Carolina Arias Gonzalez

Expediente 1030/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1030/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
23/06/2022

Partes del expediente

  • Carolina Arias Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de tres de junio del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 81, inciso e) de la Ley de la Materia, se declara que la expresada resolución que sobreseyó el presente juicio de garantías, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que en el mismo se sobreseyó el presente juicio. De igual forma, se hace notar que no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados a las responsables, y se negó la medida cautelar definitiva; se determina que el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, son susceptibles de destrucción, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo, además de que se tomaron en consideración los lineamientos expuestos por la Dirección General de Archivos. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con veintiún minutos del tres de junio de dos mil veintidós, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 1030/2022-IV, promovido por Carolina Arias González, contra los actos que reclamó del Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades; estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Por tanto, la Jueza declara abierta la audiencia. Por tanto, la Secretaria hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con los informes justificados rendidos por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado, Comandante de Aplicaciones, Presentaciones, Detenciones Ministeriales y de Custodia de la Policía Estatal de Investigación, Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación, Fiscal de la Unidad de Investigación y Determinación Temprana del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General, y el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública todos del Estado, y con sede en esta ciudad, los cuales ya obran agregados a los presentes autos. Seguidamente, la Jueza, acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades responsables, para ser relacionados y tomados en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas y alegatos, no se da cuenta con promoción alguna, por lo que se cierran ambas etapas. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver el presente juicio de amparo 1030/2022-IV; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue presentada el dieciocho de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito, Carolina Arias González, contra los actos que reclama del Fiscal General del Estado, y de otras autoridades, consistentes en la orden de aprehensión y detención, dictada en su contra, así como la ejecución de la misma. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veinte de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; todo lo cual se hizo en sus términos; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo este día, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33, fracción IV, 35, 37, 61, fracción XVIII, inciso b) de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número y jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013 del propio Pleno del Consejo citado, por reclamarse en el presente asunto un acto que no requiere ejecución material, y haberse presentado la demanda en este Circuito Judicial. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, visible en la página 32, que en su rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.". Así como la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". Así, se estima que los actos que aquí reclama el quejoso consisten en: La orden de aprehensión y detención, dictada en su contra, así como la ejecución de la misma. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables, que señaló la parte quejosa en su demanda de amparo, al rendir sus correspondientes informes justificados NEGARON la existencia de los actos atribuidos, consistentes en la orden de aprehensión y detención, dictadas en su contra, así como la ejecución de las mismas, sin que exista prueba en contrario que desvirtúe tales negativas. Consecuentemente, al ser esto así, lo procedente en el caso es sobreseer en este juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia bajo el rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. " Por lo expuesto y considerado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Carolina Arias González, contra los actos que reclama del Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades; por los motivos expuestos en el tercer considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto III.2265/2021; y ANTECEDENTES Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado al día siguiente, "Compañía Editora del Mayab", Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal Nicolás José Salomón Nechar, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Juez Sexagésimo de lo Civil de la Ciudad de México y otras autoridades. La parte quejosa señaló como vulnerados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16, y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio. Por acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se pidió a las autoridades responsables sus informes de ley, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención que legalmente le corresponde; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Celebración de la audiencia. Dado que no existían diligencias pendientes por realizar, el dieciocho de abril del dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos que constan en el acta levantada al efecto, por lo que se procede a emitir la sentencia correspondiente. CONSIDERACIONES Primero. Competencia. Esta Juzgadora es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En razón de que se reclama un acto con ejecución donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Segundo. Fijación del