desempeñando, el juez procedió al análisis de proporcionalidad conforme al artículo 242, en relación con los diversos 234 y 239, del multicitado código civil. En relación a la reclamación interpuesta por el deudor alimentario, a efecto de declarar su procedencia o no, el Juez de primera instancia analizó los agravios manifestados por el mismo, así como las constancias procesales y documentos exhibidos por ambas partes, y declaró PARCIALMENTE PROCEDENTE la reclamación interpuesta por el recurrente, con base en las siguientes consideraciones: El juez estimó fundado y procedente para regraduar la pensión alimenticia decretada de manera primigenia, el agravio hecho valer por el reclamante, relativo a que cuenta con acreedor diverso a las actoras, para lo cual exhibió copia certificada del acta de nacimiento número ******************** de fecha de registro veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, expedida por el Registro Civil de Veracruz, con la cual acredita que cuenta con acreedor que en la especie es su hijo menor de iniciales ********************, y quien tiene a su favor la presunción de ser alimentado por el reo procesal conforme el artículo 242 del Código Civil del Estado, lo cual resulta una variación en las circunstancias que imperaban cuando se fijó el monto de la pensión provisional en mención. De lo anterior, toda vez que el reo tiene como acreedores alimentarios a la actora en calidad de esposa, y su descendiente de apellidos ********************, como también al menor de apellidos ********************; por tanto, ante la existencia de éste, el juez señaló que debía determinar el importe uqe se destina para cubrir los alimentos de los nuevos acreedores, y a partir de ahí, considerar si procedía o no la reducción de la pensión fijada de manera primigenia. En consecuencia, ante la existencia de acreedores alimentarios diversos, el juez procedió al análisis de los elementos para valorar las necesidades alimentarias de todos los acreedores y la capacidad económica del deudor, a efecto de determinar el importe de alimentos que corresponde a los acreedores de la pensión preexistente y el importe que el deudor destina para cubrir los alimentos del nuevo acreedor, junto a la propia subsistencia del deudor. Del análisis de las documentales exhibidas por el reclamante, entre ellas el recibo de nómina correspondiente al periodo del uno al quince de agosto de dos mil veintidós, expedido por ********************., a favor del demandado, así como del reporte de propinas recibidas por parte del empleador a favor del demandado, y los tres estados de cuenta expedidos por la ********************., el juez responsable apreció que la capacidad económica del demandado tiene un alcance liquido quincenal de ******************** posterior al descuento del cuarenta y cinco por ciento de la pensión alimenticia provisional decretada; así como que las acreedoras alimentarias perciben ******************** cantidad ligeramente mayor a lo que alcanza el demando. Luego así, los descuentos por concepto de la pensión alimenticia provisional decretada en el sumario, es ligeramente mayor a la cantidad que le queda al reo procesal para satisfacer sus necesidades alimentarias, tanto para él, como para su nuevo acreedor alimentario, del que valoró que cuenta con la edad biológica de un año dos meses, lo que resulta un hecho novedoso que deberá tomarse en cuenta ante la presunción que tiene el menor de apellidos ******************** a percibir alimentos del demandado; sin que se tenga noticia de que tanto los acreedores alimentarios preexistentes, como el diverso de apellidos ********************, requieran de alimentos especiales o cuenten con alguna discapacidad que requiera algún tipo de aparato y/o dieta especial para su subsistencia. Luego, la cantidad que le corresponde a la menor de edad de apellidos ******************** por concepto de pensión alimenticia provisional, lo es de aproximadamente ******************** correspondiente al 25 % (veinticinco por ciento) del salario y demás prestaciones que percibe el reo; de aquí que, si el reo proporcionara un monto similar para los alimentos de su acreedor diverso de apellidos ********************, le quedaría la cantidad estimada de ******************** de manera quincenal, estimándose que no es suficiente para cubrir las necesidades del demandado. Derivado de lo anterior, el juez apuntó que debe privilegiar el mínimo vital que requiere el deudor para su propia subsistencia, el cual ha sido considerado un derecho fundamental que se apoya en los principios del Estado social de derecho, dignidad humana, solidaridad y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales suscritos por México y constitutivos del bloque de constitucionalidad, y conformados por la satisfacción y protección de diversas prerrogativas que, en su conjunto o unidad, forman la base o punto de partida desde la cual el individuo cuenta con las condiciones mínimas para desarrollar un plan de vida autónomo, y de participación activa en la vida democrática del Estado, libre del temor y las cargas de la miseria o de necesidades insatisfechas. En ese sentido, el mínimo vital es un concepto jurídico indeterminado que exige confrontar la realidad con los valores y fines de los derechos sociales, siendo necesario realizar una evaluación de las circunstancias de cada caso en concreto, pues a partir de tales elementos es qe su contenido se ve definido al ser contextualizado con los hechos del caso; por consiguiente, igual que todos los conceptos jurídicos indeterminados, requiere ser interpretado por el juzgador, tomando en consideración los elementos necesarios para su aplicación adecuada a casos particulares, por lo que debe estimarse que el concepto no se reduce a una perspectiva cuantitativa sino que por el contrario es cualitativa, toda vez que su contenido va en función de las condiciones particulares de cada persona, de esta forma cada gobernado tiene un mínimo vital diferente; esto es, el análisis de este derecho implica determinar, de manera casuística, en qué medida se vulnera por carecer de recursos materiales bajo las condiciones propias del caso. Por lo anterior, el juez responsable estimó procedente el agravio hecho valer por el recurrente para regraduar la pensión alimenticia decretada en el auto de inicio al haber quedado acreditado que el reo procesal cuenta con un acreedor diverso, que lo es su infante de apellidos ********************, y en consecuencia debe privilegiar el mínimo vital del deudor