Carolina Paola Barrón Crespo
Expediente 123/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 123/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 13/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Carolina Paola Barrón Crespo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
HA CAUSADO EJECUTORIA, la sentencia dictada en el acuerdo, para todos los efectos legales a que haya lugar, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido.
- Principal
Por lo expuesto y fundado es de resolverse y se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *********, contra el acto reclamado al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, precisado en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte de las constancias que allegó a su informe justificado la autoridad responsable Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, que les resulta el carácter de terceros interesados indicados en el acuerdo. En consecuencia, con apoyo en el numeral 116, segundo párrafo y el diverso artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, por conducto del Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, emplácese a juicio a los terceros interesados Servicios de Salud de Sinaloa y Sindicato Nacional de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Salud Sección, 44 Sinaloa, en los domicilios antes precisado, para lo que deberá hacérsele entrega de copia simple del escrito inicial de demanda, del auto admisorio, así como del presente acuerdo, a fin de que comparezca si lo estima conveniente a sus intereses. En consecuencia, atento a que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy, a fin de dar tiempo a que los terceros interesados queden debidamente emplazados, se difiere y se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. En la inteligencia que se señala dicha fecha, atento a la carga de trabajo derivada de la reanudación de labores y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 y, por tal motivo, a partir del presente proveído no habrá necesidad de emitir oficio para notificar a las autoridades responsables el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia; máxime que tal determinación no tendría la trascendencia que justifica una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, la podrán consultar en la página web https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_in. asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes.
- Principal
En virtud de no haberse presentado quien represente a los tercero interesados, a notificarse personalmente de los autos de cuatro de febrero y veintiuno de mayo, ambos del dos mil veinte, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo citatorio que se les dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se les notifica y emplaza por medio de lista que se fija en los tableros del Juzgado, los autos que en lo conducente dicen: FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo signada por *******, a través de la cual se solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Fórmese el expediente 123/2021-V-A, tanto impreso como electrónico, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados esencialmente: a) De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, resolución en la que se declaró incompetente para conocer del juicio OPDL 8-194/2018 y declinó competencia a favor del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa. b) Del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, el acuerdo de once de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual aceptó la competencia planteada a su favor y se avocó al conocimiento de la juicio laboral OPDL 8-194/2018, mismo que registró con el número de expediente 868-2020. ANÁLISIS DE ACTUALIZACIÓN DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. DESECHAMIENTO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO PRECISADO EN EL INCISO A). El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Del mencionado precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2. Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones, y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto se cita, solo en la idea sustancial y jurídicamente conducente, la jurisprudencia del entonces Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracción VIII, aplicado en sentido contrario y 217, todos de la Ley de Amparo. Los preceptos en cita establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Como puede apreciarse, el artículo transcrito en primer término señala que el juicio de derechos fundamentales es improcedente en los demás casos en que la causa de inejercitabilidad resulte de alguna otra disposición de la ley. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que la causa de improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé, debe derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución. Al respecto se cita, sólo en la idea jurídica y sustancialmente conducente, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, EN EL SENTIDO DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE EN FORMA ENUNCIATIVA PREVÉ, DEBE DERIVAR DE CUALQUIER MANDAMIENTO DE LA PROPIA LEY DE AMPARO O DE LA CONSTITUCIÓN. Conforme a la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos a los referidos en las fracciones anteriores, en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. Esta fracción debe de interpretarse en el sentido de que la causa de improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé, debe derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución. Tal sucede en el caso en que la improcedencia del juicio de amparo, tratándose de actos derivados de consentidos, se establece