acto reclamado. En principio, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de amparo, y de las constancias existentes en el expediente, pues constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señalaron como tales, acorde con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo y con la tesis P.VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención de la parte quejosa y de resolver de forma congruente y completa la litis, se desprende que reclama: "Cualquier orden, auto o resolución que contenga cualquier mandato, medida cautelar o providencia precautoria emanado de cualesquiera juicios y/o procedimientos de índole civil y/o mercantil que tenga por objeto afectar la legal posesión que tiene mi representada respecto de los predios números: 1) cuatrocientos noventa y nueve de la calle setenta y tres, entre cincuenta y ocho y sesenta; 2) quinientos setenta y cuatro letra "A" de la calle sesenta entre setenta y uno y setenta y tres; 3) quinientos setenta de la calle sesenta por setenta y uno y setenta y tres; 4) quinientos setenta y seis letra "A" interior de la calle sesenta entre setenta y uno y setenta y tres; 5) quinientos sesenta y tres de la calle cincuenta y ocho entre setenta y uno y setenta y tres; 6) quinientos setenta y seis de la calle sesenta entre setenta y uno y setenta y tres; 7) quinientos setenta y seis letra "A" de la calle sesenta entre setenta y uno y setenta y tres, y 8) quinientos setenta ocho de la calle sesenta entre setenta y uno y setenta y tres, todos del Centro de la localidad y municipio de Mérida, Yucatán, incluso a través del auxilio de la fuerza pública. Cualquier orden, auto o resolución que contenga cualquier mandato, medida cautelar o providencia precautoria emanado de cualesquiera juicios y/o procedimientos de índole civil y/o mercantil que tengan por objeto desposeer, lanzar o desocupar a mi representada respecto de los 8 predios señalados en el inciso que inmediatamente antecede, de los cuales tiene la legal posesión mi representada en virtud de dos contratos de arrendamiento. Cualquier orden, auto o resolución que contenga cualquier mandato, medida cautelar o providencia precautoria emanado de cualesquiera juicios y/o procedimientos de índole mercantil y/o civil encaminada o dirigida a ejecutarse respecto de los 8 predios señalados en el inciso a) de este apartado, de los cuales tiene la legal posesión la hoy quejosa en virtud de dos contratos de arrendamiento. Cualquier exhorto o requisitoria dirigida a cualquier juzgado mercantil o civil de primera instancia del primer departamento judicial del estado, con competencia en la Ciudad de Mérida, Yucatán, a fin de llevar a cabo cualquier mandato, medida cautelar o providencia precautoria emanado de cualesquiera juicios y/o procedimientos de índole civil y/o mercantil que tengan por objeto afectar la legal posesión que tiene mi representada respecto de los 8 predios señalados en el inciso a) de este apartado, de los cuales tiene la legal posesión la hoy quejosa, incluso a través del auxilio de la fuerza pública. Como consecuencia de lo anterior también reclamo cualquier orden de despojo, desalojo, lanzamiento o cualquier tipo de privación al derecho de posesión que tiene mi representada respecto de los 8 predios señalados en el inciso a) de este apartado, de los cuales tiene la legal posesión mi representada, incluso a través del auxilio de la fuerza pública. Cualquier orden o indicación remitida o dada a cualquier tipo de autoridad de cualquier nivel de gobierno que implique cualquier forma de limitación o afectación a los referidos derechos de posesión que tiene y ejerce mi representada respecto de los 8 predios señalados en el inciso a) de este apartado, de los cuales tiene la legal posesión la hoy quejosa, incluso a través del auxilio de la fuerza pública. (.)" Así como la ejecución de los actos antes descritos, de igual manera, reclama el auxilio de la fuerza, a fin de dar cumplimiento a los mismos. Tercero. Inexistencia del acto. No son ciertos los actos que se reclaman del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Civiles del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y Jueces Primero, Tercero y Cuarto Mercantiles del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Lo anterior, sin que exista prueba en contrario aportada por la parte quejosa, pues de las constancias que obran en autos no se advierte la certeza de tales actos y tampoco hay alguna presunción legal o humana que evidencie su certeza. Ahora bien, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Sexagésimo de lo Civil de la Ciudad de México, Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y Actuaria de su adscripción, se advierte de las constancias que remitieron los citados Jueces al rendir sus respectivos informes, relativas al juicio ordinario mercantil 116/2021 y el exhorto 109/2021, que únicamente se ha ordenado medidas de aseguramiento respecto de los siguientes inmuebles: Quinientos setenta y cuatro letra "A", quinientos setenta y seis y quinientos setenta y seis letra "A", todos de la calle sesenta entre setenta y uno y setenta y tres, del Centro de esta ciudad. De lo anterior, se colige que las autoridades responsables no han dictado acto de molestia alguno sobre los predios números cuatrocientos noventa y nueve de la calle setenta y tres, entre cincuenta y ocho y sesenta; quinientos setenta de la calle sesenta por setenta y uno y setenta y tres; quinientos setenta y seis letra "A" interior de la calle sesenta entre setenta y uno y setenta y tres; quinientos sesenta y tres de la calle cincuenta y ocho entre setenta y uno y setenta y tres; y quinientos setenta ocho de la calle sesenta entre setenta y uno y setenta y tres, todos del Centro de esta ciudad, pues como ya se dijo, únicamente se ordenaron las medidas de aseguramiento respecto de los predios números quinientos setenta y cuatro letra "A", quinientos setenta y seis y