Carolina Bernabé Esquivel

Expediente 1352/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1352/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
25/10/2023

Partes del expediente

  • Carolina Bernabé Esquivel

Actuaciones

  1. Incidental

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. I. Declaración de días inhábiles. Según se advierte de la certificación de cuenta, de conformidad con la Circular 28/2023, emitida por la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, derivado de las manifestaciones realizadas por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, se declaró como días inhábiles del diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés; asimismo, de manera retroactiva, se declararon inhábiles los días dieciséis, diecisiete y dieciocho del citado mes y año, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieren celebrado subsistirá su validez. De lo que se toma conocimiento para efectos legales a que haya lugar. II. Se recibe oficio. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención a la solicitud formulada en proveído de diez de octubre del año en curso, informa el estado procesal que guarda el amparo en revisión civil ********************; asimismo, comunica que se otorgó acceso al expediente electrónico de dicho asunto. En consecuencia, se comisiona a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que realice lo conducente para que se tenga el acceso correspondiente. III. Se cumple requerimiento. Por otra parte, agréguese el oficio suscrito por el Juez Octavo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, mediante el cual evacúa el requerimiento formulado en auto de diez de octubre del presente año, el cual se tiene por cumplido en tanto remite copias certificadas de las actuaciones que integran el expediente ********************, de su índice. IV. Pruebas. Por tanto, con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas las documentales que exhibe, sin perjuicio de la relación que de éstas se haga al celebrarse la audiencia constitucional. Para un mejor manejo del expediente en que se actúa, se ordena formar un tomo de pruebas con las constancias remitidas, mismo que deberá ser identificado como TOMO 9. Se hace del conocimiento de las partes que, se encuentra escaneado el oficio a través del cual la responsable rinde su informe justificado; sin embargo, de conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al tratarse de una excepción, debido a la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad responsable, estas quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado, para su consulta.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********* por propio derecho y en representación de sus menores hijos con iniciales ******,********* y *****., personalidad que se tiene acreditada con las constancias que anexa a su escrito de demanda, de las que se advierte que si bien, no es posible escanear el código QR, que se encuentra dentro de las actas de nacimiento, lo cierto es que de la consulta realizada en la página de internet https://cevar.registrocivil.gob.mx/eVAR/ConsutaFolio.jsp en Sistema de Verificación de Actas Registrales, se pudieron validar las tres actas de nacimiento exhibidas, contra actos del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Amealco de Bonfil, Querétaro. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo ********/2023. III. Forma de integración de expediente. Se hace del conocimiento que, de conformidad con los artículos 253, 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, el expediente físico debe contener únicamente los documentos recibidos en esa vía, mismos que deberán coincidir con su respectiva digitalización en el expediente electrónico. En el entendido de que si tales documentos, por su voluminosidad, protección a su integridad o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De igual modo, se hace del conocimiento que se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, pues será el expediente electrónico el que tenga validez para la consulta de las partes. IV. No ha lugar a designación de representante especial del menor. Ahora, en relación con la solicitud de nombrar representante especial a los menores de edad quejosos, dígase que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la Jurisprudencia P./J. 3/2019 (10a.), con registro digital 2019198, de rubro "REPRESENTANTE ESPECIAL DEL MENOR EN EL JUICIO DE AMPARO. CONDICIONES PARA SU NOMBRAMIENTO CUANDO ÉSTE COMPARECE CON EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO Y NO DE QUEJOSO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY DE AMPARO)", estableció, entre otras cosas, que tratándose de procedimientos jurisdiccionales donde se involucren derechos de menores, los juzgadores tienen la obligación de garantizar que en el juicio estén adecuadamente representados sus derechos, al margen del carácter que ostenten dentro de éste; sin embargo, tal cuestión no puede entenderse ilimitada o irrestricta, sino que se actualiza, precisamente, cuando el propio juzgador considere que existe una posibilidad fundada de que la normativa procesal resulte un mecanismo abiertamente inadecuado para la tutela del interés superior del menor, lo que implicaría realizar un análisis pormenorizado del caso concreto para determinar si