Carolina Contreras Beltran

Expediente 1900/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1900/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
31/07/2018

Partes del expediente

  • Carolina Contreras Beltran

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Se notifica a la parte quejosa CAROLINA CONTRERAS BELTRÁN, por medio de lista fijada en los estrados de este juzgado, con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, el contenido de la determinación emitida el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, cuyo contenido indica: Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintiocho de junio de dos mil dieciocho (foja 139), para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que se haya pronunciado al respecto; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó lo siguiente: ".se puede colegir que el nuevo sistema penal acusatorio oral prevé como principio rector el de igualdad de las partes (víctima e imputado) en el ejercicio de sus derechos, de manera que la víctima puede recurrir aquellas determinaciones que le causen algún agravio, como lo ha determinado el Alto Tribunal, en el sentido de que con base en la reforma constitucional del año dos mil al artículo 20, se estableció el reconocimiento de los derechos procesales de la víctima u ofendido, en su calidad de parte activa dentro del procedimiento penal. [.] En esa línea de pensamiento, es de colegirse que la previsión legislativa no debe entenderse exclusivamente en sentido positivo, esto es, que sólo procede contra el auto que determina la vinculación a proceso pues, de ser así, se rompería el principio de igualdad, ya que la exégesis correcta es en ambos sentidos, es decir, la apelación procede tanto contra el auto que vincula como el que no vincula a proceso al imputado. En ese sentido, considerar improcedente el recurso de apelación contra el auto de no vinculación a proceso, no sólo implicaría la transgresión del principio de igualdad, sino también haría nugatorio el derecho de la víctima u ofendido personalizado, esto es, cuando el sujeto pasivo resiente un daño físico o económico, en cuanto la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 20, apartado C, fracción II, establece que la víctima o el ofendido tiene derecho a interponer los recursos en los términos que prevea la ley, y si en el caso, el artículo 467 referido establece que es apelable el auto que resuelve la vinculación a proceso, en una interpretación conforme con los citados numerales, debe entenderse que tal disposición se refiere a ambos: al auto de vinculación y de no vinculación; contrariamente a lo sostenido por la sala responsable. [.] Consecuentemente, se impone conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que la responsable deje insubsistente el proveído de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el toca penal 232/2017-10-OP, formado con motivo del recurso de apelación hecho valer por el agente del Ministerio Público, contra el auto de no vinculación emitido a favor de José Arturo Mandujano Jaimes y Arturo Jacobo Mancines por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de Aldo Josué Ortíz Contreras, y una vez hecho emita otro en el que admita el recurso de apelación hecho valer por representante social, para que sustanciado que sea, pronuncie la determinación que conforme a derecho proceda." Por tanto, la sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable Segunda Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos el cumplimiento a la concesión del amparo. Atento a lo anterior, el Magistrado Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, mediante oficio 120 de once de junio de dos mil dieciocho, remitió copia certificada del acuerdo emitido en la misma fecha dentro del toca penal 232/0017-10-OP, del que se advierte que dejó insubsistente el auto de diecinueve de octubre de dos mi diecisiete, mismo que determinó desechar el recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público contra el auto de no vinculación a proceso emitido en la causa penal JC/884/2017, y en consecuencia, la autoridad responsable dio el trámite correspondiente a dicho recurso de apelación, fijando fecha para la audiencia y resolución correspondiente (foja 107). Posteriormente, la responsable allegó el oficio 131 de veintiséis de junio del año en curso, en el que anexó el testimonio autorizado de la resolución emitida en la misma fecha dentro del toca penal 232/0017-10-OP (fojas 115 a 137), del que se destaca que revocó la no vinculación a proceso de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal número JC/884/2017, y en su lugar, decretó el auto de vinculación a proceso en contra de José Arturo Mandujano Jaimes y Arturo Jacobo Macines como probables responsables en la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Aldo Josué Ortiz Contreras, por lo que este Juzgado Federal, dio vista a la parte quejosa con dichas constancias. Al respecto, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, con las constancias mencionadas en el párrafo que antecede, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de su derecho transgredido, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, es decir, dejó insubsistente el auto de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el toca penal 232/0017-10-OP, en el que desechó el recurso de apelación promovido por el Agente del Ministerio Público, contra el auto de no vinculación a proceso emitido en la causa penal JC/884/2017, y en su lugar, admitió dicho recurso, por lo que determinó revocar el auto de no vinculación a proceso de dieciocho de septiembre del año próximo pasado dictado en la causa penal de origen, y en consecuencia, ordenó la vinculación a proceso contra los presuntos responsables de la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Aldo Josué Ortiz Contreras, por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acataron en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable únicamente dejara sin efectos la determinación de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal 232/0017-10-OP, formado con motivo del recurso de apelación hecho valer por el representante social, contra el auto de no vinculación emitido a favor de José Arturo Mandujano Jaimes y Arturo Jacobo Mancines por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de Aldo Josué Ortiz Contreras, y en su lugar, emitiera uno diverso en el que admitiera dicho recurso de apelación, para que una vez sustanciado, pronunciara la determinación correspondiente. En consecuencia, la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, la responsable el once de junio de dos mil dieciocho dejó sin efectos el auto pronunciado el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete en el toca penal 232/0017-10-OP, y en su lugar, admitió el recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público contra el auto de no vinculación a proceso a favor de José Arturo Mandujano Jaimes y Arturo Jacobo Mancines por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de Aldo Josué Ortiz Contreras, asimismo, el veintiséis de junio del año en curso, pronunció la determinación correspondiente respecto del referido recurso de apelación. Por lo que con fundamento en el numeral 214 del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Tomando en consideración que el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado, debiéndose guardar únicamente el original. Con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción III, en original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que las suspensiones provisional y definitiva se negaron. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable, remitió copia certificada de las documentales que anexó a su informe justificado, por las cuales se formó el anexo I, así como un disco compacto en formato DVD; en esas condiciones, devuélvase a dicha autoridad, las copias certificadas y el disco compacto de referencia, para los efectos legales conducentes, sin que haya lugar a solicitar acuse de recibo, tomando en consideración que el oficio mediante el cual les notifique el presente proveído hará las veces de acuse de recibo.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso b), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Vista la razón Secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por la Secretaria de la Sección de Amparos Mixta de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Guillermo Amaro Correa, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de tres días, contados a partir del momento al en que quede notificada del presente auto, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, informando en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso remitir el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se les hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos a los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto del Capítulo Quinto, procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, agréguese a los autos el original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    El Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, apoyará en el dictado de sentencias a este Órgano Jurisdiccional; por lo que, atendiendo a la implementación del "Programa para el Turno Aleatorio de Asuntos a los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares", el presente juicio de amparo deberá remitirse al Juzgado Auxiliar de referencia, a efecto de que dicte la sentencia correspondiente. Notifíquese.

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