quinientos setenta y seis letra "A", todos de la calle sesenta entre setenta y uno y setenta y tres, del Centro de esta ciudad, lo anterior, en autos del juicio ejecutivo mercantil 116/2021, del índice del Juzgado Sexagésimo de lo Civil de la Ciudad de México. Por lo anterior, se advierte también la inexistencia de los actos reclamados respecto de los inmuebles que defiende la quejosa, ubicados en los predios cuatrocientos noventa y nueve de la calle setenta y tres, entre cincuenta y ocho y sesenta; quinientos setenta de la calle sesenta por setenta y uno y setenta y tres; quinientos setenta y seis letra "A" interior de la calle sesenta entre setenta y uno y setenta y tres; quinientos sesenta y tres de la calle cincuenta y ocho entre setenta y uno y setenta y tres; y quinientos setenta ocho de la calle sesenta entre setenta y uno y setenta y tres, todos del Centro de esta ciudad. En cuanto a la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito del Municipio de Mérida, Yucatán, con sede en esta ciudad, no rindió su informe justificado, a pesar de haber sido notificada del oficio 35364/2021 por el que se le solicitó, como se aprecia de la boleta de acuse respectiva; sin embargo, atento al acto que se le atribuyó, no es el caso arribar a la presunción de certeza que refiere el numeral 117 de la Ley de Amparo; y, de igual forma, procede declararlo inexistente. Lo anterior, ya que al momento de rendir su informe justificado el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, negó el acto de ejecución de fuerza pública que se le reclama y la citada Dirección pertenece a dicha dependencia; además que no se demostró un mandamiento de tal naturaleza en relación con los inmuebles que defiende la quejosa, como se verá a continuación, se tiene por inexistente y se desvirtúa la presunción de certeza. Motivos por los que, en atención con los citados actos y autoridades se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el numeral 63, fracción IV, que dispone literalmente lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." En consecuencia, se procede SOBRESEER en el presente asunto, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades señaladas en el presente considerando. Cuarto.- Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Juez Sexagésimo de lo Civil de la Ciudad de México, Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y Actuaria de su adscripción, al rendir sus respectivos informes justificados aceptaron los actos que se les reclaman. Esencialmente manifestaron lo siguiente: la primera, que es cierto el acto reclamado, toda vez que ante dicha autoridad se radicó el juicio ordinario mercantil, al que le recayó el número 116/2021, promovido por Patricia Menéndez Cámara en su carácter de titular de 49 acciones serie "D" representativas del capital social de Publicidad Impresa del Sureste, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de Pablo Flores Ramírez, Mario Iván Vadillo Valenzuela, Publicidad Impresa del Sureste, Sociedad Anónima de Capital Variable, Alicia Menéndez Figueroa, Oscar Alejandro Ortiz de la Ora Irigoyen y Mario Humberto Cámara Seba, Notario Público 91 del Estado de Yucatán; y de las constancias que adjuntó se advierte que se ordenaron medidas de aseguramiento, respecto de algunos de los inmuebles que defiende la quejosa. Ahora bien, respecto el Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en su respectivo informe, manifestó que es cierto el acto reclamado, toda vez que en el órgano a su digno cargo se radicó el exhorto marcado con el número 109/2021, el cual derivó del diverso remitido por el Juez Sexagésimo de lo Civil de la Ciudad de México, relativo al juicio ordinario mercantil 116/2021 de su índice, mismo que se acordó y obsequió en fecha dieciocho de octubre de dos mil veintiuno; ordenando emplazar a juicio a los demandados Mario Iván Vadillo Valenzuela, Publicidad Impresa del Sureste, Sociedad Anónima de Capital Variable, Alicia Menéndez Figueroa, Oscar Alejandro Ortiz de la Ora Irigoyen y Mario Humberto Cámara Seba, Notario Público 91 del Estado de Yucatán; y llevar a cabo los requerimientos y medidas de aseguramientos ordenadas por el Juez Exhortante; y por su parte la Actuaria adscrita al Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, es a quien le corresponde ejecutar lo anterior. Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio cuyo rubro y texto indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se extrajo de las copias certificadas que adjuntaron los Jueces responsables al rendir sus informes justificados, relativas al juicio ordinario mercantil 116/2021 y el exhorto 109/2021, a las que se le otorga el valor probatorio pleno de documento público, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que se tiene por cierto el acto reclamado. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia 226 del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Quinto. Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni se advierte alguna de forma oficiosa, que haga su estudio preferente conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, de modo que se procede al estudio de los conceptos de violación esgrimidos. Sexto. Conceptos de violación. Se procede a la calificación y estudio de conceptos de violación expuestos en la demanda, los que no se transcriben por no constituir una exigencia legal y no considerarlo necesario, sin que con ello se incumpla con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Séptimo. Estudio de fondo. Son fundados y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, en los que alude de forma medular, que se violaron en su perjuicio, los derechos humanos consagrados en los preceptos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque con la afectación ordenada en el juicio de origen, mediante la medida de aseguramiento consistente en que la parte actora nombre depositario para que tome y mantenga control de la