Carolina Flores Montalvo
Expediente 713/2014 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 713/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/01/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Carolina Flores Montalvo
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en particular la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no se inconformó contra el auto de siete de enero de dos mil quince (fojas 59 a 63), en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión respecto de las autoridades señaladas como responsables; toda vez que no les produce agravio el sentido del acuerdo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo citada, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. En el caso, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, pues no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese; y, en su oportunidad cúmplase.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se provee lo siguiente: Mediante escrito presentado ante la secretaria de guardia el veintiocho de septiembre de dos mil catorce, Yesenia Ortiz Hernández, en representación de Carolina Flores Montalvo, promovió juicio de amparo indirecto, contra las autoridades responsables y por los actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Como ordenadoras El C. Encargado, comandante o Jefe de Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATES) con domicilio oficial conocido en la Calle Juan Escutia Numero 107 de la Colonia Guillen de esta ciudad, Encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial con residencia y domicilio oficial sobre la Avenida Dieciséis de Septiembre en la Colonia Las Fuentes en esta ciudad. Autoridades Ejecutoras.-C. Encargado, comandante o jefe del Grupo de Armas y Tácticas especiales destacamentado en esta Ciudad y subalternos a su mando. IV.- ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA.-A LA ORDENADORA.- La privación ilegal de la libertad realizada sobre la persona de CAROLINA FLORES MONTALVO el día de hoy aproximadamente a las dieciséis horas en el domicilio que deje señalado en mis generales por elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales GATES información que me fue proporcionada por los vecinos vía telefónica en la hora antes mencionada por lo que tengo el temor fundado de que se proceda en contra de la quejosa sujetándola a los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o que se proceda a su desaparición forzada sin que hasta este momento tenga noticias de su ubicación pues me puse a tratar de localizar pero ninguna dependencia policiaca me dice si la tienen a su disposición". En la citada fecha, se ordenó por conducto del Actuario de la adscripción, la búsqueda y en su caso la ratificación del escrito de demanda por parte de la quejosa directa y se ordenó suspender de plano los actos reclamados a las responsables. En esa tesitura, de la razón actuarial de veintiocho de septiembre del año en curso (foja 11), efectuada por la funcionaria adscrita se advierte que la quejosa directa Carolina Flores Montalvo, ratificó la demanda de garantías instaurada en su nombre. De ese modo, mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, se admitió a trámite la demanda de garantías de referencia; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable denominada Comandante del Grupo de Armas y Tácticas Especiales, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza (fojas 23 a 26), se desprende que la aquí quejosa, mediante parte informativo número 366/2014, fue puesta a disposición del Agente Investigador del Ministerio Publico de Villa de Fuente, con residencia en esta ciudad, motivo por el cual, por auto de siete de noviembre del año en curso (foja 30), se solicitó a la citada autoridad hiciera llegar a este Órgano Jurisdiccional la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado, en particular el parte informativo número 366/2014 y la puesta a disposición de la aquí quejosa. Posteriormente el veintiocho de noviembre del año pasado (foja 40 y 41), la autoridad Agente Investigador del Ministerio Público de Villa de Fuente, con residencia en esta ciudad, hizo del conocimiento de este Tribunal, que se encontraba impedida para remitir las constancias solicitadas, toda vez que había consignado dicho expediente con el número de Averiguación Previa Penal 542/2014, al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal, Especializado en Narcomenudeo, con residencia en esta ciudad; razón por la cual, se requirió al Juzgado en mención, remitiera a este Juzgado las constancias relativas a la Averiguación Previa Penal 542/2014. De esa manera, mediante acuerdo de doce de diciembre de dos mil catorce (foja 58), se tuvo al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, Especializado en Narcomenudeo, con residencia en esta ciudad, dando cumplimiento a lo solicitado en líneas que anteceden En el caso, con la copia certificada enviada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, Especializado en Narcomenudeo, con residencia en esta ciudad, consistente en el oficio número 2019/2014, y conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65, de la Ley de Amparo , se desprende la posibilidad que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de dicha ley, la cual de actualizarse, provoca el sobreseimiento en el juicio de garantías. En el caso, se patentiza de manera indudable y manifiesta la actualización de una de ellas, antes de la celebración de la audiencia constitucional, atendiendo al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trescientos ochenta y seis, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente que dice: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica (.)" Del análisis al numeral 61 que antecede, se advierte que la fracción XVII establece que el juicio de amparo es improcedente por cambio de situación jurídica, cuando por regla general, se producen los supuestos siguientes: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Orientan esta interpretación en lo conducente, los criterios jurisprudenciales emitidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visibles a fojas doscientos diecinueve y ciento noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomos IV, diciembre de mil novecientos noventa y seis, y VIII-septiembre de mil novecientos noventa y uno, de la Novena y Octava Épocas, con registros electrónicos 199808 y 222034, respectivamente, que textualmente dicen: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SUS REQUISITOS. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE AMPARO. Una vez examinados los supuestos en los cuales los tribunales de amparo han estimado aplicable esta causal de improcedencia, puede afirmarse que para configurarla se necesita de la reunión de los siguientes requisitos: 1) que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en strictu sensu, fiscal o agrario); 2) que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; 3) que después de admitida la demanda sobrevenga, en el mismo procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; 4) que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo y 5) que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último". Con lo narrado, se concluye que, si el acto reclamado se hizo consistir principalmente en la ilegal privación de la libertad, atribuida a las autoridades responsables que la quejosa refiere en su demanda de garantías, y en la actualidad la situación jurídica de la quejosa se rige por la probable responsabilidad de un hecho ilícito; es evidente entonces que ha operado el cambio de situación jurídica de la peticionaria de amparo, porque inicialmente la afectación era la privación de la libertad; sin embargo, al quedar a disposición del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, Especializado en Narcomenudeo, con residencia en esta ciudad, como probable responsable del delito de posesión de narcóticos con fines de comercio o suministro, reiteradamente operó un cambio en ella, por lo que es indiscutible que tal determinación hace que la violación reclamada se considere irreparablemente consumada, y por lo mismo resulta imposible jurídicamente analizar la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, toda vez que al estar sujeta a una averiguación y la probable comisión de un delito, se actualiza la citada causal de improcedencia. Por tanto, la ilegal privación de la libertad, que se impugna no puede válidamente analizarse en este juicio de garantías desde el momento en que se resolvió su situación jurídica, porque esa nueva figura, constituye un obstáculo legal para que se emita pronunciamiento alguno respecto del acto reclamado en este juicio, sin que se afecte en su caso la nueva situación jurídica de la aquí quejosa. En apoyo a lo anterior, cabe citar por analogía la jurisprudencia II.1o.P. J/3, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, febrero de dos mil, página novecientos cuarenta, Novena Época, con registro electrónico 192468, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA DEL QUEJOSO, SEGÚN REFORMAS A LA LEY DE AMPARO DE OCHO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE. Cuando la parte quejosa promueve el juicio biinstancial contra una orden de aprehensión y se allega al mismo el informe del Juez responsable en el que se hace del conocimiento del federal, que se ha dictado contra aquélla auto de formal prisión, ello actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, de acuerdo a las últimas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, en vigor al día siguiente, en virtud de que las violaciones reclamadas se consideran irreparablemente consumadas, al acontecer un cambio de situación jurídica del impetrante". Cabe mencionar igualmente por analogía y en lo que interesa, la diversa tesis IV.2º.P.43 P, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, localizable en la página mil trescientos setenta y tres, del tomo XXX, octubre de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 166233, que literalmente dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO).Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación". Apoya igualmente por analogía, la tesis jurisprudencial, II.3o.J/59, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se localiza en la página cincuenta y siete, del tomo 70, octubre de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, con registro número 214594, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR. La aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena, son los motivos a través de los cuales se pueden restringir la libertad personal; teniendo cada una de estas modalidades características peculiares. Al conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos a que se ha hecho mención, se le denomina situación jurídica; de tal manera que cuando ésta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, desapareciendo así los efectos del acto reclamado, lo que hace improcedente el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del diecinueve de enero de dos mil catorce. Finalmente, es conveniente precisar que en auto de veintinueve de septiembre del año en curso (fojas 14 a 15), conforme al numeral 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y al artículo 8° de su reglamento, se les hizo saber a las partes que la sentencia dictada en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, también que pueden ejercer el derecho para manifestar, hasta antes que se pronuncie el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales no se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que tal oposición, únicamente surtirá efectos cuando se trate de expedientes que contengan información reservada que en términos de lo previsto por la fracción IV, del artículo 13, de la citada Ley, será cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad, o la salud de las partes, sin que se hayan pronunciado al respecto. Notifíquese; y, personalmente a las partes.
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