es absolutamente necesario nombrar un representante especial. Por lo anterior, es pertinente analizar si dadas las particularidades de este asunto resulta necesario nombrar a un representante especial para el niño involucrado, a efecto de que sus derechos puedan encontrar una tutela adecuada y que sus intereses no se vean supeditados al de sus legítimos representantes. En el caso concreto, la parte quejosa (madre de los niños quejosos), señalan como acto reclamado la determinación que proveyó provisionalmente de manera cautelar sobre la guarda y custodia a favor de la abuela paterna, esto es, la materia de análisis en el presente asunto versará en determinar, esencialmente, si lo realizado por el juez en la causa familiar de origen fue en beneficio de los menores, lo que hace evidente que en el caso no se actualice algún riesgo real que pudiera devenir en que quien compareció al amparo en representación de éstos emplee dicha representación procesal para realizar actuaciones potencialmente contrarias al interés superior de estos, o bien, que sea patente que sus intereses son contrarios a los de los propios menores, de ahí que no sea factible nombrar representante especial para los menores aquí involucrados. IV. Incidente de suspensión. Con apoyo, en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, en relación con los diversos numerales 125 y 128, de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión solicitado, en término del artículo 264 del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO V. Emplazamiento del tercero. Ahora, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a:****************************************, con domicilio ubicado en ********************Toda vez que el domicilio del tercero interesado se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal; con fundamento en los artículos 298 y 300 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juzgado Mixto de Primera Instancia en Amealco de Bonfil, Querétaro, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, por conducto del actuario de su adscripción, emplácese al presente juicio de amparo al tercero interesado con copia del presente proveído, así como de la demanda de amparo, ocurso aclaratorio y anexos, en el domicilio antes señalado, debiendo recabar la constancia de dicho emplazamiento. Asimismo, el actuario judicial le deberá hacer saber la fecha y hora que se encuentran señaladas para la celebración de la audiencia constitucional del presente asunto y además indicarle que las notificaciones subsecuentes y aún las de carácter personal, se le harán legalmente por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, de acuerdo al contenido de los numerales 26, fracción III y 29 de la ley de la materia, sin perjuicio de que si es así su deseo, durante la tramitación del presente asunto designe domicilio para tal efecto De conformidad con el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, en caso de que exista alguna imposibilidad para llevar acabo la diligencia encomendada. Asimismo, se otorgan facultades en el sentido de que si el actuario judicial adscrito, al momento de la diligencia se le proporciona diverso domicilio al señalado, ello dentro de su jurisdicción, realice la diligencia encomendada; asimismo, se solicita a la autoridad jurisdiccional, que una vez que diligencie en sus términos la comunicación de mérito, la devuelva a la brevedad. VI. Audiencia constitucional. Se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. En el entendido de que dicha audiencia se llevará a cabo sin público, al margen de que subsista la posibilidad de ofrecer pruebas de conformidad con lo que establece el numeral 119 de la Ley de Amparo, mediante escrito presentado electrónicamente, y de forma física sólo en casos urgentes, además de que de acuerdo al artículo 124 de la misma ley, los alegatos pueden formularse de la manera antes indicada, todo ello con la oportunidad debida a la fecha señalada; máxime que en el supuesto de las objeciones respectivas, ello daría lugar a la suspensión del procedimiento. VII. Diferimiento de audiencia constitucional. Se entera a las partes que el señalamiento de una nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, se realizará por lista, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles en forma personal las actuaciones que emite en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no es uno de esos supuestos, de ahí que resulta procedente que este acuerdo se notifique, como fue precisado, por medio de lista, en términos del artículo 29 de dicha ley. Similar argumento es válido para la autoridad responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa, toda vez que mediante la notificación personal es informada en su domicilio o en el que señaló para oír y recibir notificaciones, de modo que si la notificación vía oficio cumple con tal exigencia, esto es, aquella con la que se satisface vía personal y dado que la autoridad responsable también es parte en el juicio y nombra delegados que vigilan el procedimiento, es admisible concluir que igual le rigen los supuestos del artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, y si entre ellos no está la notificación personal del auto que difiere la audiencia constitucional, es operante informarle éste mediante lista. VII. Incidente de suspensión. No se está en el caso de formar incidente de suspensión, al no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. VIII. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, misma que deberá rendirlo DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS siguientes a aquél en que reciban el oficio por el que se les pide dicho informe, en el entendido que en de dicho informe deberán exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar en su caso, copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, las cuales tendrán que ser completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, haciéndole saber que de no rendir el informe en el tiempo y forma establecidos, se presumirán ciertos los actos que se le atribuyen, de acuerdo a lo dispuesto por el ordinal 117 de la referida ley. IX. Apercibimiento. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, y 238 de la actual Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés. X. Forma de recepción de informes provenientes exclusivamente de autoridades responsables. Con el propósito de privilegiar el juicio en línea, se pone a disposición ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES el correo electrónico institucional 5jdo22ctomacatjf@cjf.gob.mx, PARA QUE HAGAN LLEGAR -DEBIDAMENTE ESCANEADOS Y FIRMADOS- LOS INFORMES O CONSTANCIAS QUE SEAN SOLICITADAS O QUE ESTIMEN NECESARIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ESTE ASUNTO, en el entendido de que el Secretario que corresponda deberá verificar la documentación que reciba de acuerdo a los lineamientos expuestos en la jurisprudencia 27/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO. Al respecto, se puntualiza a las autoridades responsables que, en el caso de recibir confirmación de recepción proveniente de correo electrónico oficial que se proporciona, SE ABSTENGAN DE REENVIAR LA INFORMACIÓN EN FORMA FÍSICA, pues no debe olvidarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a través de las normativas indicadas con antelación, ha insistido en privilegiar el uso de firma y medios electrónicos como medio de comunicación, así como de las medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general. XI. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que conforme al nuevo esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales deberá regir el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. XII. Obligación de recibir oficios. Se les hace saber a las autoridades señaladas como responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual, pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale el quejoso. Por tanto, en el caso de que alguna de las autoridades señaladas como responsables no se encuentre señalada correctamente, se comisiona al Actuario Judicial a efecto de que dirija el oficio correspondiente, mediante la inserción de la denominación correcta de la autoridad responsable, quedando ésta obligada a cumplimentar lo ordenado por este órgano de control constitucional. En el entendido que, de negarse a recibir los oficios, de conformidad con el artículo 28, fracción I de la Ley de Amparo, el Actuario deberá informar a las autoridades, que no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, por lo que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por practicada y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga. XIII. Requiere por constancias sobre la actualización de causal de improcedencia. En otra línea, con fundamento en el artículo 64, de la ley del juicio constitucional, se requiere a las partes, para que comuniquen de inmediato ya sea física o vía correo electrónico a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento y sobre todo, informen si es de su conocimiento que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo, y en su caso, informen el estado procesal del respectivo juicio de amparo. XIV. Intervención al agente del ministerio público de la adscripción. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. XV. Pruebas. . En términos del artículo 119 de la ley que rige el juicio constitucional, ténganse como pruebas ofertadas por el quejoso: 1) Las documentales que anexa Lo anterior, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional. XVI. Cotejo. Ahora, a fin de que las documentales exhibidas por la parte quejosa obren en ambos cuadernos principal e incidental, se ordena su respectiva compulsa, únicamente respecto de las documentales exhibidas en original o copia certificada; tiene sustento lo expuesto anteriormente en la jurisprudencia P./J. 71/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver. XVII. Domicilio y Autorizados. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda; y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que al realizar una búsqueda minuciosa en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada la cédula profesional, y en términos restringidos a la diversa persona que menciona por no contar con el registro de la misma. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; PREVIO ACUERDO, se autorizará que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. XVIII. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados

  3. Incidental