administración, de los bienes y de los derechos de la persona moral Publicidad Impresa del Sureste, Sociedad Anónima de Capital Variable; entre los cuales, se encuentran los bienes inmuebles en los que ejerce sus actividades dicha persona moral en esta ciudad ubicados en los predios, quinientos setenta y cuatro letra "A", quinientos setenta y seis y quinientos setenta y seis letra "A", todos de la calle sesenta entre setenta y uno y setenta y tres, del Centro de esta ciudad, no se le está respetando el derecho de posesión que le fue transferido a través de los contratos de arrendamiento que celebró con "Centro de Cultura Nuestra América", Asociación Civil, respecto de los aludidos inmuebles. Para una mejor comprensión de lo que aquí se resuelve, se estima conveniente tener en cuenta, por su importancia, algunos de los antecedentes del juicio de origen: Por escrito de fecha diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, Patricia María Menéndez Cámara, demandó en la vía ordinaria mercantil la acción de nulidad general, en contra de Pablo Flores Ramírez, Mario Iván Vadillo Valenzuela, Publicidad Impresa del Sureste, Sociedad Anónima de Capital Variable, Alicia Menéndez Figueroa, Oscar Alejandro Ortiz de la Ora Irigoyen y Mario Humberto Cámara Seba, Notario Público 91 del Estado de Yucatán. Del cual, le correspondió conocer al Juzgado Sexagésimo de lo Civil de la Ciudad de México; por lo que, por proveído dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, admitió la demanda instaurada, a la que le correspondió el número de expediente 116/2021; entre otras cosas y en lo que interesa, primeramente ordenó girar exhorto al Juzgado de lo Civil que por turno corresponda con residencia en Mérida, Yucatán, a fin de que en auxilio de dicho Juzgado, emplace a los demandados Mario Iván Vadillo Valenzuela, Publicidad Impresa del Sureste, Sociedad Anónima de Capital Variable, Alicia Menéndez Figueroa, Oscar Alejandro Ortiz de la Ora Irigoyen y Mario Humberto Cámara Seba, Notario Público 91 del Estado de Yucatán; asimismo, autorizó el uso de todas las facultades y medidas de apremio que por ley correspondiera para diligenciar dicho exhorto, lo anterior, a fin de que realice actos necesarios y tendentes a la ejecución de las medidas de aseguramiento, particularmente para que se pongan a los depositarios judiciales que al momento de la diligencia se nombren en posesión y ejercicio de su cargo, igualmente, se otorgó al Juez exhortado todas las facultades necesarias para la referida ejecución, para los efectos que haya lugar. Medidas de aseguramiento que consisten en las siguientes: "(i) 1. Se ordena no surta efecto material, ni legal la convocatoria, los acuerdos, las resoluciones adoptadas, ni la protocolarización que deriven de la asamblea general extraordinaria de Publicidad Impresa del Sureste, S.A. de C.V. celebrada el quince de marzo del dos mil dieciséis. 2. Se ordena no surta efecto material, ni legal cualquier convocatoria, acuerdos o resoluciones adoptadas, ni la protocolarización, que deriven de asamblea o acuerdo entre accionistas pretendidamente totalitario, de Publicidad Impresa Sureste, S.A. de C.V. celebrada con posterioridad al nueve de febrero del dos mil dieciséis. 3. Se requiere a los demandados, informar de la celebración, emisión, ejecución de a) todas y cada una de las convocatorias a asamblea de accionistas, actas de dichas asambleas, de Publicidad Impresa Sureste, S.A. de C.V., a celebrarse o celebrada con posterioridad al nueve de febrero del dos mil dieciséis b) todos y cada uno de los documentos, contratos, convenio, actos, acuerdos de voluntades e instrumentos emitidos y celebrados como consecuencia o efecto aun indirecto, de cualquier asamblea de accionistas de Publicidad Impresa Sureste, S.A. de C.V. a celebrarse o celebrada con posterioridad al nueve de febrero del dos mil dieciséis, c) todos y cada uno de los documentos, contratos, convenios, actos, acuerdos de voluntades e instrumentos emitidos o celebrados por Publicidad Impresa del Sureste S.A de C.V. a celebrarse o celebrados con posterioridad al nueve de febrero del dos ml dieciséis. 4. Se decreta que ninguna convocatoria, acta, documento, contratos, convenios, actas, acuerdos de voluntades o instrumentos emitidos y celebrados como consecuencia o efecto, aun indirecto de cualquier asamblea de accionistas de Publicidad Impresa Sureste, S.A. de C.V. de fecha posterior al nueve de febrero del dos mil dieciséis puede surtir efecto material ni legal alguno, hasta en tanto se resuelva el presente juicio, 5 Se ordena que los CC. PABLO FLOREZ RAMIREZ, MARIO IVAN VADILLO VALENZUELA, ALICIA MENENDEZ FIGUEROA, OSCAR ALEJANDRO ORTIZ DE LA ORA IRIGOYEN o cualquier funcionario o representante de PUBLICIDAD IMPRESA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., con facultades para hacerlo se abstengan de realizar publicación alguna de convocatorias para celebrar asambleas generales de accionistas de dicha sociedad. 6. Se ordena que los CC. PABLO FLOREZ RAMIREZ, MARIO IVAN VADILLO VALENZUELA, ALICIA MENENDEZ FIGUEROA, OSCAR ALEJANDRO ORTIZ DE LA ORA IRIGOYEN o cualquier otro accionista, se abstenga de llevar a cabo, celebrar, participar de manera directa o indirecta en asambleas generales de accionistas de Publicidad Impresa del Sureste S.A de C.V. 7. Se ordena que al momento de realizar las diligencias que al efecto se ordenan, se permita a la actora nombrar depositario que tome y mantenga control de la administración y de los bienes y derechos de Publicidad Impresa del Sureste S.A de C.V., a efecto de que durante la tramitación del presente procedimiento, se encargue de la administración de dicha sociedad, la celebración de los actos corporativos necesarios, así como tome y mantenga el control, sobre los bienes y derechos de la misma, por lo que se ordena la ejecución de la presente medida a efecto de otorgar a dicho depositario judicial el control sobre Publicidad Impresa Sureste, S.A. de C.V. autorizando desde este momento el auxilio de la fuerza pública en caso de ser necesario para cumplir eficazmente con la presente medida cautelar. Se hace la distinción consistente en que se deberá nombrar un depositario judicial distinto para cada uno de los inmuebles en los que Publicidad Impresa Sureste, S.A. de C.V., ejerce sus actividades, a saber: (.) (v) calle 60, números 576, 576-A y 574-A, esquina con calle 73, colonia Centro, código postal 97000, Mérida, Yucatán. 