Carolina Lilian Morena Chavarrin

Expediente 986/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
986/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Carolina Lilian Morena Chavarrin

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con los acuses de recibo dirigido a las autoridades responsables, mediante el cual se le comunicó la sentencia dictada en los presentes autos, toda vez que dicha situación no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87 fracción segunda de la Ley de Amparo; no obstante lo anterior, remítase a las autoridades responsables copia de la sentencia dictada en autos, para su conocimiento. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el siete de junio de dos mil veintitrés". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 20, fracción I, del acuerdo general en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General de referencia. Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Devolución de documentos Finalmente, no se ordena devolución de documento original alguno, toda vez que no fueron exhibidos por las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 986/2023, promovido por Carolina Lilian Morena Chavarrin, por conducto de su apodo legal, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y el Actuario Adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y;********************R E S U L T A N D O.********************PRIMERO. Mediante escrito presentado el doce de julio de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Carolina Lilian Morena Chavarrin, por conducto de su apodo legal, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente:********************AUTORIDADES RESPONSABLESACTOS RECLAMADOSJunta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y el Actuario Adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos.********************".Lo constituye la denegación de justicia por parte de la autoridad responsable, toda vez que con fecha 03 DE MAYO DEL 2023, presente un escrito el cual recayó con el número de folio 002180, y notificarlo a las partes dentro de los términos y plazos que establece de conformidad con lo establecido en el artículo 838, 885 al 890, de la Ley Federal del Trabajo."************************************************************SEGUNDO. El trece de julio de dos mil veintitrés, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 986/2023, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y,********************C O N S I D E R A N D O:********************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; la competencia de un Juzgado proviene de la ejecución del acto, no de la residencia de las autoridades.********************SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone:********************"Artículo 74. La sentencia debe contener:********************I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;"********************Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. ********************Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. ********************Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente:********************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."********************En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable:********************La omisión de acordar el escrito de fecha tres de mayo del dos mil veintitrés, con número de folio 002180, así como la notificación que recae en el mismo, dentro del expediente laboral ********************.********************TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así se advierte del contenido de sus informes justificados y de las constancias que se acompañaron; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo.********************CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. ********************Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Apoyado lo anterior, en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia publicada en la página 262, del Apéndice de fallos de 1985, parte VIII, que al rubro dice:********************"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías."********************Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. ********************En lo que interesa se establece lo siguiente:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado."********************De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado.********************Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido.********************En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece:********************"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL."********************Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, se advierte que el diecinueve de julio del dos mil veintitrés, la autoridad responsable acordó el escrito de tres de mayo del dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral ********************; mismo que fue notificado personalmente al aquí quejoso el veintiuno de julio del citado año.********************Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues la parte quejosa reclama en la instancia constitucional la omisión de las autoridades señaladas como responsables de pronunciarse respecto del escrito presentado el tres de mayo del dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral ********************; sin embargo, con las actuaciones señaladas en los párrafos que anteceden, la omisión reclamada quedó superada, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos al pronunciarse sobre su ejecución, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser restituido por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. ********************Bajo esa tesitura, es evidente que en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo.********************Por tanto, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y en consecuencia, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector.********************En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal.********************Por lo expuesto y fundado, se resuelve:********************ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo.******************** Notifíquese.********************Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del once al veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, autorizado por acuerdo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiséis de junio del presente año, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/3682/2023, asistido de Jacobo Jaimes Brito. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de julio de dos mil veintitrés Agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales a que haya lugar, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dichos informes dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que se ofrecen. Se tienen por designados como delegados de las autoridades responsables, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que proponen; asimismo, con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, se tiene por señalado el domicilio que indican, por ser el oficial en el que residen dichas autoridades. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 1084/2022, promovido por ******************** contra actos de la Jueza Tercero Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del estado de ********************, y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de ********************, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Jueza Tercero Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del estado de ******************** ".la orden de desalojo o desposesión del inmueble ubicado en ********************" [Sic]. Actuario adscrito a la Primera Secretaría del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del estado de ******************** ".la ejecución de la orden de desalojo o desposesión del inmueble ubicado en ********************" [Sic]. SEGUNDO. El veinticinco de agosto de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 1084/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de ********************, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Oportunidad del juicio de amparo indirecto. La demanda de amparo fue presentada oportunamente, en virtud de que el plazo previsto para tal efecto transcurrió conforme a lo siguiente: Fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados Plazo para promover la demanda de amparo Días inhábiles 10 de agosto de 2022 11 al 31 de agosto de 2022 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de mayo de 2022 Con base en el recuadro anterior, si la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad manifestó haber tenido conocimiento de los actos reclamados el diez de agosto de dos mil veintidós, su plazo para presentar la demanda de amparo indirecto transcurrió del once al treinta y uno del mismo mes y año. Entonces, si la demanda que originó este expediente fue presentada el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, es indudable que fue promovida dentro del plazo de quince días establecido para tal efecto. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Por tanto, debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama: 1. De la Jueza Tercero Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del estado de ********************: la orden de desalojo emitida en el juicio ordinario civil ********************, respecto del inmueble que la parte quejosa aduce su posesión, ubicado en calle ********************número ********************, colonia ********************, Municipio de ********************, ********************, código postal ********************. 2. Del actuario adscrito a la Primera Secretaría del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del estado de ********************: la ejecución de la orden de desposesión emitida en el juicio ordinario civil ********************, respecto del inmueble citado. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La jueza responsable, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo anterior se corrobora con base en la copia certificada del juicio ordinario civil ********************, a las cuales se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 198 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de las que se advierte que por auto de diez de junio de dos mil veintidós, en cumplimiento al resolutivo quinto de la sentencia definitiva dictada en ese asunto, ordenó a la parte demandada de ese juicio para que en el plazo de cinco días contados a partir de su notificación, dieran cumplimiento a esa ejecutoria. Asimismo, se desprende que el ocho de septiembre de dos mil veintidós, la actuaria responsable realizó la entrega real y material del inmueble materia de litigio a la parte actora. Por su parte, la actuaria señalada como responsable se adhirió al informe justificado rendido por su titular. En ese sentido, y en atención a lo narrado en los párrafos anteriores, se tiene por cierto el acto reclamado a esa autoridad. QUINTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Este juzgado está obligado a analizar las causas de improcedencia que se actualizan en este juicio, con independencia de que las partes las invoquen, ya que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, quien resuelve advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Del primero de los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no afecta los intereses jurídicos o legítimos previstos en el artículo 5° de la Ley de Amparo. Por su parte, ese último precepto establece que la parte quejosa es aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de ese cuerpo normativo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, de manera directa o con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, el interés jurídico al que alude el artículo 5° de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos que le depare perjuicio. Es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por la norma, acto u omisión de alguna autoridad que le ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o menoscabo en los derechos o intereses del particular. Luego entonces, si el interés jurídico deviene como consecuencia de la afectación de los derechos de una persona, en razón de una norma, acto u omisión de autoridad, la persona agraviada puede ocurrir al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con clave 2a./J. 51/2019 (10a.), cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Respecto del interés jurídico, debe mencionarse que es necesario que se acredite fehacientemente, y no solamente se infiera. Bajo ese contexto, se tiene que ******************** promovió el presente juicio de amparo, con el propósito de impedir la ejecución de la sentencia dictada en el expediente de origen, por considerar que con su ejecución -es decir, con la entrega material del inmueble ubicado en calle ********************número ********************, colonia ********************, Municipio de ********************, ********************, código postal ********************, conforme a la ejecutoria dictada por la autoridad responsable- sería privada de la posesión que ostenta respecto de ese bien. Para acreditar ese derecho, exhibió los siguientes documentos: El original de una constancia de residencia de siete de julio de dos mil veintidós, firmada por el secretario municipal del Ayuntamiento de ********************, ********************, en la cual se hizo constar que la parte quejosa actualmente tiene su domicilio en calle ********************número ********************, colonia ********************, en dicho municipio, código postal ********************. El original de un contrato de comodato de quince de enero de dos mil diecinueve, suscrito por ********************, en su calidad de comodante; y ********************, como comodataria, que tiene por objeto el uso y disfrute del bien ubicado en calle ********************número ********************, colonia ********************, en dicho municipio, código postal ********************, como casa habitación. Una vez analizadas y valoradas las documentales ofrecidas por la parte quejosa, quien resuelve considera que no acredita de manera fehaciente la posesión alegada del inmueble litigioso; y por ende, carece de interés jurídico para promover el presente juicio. Esto, en virtud de que las documentales exhibidas por la parte quejosa no son suficientes para tener por acreditado el interés jurídico. Se dice lo anterior, pues la documental descrita con el número 2 carece de fecha cierta. Conviene recordar que un documento se considera de fecha cierta desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público; desde la muerte de cualquiera de sus firmantes; o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Tal cuestión resulta relevante para el presente asunto, en razón de que a través de la fecha cierta se busca la certeza jurídica en las operaciones, además de que se evita así que los documentos se confeccionen con una fecha inexacta en perjuicio de terceros, pudiendo quedar las partes que lo celebran en el acuerdo para antedatar o pos-datar en el documento una fecha distinta a la verdadera. Tratándose de documentos privados resulta útil en el ámbito de la acreditación del interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, porque con el mismo se consigue como objetivo, que en el juicio de amparo se demuestre no solamente la existencia de un derecho derivado de un acto contenido en un documento privado, sino que además se demuestre que dicho derecho existió con anterioridad al acto reclamado. Lo hasta aquí expuesto es acorde a lo resuelto en la contradicción de tesis 149/2009, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 21/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable". Por consiguiente, toda vez que el documento privado exhibido no es de fecha cierta, sin que se hubiere acreditado alguno de los supuestos que puedan dar certeza de la fecha de suscripción del mencionado documento, se imposibilita determinar si el reclamo que se hace a las autoridades responsables deriva de actos anteriores o posteriores a la adquisición del derecho, y por consiguiente, no es apto para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo. Lo mismo acontece respecto de la documental exhibida descrita con el número 1, pues dicha constancia no es suficiente para considerar que la quejosa tiene algún derecho a poseer el bien materia del litigio. Lo anterior es así, pues para la protección de un derecho de posesión, es necesario determinar, en primer lugar, qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo. Es decir, debe analizarse si se trata de una posesión que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre estas. Para pronta referencia, se invoca por analogía, la jurisprudencia P./J. 1/2002, que es del tenor siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". En tales condiciones, puede concluirse que con las documentales exhibidas, la parte quejosa no acredita el interés jurídico necesario para instarse el juicio de amparo, por lo que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el diverso precepto 63, fracción V, del mismo ordenamiento, se sobresee en el presente juicio promovido por ********************. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 1°, 73, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos y autoridades precisados en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese por lista y a las partes conforme a lo siguiente: Partes Forma de notificación Quejosa Personalmente Autoridades responsables Por oficio Tercero interesada Personalmente Agente del ministerio público federal adscrito Personalmente Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de ********************, con la asistencia de Jesús Alejandro Gutiérrez Godínez, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy trece de julio de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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