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. I. Apertura incidente. Como está ordenado en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo *************/2023, promovido por Carolina Bernabé Esquivel por propio derecho y en representación de sus menores hijos con iniciales ******************** y ******************** contra actos del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Amealco de Bonfil, Querétaro. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. II. Forma de integración de expediente. Se hace del conocimiento que, de conformidad con los artículos 253, 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, el expediente físico debe contener únicamente los documentos recibidos en esa vía, los que deberán coincidir con su respectiva digitalización en el expediente electrónico. En el entendido de que si tales documentos, por su voluminosidad, protección a su integridad o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De igual modo, se hace del conocimiento que se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, pues será el expediente electrónico el que tenga validez para la consulta de las partes. Por otra parte, como se ordenó en el cuaderno principal, previo cotejo y compulsa que este juzgado de Distrito realice de las copias documentales que presentó la parte quejosa, con su demanda de amparo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las mismas, sin perjuicio de relacionarlas al momento de celebrarse la audiencia incidental. III. Audiencia incidental. En consecuencia, se señalan las DIEZ HORAS Y CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. IV. Informe previo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, mediante oficio que derive del presente acuerdo, al que deberá agregarse copia de la demanda de amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes al en que surta sus efectos la notificación respectiva, en el que exprese si es o no cierto el acto que se le reclama; apercibida que de no hacerlo, se presumirán ciertos los actos reclamados. V. Apercibimiento. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, y 238 de la actual Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés. VI. Forma de recepción de informes provenientes exclusivamente de autoridades responsables. Con el propósito de privilegiar el juicio en línea, se pone a disposición ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES el correo electrónico institucional 5jdo22ctomacatjf@cjf.gob.mx, PARA QUE HAGAN LLEGAR -DEBIDAMENTE ESCANEADOS Y FIRMADOS- LOS INFORMES O CONSTANCIAS QUE SEAN SOLICITADAS O QUE ESTIMEN NECESARIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ESTE ASUNTO, en el entendido de que el Secretario que corresponda deberá verificar la documentación que reciba de acuerdo a los lineamientos expuestos en la jurisprudencia 27/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Al respecto, se puntualiza a las autoridades responsables que, en el caso de recibir confirmación de recepción proveniente de correo electrónico oficial que se proporciona, SE ABSTENGAN DE REENVIAR LA INFORMACIÓN EN FORMA FÍSICA, pues no debe olvidarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a través de las normativas indicadas con antelación, ha insistido en privilegiar el uso de firma y medios electrónicos como medio de comunicación, así como de las medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general. VII. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que conforme al nuevo esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales deberá regir el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. VIII. Obligación de recibir oficios. Se les hace saber a las autoridades señaladas como responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual, pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale el quejoso. Por tanto, en el caso de que alguna de las autoridades señaladas como responsables no se encuentre señalada correctamente, se comisiona al Actuario Judicial a efecto de que dirija el oficio correspondiente, mediante la inserción de la denominación correcta de la autoridad responsable, quedando ésta obligada a cumplimentar lo ordenado por este órgano de control constitucional. En el entendido que, de negarse a recibir los oficios, de conformidad con el artículo 28, fracción I de la Ley de Amparo, el Actuario deberá informar a las autoridades, que no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, por lo que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por practicada y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga. IX. Precisión del acto reclamado. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado:[...] Asimismo, la promovente solicita la suspensión para los siguientes efectos:[...] X. Consideración sobre la materia de suspensión. Ahora bien, de los artículos 107 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128 y 138 de la Ley de Amparo, se advierte que para conceder la suspensión provisional se requiere que: 1. Que la solicite la parte interesada. 2. Haya certidumbre de la existencia del acto respecto del que se pide la suspensión 3. Quien solicita la medida cuente con interés para obtenerla. 4. La naturaleza del acto reclamado permita suspenderlo. 