Carolina Fabila Díaz

Expediente 356/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
356/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
28/03/2017

Partes del expediente

  • Carolina Fabila Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que la quejosa no interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    REGISTRO Visto el escrito de cuenta signado por , por propio derecho y en representación de su menor hijo *********************, regístrese bajo el número 356/2017-I-B. DESECHAMIENTO Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis íntegro al escrito de demanda, se obtiene que la parte quejosa reclama la negativa de designar un perito en materia de genética para el desahogo de la prueba pericial dentro del juicio de reconocimiento de paternidad ante el Juzgado Octavo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el expediente 67/2016. Atento a lo anterior, del estudio integral de la demanda, así como de los anexos que adjuntó a esta, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia, establecida en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: ... II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Los preceptos legales en comento, establecen que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos, así como las garantías otorgados para su protección por la Constitución Federal y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; que es parte en el juicio la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Luego, para efectos de dilucidar si en la especie nos encontramos ante actos provenientes de una autoridad o no, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado cuáles son las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, una de ellas, consiste en la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, registro 161133, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora, en el caso que nos ocupa, la parte quejosa aduce que le causa perjuicio el actuar del Fiscal General de Justicia del Estado de México y del Instituto de Servicios Periciales del Estado de México, al negarse a designar a un perito en materia de genética para el desahogo de la prueba pericial dentro del expediente 67/2016 del índice del Juzgado Octavo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, adjuntando para acreditar su dicho copia simple de los oficios emitidos por la Encargada del Despacho de la Dirección de Peritos. Sin embargo, las autoridades referidas no figuran como parte en el expediente 67/2016, ya que a éstas únicamente se les solicitó apoyo para designar perito en materia de genética, lo que conlleva a que dichas autoridades tengan carácter de auxiliares del juzgador en la labor de administración de justicia y se encuentran subordinados a los mandamientos de la autoridad judicial para prestar el apoyo solicitado. Máxime de que de los oficios signados por la Encargada del Despacho de la Dirección de Peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, así como del Subdirector de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, no se advierte una negativa de su parte a proporcionar el perito en comento, sino una imposibilidad, pues refirieron que dadas las cargas de trabajo con las que cuentan no era posible atender de manera favorable lo solicitado por el Juez del conocimiento; además el último externó que dicha petición la podrá formular a diversa institución. De lo expuesto, es inconcuso que las autoridades que actúan en su calidad de auxiliares en la administración de justicia, a efecto de proporcionar, en el caso en concreto, un perito para que rinda su dictamen en materia de genética, no actúan en un plano de supra a subordinación con las partes en el procedimiento jurisdiccional, en virtud de que su única función es la de proporcionar, en caso de encontrarse dentro de sus posibilidades, un perito para que emita una opinión en determinada área, de ahí, que no tengan una facultad coactiva para hacer cumplir sus determinaciones, ni muchos que puedan emitir actos unilaterales para el desahogo de su dictamen, pues se insiste el desahogo de las pruebas es dirigida por la autoridad jurisdiccional. Por tanto, en el caso que nos ocupa las autoridades señaladas como responsables, únicamente se les solicitó proporcionaran un experto en materia de genética para intervenir en el juicio 67/2016, del índice del Juzgado Octavo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, para rendir su dictamen en la materia indicada, por tanto, al actuar en dicho conflicto como auxiliar de la administración de justicia, su proceder está supeditado a las determinaciones que emita el juez del proceso y, por ende, no puede tomar decisiones unilaterales que afecte derechos de las partes, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas, en virtud de que su función en el juicio se limita a designar, en caso de contar con ello, perito para que lleve a cabo el desahogo de la prueba pericial que nos ocupa. En tal contexto, se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo; por lo que se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS Asimismo, se autoriza a la persona que designa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; asimismo, dígasele que esto se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: REGISTRO Visto el escrito de cuenta signado por , por propio derecho y en representación de su menor hijo *********************, regístrese bajo el número 356/2017-I-B. DESECHAMIENTO Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis íntegro al escrito de demanda, se obtiene que la parte quejosa reclama la negativa de designar un perito en materia de genética para el desahogo de la prueba pericial dentro del juicio de reconocimiento de paternidad ante el Juzgado Octavo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el expediente 67/2016. Atento a lo anterior, del estudio integral de la demanda, así como de los anexos que adjuntó a esta, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia, establecida en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: ... II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Los preceptos legales en comento, establecen que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos, así como las garantías otorgados para su protección por la Constitución Federal y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; que es parte en el juicio la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Luego, para efectos de dilucidar si en la especie nos encontramos ante actos provenientes de una autoridad o no, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado cuáles son las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, una de ellas, consiste en la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, registro 161133, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora, en el caso que nos ocupa, la parte quejosa aduce que le causa perjuicio el actuar del Fiscal General de Justicia del Estado de México y del Instituto de Servicios Periciales del Estado de México, al negarse a designar a un perito en materia de genética para el desahogo de la prueba pericial dentro del expediente 67/2016 del índice del Juzgado Octavo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, adjuntando para acreditar su dicho copia simple de los oficios emitidos por la Encargada del Despacho de la Dirección de Peritos. Sin embargo, las autoridades referidas no figuran como parte en el expediente 67/2016, ya que a éstas únicamente se les solicitó apoyo para designar perito en materia de genética, lo que conlleva a que dichas autoridades tengan carácter de auxiliares del juzgador en la labor de administración de justicia y se encuentran subordinados a los mandamientos de la autoridad judicial para prestar el apoyo solicitado. Máxime de que de los oficios signados por la Encargada del Despacho de la Dirección de Peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, así como del Subdirector de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, no se advierte una negativa de su parte a proporcionar el perito en comento, sino una imposibilidad, pues refirieron que dadas las cargas de trabajo con las que cuentan no era posible atender de manera favorable lo solicitado por el Juez del conocimiento; además el último externó que dicha petición la podrá formular a diversa institución. De lo expuesto, es inconcuso que las autoridades que actúan en su calidad de auxiliares en la administración de justicia, a efecto de proporcionar, en el caso en concreto, un perito para que rinda su dictamen en materia de genética, no actúan en un plano de supra a subordinación con las partes en el procedimiento jurisdiccional, en virtud de que su única función es la de proporcionar, en caso de encontrarse dentro de sus posibilidades, un perito para que emita una opinión en determinada área, de ahí, que no tengan una facultad coactiva para hacer cumplir sus determinaciones, ni muchos que puedan emitir actos unilaterales para el desahogo de su dictamen, pues se insiste el desahogo de las pruebas es dirigida por la autoridad jurisdiccional. Por tanto, en el caso que nos ocupa las autoridades señaladas como responsables, únicamente se les solicitó proporcionaran un experto en materia de genética para intervenir en el juicio 67/2016, del índice del Juzgado Octavo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, para rendir su dictamen en la materia indicada, por tanto, al actuar en dicho conflicto como auxiliar de la administración de justicia, su proceder está supeditado a las determinaciones que emita el juez del proceso y, por ende, no puede tomar decisiones unilaterales que afecte derechos de las partes, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas, en virtud de que su función en el juicio se limita a designar, en caso de contar con ello, perito para que lleve a cabo el desahogo de la prueba pericial que nos ocupa. En tal contexto, se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo; por lo que se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS Asimismo, se autoriza a la persona que designa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; asimismo, dígasele que esto se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles. LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE

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