Carolina Maldonado Osorio

Expediente 75/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 30 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
75/2019
Año
2019
Actuaciones
30
Última actuación
23/10/2019

Partes del expediente

  • Paola Isabel Jiménez Velasco
  • Carolina Maldonado Osorio
  • Azael Montiel Salazar
  • Primera Sala Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Juicio de Amparo Directo

    La autoridad responsable acusa recibo del diverso oficio con el que se comunicó el auto que declaró consentida la determinación que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo y se acompañó testimonio de dicha resolución. Atento a lo proveído en el auto de quince de octubre pasado archívese el presente asunto.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Se declara consentida la determinación que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Con testimonio de dicha resolución, notifíquese a la autoridad responsable. Toda vez que en el presente asunto no falta notificación alguna y no contiene relevancia documental ni documentos originales, se ordena su archivo como concluido, previas anotaciones de ley, se concluye que este expediente es susceptible de ser DEPURABLE.

  3. Juicio de Amparo Directo

    SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO

  4. Juicio de Amparo Directo

    EN TÉRMINOS DEL PROVEÍDO DE TRECE DE MARZO Y VEINTE DE MAYO AMBOS DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL LE SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA Y AL TERCERO INTERESADO, LA RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE TRECE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO QUE TRANSCURRE, EMITIDA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 75/2019, DEL ÍNDICE DE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, LA CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Toluca, Estado de México. Trece de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se constata que el presente juicio de amparo directo se encuentra en etapa de cumplimiento. El artículo 192 de la ley de la materia establece que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas; que cuando causa ejecutoria una sentencia dictada en amparo directo, el tribunal la notificará sin demora a las partes; requerirá a la autoridad responsable para que la cumpla dentro del plazo de tres días, bajo apercibimiento que de no hacerlo sin justa causa, se le impondrá una multa y el expediente se remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el caso, la sentencia de amparo decretada por este órgano jurisdiccional se dictó el dos de mayo de dos mil diecinueve, en la cual concedió el amparo a *****; y, por auto de once de junio de dos mil diecinueve, se indicó que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de dicha sentencia, por lo que ese día se requirió su cumplimiento. Mediante oficio 2502, recibido en este órgano de control constitucional el veinte de junio de dos mil diecinueve, la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, informó que mediante auto de diecinueve de junio del mismo año, dejó insubsistente la sentencia definitiva de cinco de diciembre de dos mil dieciocho; asimismo, remitió copia certificada de la resolución de catorce de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 963/2018, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, mediante proveído de veinte de agosto de la presente anualidad se dio vista a las partes para que dentro del término de diez días estuvieran en aptitud de alegar sobre el exceso o defecto en el cumplimiento dado por la responsable; vista que sí desahogaron tanto el tercero interesado, mediante escrito recibido por este tribunal colegiado, el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, como la quejosa, mediante escrito recibido el cuatro de septiembre del año en curso. A continuación se procede a corroborar si la autoridad responsable dio exacto cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Para mejor comprensión y análisis del fallo emitido por la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por este órgano constitucional, se elabora el siguiente cuadro comparativo: EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO 1. Dictara una nueva resolución en la cual dejara insubsistente la reclamada; 1. Mediante auto de dieciocho de junio de dos mil diecinueve se dejó sin efecto la sentencia de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, tal y como se desprende del oficio 2501. 2. Enseguida, dictara otra en la que al resolver la litis ante ella planteada, se pronunciara de manera congruente respecto de la integridad de todos los agravios y pruebas que expresó en su recurso de apelación, para lo cual debía expresar los motivos concretos y fundamentos jurídicos que estimara aplicables; 2. En principio, la sala responsable transcribió los dos agravios hechos valer por ***** e indicó: que asistía razón a la recurrente al manifestar que le causaba agravio que el juez, al momento de pronunciarse sobre la pensión alimenticia definitiva, omitió analizar que existían pagos que no se contemplaron en el estudio de trabajo social, como fueron las deudas adquiridas por ella, de las que exhibió unos estados de cuenta, sin considerar la tabla de gastos que la apelante realizó en el escrito de demanda inicial y a la cual, se anexaron diversos documentos, así como que detentaba la posesión del inmueble litigioso a repartir que era propiedad del obligado, pero que una vez que se resolviera, en caso de liquidarlo, este se vería obligado a pagar renta para tener un lugar donde habitar; aspectos a considerar que la recurrente hizo valer al momento de demandarle los alimentos a su antagonista, sin que en la sentencia apelada se hubiese entrado a su estudio; por ende, los mismos eran fundados, toda vez que del contenido de las constancias, con valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en el artículo 1.359 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se advertía que por escrito de siete de junio de dos mil dieciséis, la actora demandó entre otras prestaciones, el pago de alimentos, argumentando esencialmente que durante todo el tiempo que duró el matrimonio por convenio expreso de las partes, realizó trabajos del hogar, consistentes en la administración, dirección y atención del mismo, razón por la cual, dejó de percibir remuneración alguna, afirmando que para la fecha de interposición de la demanda, sus deudas bancarias ascendían a la cantidad de *****pesos con ***** centavos, las cuales su cónyuge no liquidó en su momento, al solo abonar pagos mínimos; exhibiendo para acreditar ello, diversos tickets y estados de cuenta; medios de prueba que al no haber sido considerados por el juez en la sentencia, controvirtió lo dispuesto en los artículos 1.195 y 1.359 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, los cuales justificaban las deudas adquiridas por *****, por concepto de alimentos y gastos para el sostenimiento de la vivienda que habitaba, lo que incluso, fue robustecido por su contraparte, y que adquirió el carácter de confesión con valor probatorio pleno, en términos del artículo 1.359 del citado ordenamiento legal; razón por la cual, se consideró que la acreedora justificó todos y cada uno de los gastos descritos en la tabla, con excepción a jardinería y tenencia, al no exhibir comprobantes de los mismos; por tanto, se acreditaba que los gastos alimentarios ascendían a la suma ***** pesos, así como a ***** pesos con ***** centavos, por concepto de deudas adquiridas para satisfacer sus necesidades alimentarias; ello de acuerdo tanto con lo anterior manifestado, así como con la ampliación y complementación de la prueba pericial en materia de trabajo social, que fue ordenada por la sala responsable, con la finalidad de que fueran determinadas con mayor precisión y exactitud las necesidades alimentarias de la acreedora alimentaria, medio de convicción al que se le otorgó pleno valor probatorio en términos del artículo 1.359 del citado ordenamiento. En consecuencia, no era dable que únicamente se haya establecido el *****por ciento de las percepciones del deudor alimentario, por concepto de pensión alimenticia definitiva, al no haber tomado en cuenta todos los rubros, como atención médica y hospitalaria, reparaciones del inmueble y deudas adquiridas para satisfacer sus necesidades. Además, atendiendo al binomio capacidad-necesidad, en términos del artículo 4.138 de la ley adjetiva civil, se tenía que la capacidad del deudor alimentario quedó plenamente demostrada con el informe del Director General de Recursos Humanos del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual se informó que contaba con nombramiento de Secretario Técnico A, nivel máximo adscrito a la Secretaría Ejecutiva de Administración, con un ingreso mensual de ***** ***** pesos con ***** centavos, menos deducciones de ley, quedando un ingreso neto mensual de ***** pesos con ***** centavo, razón por la cual, el ***** por ciento de las percepciones ordinarias y extraordinarias que percibía el deudor alimentario satisfacían las necesidades alimentarias de la acreedora. Asimismo, indicó que en cuanto a las deudas adquiridas por la acreedora en sus tarjetas bancarias, las cuales fueron adquiridas por cuestiones médicas y para satisfacer las necesidades alimentarias, el deudor debía cubrirlas, al ser obligación de este satisfacer todos y cada uno de los rubros de alimentos y dado que dichas deudas tuvieron origen para satisfacer las necesidades alimentarias de la acreedora, tal como lo dispone el artículo 4.135 del Código Civil del Estado de México, sin que ello implicara que la acreedora una vez cubierta la deuda, pudiera seguir endeudándose. Asimismo, indicó que se encontraba fundado lo aducido por la apelante en cuanto a que al momento de fijar la pensión alimenticia definitiva, no quedó comprendido el rubro de habitación, al detentar la posesión del inmueble que fuera el último domicilio conyugal, propiedad del obligado, pero soslayó que en caso de salir del mismo, esta tendrá que pagar renta; por ende, en términos de los artículos 1.137 y 1.195 del código procesal civil del Estado de México, además del monto fijado por concepto de pensión alimenticia definitiva, también debía cubrir dicho rubro, razón por la cual, una vez que en ejecución de sentencia, la acreedora alimentaria tuviera que desocupar el inmueble, el deudor alimentario debía proporcionarle un inmueble de similares características o en su defecto, cubrir el monto económico suficiente para la renta de otro inmueble. 3. En caso de pronunciarse respecto de la compensación en la repartición de los bienes adquiridos durante el matrimonio, debía considerar como punto de inicio, el cincuenta por ciento de los mismos, y serían o no disminuida tal proporción, en función de los elementos particulares que tomara en consideración para ello; y, Del mismo modo, indicó que se encontraba plenamente acreditado que la acreedora alimentaria se dedicó al trabajo del hogar; lo anterior, a través de la prueba testimonial a cargo de ***** y *****(hija de las partes), desahogada el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, al haber manifestado de forma acorde y coincidente que sabían y les constaba que durante la vigencia del matrimonio, ambas partes aportaban para el gasto familiar, principalmente el deudor alimentario, y la acreedora alimentaria se dedicaba al hogar y solo en intervalos en los que el deudor estuvo sin empleo, fue cuando la acreedora trabajó para solventar los gastos, sin que lo declarado por dichos ateste haya sido controvertido, por lo que en términos del artículo 1.359 del código adjetivo civil del Estado de México, se les otorgó valor probatorio