Carolina de las Mercedes Brito Pacheco

Expediente 1493/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1493/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
22/03/2021

Partes del expediente

  • Carolina de las Mercedes Brito Pacheco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, y toda vez que en proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con el auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito; con fundamento en el numeral 196 de la invocada Ley de la Materia, se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando asimismo la fecha en que se ordenó el archivo, para que el Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, proceda a su depuración. Por otra parte, toda vez que, en la sentencia definitiva emitida en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, la cual carece de relevancia documental; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración; pero, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el licenciado secretario Rodrigo Espinosa Valencia, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veinte. V i s t o s los autos del presente juicio de amparo indirecto 1493/2019, para resolver si se ha cumplido o no la ejecutoria; y, R e s u l t a n d o: Primero. En sentencia ejecutoria dictada en los presentes autos, se concedió el amparo instado por Carolina de las Mercedes Brito Pacheco, respecto del acto reclamado a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Segundo. Por oficios 1291/2020 y 1292/2020 de la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje y del Actuario de su adscripción, se informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Se dio vista a las partes con el referido oficio y sus anexos para que, dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés conviniera; y C o n s i d e r a n d o: Único. Las partes no hicieron manifestación alguna respecto de la vista que se les dio en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en estos autos. Por tanto, con los elementos de convicción que obran en autos, este órgano de control constitucional procede a resolver si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, con el rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMEN E PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". En la sentencia ejecutoria dictada en autos, se concedió el amparo y protección para el efecto que de una vez que causara ejecutoria la sentencia de amparo, las autoridades responsables, actuaran en los siguientes términos: Para el efecto de que la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, señale nueva fecha para la audiencia testimonial, en el juicio laboral número 1112/2016, dentro de los términos y plazos legales que se establecen para ello. Notifique con la debida anticipación a los testigos de las partes. Del examen de las documentales antes descritas, que merecen pleno valor de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desprende que se realizó lo siguiente: La Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridad responsable en este asunto, con fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte, dictó el auto mediante el cual quedó a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la presentación de los testigos, así como la audiencia de cuatro de marzo de dos mil veinte, en la que se hizo constar la inasistencia de los testigos lo que se decretó la deserción de la prueba testimonial y el cierre de instrucción en el juicio laboral 1112/2016. Por tanto, de lo anterior se advierte el cumplimiento de la ejecutoria para los efectos del artículo 192 de la Ley de Amparo aplicable, de conformidad con el artículo tercero transitorio; y al no advertirse exceso o defecto en su cumplimiento para los efectos del artículo 196 de la Ley de la Materia aplicable, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos de los artículos 201 y 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifieste ante este Juzgado su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Azucena Sosa García, secretaria que autoriza y da fe. Maru

