Carolina Jaime Gomez
Expediente 1086/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1086/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Carolina Jaime Gomez
Actuaciones
- Principal
Juicio de Amparo 159/2021-VII-B En veinticinco de julio de dos mil veintitrés, la secretaria da cuenta al juez, con la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos. Conste.Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Inconformidad. Visto lo de cuenta, se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Conservación o destrucción. Este expediente es conservable, conforme al artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se solicitó. Expediente electrónico. En el entendido que la secretaria de la adscripción certificó que todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, asistida de la licenciada Maura Verónica Reyes Seáñez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; doce de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado actual de los autos, se advierte que las autoridades responsables no han dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Requerimiento. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS-Durango", con sede en Gómez Palacio, Durango, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, dé cumplimiento al fallo protector, esto es, remita las constancias que evidencien el suministro del tratamiento al quejoso, es decir, los medicamentos prescritos mediante consultas de veintitrés de marzo y dieciocho de julio de dos mil veintiuno, y en su caso, remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y personalmente.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las nueve horas con cuarenta minutos del veinte de julio de dos mil veintitrés, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, la licenciada Ma Elena Samaniego Carnero, Secretaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, encargada del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA."; autorizada mediante oficio CCJ/ST/1960/2023, por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, quien actúa en unión del licenciado Ernesto Rubio Hernández, secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el secretario da cuenta a la secretaria encargada del despacho con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación del agente del Ministerio Público del Federación adscrito. Asimismo se hace constar que el auto de seis de junio de dos mil veintitrés, se le notificó a la parte quejosa el dieciséis siguiente, por lo que el término ahí indicado le transcurrió del veinte de junio al diecisiete de julio de dos mil veintitrés, sin que diera cumplimiento a ello. La secretaria encargada del despacho acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata y resuélvase lo que en derecho corresponda. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. La secretaria encargada del despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. La secretaria encargada del despacho acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintidós, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con sede en esta ciudad, María Guadalupe Salazar Pimentel en representación de su menor hija de inic********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y actos que a continuación se transcriben: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- 1.- DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EN EL PUNTO A) SE RECLAMA, a) El auto de fecha ********************, del expediente ********************, substanciado en el JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR EN TORREÓN, COAHUILA, en el cual se niega a realizar las medidas de apremio pertinentes para el efectivo cobro y sanción de la pensión alimenticia provisional que la propia autoridad responsable ha fijado dentro del juicio familiar oral en mención, en contra del tercero interesado, ya que considera que se presentó apelación en contra del sobreseimiento indebido dentro del juicio familiar y que mediante auto de fecha ******************** se tuvo por admitida la apelación en efecto suspensivo, por lo que no se puede proseguir supuestamente con la medida cautelar en favor de mi menor hija, asimismo menciona que no se puede proseguir con dicha medida provisional puesto que el juicio se encuentra concluido sin que funde y motive debidamente dicho auto. b) El diverso auto de fecha de ******************** ya que, en el mismo, admite la apelación promovida por la quejosa dentro del juicio número de expediente ********************, substanciado en el JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR EN TORREÓN, COAHUILA, admitiéndola en efecto SUSPENSIVO y no para ambos efectos, o bien, es un acto omisivo ya que no hace mención de que los efectos de la pensión provisional, continúan en favor de mi menor hija, y que dicho procedimiento para hacer cumplir la medida cautelar en comento, no suspende, lo cual, vulnera los derechos humanos de mi menor hija, puesto que dicho efecto propicia a que no se le pueda dar continuidad a la medida provisional otorgada por el juez familiar responsable consistente en pensión alimenticia provisional, cuestión que deja en estado de indefensión a mi menor hija, violentándole sus derechos a una alimentación sana, la supervivencia, la vida y el interés superior de la niñez, ya que en el la especie, la autoridad responsable debió otorgarle a mi menor hija, la concesión de continuar con la medida provisional, máxime que la misma está siendo limitada por una resolución que puso fin al juicio, en sobreseimiento y fue recurrida en tiempo y forma por lo que esta subjudice, es decir que si lo conveniente era ambos efectos, uno para suspender la cesación del procedimiento y el otro para continuar con la medida provisional, y esto, le concede un mayor interés superior a mi menor hija, así debió haberse expedido por el juez responsable." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos y, señaló que los derechos humanos que en su concepto se transgredieron, son los contenidos en los artículos 1º, 4, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Previo desechamiento y recurso de queja resuelto fundado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, por acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo registrada con el número 388/2022-VIII-B, se dio legal intervención la Ministerio Público Federal adscrito, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como Acuerdo General 03/2013, en relación con el 28/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues, aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, tuvieron ejecución material en esta ciudad lugar en donde este tribunal federal ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, esta juzgadora procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, la suscrita atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención del impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que el quejoso exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, de los rubros y datos de identificación siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.)" "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que la parte quejosa reclama lo siguiente: Los acuerdos de ********************, dictados por el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Torreón, en el expediente ********************, mediante los cuales admite el recurso de apelación y niega proveer con relación a temáticas de alimentos. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable, pues así expresamente lo manifestó al rendir su informe justificado, lo cual, sin duda es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2º de la ley de la materia. Cabe citar la jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Estas confesiones, lejos de estar desvirtuadas o contradichas en el juicio de amparo, se encuentran corroboradas con las constancias relativas con los actos reclamados, que fueron allegadas a este contradictorio federal por el juzgador responsable, a las que por tener la calidad de documento público, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Cobra aplicación la jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción II, relacionada con el diverso numeral 27, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, de acuerdo con las siguientes consideraciones: El texto de los referidos preceptos dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: . (.) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Con relación a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia que dice: 'EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5º., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14 párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso.' Ante la omisión de la parte quejosa, es dable considerar que no se emplazó a la parte tercero interesada en los términos ordenados por el artículo 27, fracción III, inciso b), de la ley de la materia; por lo que procede decretar el sobreseimiento en este juicio, con fundamento en la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo, en razón de que hasta el momento no obra constancia alguna de que la parte quejosa haya recogido los edictos, mucho menos que los haya publicado como está ordenado en auto de seis de junio de dos mil veintitrés, esto además, dentro del término que al efecto se le concedió, mismo que feneció el diecisiete de julio anterior. Así las cosas, cabe señalar que este Juzgado de Distrito realizó lo que legalmente estuvo a su alcance para investigar los domicilios a fin de que se llamara a juicio al tercero interesado********************; y al no lograrlo, se ordenó la publicación de los respectivos edictos, en términos del artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, sin que, como se apuntó, en autos obre constancia alguna de que al menos se haya iniciado el trámite para la publicación de aquél. Entonces el sobreseimiento anterior, tiene lugar al haberse acreditado que la parte quejosa fue omisa en realizar el trámite necesario para la publicación de los edictos respectivos, incumplimiento que provoca el no llamamiento a juicio de un gobernado que la ley le otorga el carácter de tercero interesado, lo que ocasiona imposibilidad para integrar la relación jurídica procesal, consecuentemente, impide resolver el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio del tenor siguiente: 'SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DE RECOGER EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA. ANTE LA AUSENCIA DE NORMA QUE ESTABLEZCA TAL HIPÓTESIS, ES CORRECTA LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA. Si bien es exacto que inexiste precepto que establezca como causal de sobreseimiento el no recoger los edictos para que se emplace a la tercera perjudicada, no obstante, existe una jurisprudencia obligatoria ineludible, cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO."; luego, atento al criterio jurisprudencial en cita, establecido por contradicción de tesis, ello autoriza al Juez de Distrito al respecto, por contener la interpretación jurídica y armónica de esa situación fáctica y procesal, según lo estimó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al alcance de los preceptos 14, párrafo II y 17 constitucionales; 73, fracción XVIII, en relación con el 30, fracción II y 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, precisamente en razón a la falta de norma que motivó la integración de tal laguna de ley para actualizar la referida causa de sobreseimiento del juicio de garantías, dada la evidente omisión y desinterés del quejoso de recoger los edictos para emplazar al tercero o terceros perjudicados.' Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional, por la falta de publicación de los edictos a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento del tercero interesado********************, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 Constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la quejosa, ya que con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Sin que lo anterior contravenga la jurisprudencia 3/2014 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: 'EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO PRIVA DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN A QUIENES CARECEN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGARLOS.', ya que la parte quejosa no manifestó ante este Juzgado de control constitucional la imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza; e inclusive si hubiere manifestado tal imposibilidad, la suscrita debe ponderar las particularidades del caso para determinar si el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, debería publicar dichos edictos; como así se desprende de la ejecutoria emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, que sustentó la jurisprudencia en cita. Así pues, como se adelantó, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese.
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