en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ontempladas en las diecisiete fracciones del artículo 73, pues conforme a lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, debe aplicarse esa jurisprudencia, atendiendo a su obligatoriedad." El precitado artículo 107, fracción VIII, dispone que el juicio de amparo indirecto es procedente contra los actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Por su parte, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, es obligatoria la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas. Ahora, en relación con la establecido en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, sostuvo que la norma en cuestión no podría interpretarse literalmente y aseverar que por el sólo hecho de que el legislador omitió hacer mayor precisión al respecto, el juicio de amparo procederá siempre e indefectiblemente cuando se reclamen actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, soslayando para ello los principios rectores del juicio de amparo constitucional y legalmente previstos, entre los que destacan, que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y que el mismo cumpla con el principio de definitividad, pues de interpretarla de esa manera, se podrían desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y se contravendría la regularidad constitucional que busca preservar dicho medio extraordinario de defensa. Luego, explicó, que la "competencia" se entiende como el conjunto de facultades que la ley otorga a una autoridad para actuar en un determinado sentido, es decir, se trata de un presupuesto de validez de todo acto, procedimiento o juicio. Ello, por tratarse de una condición necesaria para que se pueda desarrollar un procedimiento o un proceso judicial. En este último caso, la autoridad tiene la obligación de comprobar que está facultada para resolver un determinado conflicto de intereses y, de no ser así, debe declararse de oficio incompetente. Adicionalmente, las partes tienen la facultad para cuestionar la competencia de una autoridad administrativa o jurisdiccional a través de la declinatoria y la inhibitoria. Asimismo, que esas dos formas de cuestionar la competencia en un proceso administrativo o jurisdiccional tienen la misma finalidad, esto es, precisar qué órgano es el facultado para conocer de un determinado asunto, siguen procedimientos distintos. La declinatoria se plantea ante la autoridad que está conociendo del asunto, solicitando que se abstenga de conocer de éste y envíe el expediente correspondiente a la que se considera competente. Por otro lado, -sostuvo- que la inhibitoria se plantea ante la autoridad que no está conociendo del asunto, pero que se estima competente, solicitándole que, mediante oficio, se dirija a la autoridad que está conociendo del asunto, pero que se estima incompetente, con el objeto de que se inhiba en su conocimiento, y remita los autos correspondientes. Que en ambos supuestos se pueden dar diversos resultados, dependiendo de los cuales, se determinará la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto. Los supuestos pueden ser los siguientes: 1. Si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó la declinatoria se declara incompetente, debe remitir los autos a la autoridad o tribunal que considere que lo es; sin embargo, esta última puede aceptar la competencia declinada o rechazarla. Si se da lo primero, se avocará al conocimiento del asunto. Si se da lo segundo, regresará el asunto a la autoridad declinante para que ella siga conociendo del mismo. 2. Por otro lado, en la cuestión de competencia por inhibitoria, si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó considera que es competente, dirigirá un oficio a la autoridad o tribunal que esté conociendo del asunto, solicitándole que se abstenga de ello y remita los expedientes del caso; sin embargo, esta autoridad o tribunal también puede aceptar o rechazar inhibirse en el conocimiento respectivo. Si acepta, remitirá los autos a la primera. Si rechaza la inhibitoria, entonces continuará conociendo del asunto. Que de lo anterior se desprende que, ya sea que una autoridad o tribunal se declare legalmente incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos), y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y, por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria). Lo que es acorde con los principios rectores del juicio de amparo previstos en la Constitución Federal y congruente con la creación de la nueva Ley de Amparo, pues aun cuando la disposición en examen no establezca expresamente que para la procedencia del juicio bi-instancial EL ACTO QUE SE RECLAME DEBE SER AQUÉL EN EL QUE LA AUTORIDAD ACEPTA O RECHAZA LA COMPETENCIA, lo cierto es que debe considerarse que conforme al artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es esa última decisión la que resulta susceptible de ser impugnada, por ser la que producirá la afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. Ello, porque en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades, y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; y el hecho de que el numeral en examen expresamente no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades van tomando en el trámite de esas cuestiones, porque ello implicaría asumir una interpretación que no es congruente con los principios rectores del juicio de amparo contenidos en la Carta Magna, ni tampoco con uno de los fines que previó el legislador en la reforma en materia de amparo, que tiene que ver con la necesidad de no obstaculizar el desarrollo de los procedimientos ordinarios. Por tanto, concluyó el Alto Tribunal que para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta, o