Carolina Freitas Hartmann
Expediente 1/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 28 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 20/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Carolina Freitas Hartmann
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
I... C. A... Agréguese la comunicación suscrita por el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través de la cual remite el juicio de amparo 161/2023-I, formado con la demanda interpuesta por Carolina...., por propio derecho, así como original y duplicado del incidente de suspensión, toda vez que por acuerdo de quince de febrero del año en curso, ese órgano estimó que se actualizaban los supuestos aludidos en los artículos 45, fracción II y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones en Relación con las Atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el Sistema de Recepción, Registro y Turno de Asuntos; y las Consultas de Turno, al considerar que este órgano jurisdiccional tuvo conocimiento previo de actos vinculados con los reclamados en la demanda que dio origen al citado juicio. A fin de corroborar lo señalado por la autoridad declinante es preciso señalar que los actos reclamados en el juicio de amparo 1/2021-I, de este índice, promovido por Carolina ..., por conducto de su defensor particular Luis Simón ..., que se atribuyeron al Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y otras autoridades, consistieron en: 1. El auto de vinculación a proceso, decretado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en la carpeta administrativa 1696/2020. En ese orden de ideas, el acto reclamado descrito si se encuentra vinculado con el que es materia del sumario 161/2023-I, del índice de la autoridad oficiante, ya que se advierte la quejosa reclama, la orden de aprehensión (detención) y/o presentación, así como su ejecución dictada en la carpeta administrativa 1696/2020. Ahora bien, los numerales 45, fracción II y 46, fracción II, del referido acuerdo, establecen y regulan la forma y el turno de asuntos mediante el sistema de relación, es decir, en el caso se actualiza el conocimiento previo pues los actos reclamados se encuentran relacionados ya que existe identidad de la carpeta administrativa de los cuales derivan; por lo anterior, el suscrito estima que se surte el conocimiento previo que se plantea. Por tanto, en aras de una pronta y eficaz administración de justicia, atento a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, se estima que en este caso particular es procedente conocer de dicho asunto, por lo que se ordena remitir el juicio de amparo 161/2023-I, original y duplicado del incidente de suspensión, del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, para efectos de estadística y control de nuevo ingreso, a fin de que lo turne a este órgano jurisdiccional, como un nuevo asunto y se asigne el número correspondiente. De igual forma para que lleve a cabo la compensación correspondiente, de tal manera que se logre una distribución equilibrada de las cargas de trabajo entre los órganos jurisdiccionales, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del numeral 46 del Acuerdo General invocado. Hágase del conocimiento la presente determinación al juzgado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
I... Agréguese la comunicación suscrita por la Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través de la cual remite el juicio de amparo 102/2023-IX, interpuesto por Carolina ...., por propio derecho, así como original y duplicado del incidente de suspensión, toda vez que por acuerdo de treinta de enero del año en curso, ese órgano estimó que se actualizaban los supuestos aludidos en los artículos 45, fracción II y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones en Relación con las Atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el Sistema de Recepción, Registro y Turno de Asuntos; y las Consultas de Turno, al considerar que este órgano jurisdiccional tuvo conocimiento previo de actos vinculados con los reclamados en la demanda que dio origen al citado juicio. A fin de corroborar lo señalado por la autoridad declinante es preciso señalar que los actos reclamados en el juicio de amparo 1/2021-I, de este índice, promovido por Carolina Freitas Hartmann, por conducto de su defensor particular Luis Simón ..., contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y otras autoridades, consistieron en: 1. El auto de vinculación a proceso, decretado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en la carpeta administrativa 1696/2020. En ese orden de ideas, el acto reclamado descrito si se encuentra vinculado con el que es materia del sumario 102/2023-IX, del índice de la autoridad oficiante, ya que se advierte la quejosa reclama, la orden de aprehensión dictada en la carpeta administrativa 1696/2020. Ahora bien, los numerales 45, fracción II y 46, fracción II, del referido acuerdo, establecen y regulan la forma y el turno de asuntos mediante el sistema de relación, es decir, en el caso se actualiza el conocimiento previo pues los actos reclamados se encuentran relacionados ya que existe identidad de la carpeta administrativa de los cuales derivan; por lo anterior, el suscrito estima que se surte el conocimiento previo que se plantea. Por tanto, en aras de una pronta y eficaz administración de justicia, atento a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, se estima que en este caso particular es procedente conocer de dicho asunto, por lo que se ordena remitir el juicio de amparo 102/2023-IX, original y duplicado del incidente de suspensión, del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, para efectos de estadística y control de nuevo ingreso, a fin de que lo turne a este órgano jurisdiccional, como un nuevo asunto y se asigne el número correspondiente. De igual forma para que lleve a cabo la compensación correspondiente, de tal manera que se logre una distribución equilibrada de las cargas de trabajo entre los órganos jurisdiccionales, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del numeral 46 del Acuerdo General invocado. Hágase del conocimiento la presente determinación al juzgado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar.
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I... Vista la certificación que antecede se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), comuníquese lo anterior a las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. ... este expediente se considera susceptible de depuración. ... el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que la medida cautelar se concedió y negó. ... el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por tanto, una vez transcurridos más de seis meses a partir de la fecha, procederá este juzgado federal a la destrucción del mismo conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión.
