Carolina Hernandez Rodriguez

Expediente 936/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
936/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
29/11/2019

Partes del expediente

  • Carolina Hernandez Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, por medio del cual informa que dicho órgano jurisdiccional, aceptó la competencia y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ***, el cual se ordena agregar para los fines legales conducentes. En virtud de lo indicado en el párrafo que antecede, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el numeral 214 de la Nueva Ley de Amparo, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en sus dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Atendiendo a punto vigésimo, fracción I del citado acuerdo, y toda vez que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, aceptó la competencia planteada por este juzgado federal, el presente expediente auxiliar deberá ser DESTRUIDO, en el plazo de seis meses.

  2. Principal

    Glósese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por el actuario judicial adscrito al o Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se le remitió por incompetencia el juicio de amparo 936/2019-II.14 de este índice, e informa que a fin de proveer lo conducente respecto de la demanda de amparo, remitió copia certificada del original de dicha demanda y copia de la misma a la autoridad responsable Quinta Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, a efecto de que asiente la certificación correspondiente, remita los antecedentes del acto reclamado, la constancia de notificación del mismo y los emplazamientos a los terceros interesados, si los hubiere; por tanto, estese en espera de que el tribunal oficiante, informe lo conducente.

  3. Principal

    Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Visto el escrito de demanda que promueve ***, a través del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Quinta Sala Especializada del Tribunal Contencioso Administrativo para el Estado de Guanajuato, por violaciones a los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 936/2019-II.1. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Como cuestión previa, cabe señalar que las tesis aisladas y de jurisprudencia que se citarán en el presente acuerdo, se aplican en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se oponen a dicha legislación. Ahora bien, del escrito de demanda se aprecia que la promovente reclama de la autoridad responsable, el acto que hace consistir en lo siguiente: ACTOS RECLAMADOS: de las autoridades señaladas con el carácter de responsables en el presente escrito de demanda, reclamo lo siguiente: La resolución de fecha 30 de Agosto del año 2019, emitida por la Quinta Sala Especializada del Tribunal Contencioso Administrativo para el Estado de Guanajuato dentro del juicio contencioso administrativo número 2328/5ª. SALA/17, mediante la cual se SOBRESEE EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. En este orden, del contenido integral de la demanda se advierte que la solicitante del amparo ***, reclama la resolución de fecha treinta de agosto de dos mil diecinueve, a través de la cual se sobresee el juicio contencioso administrativo 2328/5ª. SALA/17, que promovió sobre remoción o separación de su cargo como funcionaria pública como Policía Razo, adscrita a la Dirección General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte Público Municipal, en Coroneo, Guanajuato. De la narrativa anterior, se llega a la conclusión que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, toda vez que el acto reclamado consistente en la resolución citada en líneas precedentes, sólo puede combatirse a través del amparo directo o uniinstancial. En este orden, el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, señala que se entiende por resolución que pone fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, y respecto de la cual las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Numeral que en su literalidad establece: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. En la especie, la resolución emitida por la Quinta Sala Especializada del Tribunal Contencioso Administrativo para el Estado de Guanajuato, se encuentra en el supuesto del numeral 170, fracción primera, párrafo segundo, de la invocada Ley de Amparo, pues se trata de una resolución que sin decidir en lo principal el juicio natural lo da por concluido. Por tanto, compete el conocimiento de la demanda de cuenta a un Tribunal Colegiado de Circuito, conforme lo establece el diverso artículo 47 del citado ordenamiento legal, que establece: Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Por lo anterior, se concluye que la resolución que constituye el acto reclamado, se ubica en la hipótesis que se desprende del artículo 47 en vinculación con el diverso 170, fracción I, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo. Sobre el tema, es de invocarse, por su puntual aplicación la tesis número XXVII.7 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, página 1107, Octubre de 2003, Materia Común, Novena Época, Instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 6° Transitorio de la Ley de Amparo Vigente, ya que su contenido no se opone en lo sustancial con el citado cuerpo de leyes, de rubro y texto que establece: RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO Y PARA QUE SE SURTA LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO LA INEXISTENCIA DE RECURSO ORDINARIO ALGUNO POR EL QUE PUEDAN SER MODIFICADAS O REVOCADAS. De conformidad con lo establecido por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución General de la República, en relación con los diversos numerales 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías directo, en tratándose de resoluciones que ponen fin al juicio, se supedita no sólo a la peculiaridad de que dicha resolución dé por terminada la instancia, sino a que en absoluto admita la existencia de un recurso ordinario que sea procedente y, por tanto, exista la posibilidad de que en esa vía, pueda ser revocada o modificada. La interpretación que al respecto se tiene, se funda invariablemente en el hecho de que una de las notas distintivas de que hace uso tanto el Constituyente como el legislador federal para estructurar tales normas, se apoya precisamente en el principio de que contra resoluciones de esa índole "no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas"; en consecuencia, para dilucidar la competencia de un Tribunal Colegiado, en el caso de resoluciones que ponen fin al juicio y, por ende, determinar "su definitividad" debe entenderse, de manera primordial, no sólo al hecho de que con esa resolución se dé por concluida la instancia, sino también al requisito sine qua non, de que el ordenamiento que la rija, no prevea algún recurso o medio de defensa, por cuyo conducto pueda ser modificada o revocada; por ello, si ese tipo de resolución admite recurso ordinario, evidentemente no será definitiva y, por consiguiente, no pondrá fin al juicio, surtiéndose la competencia de un Juez de Distrito para resolver en vía indirecta, que puede encuadrar en la hipótesis legal prevista en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo; y si resulta lo contrario, es decir, si no admite recurso, entonces se actualizaría inobjetablemente la competencia del Tribunal Colegiado para conocer de esa resolución, a través del juicio de garantías de única instancia, en términos de los preceptos legales citados en un principio. En consecuencia, de conformidad con lo expresamente establecido por el numeral 47, de la Ley de Amparo, este Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ***; por lo que en estricto cumplimiento a lo mandado también por el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se ordena remitir la demanda de amparo promovida por ***, con sus respectivas copias, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en turno, con residencia en Guanajuato. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y solicítese a la superioridad el acuse de recibo correspondiente, así como que de no tener inconveniente legal alguno, informe a este Juzgado Federal actuante la decisión tomada en el sentido de confirmar o no la determinación asumida en el presente acuerdo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente, con una copia de la demanda. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, el ubicado en ***. Asimismo, se tiene como autorizado de su parte al licenciado ***, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco, así como en cumplimiento a lo establecido en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre ellas la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis; y, a ***, en términos restringidos del citado numeral, por no tener registrada su cédula en la base datos referida.

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