bien, la rechace y no antes. Esos argumentos dieron origen a la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". En el caso, de la lectura integral del escrito inicial de demanda de amparo, se desprende que uno de los actos reclamados consiste en la resolución dictada en OPDL 8-194/2018, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en la que se habría declarado legalmente incompetente para seguir conociendo del referido juicio, además, se habría ordenado que se remitieran los autos originales del aludido juicio laboral al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Sin embargo, dicha determinación de incompetencia aún no habría producido sus efectos en forma definitiva, en tanto que un Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, habrá de emitir en su caso, pronunciamiento en el sentido de si se acepta o rechaza la competencia declinada y, por ende, sí se puede generar aun conflicto de competencia, lo que quita definitividad a la resolución reclamada a dicho Tribunal. Al respecto se cita, en la idea jurídica y sustancialmente conducente, la tesis XIX.1o.A.C.11 C (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que dice: "COMPETENCIA POR DECLINATORIA EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE DECLARA FUNDADA LA EXCEPCIÓN RELATIVA Y ENVÍA LA DEMANDA A UN JUEZ CIVIL, RESPECTO DEL CUAL NO EJERCE JURISDICCIÓN, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO DEFINITIVA PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO. La tramitación de la excepción de incompetencia por declinatoria en el juicio oral mercantil, atiende al artículo 1390 Bis 34 del Código de Comercio. Ahora bien, si la autoridad responsable declaró como competente a un Juez civil residente en un lugar donde no ejerce jurisdicción, existe la posibilidad de suscitarse un conflicto competencial, lo que le quita el carácter de definitiva a la decisión reclamada constitucionalmente, incluso, sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, en términos de la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, los actos definitivos susceptibles de impugnarse en sede constitucional, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria). Por tanto, la resolución que emita la autoridad responsable en un juicio oral mercantil, donde declara fundada la excepción de incompetencia por declinatoria y envía la demanda a un Juez civil, respecto del cual no ejerce jurisdicción, no puede considerarse como definitiva para efectos de ser impugnada en el juicio de amparo indirecto. En efecto, del examen de los artículos 1100, 1114, fracción II, 1117 y el citado 1390 Bis 34 del Código de Comercio, que regulan la tramitación de esta figura procesal y siguiendo los lineamientos que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo I, agosto de 2015, página 5, de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", se concluye que cuando se declare fundada la excepción de incompetencia por declinatoria y se ordena el envío a un Juez civil, respecto del cual la autoridad que la resuelve no ejerce jurisdicción, no puede ser una resolución definitiva para efectos del amparo indirecto, pues conforme al referido artículo 1100 del Código de Comercio, el Juez a quien se declina la competencia sí puede generar conflicto con el tribunal declinante, lo que le quita definitividad a la decisión que resuelve la declinatoria pues, en estos casos, la resolución definitiva será aquella que acepta la competencia declinada y no en la que se emite, por tanto, resulta improcedente el amparo indirecto promovido contra esta última al no producir una afectación personal y directa en la esfera de derechos del interesado, conforme al artículo 107, fracción VIII, aplicado a contrario sensu, en relación con el 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo." De ahí que dicha determinación de incompetencia, no sean susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por lo que, respecto de dicho acto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción VIII, aplicado en sentido contrario y 217, todos de la Ley de Amparo y, por ende, procede DESECHAR PARCIALMENTE LA DEMANDA respecto de dicho acto precisado en el inciso a), atento su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la citada legislación. ADMISIÓN RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO PRECISADO EN EL INCISO B). Con fundamento en los artículos en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 33, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de la Materia, se admite la demanda de amparo promovida por Carolina Paola Barrón Crespo, contra el acto reclamado precisado en el inciso b), consistente del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, el acuerdo de once de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual aceptó la competencia planteada a su favor y se avocó al conocimiento de la juicio laboral OPDL 8-194/2018, mismo que registró con el número de expediente 868-2020. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO De conformidad con el artículo 117, de la invocada ley, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS, siguiente al en que se reciba el oficio correspondiente. En caso de ser cierto el acto reclamado, deberá anexar a su informe justificado copia certificada de las constancias conducentes, pues la omisión de dicha obligación se encuentra sancionada con una multa de cien unidades de medida y actualización vigentes, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. AUDIENCIA Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio. En la inteligencia que se señala dicha fecha, atento a la carga de trabajo derivada de la reanudación de labores y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO Por otro lado, las partes habrán de tener en cuenta lo previsto en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos: "Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten." PRECISIÓN DE AUTORIDAD RESPONSABLE Y OBLIGACIÓN DE RECIBIR OFICIOS Se precisa que el precepto 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece como obligación de la parte quejosa, entre otras, señalar con precisión a la autoridad responsable (incluso tratándose de asuntos en materia penal pues sobre el tema no opera la suplencia de la queja a que hace referencia el ordinal 79, fracción III, de la Ley en comento); en consecuencia, se le apercibe en el sentido de que si la forma de denominación no corresponde con lo indicado en su demanda, sin mayor trámite se decretará su inexistencia, se suspenderá toda comunicación con ellas y en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación correcta, hasta antes de la audiencia constitucional, al considerar que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de celeridad procesal. Se hace del conocimiento de la autoridad señalada como responsable que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que con motivo de este juicio se le dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente su existencia, se tendrán por hechas las notificaciones y será responsable de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. TERCERO INTERESADO Respecto al emplazamiento del tercero interesado que en su caso corresponda, este órgano de control constitucional SE RESERVA acordar lo conducente, hasta en tanto se cuente con las constancias relativas al acto reclamado. PRUEBAS De conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la parte quejosa la documental que acompaña, así como la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones que ofrece, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Ahora, por lo que hace a la prueba ofrecida por la parte quejosa, consistente en el reconocimiento o inspección ocular, cotejo y/o compulsa, en relación al expediente laboral de origen, SE RESERVA PROVEER LO CONDUCENTE, hasta en tanto obren en autos las constancias relativas al acto reclamado. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por separado resuélvase sobre la suspensión que se solicita y agréguese copia de este proveído a los cuadernos respectivos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********, por tratarse de un asunto en materia laboral y ser la parte trabajadora quien acude al juicio; y únicamente para oír y recibir notificaciones a ********. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se faculta para la reproducción electrónica a través de lector óptico, fotografías o scanner de las actuaciones del presente expediente, SIEMPRE Y CUANDO SE INFORME AL SECRETARIO RESPECTIVO antes de realizar esa actividad para asentar la constancia respectiva, y se trate de actuaciones que no sean de uso reservado o restringido. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo disponen los artículos 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que resulten necesarias en este expediente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE En cumplimiento a la circular 2/2014 de tres de octubre de dos mil catorce y a los Lineamientos para la Integración del Expediente Judicial y su Modalidad Electrónica, se instruye a la Secretaria actuante para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presente en forma electrónica, se proceda su impresión para ser incorporada al expediente impreso. OFICIOS Asimismo, se autoriza al Secretario actuante, para que firme los oficios que deriven de este asunto. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO En términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. EXHORTOS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Visto el estado que guardan los autos, se advierte de las constancias que allegó a su informe justificado la autoridad responsable Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, que les resulta el carácter de terceros interesados indicados en el acuerdo. En consecuencia, con apoyo en el numeral 116, segundo párrafo y el diverso artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, por conducto del Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, emplácese a juicio a los terceros interesados Servicios de Salud de Sinaloa y Sindicato Nacional de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Salud Sección, 44 Sinaloa, en los domicilios antes precisado, para lo que deberá hacérsele entrega de copia simple del escrito inicial de demanda, del auto admisorio, así como del presente acuerdo, a fin de que comparezca si lo estima conveniente a sus intereses. En consecuencia, atento a que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy, a fin de dar tiempo a que los terceros interesados queden debidamente emplazados, se difiere y se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. En la inteligencia que se señala dicha fecha, atento a la carga de trabajo derivada de la reanudación de labores y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 y, por tal motivo, a partir del presente proveído no habrá necesidad de emitir oficio para notificar a las autoridades responsables el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia; máxime que tal determinación no tendría la trascendencia que justifica una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, la podrán consultar en la página web https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_in. asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes.
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