Carolina Elizabeth González Sánchez

Expediente 531/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
531/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
26/10/2021

Partes del expediente

  • Carolina Elizabeth González Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en este juzgado no se encuentra registrada promoción alguna que indique que las partes recurrieron el proveído dictado por este órgano jurisdiccional el uno de octubre de dos mil veintiuno, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que la parte quejosa y la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad de lo Penal de Tramitación Común de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, fueron notificados en primer y último lugar, esto es, el uno y cuatro de octubre del presente año, quedando comprendido dicho plazo del cinco al veintidós de octubre del año en curso, en la inteligencia de que el lapso para las demás partes queda contenido en el antes indicado. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido.En atención a lo anterior, se ordena proveer lo conducente en los cuadernos incidentales derivados de este juicio.

  2. Principal

    Ténganse recibidos los oficios 265/2021, signados por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Titular de la Unidad de lo Penal Especializada en Delitos de Tramitación Común de la Zona Sur del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, a través de los cuales, en atención a nuestro oficio 17626/2021, de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, remite copias certificadas de las constancias solicitadas; mismas que con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se reciben las pruebas documentales que anexa. Ahora bien, del estado de los autos, se advierte que la promovente del amparo esencialmente hizo consistir el acto reclamado en la negativa de entregarle copia de toda la carpeta de investigación MAZTL/UETC/995/2018/CI, por parte de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Fuero Común Titular de la Unidad de lo Penal Especializada en Delitos de Tramitación Común de la Zona Sur del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. Luego, en el caso, a juicio de quien esto provee, atendiendo al contenido integral de las pruebas documentales allegadas por la autoridad responsable de referencia que anexó a su oficio de cuenta, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.]. V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior; [.]." Como se aprecia del contenido de los preceptos normativos recién transcritos, la causa de improcedencia denominada cesación de efectos, consiste en que, una vez promovido el juicio de amparo, los efectos del acto que en él se reclama hayan dejado de existir con motivo de una actuación posterior por parte de la autoridad que lo emitió y que, por tanto, ya no ocasiona ningún agravio en la esfera jurídica del quejoso. Es decir, el acto reclamado debe quedar destruido en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, que aún y cuando el mismo subsista, no hubiere invadido la esfera jurídica del impetrante. Brinda sustento a lo anteriormente expuesto, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y ocho del Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto rezan: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Lo anterior, ya que, en el caso, se tiene que la materia del reclamo la constituye la negativa de entregarle copia de toda la carpeta de investigación MAZTL/UETC/995/2018/CI, por parte de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Fuero Común Titular de la Unidad de lo Penal Especializada en Delitos de Tramitación Común de la Zona Sur del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. Mientras que, de la información aportada por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Fuero Común Titular de la Unidad de lo Penal Especializada en Delitos de Tramitación Común de la Zona Sur del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, a través de las constancias que anexa a su oficio de cuenta, se advierte que remite copia certificada de la constancia de veintisiete de agosto del año en curso, en la que hace entrega física y material de copias certificadas de las constancias que integran la carpeta de investigación número MAZTL/UETC/0995/2018, a la aquí quejosa, quien las recibe de conformidad, firmado para tal efecto. Documentales que cuentan con pleno valor probatorio, en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de que fueron emitidas por una autoridad legalmente facultada para ello y son aptas acreditar que el veintisiete de agosto del año en curso, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Fuero Común Titular de la Unidad de lo Penal Especializada en Delitos de Tramitación Común de la Zona Sur del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, hizo entrega a la quejosa, de las copias certificadas de las constancias que integran la carpeta de investigación número MAZTL/UETC/0995/2018, quien recibió y firmó de conformidad. Por tanto, es inconcuso que en la especie han cesado los efectos de las violaciones que constituían la materia de análisis en esta vía constitucional, restableciéndose así las cosas en el estado que guardaban antes de la promoción del juicio biinstancial en que se actúa, como si se hubiere concedido el amparo solicitado. De ahí que se estime que se actualiza el motivo de inejercitabilidad de la acción constitucional en estudio, en virtud de que ya no subsiste el acto inicialmente reclamado. En ese contexto, resulta ocioso esperar hasta la fecha de la celebración de la audiencia constitucional para efectuar el estudio de la causa de improcedencia que nos ocupa y, por ende, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto de los actos que en esta vía se reclaman, en términos de lo establecido por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, se dejan sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la referida audiencia de ley. Sustenta lo anterior, la tesis por contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil trece, página trescientos ochenta y siete, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

  3. Principal

    Visto el estado de los autos, de los cuales se advierte que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Fuero Común Titular de la Unidad de lo Penal Especializada en Delitos de Tramitación Común de la Zona Sur del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestó que el veintiocho de julio del año en curso, en diligencia de ratificación de su escrito de petición, hizo saber a la parte quejosa que le haría entrega de las copias solicitadas en el momento en que lo permitieran las labores de esa dependencia, sin que se haya presentado a recogerlas, razón por la que giró un citatorio, para presentarse el diecisiete de agosto pasado, sin que ésta haya acudido a esa autoridad. En consecuencia, con apoyo en el numeral 75 de la ley de la materia y en el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a la autoridad de mérito para que, en el improrrogable término de tres días, contado a partir del momento en que surta efectos la notificación de este proveído, remita copias certificadas de las constancias que refiere en el aludido informe, bajo apercibimiento que, en caso de no hacerlo o manifestar su imposibilidad legal para ello, se hará acreedora a la multa con que se le previno en auto de trece de agosto de dos mil veintiuno, lo anterior, ya que dichas documentales son necesarias para resolver el sumario en que se actúa En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se difiere a fin de que tenga verificativo a las diez horas con veinte minutos del quince de octubre de dos mil veintiuno. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Incidental

    ÚNICO. SE NIEGA a la quejosa Carolina Elizabeth González Sánchez, la suspensión definitiva solicitada, contra los actos que reclama a la autoridad precisada en el considerando primero de esta resolución, por las razones expuestas en el diverso considerando segundo.

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