Carolina Cortés Aguilar
Expediente 341/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 341/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carolina Cortés Aguilar
- Dirección Local Michoacán y Subdirección de Administración del Agua
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de mayo de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, de la que se desprende que el proveído que tuvo por no presentada la demanda de amparo, no fue impugnado dentro del término legal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por tanto, de conformidad con el artículo 211, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que en caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Incidental
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTITRÉS QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, veinte de abril de dos mil veintitrés. Se tiene por no presentada la demanda constitucional. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte quejosa no cumplió con la prevención formulada en proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dentro del plazo de cinco días que se le otorgó; en consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda constitucional que dio origen al juicio en que se actúa. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TRES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: Morelia, Michoacán, tres de abril de dos mil veintitrés. 1. Pretende cumplir prevención. Agréguese el escrito signado por Francisco Gerardo Rivadeneyra Calderón y Josefina Aguilar Cortés, por medio del cual pretenden cumplir con la prevención formulada mediante proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, para tal efecto exhibe: Escritura Pública Número 13,628 del Volumen Número 448, expedida el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, ante el Notario Público Número 179, con ejercicio y residencia en Morelia, Michoacán, que contiene el poder general para pleitos y cobranzas a favor de Francisco Gerardo Rivadeneyra Calderón y Josefina Aguilar Cortés. Al respecto, dígasele que no ha lugar a tenerle cumpliendo con la prevención formulada. Ello, pues la documental que anexa no es la idónea para acreditar el carácter con el que pretenden comparecer al juicio en cuanto apoderados jurídicos de Carolina Cortés Aguilar, pues dicho poder le fue otorgado con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -veintitrés de marzo de dos mil veintitrés-; por lo que, al haber sido otorgado el veintiocho de marzo del mismo año, a partir de ese momento surte efectos su representación, no así desde la presentación de la demanda. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES DABLE TENERLA POR ACREDITADA, CONFORME AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL PODER FUE OTORGADO CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Al ser la representación, en sentido general, un fenómeno jurídico que implica que una persona llamada representante realice actos jurídicos en nombre de otra llamada representado, en forma tal que el acto surte efectos directamente en la esfera jurídica de este último, como si hubiera sido realizado por él, y partiendo de la consideración de que el derecho atribuye efectos jurídicos a la voluntad humana en la medida en que ésta es exteriorizada y se propone fines lícitos, que constituyen intereses jurídicamente tutelados, debe concluirse que no puede tenerse por acreditada la personalidad del representante, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, con un poder general o carta poder otorgados con posterioridad a la presentación de la demanda, pues dicha representación surte sus efectos precisamente a partir de la fecha en que se otorgó." Así como la tesis aislada de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN LOS JUICIOS MERCANTILES. LAS DEFICIENCIAS DEL PODER CONFERIDO SÓLO PUEDEN SUBSANARSE APORTANDO EL DOCUMENTO COMPLETO Y DEBIDAMENTE LEGALIZADO OTORGADO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA O DE CONTESTACIÓN Y NO CON UN NUEVO MANDATO DE FECHA POSTERIOR (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1126 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). De la exégesis al artículo 1126 del Código de Comercio se advierte que ante la impugnación de la personalidad de quien promueve como apoderado en nombre y representación del actor o del demandado, y declarada fundada la objeción basada en las deficiencias del poder conferido, para que aquél pueda tener la oportunidad de subsanarla dentro del término de diez días de la notificación del acuerdo respectivo, es dable establecer que sólo puede hacerlo aportando el documento completo y debidamente legalizado otorgado con anterioridad a la fecha en que se ejerció tal representación, esto es, a aquella en que se presentó el escrito inicial de demanda o de contestación y no con un nuevo mandato de fecha posterior. Ello es así, pues si carece de eficacia legal el poder acompañado a esas promociones, debido a que no reúne los requisitos que la ley de la materia exige, tampoco se le puede otorgar eficacia con efectos retroactivos al nuevo mandato, ya que ello equivaldría a convalidar actos jurídicos realizados por quien carecía de facultades en el momento en que éstos se llevaron a cabo, permitiendo el ejercicio de una representación inexistente, o por lo menos afectada de nulidad, lo cual no se establece en el artículo 1061, fracciones I y II, del citado código, que señala la obligación de acompañar con el primer escrito el poder que acredite la personalidad del que comparece en nombre de otro, así como el documento con el que se demuestre el carácter con que el litigante se presenta al juicio; máxime que en esta hipótesis no está prevista la ratificación de los actos efectuados a nombre del dueño del negocio por quien carece de mandato, figura conocida como "gestión de negocios", a que se refieren los artículos 1896 y 1906 del Código Civil Federal. En tales condiciones, resulta necesario que los promoventes acrediten que contaban con el carácter de apoderados jurídicos de Carolina Cortés Aguilar, al momento de la presentación de la demanda de amparo para estar en condiciones de tenerlo promoviendo en su representación. 1.1. Plazo para cumplir prevención. Sin que de momento se haga efectivo el apercibimiento decretado en el auto de radicación, dado que el plazo concedido para desahogar la prevención contenida en el mismo, se encuentra transcurriendo, pues inició el treinta de marzo, y el escrito de cuenta fue presentado el treinta y uno siguiente, interrumpiendo ese lapso; de modo que restan a los promoventes tres días para cumplir con ello, los cuales empezarán a contar a partir de la legal notificación de este auto. Finalmente, sin que haya lugar a tener Noé Ballesteros López, pretendiendo cumplir con la prevención realizada, toda vez que dentro del presente juicio de amparo, no fue parte promovente del escrito inicial de demanda. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. 1. Recepción y registro. Vista la demanda suscrita por ********************y********************, quienes se dicen ostentar como apoderados legales de la quejosa ********************; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 341/2023. 2. Prevención de la demanda. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 108, fracción I, así como el 114, fracción III y relativos a la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de proveer sobre la admisión de la demanda, se estima necesario requerir a la parte quejosa a fin de que, en el plazo de CINCO DÍAS contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le haga, bajo protesta de decir verdad, manifieste lo siguiente: ÚNICO. Acrediten la representación legal que dicen ostentar. Los promoventes que se ostentan apoderados legales de la quejosa ********************, exhibieron la Escritura Número ********************, que contiene un poder de fecha ocho de agosto de dos mil diecisiete, por el Consulado General de México, con residencia en la ciudad de Nueva York, Nueva York, otorgado a su favor, el cual a consideración de esta Juzgado Federal se estima que no es suficiente para acreditar la personalidad en el presente juicio constitucional. Ello es así, porque de las cláusulas primera, segunda y tercera se obtiene que la directa quejosa ******************** otorga poder para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, empero, la cuarta establece que el poder se confiere únicamente para todo lo relacionado con los derechos hereditarios que le corresponden dentro de la sucesión testamentario o intestamentaria a bienes de su hermano ********************. En efecto, la cláusula cuarta textualmente señala: ".CUARTA. El presente poder se otorga única y exclusivamente para todo lo relacionado con los derechos hereditarios que le corresponden o le pudieran corresponder a la poderdante dentro de la sucesión testamentaria y/o intestamentaria, a bienes de su fallecido hermano ********************. .". En este sentido, si del escrito inicial se advierte que ********************, por conducto de sus apoderados, reclama la omisión de resolver un recurso de revisión interpuesto ante la Dirección Local de Michoacán y Subdirección de Administración de Agua, el cual se encuentra relacionado con el título de concesión de agua ********************, es inconcuso que el acto que tilda de inconstitucional no encuentra relación con la sucesión a testamentaria o intestamentaria a bienes de su hermano, de modo que, atendiendo a la especificidad que rige este tipo de instrumentos se concluye, que ********************y********************, carecen de personalidad en el presente juicio de amparo. En apoyo a lo anterior, es de aplicar el criterio jurisprudencial, cuyo rubro y texto dicen: "PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, SU OTORGAMIENTO NO LLEVA IMPLÍCITAS LAS FACULTADES QUE SON PROPIAS DEL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PUES NO EXISTE ENTRE ELLOS UNA GRADACIÓN O JERARQUÍA. La interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 2553 y 2554 del Código Civil Federal, así como 2447 y 2448 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, de contenido prácticamente idéntico, se colige que no se establece gradación o jerarquía entre los poderes generales, para actos de administración y los otorgados para pleitos y cobranzas, por lo que a efecto de determinar entre ellos cuál fue el poder general otorgado, es necesario sujetarse a un principio de mención expresa, esto es, deberá atenderse al que fue expresamente conferido, sin que entre ellos pueda inferirse a manera de presunciones, una extensión sobre el tipo de poder otorgado, máxime porque no se trata de actividades análogas, de forma que quien administra no realiza una labor similar a quien controvierte actos y cobra, por lo que no podría entenderse que uno incluye al otro." 3. Apercibimiento. Lo anterior bajo el apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento formulado y de no acompañar copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, se tendrá por no presentada la demanda, atento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Hágase saber a la parte promovente de los delitos en que incurre cuando afirma hechos falsos u omite aquellos que le constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]" Lo anterior tiene razón de ser en que si el promovente incurre en falsedad, se hace acreedor a las sanciones establecidas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, lo cual es un mecanismo que sirve para que no se abuse del juicio constitucional, porque en caso de que este órgano jurisdiccional obtenga pruebas de que el propósito de la parte quejosa es obtener una ventaja procesal indebida o en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, dará vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito, a fin de que investigue la probable comisión del delito indicado en el precepto citado. En el entendido que el requerimiento formulado deberá cumplirse en forma directa por los promoventes, pues los autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010. Así como la diversa Jurisprudencia 1a./J. 50/2014, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Libro 9, Tomo I, Agosto 2014, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 4. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda y autorizando para tal efecto a ********************y********************, en el entendido de que no gozarán de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que no tienen su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 5. Usuario. Como lo piden los quejosos y con apoyo en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se le autoriza la consulta del expediente electrónico, para lo cual, el personal relativo deberá dar de alta vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), el usuario "********************" que proporciona. 6. Correo electrónico. De igual forma se tiene proporcionado correo electrónico a fin de que el personal de actuaría de este órgano jurisdiccional establezca contacto. Por tanto, manténgase bajo resguardo ese dato a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto. 7. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 8. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
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