5. Con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Adicionalmente, según sea el caso, debe analizarse, la apariencia del buen derecho. XI. Negativa de la suspensión. A la luz de tales requisitos, se procede a verificar la actualización de los mismos en el caso concreto, a fin de comprobar la procedencia de la suspensión solicitada por la parte quejosa. La primera exigencia, se encuentra satisfecha, toda vez que la persona quien insta la suspensión del acto reclamado es precisamente la parte quejosa. En relación al segundo requisito, también se colma, por los motivos expuestos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, los cuales refiere bajo protesta de decir verdad, lo que de suyo, es suficiente para tener por ciertos los actos respecto de los cuales se solicita la suspensión provisional. "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." También se satisface el tercer requisito, toda vez que la parte quejosa es madre de los menores involucrados, asimismo lo acredita con las actas de nacimiento que exhibe, de ahí que cuenta con interés para promover el presente asunto. Sin embargo, el cuatro requisito no se encuentra satisfecho por las razones que enseguida se expondrán: En efecto, el artículo 128 y 129, fracciones VIII, del referido ordenamiento legal, establecen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el penúltimo párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: [.] II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. [.] Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional ara salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. [.]" Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: [.] VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; [.]." De la transcripción anterior se tiene que los artículos de la ley de amparo mencionados son claros en establecer cuando no es procedente conceder la medida cautelar, así, es puntual indicar que se contravienen disposiciones de orden público e interés social cuando con la suspensión se pudiesen afecten intereses de menores, entendiéndose éstos de manera física, psicológica, emocional, social, económica, entre otros. Así, en el caso en concreto, se tiene que la naturaleza de la determinación de origen deriva de una medida cautelar concedida provisionalmente con la facultad que le otorga el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias para preservar la integridad de las personas y salvaguardar el interés superior del menor sobre cualquier circunstancia. En ese sentido, sin prejuzgar la constitucionalidad o no del acto de autoridad del que se duele la parte quejosa, lo procedente es negar la suspensión provisional para los efectos que solicita; ello, tomando en cuenta que el juez de origen emitió el acto reclamado tomando en consideración elementos que le fueron allegados con el fin de preservar la integridad e interés de los menores, así como del núcleo familiar que los rodea, buscando en todo momento el menor perjuicio para ellos. Máxime que, de un análisis realizado por este Juzgador, en forma valorada-concreta, se tiene que las manifestaciones formuladas por la parte quejosa en la demanda de amparo, se advierte que no señala ni de manera indiciaria que los menores al estar con su abuela paterna corran o les cause algún perjuicio, ni tampoco sobre existencia de algún riesgo real para su integridad, de tal modo que es improcedente conceder la suspensión. XII. Concesión de la suspensión. No obstante lo anterior, es deber de este tribunal proteger las convivencias entre los menores de iniciales ******************** y ********************con su madre, aquí incidentista, precisamente para materializar la prevalencia del interés superior de la menor y por tanto, atenderse a las condiciones indispensables que garantizan su salvaguarda. Lo anterior, preponderando el derecho de los menores a convivir con su progenitora, conservando un entorno saludable y favorable para su pleno desarrollo personal y emocional; privilegiando la integridad física y emocional, quien además, de igual modo, pues es importante que ésta participe en la crianza de los infantes que previo al acto de autoridad se encontraban bajo su guarda y custodia. En consecuencia, este juzgado estima procedente pronunciarse en el sentido de que la autoridad responsable decrete convivencias entre ********************, con sus menores hijos ******************** y ********************debiendo proveer los medios necesarios a su alcance para su cumplimiento, correspondiendo la autoridad responsable velar por los intereses de los menores. Ello, siempre que ocurran dos cuestiones: Los menores de iniciales ******************** y ********************continúen en guarda y custodia de su abuela patera; No se vulneren los intereses de los menores con la convivencia. Para lo cual, deberá sopesar el régimen, modalidad y pertinencia de las convivencias entre ******************** y los niños involucrados. Asimismo, deberá velar por la devolución de los menores a la persona que ejerce la custodia, por lo que tiene libertad de jurisdicción para implementar los mecanismos procesales necesarios para garantizar que una vez concluida la convivencia decretada con la madre, promovente del amparo, sean efectivamente devueltos los menores a la persona que detenta la custodia. Lo anterior, en tanto se notifique a la responsable sobre la suspensión definitiva. Tiene apoyo a lo anterior la tesis I.3o.C.163 C (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible a página 1846, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación , Libro 17, correspondiente al mes de abril de 2015, Tomo II, cuyo rubro y texto es el siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIA. ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, EL JUEZ PUEDE DECRETARLA Y COMO COMPLEMENTO EL SOMETIMIENTO A UN PROCESO TERAPÉUTICO (PADRES E HIJOS) A FIN DE RELACIONARSE ADECUADAMENTE, SIN QUE ELLO CAUSE UN PERJUICIO IRREPARABLE AL PROGENITOR, RESPECTO DEL CUAL SE DECRETÓ LA MEDIDA. Atento al interés superior de la niñez establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si el Juez advierte datos objetivos, consistentes en manifestaciones del propio menor, de las cuales deriven afectaciones sufridas con motivo de la convivencia con alguno de sus progenitores, puede decretar como medida cautelar la suspensión del régimen de visitas y convivencias, y como complemento el sometimiento a un proceso terapéutico (tanto para los padres, como para el menor), que les permita relacionarse de manera adecuada para poder llevar satisfactoriamente dicho régimen. Lo anterior no causa perjuicio irreparable al progenitor respecto del cual se decretó la suspensión provisional del régimen de visitas y convivencias, porque dicha medida, al ser complementada con la realización de un proceso terapéutico, tiene como finalidad, precisamente, que el menor quede en aptitud de convivir con sus padres de manera adecuada y sin riesgo para su integridad, además, el "interés superior del menor" implica que se tenga la certeza de que las convivencias no lo afectarán física, emocional o psicológicamente." Es aplicable al caso la tesis 1a. CCCLXVIII/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, visible en la página 600, del rubro y texto siguientes: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS MENORES DE EDAD. El derecho a las visitas y convivencias de los padres con los hijos menores es un derecho fundamental de éstos que se encuentra contemplado en el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en el artículo 4o. constitucional, toda vez que está vinculado directamente con el interés superior del menor, principio que sí está contemplado expresamente en el citado precepto constitucional. En este sentido, es evidente que cuando haya separación del menor de alguno de los padres, como ocurre en los casos en los que sólo uno de ellos detenta su guarda y custodia, debe prevalecer el interés superior del niño, lo que significa que se tomen las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, lo cual sólo puede lograrse si se mantienen los lazos afectivos con el padre no custodio." Así como la tesis: 1a. CCCVI/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 1051, que establece: "GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE EDAD Y RÉGIMEN DE CONVIVENCIA. SON INSTITUCIONES PARALELAS Y COMPLEMENTARIAS DIRIGIDAS A SALVAGUARDAR EL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A LA CONVIVENCIA FAMILIAR EN CONTEXTOS DE CRISIS INTRAFAMILIAR. Ante la existencia de situaciones en donde los desacuerdos personales hacen imposible la convivencia entre los padres, el Estado se encuentra obligado a encontrar mecanismos que garanticen el derecho de los menores de edad a mantener relaciones personales y de trato directo con cada uno de sus padres de forma regular, asegurando así la continuación de la convivencia familiar. El legislador, teniendo en consideración lo anterior, ha establecido diversas instituciones jurídicas tendientes a salvaguardar el derecho-deber de los progenitores a participar activamente en la crianza y educación de sus hijos menores de edad y, particularmente, asegurar la convivencia regular del menor con ambos progenitores en contextos de crisis intrafamiliar. Dentro de estas instituciones se encuentran la fijación de la guarda y custodia a cargo de uno de los padres y, paralelamente, el derecho de visitas o régimen de convivencia a favor del otro. Estas figuras son complementarias entre sí y garantizan, bajo estas situaciones extenuantes, el derecho del menor a vivir en familia y convivir con ambos padres, asegurando así el sano desarrollo de su personalidad." XIII. Garantía. Sin que sea necesario fijar garantía, en virtud de la naturaleza del acto reclamado. XIV. Pruebas. Con apoyo en lo establecido por el artículo 143 de la ley que rige el juicio constitucional, téngase como pruebas de la parte quejosa las documentales que anexó a su demanda de amparo, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al celebrarse la audiencia incidental y de las cuales se ordenó su compulsa en el expediente principal del que deriva el presente incidente, tiene sustento lo expuesto anteriormente en la jurisprudencia P./J. 71/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver." XV. Domicilio y autorizados. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por contar con su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesional del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho, y en términos restringidos de dicho numeral a las diversas personas que refiere por no contar con el registro de sus respectivas cédulas. XVI. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XVII. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados.

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