8. Se otorgan las facultas más amplias que por derecho correspondan a dichos depositarios judiciales para que una vez que tomen efectiva posesión de la administración y de los bienes de Publicidad Impresa del Sureste, S.A. de C.V., realicen una revisión exhaustiva de las operaciones realizadas por dicha sociedad, así como su documentación contable y practiquen una auditoría, de considerarlo necesario. Al respecto, se ordena que se tendrán por válidas única y exclusivamente las convocatorias, actas, documentos, contratos, convenios, actos, acuerdos de voluntades y/o instrumentos emitidos y/o celebrados por orden expresa del depositario judicial que se designe, sobre Publicidad Impresa Sureste, S.A. de C.V., que tenga control de las instalaciones ubicadas en calle 60, números 576, 576-A y 574-A, esquina con calle 73, colonia Centro, código postal 97000, Mérida, Yucatán 9. Se ordena que Pablo Flores Martínez, Mario Iván Vadillo Valenzuela, Alicia Menéndez Figueroa, Óscar Alejandro Ortiz de la Ora Irigoyen y/o cualquier funcionario o representante de Publicidad Impresa del Sureste, S.A. de C.V., se abstengan de realizar publicación alguna en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles de la Secretaría de Economía, ordenándose girar oficio a dicha dependencia para notificarle de lo anterior. 10. Se ordena que Pablo Flores Martínez, Mario Iván Vadillo Valenzuela, Alicia Menéndez Figueroa, Óscar Alejandro Ortiz de la Ora Irigoyen y/o cualquier funcionario o representante de Publicidad Impresa del Sureste, S.A. de C.V., se abstengan de realizar cualquier trámite en representación de Publicidad Impresa del Sureste, S.A. de C.V. ante autoridades fiscales para lo cual, se ordena girar atento oficio, a la Secretaría de Administración Tributaria a efecto de dar cumplimiento; y; 11) Se ordena que Pablo Flores Martínez, Mario Iván Vadillo Valenzuela, Alicia Menéndez Figueroa, Oscar Alejandro Ortiz de la Ora Irigoyen y/o cualquier funcionario o representante de Publicidad Impresa del Sureste, S.A. de C.V., se abstengan de realizar cualquier trámite en representación de Publicidad Impresa del Sureste, S.A. de C.V. ante cualesquier banco v/o institución de crédito que se rija por la Ley de Instituciones de Crédito, en el país, quedando facultados para dichos efectos el depositario judicial que se designe, sobre Publicidad Impresa del Sureste, S.A. de C.V., a elección de la actora en cuanto a la persona sobre la cual deberá caer dicho nombramiento. Los depositarios referidos deberán obrar en todo momento como buen padre de familia en la administración de Publicidad Impresa del Sureste, S.A. de C.V., y responderán de su actuar, en los términos previstos en Ley." Escrito de fecha veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por la actora, en el que solicitó sean emitidos nuevamente los exhortos con una fecha reciente, con el fin de que sean diligenciados; asimismo, solicitó la ampliación de las providencias precautorias y medidas cautelares otorgadas. A dichas solicitudes, les recayó el proveído de fecha treinta de agosto de dos mil veintiuno, en el que se ordenó librar nuevamente los correspondientes exhortos, con el fin de lograr lo ordenado en auto de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintiuno; y respecto de la ampliación de la ampliación se reservó a acordar lo conducente, hasta que la actora aclarara su petición. Derivado de lo anterior, mediante oficio 2498 de fecha seis de septiembre de dos mil veintiuno, se emitió el exhorto al Juzgado competente que por turno corresponda con residencia en esta ciudad, por lo que, por razón de turno le tocó conocer al Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán; recayéndole el número de exhorto 109/2021, por auto de fecha dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el citado exhorto, deducido del expediente número 116/2021, relativo al juicio ordinario mercantil promovido por Patricia María Menéndez Cámara; obsequiándose en los términos solicitados, por tanto, el Juez local remitió los autos a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares. Para dar cumplimiento a lo anterior, el Actuario en turno de dicha Central, en fecha veintidós de octubre de dos mil veintiuno, se constituyó en unión del apoderado de la parte actora, al predio quinientos setenta y seis, de la calle sesenta por setenta y tres de la colonia Centro de esta ciudad, domicilio señalado en los autos de origen para notificar a Publicidad Impresa Sureste, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de quien legalmente la represente, sin que se haya logrado dar cumplimiento a lo ordenado, toda vez que, el domicilio se encontraba cerrado en puertas y ventanas; máxime que, una persona que se encontraba en el domicilio contiguo, le hizo saber que el domicilio en el que se constituyó se encontraba cerrado y no tenía hora de apertura y cierre, ya que las personas que laboran ahí no tienen día y hora en que puedan ser encontradas. Finalmente, dicho fedatario asentó que la parte actora expresó que no es su deseo notificar a los codemandados, sino hasta que se emplace a la persona moral demandada. Una vez asentado lo anterior, cabe precisar, la parte quejosa acude al juicio de amparo ostentándose como tercero extraño natural, bajo el argumento toral de que ejerce el derecho de posesión respecto de los inmuebles ubicados en los predios números quinientos setenta y cuatro letra "A", quinientos setenta y seis y quinientos setenta y seis letra "A", todos de la calle sesenta entre setenta y uno y setenta y tres, del Centro de esta ciudad; la cual deriva de los contratos de arrendamiento que celebró con "Centro de Cultura Nuestra América", Asociación Civil, por conducto de su representante legal Alicia Menéndez Figueroa, los días diez de marzo y veintitrés de diciembre, ambos de dos mil veinte, ratificados en la misma fecha, respectivamente, ante la fe de la titular de la Notaría Número Diecisiete del Estado de Campeche. Es fundado el concepto de violación, toda vez que, la parte quejosa acreditó con justo título que ejerce la posesión respecto de los bienes inmuebles ubicados en los predios quinientos setenta y cuatro letra "A", quinientos setenta y seis y quinientos setenta y seis letra "A", todos de la calle sesenta entre setenta y uno y setenta y tres, del Centro de esta ciudad. En efecto, el Alto Tribunal del País ha establecido que la posesión a que refiere el artículo 14 constitucional objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto es aquella que nace de un justo título, y no la de un simple ocupante. El primero ejerce un poder de hecho al amparo de un título que define la calidad de su posesión, originaria o derivada; en cambio, el ocupante simplemente es la persona que mora en el inmueble pero carece de un justo título. En ese orden de ideas, la posesión que se encuentra protegida a través del juicio de amparo, es aquella posesión jurídica, ya sea originaria o derivada que se sustente en un justo título. Lo anterior porque en términos de la jurisprudencia P./J. 1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el poder de hecho que se ejerce sobre el inmueble al amparo de un justo título es lo que resulta susceptible de ser protegido por la Constitución. Tal como se advierte de las siguientes consideraciones que dieron lugar a la citada ejecutoria: "Por todo lo anteriormente dicho, procede concluir que es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho como manifestación de un derecho, esto es, siempre y cuando dicho poder de hecho tenga una causa u origen que lo faculte a usar, disfrutar y disponer de la cosa, ya sea a título de poseedor originario o derivado, pues la simple posesión material de un bien no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia a que se refiere el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, en caso de que la posesión que se aduce no se encuentre sustentada en un título (entendiéndose por título no un documento sino la causa jurídica por la que entró a poseer el bien relativo), los juzgadores de garantías deberán sobreseer en el juicio por falta de interés jurídico, en términos de la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo." La consideración anterior dio origen a la jurisprudencia P./J. 1/2002 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Expuesto lo anterior, en el juicio que se resuelve, para acreditar la posesión de los bienes inmuebles que defiende, la quejosa ofreció como pruebas copias certificadas de los contratos de arrendamiento que celebró con "Centro de Cultura Nuestra América", Asociación Civil, por conducto de su representante legal Alicia Menéndez Figueroa, los días diez de marzo y veintitrés de diciembre, ambos de dos mil veinte, ratificados en la misma fecha, respectivamente, ante la fe de la titular de la Notaría Número Diecisiete del Estado de Campeche; respecto de los cuales declaró la protesta de ser copia íntegra e inalterada del documento impreso, en términos del artículo 3, fracción VI del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; documentos a los cuales se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Los cuales son eficaces para acreditar la existencia de la causa generadora de la posesión, pues es de fecha cierta al estar ratificado ante Notario Público. Efectivamente, los contratos de arrendamiento que exhibió la quejosa se ratificaron ante el fedatario público los días diez de marzo y veintitrés de diciembre, ambos de dos mil veinte, por lo que a partir de esas fechas son oponibles frente a terceros, siendo que el mandamiento reclamado es posterior a esas fechas, a saber el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Es así, ya que en términos de los artículos 1564 a 1573 del Código Civil del Estado de Yucatán, el arrendamiento es un contrato, a través del cual una persona concede temporalmente a otra el uso y en ocasiones también el goce de un bien, a cambio de un precio cierto, en dinero o en especie, que el arrendatario pagará al arrendador periódicamente y mientras dura ese uso o ese goce. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 1a./J. 62/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO CONTRA LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. PARA DEMOSTRARLO ES SUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR A DICHA ORDEN. La posesión protegida por el artículo 14 constitucional no es otra que la definida por el derecho común, conforme al cual es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, sin embargo, para efectos del juicio de amparo, ese derecho debe tener origen en alguna de las figuras establecidas en la ley. Así, el contrato de arrendamiento, al ser un título que se sustenta en una figura jurídica que genera el derecho a poseer, constituye una base objetiva, que fundada y razonablemente produce la convicción de que el arrendatario tiene derecho a poseer el bien de que se trate. En consecuencia, para demostrar el interés jurídico e instar el juicio de amparo indirecto contra una orden de desposesión de un bien inmueble, resulta suficiente el contrato de arrendamiento de fecha cierta anterior a la misma, esto debido a que tal característica hace que produzca efectos frente a terceros ajenos a su suscripción, y dota al quejoso del interés jurídico aludido. En el entendido de que las decisiones que el órgano de control