pleno; por ello estimó que la accionante acreditó que cumplía la condición esencial a que se refería el artículo 4.46 del Código Civil del Estado de México, al haberse demostrado que en el lapso que duró el matrimonio, se dedicó de manera cotidiana al desempeño del trabajo del hogar, siendo aquella acreedora al mecanismo compensatorio consignado en dicho precepto, por ende, se consideró que la acreedora tenía derecho a la repartición de bienes adquiridos durante el matrimonio, considerando como punto de inicio para la compensación en la repartición de los bienes adquiridos durante el matrimonio, el cincuenta por ciento de los mismos, por ende, estimó incorrecto que el juez haya dejado para ejecución de sentencia la determinación sobre dicho porcentaje; y en consecuencia, con base en los principios de proporcionalidad y equidad, estimó que le correspondía un *****por ciento por concepto de repartición equitativa de los bienes adquiridos durante el matrimonio, acreditando únicamente la existencia del inmueble que fungido como domicilio conyugal, sin que acreditara la existencia de los automóviles que refirió, al no ofrecer prueba alguna que justificara su pertenencia. 4. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resolviera lo correspondiente. 4. Una vez analizado lo anterior, la sala modificó la sentencia apelada, al declarar procedente la restitución del inmueble que fungió como domicilio conyugal a favor del deudor alimentario, al ser este el propietario del mismo, ello previo cumplimiento a las obligaciones alimentarias a su cargo; condenó al deudor alimentario al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de la acreedora, consistente en el *****por ciento de sus percepciones ordinarias y extraordinarias, así como a pagar la totalidad de las deudas de las tarjetas de crédito de la acreedora alimentaria; y, se decretó que la acreedora alimentaria tenía derecho a la repartición del inmueble adquirido durante el matrimonio, en un ***** por ciento; sin hacer condena en costas en esa instancia. Del anterior cuadro comparativo se advierte el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por este tribunal. En esas condiciones, la responsable cumplió cabalmente la ejecutoria de amparo; sin que este órgano de control constitucional advierta exceso o defecto en el cumplimiento. Es preciso señalar que en la ejecutoria de amparo únicamente se vinculó a la autoridad responsable para que emitiera una nueva resolución, en la que al resolver la litis ante ella planteada, se pronunciara de manera congruente respecto de la integridad de todos los agravios y pruebas que expresó en su recurso de apelación, para lo cual debía expresar los motivos concretos y fundamentos jurídicos que estimara aplicables; y, en caso de pronunciarse respecto de la compensación en la repartición de los bienes adquiridos durante el matrimonio, debía considerar como punto de inicio, el cincuenta por ciento de los mismos, y con base en ello, disminuir o no tal proporción, en función de los elementos particulares que tomara en consideración para ello, siguiendo los lineamientos expuestos en la sentencia constitucional; en consecuencia con libertad de jurisdicción resolviera lo correspondiente; de ahí que ha quedado colmado dicho cumplimiento. Sin que sea óbice a lo anterior lo manifestado por el tercero interesado, en el sentido de que no está de acuerdo con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, en virtud de aducir que se desprenden evidentes violaciones a sus garantías; sin embargo, de dicho escrito no se advierte a qué garantías se refiere, ni el motivo por el cual considera que dicho cumplimiento de amparo no fue debidamente acatado por la autoridad responsable o en su caso, cuál es la parte de la sentencia que no dio cumplimiento a los lineamientos emitidos en el fallo protector, por lo que se concluye que son inatendibles sus manifestaciones. Ni lo manifestado por la quejosa, respecto a que la sentencia dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo es excesiva, al rebasar los lineamientos u observaciones señaladas, pues refiere que si bien, en cuanto a la compensación, se fijó como punto de partida el cincuenta por ciento de los bienes adquiridos durante el matrimonio, también lo era que la sala responsable debió tomar en consideración dos principios, consistentes en que haya realizado los trabajos del hogar de manera cotidiana y tuviera desproporcionadamente menos bienes en comparación con su ex cónyuge. Sin embargo, no asiste razón a la quejosa, pues en el fallo protector se le impuso a la sala responsable, que si bien tomara como punto de partida, el cincuenta por ciento de los bienes adquiridos para su repartición, también lo fue que ello podría ser disminuido o no, en función de los elementos particulares que la autoridad tomara en consideración para ello, y en este punto se le dejó libertad de jurisdicción para resolver lo correspondiente en cuanto a dicha compensación, por lo que no es posible analizar algún elemento especifico de los que ahora manifiesta la quejosa, como un elemento concreto para valorar el cumplimiento del fallo protector; sin que este tribunal advierta el supuesto exceso aducido por la inconforme. De ahí que también resultan inatendibles dichas manifestaciones. Por tanto, como la autoridad cumplió con lo determinado en el fallo protector, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, razón por la cual procede ordenar el archivo de este expediente como asunto concluido, una vez que cause estado la presente resolución. Notifíquese, y personalmente tanto a la parte quejosa como a la tercera interesada. Así lo acordó el magistrado Ricardo Romero Vázquez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien firma ante el secretario Hugo Rosete Guerrero, que autoriza. Doy fe.

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