Carolina Camacho Amador y Otros.
Expediente 1136/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1136/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 20/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan García Rodríguez
- Carolina Camacho Amador y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que el proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, en el cual se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, no fue recurrido; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional. Finalmente, en razón de que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN El INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese a los autos, con sus anexos, el oficio de cuenta que suscriben los apoderados legales del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato y de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, personalidad que acreditan en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, con escritura pública 4837, pasada el quince de junio de dos mil diecisiete ante la fe del notario público número tres, con residencia en Guanajuato, capital; toda vez que solicitan la devolución el instrumento notarial con el que acreditan su personalidad, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvaseles el documento cuya devolución gestionan, previa identificación, certificación de desglose y razón que de su entrega se deje en autos. Del escrito de cuenta, se advierte que los suscribientes solicitan prórroga para estar en posibilidad de rendir el informe justificado que les fue solicitado a sus representadas, sin que sea necesario acordar de conformidad en razón de lo que enseguida se acordará. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, específicamente de las que la responsable Presidente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad acompañó a su informe justificado, se desprende que en este juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque del estudio íntegro de la demanda de amparo; además, con apoyo en la tesis número 19, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.", se observa que los quejosos reclaman de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad: La negativa infundada e injustificada de emitir el acuerdo respectivo de la promoción de fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, en la que se solicita se dicte auto de ejecución donde se le requiera a las demandadas el cumplimiento del laudo de diez de junio de dos mil quince. Por tanto, de acuerdo con las documentales que adjuntó el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad a su informe justificado, se desprende que: El dieciocho de enero de dos mil dieciocho, dentro del expediente 1092/2012/L1/CD/IND, promovido por **********, en contra del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, se acordó el escrito de fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, suscrito por el apoderado del actor. Por tanto, es evidente que la omisión que la parte quejosa tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable dio respuesta a la petición realizada por la parte quejosa el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, en el que se acordó agregar en autos el escrito de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, suscrito por el apoderado legal del actor y proveer respecto de su contenido lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, con el proveído de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, donde se acordó respecto del contenido del escrito de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, presentando dentro expediente 1092/2012/L1/CD/IND, cesó la omisión que reclamó la parte quejosa, dado que desaparecieron los efectos de la falta de respuesta a la petición de aquella. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora señalada para la celebración de la citada audiencia. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
Agréguese a los autos, con sus anexos, el oficio de cuenta que suscriben los apoderados legales del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato y de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, personalidad que acreditan en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, con escritura pública 4837, pasada el quince de junio de dos mil diecisiete ante la fe del notario público número tres, con residencia en Guanajuato, capital; toda vez que solicitan la devolución el instrumento notarial con el que acreditan su personalidad, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvaseles el documento cuya devolución gestionan, previa identificación, certificación de desglose y razón que de su entrega se deje en autos. Del escrito de cuenta, se advierte que los suscribientes solicitan prórroga para estar en posibilidad de rendir el informe justificado que les fue solicitado a sus representadas, sin que sea necesario acordar de conformidad en razón de lo que enseguida se acordará. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, específicamente de las que la responsable Presidente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad acompañó a su informe justificado, se desprende que en este juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque del estudio íntegro de la demanda de amparo; además, con apoyo en la tesis número 19, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.", se observa que los quejosos reclaman de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad: La negativa infundada e injustificada de emitir el acuerdo respectivo de la promoción de fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, en la que se solicita se dicte auto de ejecución donde se le requiera a las demandadas el cumplimiento del laudo de diez de junio de dos mil quince. Por tanto, de acuerdo con las documentales que adjuntó el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad a su informe justificado, se desprende que: El dieciocho de enero de dos mil dieciocho, dentro del expediente 1092/2012/L1/CD/IND, promovido por **********, en contra del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, se acordó el escrito de fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, suscrito por el apoderado del actor. Por tanto, es evidente que la omisión que la parte quejosa tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable dio respuesta a la petición realizada por la parte quejosa el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, en el que se acordó agregar en autos el escrito de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, suscrito por el apoderado legal del actor y proveer respecto de su contenido lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, con el proveído de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, donde se acordó respecto del contenido del escrito de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, presentando dentro expediente 1092/2012/L1/CD/IND, cesó la omisión que reclamó la parte quejosa, dado que desaparecieron los efectos de la falta de respuesta a la petición de aquella. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora señalada para la celebración de la citada audiencia. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
Ténganse por recibidos, el segundo con su anexo, los oficios de la responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, mediante los cuales rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al llevarse a cabo la audiencia constitucional. Finalmente, de la certificación de cuenta se desprende que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública, ambas del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, en proveído de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, a efecto de que rindan su informe justificado; por tanto, no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional programada para esta data, por lo que se difiere y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo.
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