alimentario. Respecto al agravio hecho valer por el recurrente en el sentido que la actora no tiene necesidad de solicitar alimentos a su favor al contar con fuentes de riqueza que le permiten sufragar sus propias necesidades alimentarias, el mismo resulta infundado e improcedente para regraduar la pensión alimenticia decretada de manera primigenia, toda vez que no exhibe probanza objetiva para acreditar que la actora cuenta con una fuente de empleo que le permita allegarse de sus propios alimentos. En referencia a que la actora debe de contribuir con los alimentos de la menor involucrada, debe decirse que la actora contribuye con su obligación de darle alimentos a la menor en mención, incorporándola a la familia, mientras que el reo procesal lo hace aportando una pensión alimenticia, actualizándose así la hipótesis prevista en el artículo 240 del código civil del estado, máxime que no se acreditó que la actora cuente con una fuente de ingresos; por tanto, el agravio hecho valer por el recurrente resulta insuficiente para regraduar la pensión alimenticia combatida. En consecuencia, de acuerdo a los medios de convicción exhibidos por las partes contendientes, atendiendo al principio de proporcionalidad previsto en el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz; en virtud de que el demandado justificó parcialmente los extremos de sus agravios hechos valer en el recurso de reclamación, el juez responsable declaró PARCIALMENTE PROCEDENTE la reclamación planteada por ******************** y, REGRADUÓ el monto de la pensión provisional alimentaria fijada en el auto de radicación de fecha catorce de febrero de dos mil veintidós, donde se le decretó al demandado una pensión alimenticia provisional consistente en el 45% (cuarenta y cinco por ciento) del salario y demás prestaciones que percibe el reo procesal de su fuente laboral, para fijarse en el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del sueldo y demás prestaciones que percibe el reo a favor de la actora ********************, por propio derecho y en representación de su menor hija de apellidos ********************, distribuida en 20% (veinte por ciento) para la referida menor, y 15 % (quince por ciento) para la actora en calidad de esposa, descuento que deberá aplicarse una vez hechas las deducciones legales comprendidas en el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo. Cantidad que el juez responsable estimó equitativa y humano a los ingresos del deudor alimentario, considerando sus condiciones particulares, al ser una persona adulta que cuenta con la edad de veintinueve años, sin evidencia que padezca de una enfermedad crónica o presente una capacidad diferente o alguna condición por la cual requiera alimentación especial o un medicamento determinado. Respecto de su primera acreedora alimentaria, hija de los contendientes de apellidos ********************, que cuenta con la edad biológica de nueve años de edad, sin evidencia que padezca de alguna enfermedad crónica o presente una capacidad diferente o alguna condición por la que requiera alimentación especial o un medicamento determinado, y que probablemente se encuentre estudiando su instrucción primaria acorde a su edad; estimándose que el porcentaje regraduado a favor de ésta, es suficiente para satisfacer las necesidades de la referida menor, conforme lo prevé el artículo 239 del código civil del Estado, considerando que la menor habita junto a su progenitora y aquí actora, quien cumple con su obligación de proporcionarle alimentos al tenerla incorporada a la familia, y que no se cuenta con noticia de que las acreedoras eroguen gastos por concepto de habitación, sin embargo es un hecho notorio que el inmueble genera gastos como lo es la luz, agua, entre otros. Asimismo, su segunda acreedora, lo es la actora ********************, quien en la especie cuenta con la edad biológica de veintinueve años de edad, sin evidencia que padezca alguna enfermedad crónica o presente una capacidad diferente o alguna condición por la cual requiera alimentación especial o un medicamento determinado; estimándose que la cantidad fijada para ésta, le permite allegarse de sus alimentos, y que la procedencia de su acción, por propio derecho, será motivo de análisis en sentencia, máxime que como quedó evidenciado, el reo procesal cuenta con un acreedor diverso de apellidos ********************. Significando que a la aquí actora le fue otorgado un quince por ciento del salario y demás prestaciones que percibe el reo, dado que de su caudal probatorio no se encuentra acreditado que requiere de un monto mayor por concepto de pensión alimenticia a su favor, tomando en consideración que únicamente exhibió la partida de nacimiento y de matrimonio, respectivamente, y que han sido valoradas de manera oportuna, sin que se acrediten gastos diversos ni sus montos, sin tener noticia que el monto fijado le sea insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Del mismo modo, aún y cuando el hijo del reo procesal de apellidos ******************** no es parte de la controversia, lo cierto es que ante la noticia de que también es acreedor del demandado, y que cuenta con presunción legal de ser alimentado por éste, y dada su corta edad requiere también de atenciones y cuidados acordes a su edad, estimándose que el porcentaje del veinte por ciento que se regraduó a favor de la infante de apellidos ********************, debe ser destinado en igual proporción para el de apellidos ********************. De aquí que se estime que la cantidad regraduada en la presente, en suma con la cantidad para el menor citado, den como resultao cincuenta y cinco por ciento del salario y demás prestaciones que percibe el reo procesal de sus ingresos, quedando con el otro cuarenta y cinco por ciento para que éste sufrague sus necesidades alimentarias, previos los descuentos de ley. 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Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data de veintidós de noviembre de dos mil veintidós (fojas 28 a 31 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por la parte quejosa; recibido en línea, en virtud de que dicho ocurso cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngase por desahogada la vista que se otorgó en auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, y por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración al emitir la resolución a que se refiere el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
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