Carolina Hernández Ávila

Expediente 1086/2017 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1086/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
02/02/2018

Partes del expediente

  • Carolina Hernández Ávila

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y toda vez que se tiene la obligación de velar por el cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se pronuncia en los siguientes términos:De autos se advierte que en sentencia dictada el once de diciembre de dos mil diecisiete , este Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, concedió el amparo a la aquí quejosa, para los efectos siguientes:".I. Deje insubsistente lo actuado en el juicio civil ordinario 1092/2011, debiendo subsistir el auto de veinticinco de octubre de dos mil once, en el que admitió la demanda que contiene la acción hipotecaria, así como el emplazamiento a ***, y el proveído de veintidós de junio de dos mil doce, únicamente en la parte en la que el citado *** compareció al juicio natural debiendo tenerlo por plenamente enterado y apersonado a la contienda de origen."De las constancias remitidas por la Juez Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco , mediante comunicado números 99/2018-I , se advierte que el quince de enero del año en curso, dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio civil ordinario 1092/2011, sustituyó el auto de veinticinco de octubre de dos mil once, en el que admitió la demanda que contiene la acción hipotecaria, así como el emplazamiento a ***, y el proveído de veintidós de junio de dos mil doce, únicamente en la parte en la que el citado quejoso compareció al juicio natural y por lo tanto se le tuvo por plenamente enterado y apersonado a la contienda de origen.Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria dictada por este juzgado de Distrito dejando insubsistente todo lo actuado en el juicio civil ordinario 1092/2011, sustituyó el auto de veinticinco de octubre de dos mil once, en el que admitió la demanda que contiene la acción hipotecaria, así como el emplazamiento a José Alfredo Rivera Montes, y el proveído de veintidós de junio de dos mil doce, únicamente en la parte en la que el citado quejoso compareció al juicio natural y por lo tanto se le tuvo por plenamente enterado y apersonado a la contienda de origen. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo.Del análisis del presente expediente se considera que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva.Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica.De autos se advierte que la partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros.Se previene a la parte quejosa en los términos contenidos en el presente acuerdo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Se tiene por recibido el comunicado número 99/2018 signado por la juez y el secretario de acuerdos adscritos al Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informan que el once de enero del año en curso, se dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio civil ordinario 1092/2011 y sustituyó el auto de veinticinco de octubre de dos mil once, en el que admitió la demanda que contiene la acción hipotecaria, así como el emplazamiento a José Alfredo Rivera Montes, y el proveído de veintidós de junio de dos mil doce, únicamente en la parte en la que el citado quejoso compareció al juicio natural y por lo tanto se le tuvo por plenamente enterado y apersonado a la contienda de origen. II. Dese vista. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo , dese vista a las partes, para que dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella, se proveerá lo conducente. Notifíquese; y, personalmente a las partes quejosa y tercera interesada. por este medio de lista se notifica al tercero interesado JOSE ALFREDO RIVERA, del proveido de quince de enero del año en curso, mediante el cual Se tiene por recibido el comunicado número 99/2018 signado por la juez y el secretario de acuerdos adscritos al Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informan que el once de enero del año en curso, se dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio civil ordinario 1092/2011 y sustituyó el auto de veinticinco de octubre de dos mil once, en el que admitió la demanda que contiene la acción hipotecaria, así como el emplazamiento a José Alfredo Rivera Montes, y el proveído de veintidós de junio de dos mil doce, únicamente en la parte en la que el citado quejoso compareció al juicio natural y por lo tanto se le tuvo por plenamente enterado y apersonado a la contienda de origen. II. Dese vista. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo , dese vista a las partes, para que dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella, se proveerá lo conducente.

  3. Principal

    Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de diez días que establece el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia de once de diciembre de dos mil diecisiete, en la que se concedió el amparo y la protección de la justicia federal, e interpusieran el recurso de revisión que procedía en su contra, sin que lo hicieran; en consecuencia, se declara ejecutoriada, conforme a lo previsto en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a aquella legislación, por disposición de su numeral 2. II. Efectos de la sentencia de amparo. Ahora, el fallo protector dictado por este juzgado se concedió para que el Juez Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, realice lo siguiente: "[.] Deje insubsistente lo actuado en el juicio civil ordinario 1092/2011, debiendo subsistir el auto de veinticinco de octubre de dos mil once, en el que admitió la demanda que contiene la acción hipotecaria, así como el emplazamiento a José Alfredo Rivera Montes, y el proveído de veintidós de junio de dos mil doce, únicamente en la parte en la que el citado Rivera Montes compareció al juicio natural debiendo tenerlo por plenamente enterado y apersonado a la contienda de origen. [.]" III. Requerimiento. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la nueva Ley de Amparo, en concordancia con el diverso tercero transitorio, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de diez días siguiente al en que sea notificado del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo. Lo anterior, deberá acreditarlo con documentos fehacientes ante este órgano de control constitucional, o bien, informar las gestiones que se encuentran realizando para tal fin; ello, a efecto de calificar el cumplimiento a la sentencia de amparo. IV. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de Décima Época, sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y texto: "CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. NO SON SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN A LOS PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 192 Y 194 DE LA LEY DE AMPARO). En aquellas entidades federativas en las que se haya establecido un órgano de administración del aparato judicial, éste deberá responder a la naturaleza prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Consejo de la Judicatura Federal. Así, la conformación de Consejos de la Judicatura en los Estados es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, debido a lo cual, aquéllos no pueden controlar o invadir la esfera jurisdiccional de los órganos que administran, por lo que dicha función, bajo ningún concepto, puede estar subordinada a la administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza, que ejerzan esos Consejos, pues sus competencias, en materia de inspección y vigilancia sobre los juzgados y tribunales, únicamente pueden referirse al examen de lo necesario para conocer el funcionamiento del órgano judicial y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, pero no, y a riesgo de violentar la independencia judicial, pueden referirse a la interpretación y aplicación de las leyes por los juzgadores cuando administran justicia en su sentido más amplio, incluyendo el contenido, modo y forma del cumplimiento de una sentencia de un tribunal de amparo. Por tanto, más allá de una relación de jerarquía, las funciones de dichos Consejos se encuentran dirigidas a salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, de forma que los órganos jurisdiccionales se enfoquen a la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, permitiendo que un órgano especializado se encargue de la administración necesaria para que la impartición de justicia se realice en los términos establecidos en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, los Consejos de la Judicatura locales no son superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran a los Poderes Judiciales de los Estados, pues acorde a su naturaleza administrativa, no encuadran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podrían: (I) ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo; y (II) cumplir, por sí mismos, una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial. Por lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable sea un órgano jurisdiccional de un Poder Judicial local, la existencia de un Consejo de la Judicatura no actualiza el supuesto normativo contenido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, consistente en que se requiera al superior jerárquico para cumplir una sentencia de amparo" Así como la jurisprudencia de la Décima época del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y contenido siguientes: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias" Háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico y de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). V. Devolución de cuaderno de prueba. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable el legajo de copias certificadas que allegó en apoyo a su informe justificado, toda vez que resulta innecesario conservarlo en este juzgado.

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