de constitucionalidad tome en relación con la eficacia del título, tienen consecuencias exclusivas en el juicio de amparo, pues no deciden sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, lo que deberá dilucidarse ante la potestad común." Ahora, del análisis de las copias certificadas de los contratos de arrendamiento allegados por la parte quejosa al presente sumario, se advierte que fueron suscritos el diez de marzo y veintitrés de diciembre, ambos de dos mil veinte, por la impetrante (como arrendataria) y "Centro de Cultura Nuestra América", Asociación Civil, (como arrendadora) por conducto de sus representantes legales, respecto de diversos inmuebles entre ellos los predios números quinientos setenta y cuatro letra "A", quinientos setenta y seis y quinientos setenta y seis letra "A", todos ubicados en la calle sesenta entre setenta y uno y setenta y tres, del Centro de esta ciudad; siendo estos los que guardan relación con el juicio de origen 116/2021, toda vez que, en auto de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, solamente por ellos se ordenaron medidas de aseguramiento. En ese tenor, queda acreditado que existe identidad entre algunos de los bienes descritos en los contratos de arrendamiento que aportó la parte quejosa, y los objeto de medidas se aseguramiento en el juicio de origen. Luego, con motivo de los contratos de arrendamiento multicitados, la parte quejosa tiene la posesión de los inmuebles marcados con los números quinientos setenta y cuatro letra "A", quinientos setenta y seis y quinientos setenta y seis letra "A", todos de la calle sesenta entre setenta y uno y setenta y tres, del Centro de esta ciudad, esto es, en el acuerdo de voluntades del arrendamiento se señaló que se otorga en posesión de dichos inmuebles, por un período de veinte años. En ese orden de ideas, si la parte quejosa es tercera extraña en estricto sentido a la controversia de origen al no ser parte actora ni demandada y, además, con los contrato de arrendamiento de fechas ciertas demuestra que tiene el carácter de arrendataria respecto de los bienes inmuebles controvertidos, no puede ejecutarse en su perjuicio, hasta en tanto dicho acuerdo de voluntades fenezca, pues el juicio natural dio inicio el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, es decir, con posterioridad a la fecha en que adquirió el carácter de fecha cierta (diez de marzo y veintitrés de diciembre, ambos de dos mil veinte). Es así, ya que el artículo 1640 del Código Civil del Estado de Yucatán, establece que si durante la vigencia del contrato de arrendamiento, por cualquier motivo se verificare la transmisión de la propiedad del predio arrendado, el arrendamiento subsistirá en los términos del contrato; en todo caso, las rentas deben ser pagadas al nuevo propietario. Por tanto, si la peticionaria cuenta con los contratos de arrendamiento de fechas ciertas, celebrados y ratificados ante Notario Público con anterioridad a la instauración del juicio respectivo, luego, se ubica en la hipótesis que establece el aludido precepto y, por tanto, no puede ejecutarse en su perjuicio. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación, lo que procede es conceder la protección constitucional solicitada. Octavo. Efectos de la protección constitucional. Se concede el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa para el efecto de que: 1. El Juez Sexagésimo de lo Civil de la Ciudad de México: Deje insubsistente el auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, únicamente y exclusivamente respecto de las medidas de aseguramiento impuestas sobres los inmuebles marcados con los números quinientos setenta y cuatro letra "A", quinientos setenta y seis y quinientos setenta y seis letra "A", todos de la calle sesenta entre setenta y uno y setenta y tres, del Centro de esta ciudad. Apoya a lo anterior, la tesis VII.2o.C.36 K (10a.) emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y texto, siguientes: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO. LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO DEPENDEN DEL SUPUESTO EN QUE SE UBIQUE EL QUEJOSO CON ESE CARÁCTER. En la práctica judicial se presentan diversos supuestos de persona extraña a juicio que se ha considerado conveniente clasificar con el fin de establecer, del modo más preciso posible, cuáles habrán de ser los efectos de la protección constitucional en cada una de esas hipótesis. Así, se tiene: I. Al tercero extraño stricto sensu que se identifica con la persona física o moral distinta de los sujetos que forman parte de una controversia; en esta hipótesis, al ser ajeno a la litis ventilada en el juicio, el concepto de persona extraña es menester ubicarlo como opuesto al de parte procesal. De resultar en el amparo que efectivamente el quejoso es extraño a la controversia, conforme al principio establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo, en restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación el efecto natural de la salvaguarda constitucional solamente se constreñirá en reintegrarlo en el goce de sus derechos que, involucrados en el litigio al que es ajeno, le fueron afectados; esto es, se le restituirá, por ejemplo, en el disfrute de su derecho de propiedad sobre un bien que ha sido embargado en un juicio en que no es parte; al no ser partícipe de esa relación procesal, es claro que no puede verse favorecido ni perjudicado por los actos que se lleven a cabo en la contienda. De ese modo, la concesión del amparo no implicará la nulidad de todo lo actuado en el juicio natural al que se es extraño, en mérito a que al acudir al juicio de garantías la única intención del tercero en comento es simplemente extraer de aquella controversia sus derechos; no le interesa una declaratoria de nulidad total del juicio porque, se reitera, es ajeno a la relación jurídica en él ventilada. II. El tercero extraño por equiparación que de acuerdo con la jurisprudencia