Carolina de Dios Ruiz

Expediente 65/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
65/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
18/04/2018

Partes del expediente

  • Carolina de Dios Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a dieciocho de abril de dos mil dieciocho. CAUSA EJECUTORIA LA SENTENCIAVista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hayan recurrido la resolución de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en esta instancia, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con la fracción II, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el cual quedó firme el sobreseimiento decretado, en virtud de los razonamientos expresados en líneas precedentes. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el cuaderno principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el libro de Juzgado, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Quinto y el punto Décimo Cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario David Alejandro Rojas Serna, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Agréguese para que obre como corresponda el informe con justificación de cuenta, rendido por el Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad; lo anterior, a efecto de que las partes se impongan con la anticipación debida de su contenido, y en su oportunidad hágase nueva relación en la audiencia constitucional correspondiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las pruebas documentales que anexa la autoridad responsable de cuenta a su informe, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional correspondiente, y la cual será tomada en consideración en el momento procesal oportuno. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, como nueva fecha para su celebración.

  3. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, DOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Carolina De Dios Ruiz, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por lo que, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo dispuesto en los artículos 1º, 35, 37, 112, 107 fracción V, 115, 116 y 117, de la Ley de Amparo; se admite la demanda de amparo que formula la quejosa de mérito, contra actos de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro Uno de Juzgado de Distrito con el número 65/2018-5A. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, a quien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la legislación federal en consulta, asiste el carácter de parte en el presente juicio, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. EMPLAZAMIENTO DE TERCERO INTERESADO Con copia de la demanda y mediante oficio que se le gire, de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, procédase a emplazar al presente juicio de amparo a los terceros interesados, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) y Sindicato Único de trabajadores al Servicio de los Poderes del Gobierno del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, todos con sede en esta ciudad; haciéndoles saber la hora y el día señalados para la celebración de la audiencia constitucional. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la ley de la materia, pídase a la autoridad señalada como responsable su INFORME JUSTIFICADO, mismo que deberá rendir dentro del término de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en la inteligencia que de ser cierto el acto reclamado, deberá acompañar copia certificada de las constancias necesarias que justifiquen la constitucionalidad del mismo, las cuales tendrán que ser completas, legibles, firmadas, selladas, rubricadas y ordenadas en forma secuencial; apercibida que de no rendir dicho informe o en su caso, de no acompañar las constancias precisadas, se le impondrá una multa de cien a mil días de la Unidad de Medida y Actualización (80.60 UMA), en términos de los numerales 237 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en el entendido de que se han señalado las ONCE HORAS DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa, para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda; y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rafael López Román, Oscar Miguel Pérez Moyrón y Sarahi López Hernández. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. NO SE FORMA INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que sea el caso, formar el incidente de suspensión relativo, toda vez que el mismo no fue solicitado. REQUERIMIENTO SOBRE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Requiérase a las partes en el sentido de que si durante la tramitación de este juicio, tengan conocimiento de una causa de sobreseimiento, lo hagan saber a este juzgado de manera inmediata, y de ser posible, deberán acompañar las constancias legibles que acrediten tal situación; apercibidas que en caso de no hacerlo, se les impondrá de manera individual una multa de cien a mil días de la Unidad de Medida y Actualización (80.60 UMA), en términos de los numerales 237 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. PRUEBAS Respecto a la prueba consistente en informe de autoridad a cargo de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Baja California, en esta ciudad, la misma se desecha de plano, en virtud de no ser el medio de prueba idóneo para acreditar el extremo que pretende el quejoso, máxime que en los términos en que la quejosa solicita su desahogo, se equipara a la prueba confesional por posiciones, la cual, no es admisible conforme al artículo 119, de la Ley de Amparo. Sin que obste que de acuerdo con el artículo 119 de la Ley de Amparo, el quejoso goza de la facultad para ofrecer las pruebas para acreditar la inconstitucionalidad del acto que reclama, sin embargo, dicha facultad no es plena, sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentran el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, si se contempla en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de amparo. Por lo tanto, en virtud de que este órgano de control constitucional tiene reservada la facultad de examinar si las pruebas que se ofrezcan guardan estrecha relación con la litis constitucional y si son idóneas para acreditar los extremos pretendidos por su oferente; se estima que dichos supuestos no se surten respecto del referido medio de convicción ofrecido por la parte quejosa, pues el mismo no resulta idóneo para acreditar la inconstitucionalidad de los actos que reclama en la presente instancia constitucional. Orienta lo anterior por las razones que expone, la tesis I.1º.A.14 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que es del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÉ OBLIGADO A RECABARLAS. Los artículos 150 y 152 de la Ley de Amparo, así como el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de garantías, disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la de posiciones y de las que atenten contra la moral y el derecho y que, a efecto de que las partes puedan rendirlas, las autoridades están obligadas a expedir con toda oportunidad las que tengan en su poder y si no cumplen con esa obligación, a petición del interesado, el Juez de Distrito les exigirá tales medios de prueba con el único requisito de que, previo a esa petición, se hubieran solicitado directamente a los funcionarios. Sin embargo, el contenido de dichos dispositivos no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Ahora bien, el primero de tales principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto, y el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia." Por otra parte, ténganse por ofrecidos los medios de convicción consistentes en la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, legal y humana; pruebas que serán relacionadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 y 124 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. Así lo acuerda y firma Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la Secretaria Celia Eulalia Guillén Guerrero, que autoriza y da fe.

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