  3. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las trece horas con treinta minutos del treinta de diciembre de dos mil diecinueve, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1493/2019-VI, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo aplicable. El Juez, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes. A continuación, la Secretaría hace una relación de las constancias que obran en el expediente, dentro de las que destacan el escrito de demanda, el auto admisorio de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, constancia de emplazamiento a la parte tercero interesada y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. A lo que el Juez acuerda: que se tenga por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Se abre el período de pruebas en el que la Secretaría da cuenta, con las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, y con las constancias que la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, acompañó a su respectivo informe justificado. El juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo aplicable, se tienen por admitidas y desahogadas por su naturaleza las probanzas antes referidas. Seguidamente, abierto el período de alegatos, la secretaría da cuenta con el alegato ministerial 778/2019 de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, en el que, por los motivos que expone, solicita se niegue el amparo y protección de la justicia federal o en su caso se sobresea en este juicio de amparo. En atención a lo cual el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulado el pedimento de cuenta para todos los efectos legales pertinentes y se tengan por hechas las manifestaciones que se realizan en el escrito relativo; con lo anterior se cierra el período de alegatos. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente que desahogar y encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos para resolver el juicio de amparo 1493/2019, promovido por Carolina de las Mercedes Brito Pacheco, contra actos de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje y otra autoridad; R e s u l t a n d o: Primero. Por escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y remitido el propio día a este Juzgado por razón de turno, compareció Carolina de las Mercedes Brito Pacheco, solicitando el amparo y protección de la justicia federal, contra actos de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje y otra autoridad, mismo que hizo consistir esencialmente en la denegación de justicia al no realizar la debida notificación del expediente laboral a los testigos de la parte demandada, así como que las audiencias no cumplen con los términos de ley. Segundo. La demanda se registró bajo el número de expediente 1493/2019, por auto de veintitrés de octubre del año en curso, se admitió a trámite dicha demanda, por lo que se solicitó a las autoridades responsables los informes justificados, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional que se inició en términos del acta que antecede, y; C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en la especie el acto que se reclama es un acto omisivo atribuible a una autoridad que reside dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la Jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Orienta el criterio anterior la tesis P.VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Bajo esa premisa, en el presente juicio de amparo, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por la quejosa. Al respecto, debe decirse que de la lectura integral de la demanda de amparo y del informe rendido por la autoridad responsable se advierte que la quejosa reclama esencialmente la denegación de justicia al no realizar la debida notificación del expediente laboral a los testigos de la parte demandada, así como que las audiencias no cumplen con los términos señalados por la ley para su desahogo. Tercero. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje manifestó que sí es cierto el acto que se les reclama, por lo que se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad en cita. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, consultable a foja 231, del Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, Pleno, Quinta Época, que señala lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo, deben analizarse las causas de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que éstas son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. El Presidente de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, hizo alusión a la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, refiriéndose a la establecida en la jurisprudencia con registro 2011580, que es en relación con los actos que no son de imposible reparación, como interpreta la tesis de número 48/2016 (10a.), que fue aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, visible en la página 1086, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación materia a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Al respecto, cabe señalar que del contenido de la tesis señalada por la autoridad responsable, se determinó que por excepción será procedente el juicio de amparo cuando exista una abierta dilación del procedimiento. Entonces, al ser precisamente el acto reclamado por la parte quejosa en este juicio el acuerdo por el cual se señaló una fecha fuera del plazo previsto por la ley, dentro del juicio laboral 1112/2016, es evidente que no se actualiza la causa de improcedencia invocada con base en aquel criterio, pues de las constancias remitidas por la responsable se puede advertir una dilación abierta al haberse señalado como fecha para el desahogo de la audiencia testimonial el dieciséis de junio de dos mil veinte, por tanto, es infundada la causal de improcedencia plateada por la responsable. Quinto. Análisis de conceptos de violación. En virtud que las partes no plantearon diversa causal de improcedencia de este juicio, ni se advierte de oficio, lo que procede es el estudio del fondo de la litis constitucional, a través de los conceptos de violación que la agraviada formuló en su demanda, los cuales se tienen por reproducidos, en razón de que no existe disposición legal que obligue a llevar a cabo su transcripción. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 58/2010, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Jurisprudencia, Materia(s): Común, consultable en la página 830, Registro IUS número 164618, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". En los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, señala que la autoridad responsable conculca en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no ha tramitado el juicio especial 1112/2016 que promovió en los términos y condiciones que marca la Ley, sino dilatando el procedimiento, ya que en acuerdo de ocho de octubre de dos mil diecinueve, ante la falta de notificación a los testigos, señaló para la celebración de la audiencia testimonial, las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de junio de dos mil veinte; que por tanto, se vulnera su derecho de acceso efectivo a la justicia. Son fundados los conceptos de violación. A fin de poner de manifiesto lo anterior, es pertinente tener en consideración que el artículo 17 constitucional, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales." Por otra parte, los diversos artículos 883 y 884 de la Ley Federal del Trabajo, disponen que: "Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días." "Artículo 884. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: I. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primero las del actor e inmediatamente las del demandado o, en su caso, las que hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha; II. Si alguna de las pruebas admitidas no estuviere debidamente preparada, se señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio; III. Si las pruebas por desahogar son únicamente copias o documentos que deban remitir autoridades o terceros, la Junta los requerirá en los siguientes términos: a) Si se tratare de autoridades, la Junta las requerirá para que envíen dichos documentos o copias y, si no lo cumplieren, a solicitud de parte, la Junta lo comunicará al superior inmediato para que se le apliquen las sanciones correspondientes; y b) Si se trata de terceros, la Junta dictará las medidas de apremio correspondientes, hasta que se logre la presentación de las copias o documentos respectivos; IV. La Junta deberá requerir a la persona que comparezca a desahogar la prueba correspondiente para que se identifique con cualquier documento oficial; y, si no lo hiciere en el momento de la audiencia, se le concederán tres días para ello, apercibiéndola de que, en caso contrario, se dejará sin efectos la declaración correspondiente; y V. Al concluir el desahogo de las pruebas, la Junta concederá a las partes un término de dos días para que presenten sus alegatos por escrito." De lo anteriormente narrado salta a la vista la omisión de la Junta responsable de ajustar su actuación para tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, por lo que indefectiblemente ha tenido como consecuencia que dentro del juicio laboral de origen no se respeten los términos que señala la Ley Federal del Trabajo, si se toma en cuenta que las actuaciones que lo rigen son de tracto sucesivo y, con la omisión de la responsable de llevar a cabo el procedimiento respetando los plazos señalados por la ley, se produce una continuidad en el incumplimiento del derecho cuya violación se duele la parte quejosa, que se sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, por tanto, se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias, porque, a la postre, retarda la expeditez que debe regir en los procedimientos laborales, impidiendo su culminación mediante el oportuno pronunciamiento del laudo respectivo. Bajo esta perspectiva, la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación, ha dilatado el procedimiento laboral de origen, toda vez que desde la presentación de la demanda laboral (diecisiete de octubre de dos mil dieciséis) a la fecha en que se emite esta sentencia, ha transcurrido alrededor de tres años sin que se celebre la audiencia de Ley, aunado a que en el acuerdo reclamado, se fijó una fecha fuera del término legal establecido en la Ley de la materia. Así, se puede apreciar que mediante diligencia de ocho de octubre del presente año, ante la falta de notificación de los testigos, se fijó para que tuviera lugar la audiencia testimonial, las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de junio de dos mil veinte, lo cual contraviene el artículo 883 y 884 de la Ley Federal del Trabajo, antes transcritos, pues estos establecen que la Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido; así como que cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días. Asimismo, señalan que abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primero las del actor e inmediatamente las del demandado o, en su caso, las que hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha; si alguna de las pruebas admitidas no estuviere debidamente preparada, se señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio; De ahí, es evidente que la autoridad laboral ha tramitado el juicio laboral de origen fuera de los plazos y términos establecidos en la Ley Federal de Trabajo, dado que señaló para el desahogo de una prueba testimonial una fecha posterior a ocho meses. Por ello debe estimarse que existe contra la parte quejosa, violación al derecho de impartición de justicia pronta y expedita, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, porque la junta responsable no lleva a cabo el procedimiento dentro de los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Se afirma lo anterior, tomando en cuenta que si bien, el artículo 17, interpretado sistemáticamente con el 1º, ambos de la Constitución Federal, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, el cual a su vez es integrado por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007; también cierto es que el derecho fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado por diversas especies de subgarantías o mecanismos para hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional que consiste en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve. Así, las referidas garantías subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional y detallan sus alcances al establecer lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. El orden jurídico nacional surgido en virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que tienden a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, con el propósito de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia, atento al principio pro homine o pro personae. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia VI.1o.A. J/2 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Sexto Circuito, consultable en la página 1096 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, agosto de dos mil doce, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, que es del tenor literal siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia." Por tanto, tomando en cuenta que la violación al derecho de la parte quejosa se manifestó con el actuar de la Junta responsable al no desarrollar el juicio laboral dentro de los términos y plazos previstos legalmente, sino con dilación o demora, en razón de que fijó una fecha fuera del plazo previsto en el artículo 883 y 884 de la Ley Federal del Trabajo, es por ello que se considera transgredido el referido artículo 17 Constitucional. No es obstáculo a lo antes determinado el que la autoridad responsable, a través de su Presidente, hubiese manifestado tener una excesiva carga de trabajo, pues con independencia de lo anterior lo cierto es que en el caso se advirtió una violación al derecho humano a la administración de Justicia, el cual se encuentra protegido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable en lo conducente a esta determinación la jurisprudencia que es del rubro siguiente: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES." En consecuencia, al advertirse la violación al artículo 17 de la Constitución Federal es procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal la quejosa Carolina de las Mercedes Brito Pacheco. Sexto. Efectos del amparo. En tales condiciones, tomando en cuenta que la violación al derecho de la parte quejosa se manifestó con el actuar de la junta responsable, al haber señalado una fecha para la audiencia de pruebas fuera de lo establecido por la Ley Federal de Trabajo, y que de las constancias en consulta se advierte que se encuentra señaladas las nueve horas con treinta minutos del día dieciséis de junio de dos mil veinte, para que tenga verificativo la audiencia testimonial, y atendiendo a la fecha en que se resuelve el presente asunto, tomando en consideración que deben transcurrir una vez dictado el fallo, diez días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación a las partes de la sentencia, para que cause ejecutoria y así se esté en posibilidad legal de requerir el cumplimiento del fallo protector, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: Para el efecto de que la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, señale nueva fecha para la audiencia testimonial, en el juicio laboral número 1112/2016, dentro de los términos y plazos legales que se establecen para ello. Notifique con la debida anticipación a los testigos de las partes. Séptimo. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 76 al 78 de la Ley de Amparo aplicable, es de resolverse y se: R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Carolina de las Mercedes Brito Pacheco, por los motivos expuestos en el quinto considerando de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, se agrega a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el alegato ministerial número 778/2019 suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación, con adscripción al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante el cual solicita se niegue el amparo o se sobresea en el juicio y se le expida copia certificada de la sentencia que se dicte en este asunto. En atención a su contenido, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones vertidas en el alegato de mérito, para ser tomadas en cuenta en la audiencia constitucional. Finalmente, como lo solicita la representante social de la federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 278 del Código Federal d Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2, una vez que se dicte la sentencia en este juicio, expídasele copia certificada de la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

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