se presenta con las siguientes modalidades: a) El tercero extraño equiparado simple que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado correctamente virtud a un ilegal emplazamiento, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa; bajo esa condición, evidentemente que será extraño a todo lo actuado en el pleito. En este supuesto el efecto de una sentencia protectora se traducirá simplemente en que se declare nulo el juicio a partir del inexacto emplazamiento, resultando inválidas todas las actuaciones posteriores; en materia civil, a partir de ese momento de restitución, la continuación y conclusión de la contienda quedarán sujetas al principio de derecho rogado que la rige, por lo que será la instancia de las partes la que defina la conclusión de la controversia. Virtud a lo anterior, el efecto de la sentencia de amparo no puede abarcar la orden de que se convoque adecuadamente al tercero extraño en su calidad de demandado como parte que es en aquel proceso, a fin de entablarse así la relación procesal pertinente, sino sólo ordenar la nulidad en los términos apuntados; b) El tercero extraño equiparado por litisconsorcio que a su vez se manifiesta de dos formas: por un lado, aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia, lo cual le otorga el carácter de un litisconsorte pasivo necesario no llamado a juicio que de suyo evidencia la necesidad de haberla integrado a la relación jurídica para ponerla en aptitud de defender sus derechos. En esta hipótesis, el amparo que llegara a concederse por quedar corroborado el carácter de tercero en comento, habrá de tener como alcance no ordenar la reposición del procedimiento a fin de que dicha persona que no fue señalada en la demanda natural, sea emplazada junto con los demás litisconsortes; sino que, como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la que emergió la jurisprudencia 1a./J. 79/2001 "...los alcances de la protección deberán ser para que se revoque la sentencia reclamada y se dejen a salvo los derechos de las partes...", en mérito a que "...admitir otra postura, esto es, que se reponga el procedimiento, sería tanto como darle poderes al Juez para que supla la demanda del actor, señalando a demandados que no fueron mencionados en la demanda, y es al actor a quien corresponde redactar otra demanda en la que cite a todos los demandados, no al Juez hacerlo de oficio.". Por otro lado, dentro de este apartado de tercero extraño equiparado por litisconsorcio se presenta aquel que fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado o se le llamó incorrectamente al juicio; caso en que al igual que el tercero extraño equiparado simple al que se hizo referencia, por virtud del principio de derecho rogado rector de la materia civil, el efecto de una concesión de amparo se constreñirá a la declaratoria de nulidad del juicio a partir del inexacto emplazamiento quedando inválidas todas las actuaciones posteriores, con la particularidad, en esta modalidad, de que tales consecuencias del fallo protector sí deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural, en tanto que constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, tal como lo sustentó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 9/96, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ÉSTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.". Así, los diferentes supuestos de persona extraña a juicio que se presentan en el amparo permiten afirmar que el efecto del fallo protector no puede ser el mismo en todos ellos; los alcances que deban asignarse a la protección constitucional dependerán de la ubicación del caso en específico dentro de la categorización enunciada." Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución que se le atribuyeron al Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y Actuaria de su adscripción, para el único efecto que no ejecuten la medida de aseguramiento ordenada el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en el juicio de origen por lo que hace única y exclusivamente a los inmuebles defendidos por la parte quejosa, debiendo estar a lo determinado por el Juez exhortante. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/338, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, y publicada en la página 69, tomo 83, del mes de noviembre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución." Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por "Compañía Editora del Mayab", Sociedad Anónima de Capital Variable, por los motivos expuestos y autoridades señaladas en el considerando tercero de esta resolución. Segundo. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a "Compañía Editora del Mayab", Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos que reclamó del Juez Sexagésimo de lo Civil de la Ciudad de México, Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y Actuaria de su adscripción, por los motivos y efectos precisados en esta resolución. Notifíquese personalmente; publíquese la sentencia con supresión de datos personales, captúrese el día de su publicación, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Así lo resolvió y firma la licenciada Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercera de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida por la licenciada Erika Esther Góngora Barbosa, Secretaria de Juzgado con quien actúa, hasta hoy, veintinueve de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a JUAN PASTOR ALMAZAN ARTEAGA, contra el acto reclamado a la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y al Director en Jefe y del Director General de Registro y Control Documental, ambas del Registro Agrario Nacional, con sede en la ciudad de México, precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos precisados en el considerando quinto de la misma y para los efectos precisados en el subsecuente. Notifíquese.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano