Carolina Eloisa Gómez Pimentel
Expediente 1035/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1035/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/01/2021
Partes del expediente
- Carolina Eloisa Gómez Pimentel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Inconformidad. Visto lo de cuenta, se tiene que transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual, lo conducente en el caso es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales. Documentos originales. No obran documentos originales para devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Incidente. No fue tramitado. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a dos de diciembre de dos mil veinte. Estado procesal de autos. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de treinta de diciembre de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional. Por lo anterior, se le ordenó a las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta, le ordenó que procediera en los términos siguientes: "I) Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, en el ámbito de su respectiva competencia, den respuesta de inmediato, por escrito, en forma definitiva, completa, integral y congruente, a la solicitud elevada por el impetrante en el ocurso que fue presentado el diez de septiembre de dos mil diecinueve, la cual puede ser en cualquier sentido, tomando en cuenta que el fin perseguido por el numeral 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el de que las autoridades aseguren una respuesta al gobernado, y no de que se acuerde favorablemente la petición relativa; y, II) Notifiquen personalmente a la quejosa la contestación en el domicilio que se les proporcionó en el escrito de petición, porque únicamente así se restituirá a la inconforme en el goce del derecho vulnerado con la omisión que nos ocupa." Recurso de revisión. Dicha sentencia fue recurrida por la delegada de las autoridades responsables, turnándose los autos al Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, quien resolvió el amparo en revisión 37/2020, derivado del presente juicio confirmando la sentencia en cuestión; tan pronto fue recibida la citada ejecutoria, el trece de marzo de la anualidad, se requirió el cumplimiento respectivo. Por tanto, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las propias autoridades responsables en el ámbito de su competencia estuvieron constreñidas a dar respuesta de inmediato, por escrito, en forma definitiva, completa, integral y congruente, a la solicitud elevada por la impetrante 1) Carolina Eloisa Gómez Pimentel, en ocurso presentado el diez de septiembre de dos mil diecinueve, tomando en cuenta que el fin perseguido por el numeral 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el de que las autoridades aseguren una respuesta al gobernado, y no de que se acuerde favorablemente la petición relativa. Actuaciones llevadas a cabo por las autoridades responsables en acatamiento al fallo protector. Mediante oficio remitido por la delegada de las autoridades responsables agregado en proveído de veintisiete de agosto del año en curso, la autoridad responsable informó respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, si bien se le dio respuesta a la parte quejosa recaída a la solicitud elevada por ésta respecto a la solicitud de pensión, la misma no fue definitiva, sino incongruente y además la autoridad no se pronunció en forma definitiva pues tomando en cuenta que el procedimiento previsto en la ley que rige al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Estado de Baja California para el trámite de la pensión, no resulta válido que se pretendan introducir requisitos extralegales, que no corresponde al trámite respectivo; aunado a que dicha incongruencia, desde luego implicó un defecto en el acatamiento a los efectos para los cuáles se concedió el amparo; por lo que, en consecuencia, se requirió de nueva el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por otra parte, mediante proveído de cuatro de septiembre del presente año, se agregó oficio signado por la delegada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con el que informó las gestiones realizadas tendientes a lograr el cumplimiento de la ejecutoria y solicitó prórroga para cumplir con la ejecutoria aludida, concediéndole quince días de prórroga para tal fin. Finalmente, mediante proveído de uno de octubre del presente año, fue agregado oficio y anexos remitidos por la delegada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con los que informó el cumplimiento dado al fallo protector y remitió el diverso oficio de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, signado por la Jefa del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, dirigido a la aquí quejosa 1) Carolina Eloisa Gómez Pimentel, a través del cual da respuesta a la petición planteada por ocurso presentado ante las autoridades responsables el diez de septiembre de dos mil diecinueve, en el que, por otra parte se resolvió concederle la jubilación a la referida quejosa; asimismo, al margen de dicho documento, aparece una firma ilegible en original plasmada por el autorizado de la aquí quejosa Carolina Eloisa Gómez Pimentel, con fecha veintiocho de septiembre de dos mil veinte. Vista a las partes con el cumplimiento. Con lo anterior, en la misma fecha se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Desahogo de la vista. Sin que hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Entonces, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable en relación al cumplimiento, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia; se colige que en el caso fueron cumplidos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable dio respuesta a la solicitud de la quejosa elevada por escrito presentado en diez de septiembre de dos mil diecinueve, esto mediante oficio de veintiocho de septiembre del año en curso; respuesta que además, le fue notificada a la parte quejosa, por conducto de su autorizado, en la misma fecha veintiocho de septiembre del año que transcurre, tal como se ordenó en la sentencia de amparo. Vista con el presente auto. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de la Materia, por lo cual, dése vista a la parte quejosa, por el plazo de quince días, contado a partir de la legal notificación, para que manifieste lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibida para el caso que, de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Mexicali, Baja California, a uno de octubre de dos mil veinte. Oficio. Visto lo de cuenta, agréguense a los presentes autos para que obren como legalmente correspondan el oficio y anexo que remite la delegada de las autoridades señaladas como responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales realiza diversas manifestaciones con relación al cumplimiento del fallo protector. Vista. Con fundamento en el artículo 196, primer y segundo párrafos, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, con el contenido del oficio y anexo de referencia, así como con las demás constancias que obran en autos, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese y personalmente.
- Principal
primero: la justicia de la unión ampara y protege a la parte quejosa.... segundo: realicense las anotaciones en los libros de gobierno
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