- Principal
I... V I S T OS para resolver el juicio de amparo 1/2021-I; y, R E S U L T A: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado electrónicamente el cinco de enero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este juzgado en esa misma fecha, Carolina Freitas Hartmann, por conducto de su defensor Luis Simón Herrera Bazán San Martín, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de la autoridad que precisó en su demanda, por violación a los derechos fundamentales establecidos en los artículos 1°, 8°, 16, 17 y 21 constitucionales. SEGUNDO. Tramite. Por acuerdo de siete de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda en cuestión; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que legalmente le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos, se desahogó al tenor del acta que antecede, por lo que se C O N S I D E R A: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es legalmente competente para conocer del presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción III inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 35, 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a efectuar la fijación clara y precisa de los actos reclamados1. En ese sentido, de la lectura integra de la demanda, y de las constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable lo siguiente: ? El auto de vinculación a proceso dictado el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, dentro de la carpeta administrativa 1696/2020. TERCERO. Existencia. Por cuestión de método y técnica jurídica a continuación se determinará si se encuentran acreditados los actos reclamados, debido a que de no ser así, sería innecesario e incluso ocioso abordar el estudio de la procedencia del juicio de amparo o analizar la constitucionalidad del reclamo. En ese sentido, se considera que es cierto el acto atribuido al Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, ya que al rendir su informe justificado, aceptó la 1Al respecto resulta aplicable la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, de abril de dos mil cuatro, a página doscientos cincuenta y cinco, materia común de la Novena Época, cuyo rubro y contenido son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." existencia del acto reclamado; lo cual, se corrobora con las constancias allegadas por dicha autoridad, consistentes en copia certificada del auto de vinculación a proceso de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, dictado en la carpeta administrativa 1696/2020 y de los discos que contienen las videograbaciones relativas a la audiencia de control, a las que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, dado que son documentos públicos por tratarse de actuaciones de servidores públicos en ejercicio de sus funciones.2 Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XXIII, tomo 1, agosto de 2013, página 703, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". CUARTO. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, procede examinar si sobreviene alguna causa de improcedencia, de conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo; sin que en el caso se advierta la actualización de alguna, ni que las partes la invocaran. QUINTO. Estudio de fondo. Se continúa con el análisis de los conceptos de violación, sin que sea necesario transcribirlos, al 2 Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." no existir artículo expreso en la Ley de Amparo, que señale dicho requisito. Sentado lo anterior, en la demanda de amparo se hicieron valer, en esencia, los siguientes conceptos de violación: Aduce la quejosa que la autoridad responsable viola en su perjuicio el derecho humano a la presunción de inocencia al utilizar en su contra las declaraciones formuladas en la audiencia de imputación. Manifiesta que el acto reclamado viola el derecho a la presunción de inocencia como estándar de prueba, ya que: a) Toma en consideración lo mencionado por el denunciante, Steve Santander Reyes, quien no es ofendido sino representante de los menores y, aun cuando no se desprende ningún acto en contra de la esfera jurídica de éste, se establece que es víctima de violencia familiar. b) Los hechos relatados por el Ministerio Público, en que se basa la imputación, no encuentran un sustento objetivo en antecedentes de la investigación para que pudieran estimarse como datos de prueba. c) Los datos de prueba aportados por la representación social no son congruentes con los hechos materia de la imputación, al no establecer la temporalidad, ni la forma en que la 3 Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 2a./J. 58/2010, Página: 830, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." imputada generó los actos de violencia en contra de los menores ofendidos. d) Las entrevistas a los menores de edad no se realizaron de conformidad a los protocolos de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, en específico no fueron videograbadas; por tanto, no existe certeza de su participación en dichas diligencias ministeriales. e) Es inviable que se haya considerado el Informe Especializado en Género practicado a los menores, cuando el delito que se imputa no es uno cometido por razones de género, sino en contra de personas menores de edad. Finalmente, aduce que el juez responsable viola en su perjuicio de la quejosa el principio de inmediación, al no atender las argumentaciones del defensor de la quejosa, por no estar prestando atención a las mismas, por lo que su determinación no es exhaustiva ni congruente con lo ocurrido en audiencia. Este Juez de Distrito considera que los conceptos de violación sintetizados son infundados. Para demostrar esta aseveración, en primer término es necesario verificar si el auto de vinculación a proceso emitido contra la quejosa satisface las exigencias a que alude el dispositivo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente señala: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión...". Por su parte, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicable en el caso, dispone: "El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Así, de la interpretación de dichas normas de orden constitucional y legal se colige que el auto de vinculación a proceso debe satisfacer los requisitos de orden formal y material, que a continuación se enlistan. a) Se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que haya comunicado el Ministerio Público en presencia del juez, que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados. b) El imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar, es decir, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, concederá el uso de la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador. El juez, de oficio o a petición del imputado o su defensor, podrá solicitar las aclaraciones o peticiones que considere convenientes respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público. c) De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; sin embargo, el juez podrá otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público al formular la imputación. d) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Así las cosas, el auto de vinculación a proceso conforme al artículo 19 constitucional exige que debe justificarse la existencia únicamente de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación de una persona; esto es, la probabilidad del hecho, dado que la vinculación a proceso en realidad sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio, únicamente con base en los datos de prueba, que en la audiencia de vinculación a proceso refiera el Ministerio Público, o bien, con pruebas que se desahoguen en la aludida audiencia, dentro del término constitucional. Entonces, para verificar si la vinculación a proceso decretada a la aquí quejosa cumple o no con los lineamientos del artículo 19 constitucional, como ya se indicó, no es necesario analizar los elementos objetivos, normativos y subjetivos si es el caso, estos últimos, más allá de la directriz constitucional, es decir, sólo el hecho ilícito y la probabilidad de que la imputada, aquí quejosa, Carolina Freitas Hartmann, lo hubiera cometido o participado en su comisión; para ello, la autoridad responsable, Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, debe llevar a cabo un examen del grado de razonabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no dichos extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (se citaron hechos que pueden tipificar un delito e información que se puede constituir como datos de prueba), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes). Además de determinar la no formalización de datos de prueba de las fases del procedimiento penal bajo el sistema acusatorio, basándose sólo en el grado de razonabilidad; el impedimento a los jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la investigación con el fin de evitar la contaminación de éstos y mantener con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, así como resolver lo conducente con los datos que haya manifestado el representante social en relación con el referido hecho que la ley señale como delito (hecho ilícito) y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por otro lado, también resulta conveniente señalar el esquema del sistema penal implementado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir de las reformas sustanciales adoptadas por el legislador constitucional en relación con esta rama del derecho, para identificar la etapa procesal en la que se encuentra el procedimiento de origen, así como los efectos de la vinculación a proceso reclamada. En ese tenor, debe decirse que el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales4, establece que el procedimiento inicia con la etapa de investigación, comprendida por dos fases: la investigación inicial que comienza con la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se formule imputación, y la investigación complementaria, comprendida desde la formulación de imputación y concluye hasta que se cierre la investigación; se sigue su substanciación a través de la etapa intermedia o de preparación de juicio, a partir de la formulación de la acusación hasta la declaración de apertura de juicio y la etapa de juicio, que inicia cuando se recibe la apertura de juicio y hasta el dictado de la sentencia definitiva. En ese tenor, es inconcuso que el procedimiento penal en términos de lo dispuesto por el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales inicia con la denuncia o querella que apertura la investigación inicial y concluye con la emisión de la sentencia definitiva. Así, el auto de vinculación a proceso surge dentro de la etapa indagatoria. 4 "Artículo 211. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." Esta etapa inicia con la denuncia o querella, se trata entre otras cosas, lo relativo al ejercicio y excepciones de la acción penal, los supuestos para abstenerse de investigar, el archivo temporal, el no ejercicio de la acción, el principio y criterios de oportunidad, así como el control judicial de estas decisiones, pues aunque el Ministerio Público es el director de la investigación, su labor se debe desarrollar con respeto a la garantía de defensa del imputado. En el esquema de juicios orales, el objeto de la investigación es determinar si existe fundamento para iniciar un proceso penal, lo cual se pretende lograr a través de la obtención de elementos de prueba por parte del agente del Ministerio Público, que de forma eventual le permitan sustentar, en su orden, la imputación y acusación. Por tanto, lo que se integra en el sistema penal es una carpeta de investigación en la que se registran los datos de prueba obtenidos por el Ministerio Público; para su recopilación, se configura una nueva concepción de la policía, en cuanto a que les corresponde a todos los cuerpos policíacos, ser auxiliares del fiscal en la investigación de los hechos delictuosos. Así, el código procesal penal regula en la investigación, las inspecciones, registros y aseguramientos, el concepto y requisitos para la prueba anticipada, la prueba irreproductible, el registro de la investigación y cadena de custodia; todo ello con el objetivo de que, en su momento, se formule la imputación, y se dicte de así proceder, auto de vinculación a proceso hasta el cierre de la investigación. Es importante resaltar que el sistema penal acusatorio, si bien facilita que una persona quede vinculada a una investigación de manera intrínseca, no representa la prisión preventiva, salvo los casos excepcionales previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales. El Ministerio Público debe acreditar los extremos de las medidas cautelares solicitadas, dentro de las cuales se encuentra la prisión preventiva. En suma, de forma genérica, se deben distinguir tres momentos en la fase de la investigación, cuya verificación, de forma escalonada apertura la subsecuente fase: 1. Cuando al Ministerio Público y policía allegan datos primigenios que hacen factible la investigación. 2. Cuando se tienen suficientes elementos que permiten formular y sostener la imputación de un hecho delictuoso a una persona determinada, ante el juez de control; lo que tiene como consecuencia que éste pronuncie auto de vinculación al proceso penal. 3. Cuando en virtud de la anterior determinación, se continúa la investigación, se fija un plazo máximo para decretar el cierre de ésta, en la que se podrá solicitar el sobreseimiento de la causa, la suspensión del proceso o formular acusación. En el caso, de la carpeta administrativa 1696/2020 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, se advierte en la audiencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, el Ministerio Público formuló imputación contra Carolina Freitas Hartmann por el hecho delictuoso de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 218, párrafo primero, tercero y cuarto, en relación a lo numerales 6, 7 y 8, fracciones I y V, 11, fracción I, inciso c) del Código Penal para el Estado de México, en agravio de las víctimas menores de edad de iniciales L.H.S. y S.S.H., toda vez que a partir de febrero de dos mil diecinueve hasta el veintisiete de febrero de dos mil veinte, de manera reiterada la imputada perpetuó actos de violencia física y moral sobre los referidos menores, particularmente golpes a la menor L.H.S., sobre sus piernas, brazos y cabeza; y golpes en la cabeza y espalda al menor S.S.H., todo ello dentro del domicilio Avenida de las Flores, número veintiuno, Colonia Fraccionamiento Lomas Country Club, Municipio de Huixquilucan, Estado de México, donde se establece el núcleo familiar de las víctimas. De igual forma, se le imputó la conducta de obstaculizar, de manera reiterada, la convivencia de los menores con su progenitor, afectando psicológicamente a los menores y el justo equilibrio armónico entre los integrantes del núcleo familiar. Asimismo, se hizo de su conocimiento que el grado de participación que se le atribuía es de autor material, en términos del artículo 11, fracción I, inciso c) del Código Penal para el Estado de México, por ser quien llevó a cabo la conducta delictiva que se le atribuye, siendo su acusador Steve Santander Reyes, en carácter de ofendido y en representación de los menores L.H.S. y S.S.H. Ahora bien, a pesar de que el auto de vinculación a proceso tiene su fundamento en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su dictado se deben respetar diversas garantías constitucionales, afirmación que, en vía de consecuencia, hace suponer que también se pueden violar esos derechos fundamentales. Así, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela en favor de los gobernados el principio de legalidad, es decir, que todo acto de autoridad del Estado debe estar fundado y motivado. Por ende, las razones que ofrezca la responsable deben ser tan amplias como para comprender en qué precepto o preceptos normativos se basa para emitir la resolución, lo que constituye la motivación del acto reclamado. En efecto, la exigencia de motivación se traducirá en la expresión de las razones por las cuales se considere que los hechos en que basa su proceder, se encuentran probados y se adecuan a una disposición legal. En suma, los presupuestos de la fundamentación y motivación deben coexistir y se suponen de forma mutua, aunque el primero se infiera del segundo, al menos en el ámbito jurisdiccional. Por lo demás, esta correlación supone la demostración de la causa legal del procedimiento. Todo lo anterior con un solo fin, darle a conocer al gobernado la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera que le sea claro y esté en aptitud de cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Es necesario puntualizar que, no obstante las reformas al artículo 19 constitucional, dicha circunstancia no exime a la autoridad a que en el dictado del auto de vinculación a proceso cumpla con los requisitos de fundamentación y motivación, ya que le asiste la naturaleza de acto de autoridad. Es importante precisar que en el sistema penal acusatorio, para emitir el auto de vinculación a proceso, sólo es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, con base en los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, los cuales no tiene el juez en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, sino sólo la aportación de dichos datos, que realiza el Agente del Ministerio Público al hacer la imputación o la defensa. En términos del artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de prueba aún no desahogado ante el juez que se advierta idóneo y pertinente para establecer de forma razonada la existencia de un hecho delictuoso y la probable participación del imputado. De igual forma, es necesario puntualizar que en el nuevo sistema acusatorio, adversarial y oral, conforme lo dispone el artículo 4 en relación con los numerales 5 a 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los principios que se han de observar, son los de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. En ese contexto, el juez de control responsable al emitir el auto de vinculación a procesal de la imputada, aquí quejosa, estimó configurado el hecho delictuoso de violencia familiar en agravio de los menores de edad de iniciales L.H.S. y S.S.H., previsto y sancionado por el artículo 2185, párrafo primero, tercero y cuarto, en relación a lo numerales 6, 7 y 8, fracciones I y V, 11, fracción I, inciso c) del Código Penal para el Estado de México. Del análisis de dicho precepto legal se colige que el hecho delictuoso de violencia familiar, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos: 5 Artículo 218.- Al integrante de un núcleo familiar que haga uso de la violencia física o moral en contra de otro integrante de ese núcleo que afecte o ponga en peligro su integridad física, psíquica o ambas, o cause menoscabo en sus derechos, bienes o valores de algún integrante del núcleo familiar, se le impondrán de tres a siete años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa y tratamiento psicoterapéutico, psicológico, psiquiátrico o reeducativo, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que se consumen. En caso de que existan datos que establezcan que se han cometido amenazas o advertencias de causar algún daño, en contra de la víctima, denunciante o terceros, derivado de la noticia criminal que se haya hecho del conocimiento de la autoridad, la pena se incrementará hasta en una mitad. Por núcleo familiar debe entenderse el lugar en donde habitan o concurran familiares o personas con relaciones de familiaridad en intimidad, o el vínculo de mutua consideración y apoyo que existe entre las personas con base en la filiación o convivencia fraterna. Este delito se perseguirá por querella, salvo cuando los ofendidos sean menores de edad, incapaces, mujeres o adultos mayores; en cuyo caso, se perseguirá de oficio. El inculpado de este delito, durante la investigación del mismo y al rendir su declaración, será apercibido por el Ministerio Público para que se abstenga de realizar cualquier conducta que pudiere causar daño a los pasivos [.] a) Que un integrante de un núcleo familiar haga uso de la violencia física o moral contra otro integrante de ese núcleo; b) Que afecte o ponga en peligro sus integridades físicas, psíquicas o ambas. Ahora, los datos de prueba aportados en la audiencia de formulación de imputación por el agente del Ministerio Público son: 1. Declaración de la imputada. 2. Entrevista de Steve Santander Reyes, de diecinueve de febrero de dos mil veinte y su ampliación. 3. Impresiones fotográficas y de conversaciones en Whatsapp. 4. Video de la manifestación del menor L.H.S. 5. Copia certificada de las actas de nacimiento de los menores L.H.S. y S.S.H. 6. Entrevista de la menor L.H.S. de veintiocho de febrero de dos mil veinte. 7. Entrevista del menor S.S.H. de veintiocho de febrero de dos mil veinte. 8. Certificado médico de tres de marzo de dos mil veinte, expedido por la perito médico legista Giovana Villanueva Salinas, a favor de la menor S.S.H. 9. Certificado médico de tres de marzo de dos mil veinte, expedido por la perito médico legista Giovana Villanueva Salinas, a favor de la menor L.H.S. 10. Informe Especializado en Género, formulado por la perito Alí Fernanda López Luna de seis de marzo de dos mil veinte, a favor de la menor L.H.S. 11. Informe Especializado en Género, formulado por la perito Alí Fernanda López Luna de seis de marzo de dos mil veinte, a favor del menor S.S.H. 12. Entrevista con el asesor jurídico Jaime Israel Romero Rojas. 13. Inspección de nueve de septiembre de dos mil veinte realizada en el lugar de los hechos, realizado por el agente de la policía de investigación Juan Zarate Arellanes. 14. Pericial a cargo de la perito en psicología, Perla Leticia Razo Martínez. Del cúmulo de esos datos probatorios, analizados y apreciados de acuerdo con las reglas de valoración de la prueba en términos de los numerales 263 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en atención a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, en el caso a estudio, como lo sostuvo el juez responsable, resultan idóneos y pertinentes para establecer la existencia de un hecho delictuoso, que se integra de una parte fáctica (circunstanciación del hecho mismo) y una jurídica (descripción y adecuación típica), datos de prueba que se estima que establecen la factibilidad del hecho delictuoso de violencia familiar establecido en el artículo 218 del Código Penal para el Estado de México ya referido. Así, como lo sostuvo el juez del conocimiento, de las entrevistas practicadas a los menores L.H.S. y S.S.H., y del denunciante Steve Santander Reyes, se desprende que a partir de febrero de dos mil diecinueve hasta el veintisiete de febrero de dos mil veinte, se realizaron una pluralidad de conductas, de manera reiterada, consistentes en violencia física y moral hacia los menores L.H.S. y S.S.H como integrantes del núcleo familiar compuesto por Steve Santander Reyes, Carolina Freitas Hartmann, y otro hijo de la imputada, ahora quejosa, al interior del domicilio del núcleo familiar, ubicado en Avenida de las Flores, número veintiuno, Colonia Fraccionamiento Lomas Country Club, Municipio de Huixquilucan, Estado de México. Como consecuencias de esos hechos, y de conformidad a los certificados médicos se desprende que la menor de iniciales S.S.H., presentó equimosis por contusión de color verdoso en la pierna derecha, tercio medio cara inferior en forma redonda de uno por uno centímetros. Asimismo, de los informes especializados en género practicados a los menores, se presentan indicadores de niños objeto de violencia familiar, abuso emocional y físico por la figura materna, presentando tristeza, sentimientos encontrados, enojo, inseguridad, necesidad de afecto y sobrecarga de actos violentos, producto de las peleas entre padres. De igual forma, el juez responsable al abordar las constancias de correo electrónico y mensajes de WhatsApp, advierte violencia sobre el padre de los menores, Steve Santander Reyes, consistentes en manifestaciones ofensivas y lascivas. Por su parte, con los datos de prueba consistentes en la entrevista practicada a Steve Santander Reyes, y las impresiones fotográficas se desprenden daños realizados a sus pertenencias. Concluyendo que los datos de prueba, son armónicamente suficientes para constatar el hecho delictuoso de violencia familiar, que al advertirse como datos mínimos razonables y ponderados en su referencia, advierten la afectación emocional y física a los menores L.H.S. y S.S.H., no obstante la violencia de la que también es objeto su padre Steve Santander Reyes, por parte de la imputada Carolina Freitas Hartmann, ahora quejosa. Datos de prueba que, en el auto de vinculación a proceso reclamado, al realizarse el estudio del hecho delictuoso que se le imputa a la quejosa, se asentaron suficientes para establecer razonadamente la existencia del hecho ilícito de violencia familiar, en agravio de los menores L.H.S. y S.S.H., así como del padre Steve Santander Reyes, y que el peticionario de amparo probablemente intervino en su comisión. En el acto reclamado, a partir del análisis de los datos de prueba relatados por el Ministerio Público, se sostuvo, de manera oral y esencial que se estimaba pertinente dictar auto de vinculación a proceso contra la imputada por el delito de violencia familiar relatado. Así, en cuanto al análisis de legalidad del auto de vinculación a proceso reclamado, a los datos de prueba reseñados en la resolución de plazo constitucional, el juez responsable, apegado a derecho, los consideró idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes, en términos del artículo 316 del aludido código adjetivo penal, al estimar que resultaban adecuados para sustentar los elementos del hecho investigado, esencialmente las entrevistas realizadas a los menores L.H.S. y S.S.H., así como del padre Steve Santander Reyes. Datos de prueba, a los que correctamente se adminicularon el informe especializado de género, en que quedó establecida la existencia de indicadores de violencia familiar, psicológica y emocional. Cabe destacar que en cuanto al delito de violencia familiar, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha realizado pronunciamiento al respecto en el sentido de que la justificación de la sanción para quien lesiona la integridad personal dentro de la familia, no es la singularidad o pluralidad, o incluso la modalidad, de las agresiones, sino la certeza de que, como producto de éstas, se afecta la integridad personal de los miembros de la familia; la sanción para quien transgrede esa norma es que la conducta desplegada -singular o reiterada- sea apta, eficiente y suficiente para lesionar el bien jurídico tutelado por la norma, esto es, la integridad física o psicológica de algún miembro de la familia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a.CXXXV/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I, página 501, de rubro y texto: "VIOLENCIA FAMILIAR. EL ARTÍCULO 284 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE PUEBLA, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 QUE PREVÉ DICHO DELITO, SANCIONA LA CONDUCTA SINGULAR O REITERADA APTA, EFICIENTE Y SUFICIENTE PARA LESIONAR LA INTEGRIDAD FÍSICA O PSICOLÓGICA DE ALGÚN MIEMBRO O INTEGRANTE DE LA FAMILIA. La justificación para la sanción penal atribuida por el precepto referido a quien lesiona la integridad personal dentro de la familia, no es la singularidad o pluralidad, o incluso la modalidad, de las agresiones, sino la certeza de que, como producto de éstas, se afecta la integridad personal de los miembros de la familia. Así, lo que acarrea sanción para quien transgrede esa norma es que la conducta desplegada -singular o reiterada- sea apta, eficiente y suficiente para lesionar el bien jurídico tutelado por la norma, esto es, la integridad física o psicológica de algún miembro de la familia. De esta forma, el legislador secundario adopta una decisión constitucionalmente sensata al proteger un bien jurídico valioso y al dejar al intérprete la determinación respecto a las circunstancias, contexto, grado y consecuencias de la agresión perpetrada, independientemente de su repetición." Por lo anterior, este juzgador considera correcta la actuación del juez responsable al vincular a proceso a la quejosa. Cabe agregar que, para resolver la situación jurídica del imputado, no es necesario -como sí lo era antes de la reforma al sistema de justicia penal- que se acrediten de manera plena los elementos del cuerpo del delito y tampoco es requisito constitucional que haya datos bastantes que hagan probable su responsabilidad en la comisión de tal hecho, sino que conforme a lo previsto por el artículo 19 de la Carta Magna, basta con que existan datos que indiquen la existencia de un hecho previsto en la ley como delito y la probabilidad de que lo hayan cometido o participado en su comisión; extremos que se satisfacen en el asunto que se examina. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". En ese sentido objetiva y fundadamente se advierten datos que por ahora, involucran a la hoy quejosa en su probable intervención en el hecho que la ley señala como ilícito y, que desde el punto de vista opuesto, no es dable jurídicamente dejarlo de someter a un proceso penal, dada la justificación de su probable comisión; de tal manera que será en otro momento procesal, cuando con los elementos de prueba que se incorporen al juicio, que permitan, con mayores datos, efectuar una valoración de las pruebas incriminatorias, y en su caso de descargo, para definir si en el asunto existe reproche penal, o no; ya que, por regla general, tratándose de auto de vinculación a proceso, basta que los datos de prueba expuestos en la audiencia de control de detención sirvan de apoyo para justificar el hecho que la ley castiga con pena corporal y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, para que los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se satisfagan; claro, probabilidad, con grado aproximado a la certeza, no únicamente posibilidad, que, en el caso, conforme a las constancias que fueron expuestas y tomadas en consideración por la jueza responsable, se estima satisfecha. Por tanto, hasta este momento procesal, el examen conjunto de los datos de prueba señalados por la representación social, relacionados en el acto reclamado, que consideró el juez de control responsable para emitir el auto de vinculación a proceso, resultan suficientes y jurídicamente eficaces para establecer que se cometió un hecho que la ley prevé como violencia familiar y que existe probabilidad de que la quejosa intervino en su comisión, como autor; empero, esos datos de prueba si en su caso fueren valorados en la etapa del juicio, pueden desvirtuarse en su beneficio o de robustecerse en su contra, mediante el aporte de mayores medios convictivos; cuyo acervo probatorio, posteriormente permitirá el análisis y valoración definitivos de los hechos que precisamente se reconstruyen y persiguen, toda vez que con el auto de vinculación a proceso, se prosigue con la investigación únicamente que de forma abierta, es decir con control del juez que conoce de la investigación, quien velará por los derechos fundamentales de la titular de la acción constitucional, incluso los datos que sirvieron para sustentar un auto de vinculación a proceso, no hacen prueba en el juicio oral. En virtud de lo expuesto, resultan infundados los conceptos de violación que hace valer la quejosa, en el sentido de que el auto de vinculación a proceso viola en su perjuicio los artículos 16, 19 y 20 constitucionales en cuanto a la presunción de inocencia, la suficiencia y valoración de los datos de pruebas, así como la transgresión a sus derechos fundamentales. En ese sentido se coincide con el juez responsable, en estimar que existen datos que establecen que se cometió el hecho ilícito que se investiga, pues al respecto expresó qué se evidenciaba con los datos de prueba que expuso la fiscalía, y que han quedado precisados, argumentando que eran idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para demostrar el evento delictivo, en términos de las reglas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ante tal circunstancia, resultan infundados los argumentos de la quejosa, en el sentido de que la imputación realizada en su contra por el delito de violencia familiar, no encuentran un sustento objetivo en la investigación que pudieran estimarse como datos de prueba, así como que dichos datos no son congruentes con los hechos. Sin que ello implique calificar la culpabilidad de la quejosa, en virtud de que el auto de vinculación a proceso, en modo alguno constituye una resolución que evidencie en forma definitiva tal circunstancia, pues se trata únicamente de la vinculación al proceso a la que le sujetó con base en los datos de prueba que para el efecto la autoridad acusadora presentó ante el juez de control, lo que no implica una resolución que suponga la anticipación de la pena que contravenga el principio de presunción de inocencia a favor de la quejosa. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 24/2014 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, libro 5, página 497, de rubro y texto siguiente: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena." Ahora bien, por lo que hace a lo manifestado por la quejosa en el sentido de que el juez responsable dicta el auto de vinculación a proceso por violencia familiar en contra de Steve Santander Reyes, quien no es ofendido sino representante de los menores, aun cuando no se desprende ningún acto en contra de la esfera jurídica de éste, es infundado. Ello, pues de lo relatado en párrafos precedentes se advierte que entre los datos de prueba que tomó en consideración el juez responsable para emitir el auto de vinculación a proceso se encuentran la entrevista del denunciante Steve Santander Reyes, e impresiones fotográficas sobre conductas desplegadas por Carolina Freitas Hartmann que resultaron en daños a sus objetos personales, así como conversaciones de WhatsApp y correos electrónicos de los que se desprenden manifestaciones ofensivas y lascivas en contra del denunciante, es decir, hechos posiblemente constitutivos de delitos. Incluso, el juez de control al emitir el auto de vinculación a proceso por el delito de violencia familiar relata como sujeto pasivo del hecho a los menores L.H.S. y S.S.H., así como su padre Steve Santander Reyes, es decir todos ellos integrantes del núcleo familiar, sin que obste que al momento en que sucedieron los hechos materia de investigación, el denunciante no tuviera una relación afectuosa o de parentesco con la imputada. Sirve de apoyo a lo anterior, en la parte que interesa, la tesis I.7o.P.43 P (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV, página 2558, de rubro y texto siguientes: ?????????????? "VIOLENCIA FAMILIAR. PARA QUE SE CONFIGURE ESTE DELITO, ES INNECESARIO QUE SE ACREDITE FORMALMENTE EL VÍNCULO QUE UNE AL SUJETO PASIVO (EXCONCUBINA) CON EL ACTIVO, CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO CIVIL (LEGISLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO). En observancia al principio pro persona, para efectos de configurar el delito de violencia familiar, es innecesario acreditar, formalmente, el vínculo que une al sujeto pasivo (exconcubina) con el activo, de conformidad con los requisitos establecidos en el Código Civil, pues los intereses, beneficios o perjuicios del concubinato son irrelevantes para asuntos penales de violencia familiar, en tanto que la finalidad que persigue dicho delito, es erradicar la violencia entre los integrantes de la familia; específicamente, en el caso, eliminar la violencia de género. Lo anterior, al tomar en consideración que, de la interpretación sistemática de los artículos 200 y 201 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para esta ciudad, atento a su evolución, y a lo expuesto en los procesos legislativos, se advierte que dicho ilícito no sólo protege las relaciones reconocidas jurídicamente por el mencionado ordenamiento civil, sino también los vínculos de hecho (noviazgo, amasiato, padrinazgo, relación entre los hijos y la pareja del progenitor, incluso, aun cuando no tengan algún parentesco, pero por cierta causa se incorporen al núcleo familiar); aunado a que en materia penal se juzgan hechos, no actos jurídicos; además, el estado civil es una categoría sospechosa, que no puede utilizarse injustificadamente, y es obligación del Estado Mexicano tomar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, así como asegurar su acceso efectivo a la justicia." De igual forma, se reitera que, en el caso, únicamente basta la probable intervención de una persona en el hecho que la ley señala como ilícito para que se vincule a proceso, sin que con ello de determine su culpabilidad. Por otra parte, respecto de lo manifestado por la quejosa en el sentido de que las entrevistas a los menores de edad no se realizaron de conformidad a los protocolos de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, en específico no fueron videograbadas, por lo que, no existe certeza de su participación en dichas diligencias ministeriales y que es inviable que se haya considerado el informe especializado en género practicado a los menores, cuando el delito que se imputa no es uno cometido por razones de género, sino en contra de personas menores de edad. Al respecto, debe señalarse que la etapa procesal para desvirtuar los datos de prueba, es la etapa intermedia, siendo que en la etapa inicial o de investigación solo procede formalizar la investigación y señalar plazo para el cierre de la investigación, a lo que el derecho de defensa de la quejosa se encuentra a salvo para aportar los medios de prueba idóneos y conducentes para desvirtuarlos. Es aplicable por las razones que la sustentan, la jurisprudencia número XVII.1o.P.A. J/10, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo IV, libro 23, de octubre de 2015, página 3323 del, que a la letra dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN QUE REFIERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo debe atenderse a los datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe atenderse por el Juez de Garantía y, en su caso, analizarse por el tribunal de apelación, los Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, esto es, aquella determinación debe dictarse y/o analizarse únicamente con base en los datos de investigación que refiera el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahoguen en ella, siempre que no se esté en alguno de los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan, como lo son, la etapa preliminar, el reconocimiento de personas, la declaración ministerial del imputado y el anticipo de prueba, previstos en los artículos 262, 298 y 267 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, respectivamente." Finalmente, en cuanto a la violación al principio de inmediación judicial hecha valer por la quejosa, en virtud de que al momento de presentar diversos argumentos ante el juez de control, específicamente en la audiencia de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, éste no se encontraba prestando atención a por estar realizando anotaciones en su computadora portátil y consultando la legislación, debe decirse que tal circunstancia no vulnera el contenido del artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos6. En primer término, debe establecerse que tal principio garantiza que las audiencias que se desahogan dentro de los procesos penales se realicen en presencia del juzgador, garantiza un contacto directo y personal entre sujetos que en ellas intervienen, y se coloca al juez en las mejores condiciones posibles para percibir -sin intermediarios- toda la información que surja de las pruebas personales, es decir, no sólo la de contenido verbal, sino que la inmediación también lo ubica en óptimas condiciones para constatar una serie de elementos que acompañan a las palabras del declarante. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 54/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 6 "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: (.) II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; ." Décima Época, Libro 68, Julio de 2019, Tomo I, página 184, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICA PARA LA FORMACIÓN DE LA PRUEBA. EXIGE EL CONTACTO DIRECTO Y PERSONAL DEL JUEZ CON LOS SUJETOS Y EL OBJETO DEL PROCESO DURANTE LA AUDIENCIA DE JUICIO. Del proceso legislativo que culminó con la instauración del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se advierte que para el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, el principio de inmediación presupone que todos los elementos de prueba vertidos en un proceso y que servirán para decidir sobre la responsabilidad penal de una persona, deben ser presenciados sin mediaciones o intermediarios por el juez en una audiencia. Los alcances de dicho propósito implican reconocer que es en la etapa de juicio donde la inmediación cobra plena aplicación, porque en esta vertiente configura una herramienta metodológica para la formación de la prueba, la cual exige el contacto directo y personal que el juez debe tener con los sujetos y el objeto del proceso durante la realización de la audiencia de juicio, porque de esa manera se coloca al juez en las mejores condiciones posibles para percibir -sin intermediarios- toda la información que surja de las pruebas personales, es decir, no sólo la de contenido verbal, sino que la inmediación también lo ubica en óptimas condiciones para constatar una serie de elementos que acompañan a las palabras del declarante, habilitados para transmitir y recepcionar de mejor manera el mensaje que se quiere entregar, como el manejo del tono, volumen o cadencia de la voz, pausas, titubeos, disposición del cuerpo, dirección de la mirada, muecas o sonrojo, que la doctrina denomina componentes paralingüísticos." De lo que se desprende que, contrario a la apreciación de la parte quejosa, el juez de control responsable al consultar su equipo de cómputo y la legislación durante la audiencia, en modo alguno transgredió el principio de inmediación. Lo anterior, pues de la videograbación remitida en vía de informe justificado, se considera que la imputada, en repetidas ocasiones, estuvo en posibilidad de realizar manifestaciones en uso de la voz, ya sea por sí misma o a través de su abogado defensor, por lo que el contacto entre las partes que intervinieron ????????????? en la audiencia de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, no puede calificarse de interrumpido o atribuírsele al juez responsable el dejar de atender los argumentos de la quejosa. Por tanto, como este juzgador no advierte que en el caso concreto se haya incurrido en irregularidad alguna que deba ser reparada en favor de la peticionario de amparo y al resultar infundados e ineficaces sus conceptos de violación, sin que se aprecie deficiencia de la queja que deba suplirse, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por Carolina Freitas Hartmann. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 63, 73, 75, 119 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Único. La justicia de la unión no ampara ni protege promovido por Carolina Freitas Hartmann, por conducto de su defensor Luis Simón Herrera Bazán San Martín, respecto del acto que reclamó de la autoridad señalada como responsable, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese y personalmente. Así lo resolvió y firma el Juez Marín García Moreno, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado, asistido de Ivett Bobadilla Hernández, Secretario que da fe. Doy fe.
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