Caroina Andrea Salcido Salcido
Expediente 971/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 971/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Caroina Andrea Salcido Salcido
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución dictada en este asunto; con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobreseyó y negó el amparo y protección de la justicia, causó ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. De conformidad con el artículo 196, párrafo cuarto y 214, en relación con el tercero transitorio de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. Por ende, a efecto de acatar el referido acuerdo, envíese el mismo al Archivo de Trámite, que se lleva en este órgano jurisdiccional. Esto, en virtud de que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del referido Acuerdo General, por ende, el presente asunto no es de relevancia documental; a más de que se negó el amparo constitucional solicitado, es por lo que, una vez que cuente con más de tres años de haberse ordenado el archivo a que hace referencia el acuerdo en mención y transcurrido el plazo de noventa días, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración.
- Principal
Chihuahua, Chihuahua, a nueve de noviembre de dos mil veinte. VISTO para resolver el juicio de amparo 971/2020-IV, promovido por Carolina Andrea Salcido Salcido, contra actos atribuidos al Gobernador Constitucional del Estado y Congreso del Estado, en esta ciudad, por considerarlos violatorios, en su perjuicio, de los derechos fundamentales previstos en los numerales 31 y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por demanda presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, el trece de agosto de dos mil veinte y turnada el veintiuno de ese mes y año a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Carolina Andrea Salcido Salcido solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos atribuidos a las autoridades precisadas con antelación, por los actos que se precisaran en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de veintiséis de agosto de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo bajo el número estadístico 971/2020-IV; se ordenó requerir a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; posteriormente se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que inició al tenor del acta que antecede, sin la asistencia de las partes. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor a partir del cuatro de octubre de dos mil once, en relación con los numerales 37, primer párrafo y 107, de la Ley de Amparo, y demás disposiciones legales aplicables en todo lo que no contravenga al precepto constitucional señalado, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que los actos reclamados se hacen consistir en normas locales, cuyo acto de aplicación se atribuye a autoridades con residencia en esta ciudad de Chihuahua, donde este juzgado ejerce jurisdicción y competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de los datos que emanan del escrito de demanda en congruencia con todos sus elementos, incluyendo la totalidad de la información del expediente del juicio se obtiene que la parte quejosa reclama del Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua, en esta ciudad, dentro del ámbito de sus atribuciones, lo siguiente: La aprobación, expedición, promulgación y publicación del: a) Código Municipal para el Estado de Chihuahua, en específico su artículo 158. b) Decreto LXVI/APLIM/0531/2019 I.P.O. por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veinte. c) Decreto LXVI/APTVV/0460/2019 I.P.O. por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal dos mil veinte, del Municipio de Chihuahua, Chihuahua. Todos con motivo su primer acto de aplicación. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso del Estado de Chihuahua y Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, dado que así lo manifestaron expresamente al rendir sus respectivos informes justificados. Además, porque la existencia de los preceptos, que se reclaman no está sujeta a prueba, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2o, pues basta que esté publicado en un medio de difusión oficial, como es el Periódico Oficial del Estado, para que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo lo tenga en cuenta al momento de resolver, sin necesidad de que se exhiba un ejemplar donde se contengan las leyes, reglamentos o disposiciones de observancia general reclamados. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, Tomo XII, agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, registro: 191452, de rubro y contenido siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." CUARTO. Improcedencia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se examina la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia ochocientos catorce, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quinientos setenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia en el juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, quien resuelve considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, ambos de la Ley de Amparo, como lo hace valer el Gobernador del Estado de Chihuahua, dado que la solicitante del amparo omitió combatir la publicación de las normas legales y decretos por vicios propios. En ese sentido, los artículos 61, fracción XXIII y 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.]" La porción normativa inserta pone de manifiesto que en la demanda de amparo indirecto, cuando se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación y sólo tratándose de las autoridades que hubiesen intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, podrá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, cuando impugne tales actos por vicios propios. Luego, tomando en consideración que al Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, se le reclamó la publicación de las normas tildadas de inconstitucionales, sin que se impugne por vicios propios, el juicio de amparo resulta improcedente por lo que respecta a dicho acto. Apoya lo anterior la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 2248, del Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, registro: 2010097, que dispone lo siguiente: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia referida, de conformidad con lo previsto en el arábigo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio, por lo que respecta al acto que se reclama al Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, consistente en la publicación de las normas generales cuya inconstitucionalidad se reclama. En otro aspecto, en lo atinente al acto reclamado consistente en el aprobación, expedición y promulgación del Decreto LXVI/APTVV/0460/2019 I.P.O. por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal dos mil veinte, quien aquí resuelve considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa carece de interés jurídico al no acreditar el acto de aplicación de la norma reclamada. El artículo 61, fracción XII de la legislación en consulta, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". La causal de improcedencia en análisis señala la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo una ley que, aunque vigente, no cause perjuicio a la parte quejosa por el sólo hecho de encontrarse en vigor, si no que para que se origine tal perjuicio, como presupuesto de legitimación para ejercer la acción constitucional en concreto, precisa de un acto posterior de aplicación, para entonces irrumpir en la esfera jurídica concreta del gobernado, causándole un perjuicio que es lo que, se insiste, legitima para acudir a la presente instancia constitucional. En ese sentido, es necesario precisar que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de los derechos humanos en su perjuicio, cuando a través de un acto de autoridad, se dé la afectación, ofensa, daño o lesión en los intereses del particular, atentando en contra de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, característica que le otorga al gobernado la facultad de exigir y la obligación aparejada del deber jurídico del Estado de cumplir dicha exigencia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI. 2o. J/87, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 364, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, octava época, registro: 224803, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. Establecido lo anterior, es menester precisar, que tratándose de leyes, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe demostrarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio personal y directo en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. En efecto, las normas de carácter general pueden ser impugnadas, mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma. Es decir, si es autoaplicativa o hetoroaplicativa. En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y hetoroaplicativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en jurisprudencia reiterada que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia. En este orden, es dable afirmar que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de los particulares o de un tercero que actúa como auxiliar de la administración pública, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Lo anterior, tiene su apoyo, en el criterio que contiene en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, de texto siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En ese contexto, tenemos que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional, el Decreto LXVI/APTVV/0460/2019 I.P.O. por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal dos mil veinte, del Municipio de Chihuahua, con motivo de su primer acto de aplicación, esto es, la reclama en su carácter de heteroaplicativa. Ahora, el citado Decreto en su artículo primero establece: "ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, propuestas por el H. Ayuntamiento de Chihuahua, mismas que servirán de base para la determinación del valor catastral y el cálculo de las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria, durante el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, las cuales se anexan al presente Decreto y pasan a formar parte del mismo." Para acreditar el acto de aplicación de los preceptos legales combatidos, la solicitante del amparo, ofreció como prueba de su parte la factura T931637, expedida por la Tesorería del Municipio de Chihuahua, de nueve de julio de dos mil veinte, de la que se desprende lo siguiente: "DESCRIPCIÓN: INGRESO POR IMPUESTO TRASLACIÓN DE DOMINIO. PERIODO: 2020/3 IMPORTE: $27,800.00". Documental digitalizada que merece valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, de lo anteriormente transcrito, se advierte que la parte quejosa realizó un pago por concepto del impuesto de traslación de dominio por la cantidad citada. Sin embargo, en relación con el impuesto anteriormente referido, es menester traer a colación el contenido de los artículos 155 a 159, del Código Municipal del Estado de Chihuahua, que disponen: "ARTÍCULO 155. Es objeto del Impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, la adquisición de los ubicados en el Municipio, con excepción de la que realicen la Federación, los Estados o Municipios, para formar parte del dominio público o los Estados extranjeros en caso de reciprocidad. ARTÍCULO 156. Son sujetos de este impuesto las personas físicas o morales que adquieran inmuebles o los derechos relacionados con los mismos, a que este capítulo se refiere, ubicados en el Municipio. ARTÍCULO 157. Para los efectos de este impuesto se entiende por adquisición, la que derive de: I. Todo acto por el que se transmita la propiedad incluyendo la donación, la herencia o la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, con excepción de la que se realice al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal; II. La compraventa en la que el vendedor se reserve la propiedad, aun cuando la transferencia de ésta opere con posterioridad; III. La promesa de adquirir, cuando se pacte que el futuro comprador entrará en posesión de los bienes o que el futuro vendedor recibirá el precio de la venta o parte de él, antes de que se celebre el contrato prometido; IV. La cesión de derechos del comprador o del futuro comprador, en los casos de las fracciones II y III que anteceden, respectivamente: V. La fusión de sociedades; VI. La dación en pago y la liquidación, reducción de capital, pago en especie de remanentes, utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles y mercantiles; VII. La constitución de usufructo, su extinción o la transmisión de éste o de la nuda propiedad, así como la extinción del usufructo temporal; VIII. La prescripción positiva; IX. La cesión de derechos del copropietario, heredero o legatario, cuando entre los bienes de la copropiedad o de la sucesión haya inmuebles, en la parte relativa y en proporción a éstos. Se entenderá como cesión de derechos, la renuncia de la herencia o legado, efectuada después de la declaratoria de herederos o legatarios, X. Enajenación a través del fideicomiso; XI. La división de la copropiedad y la disolución de la sociedad conyugal, por la parte que se adquiera en demasía de la que le correspondía al copropietario o cónyuge; y XII. La permuta, en cuyo caso, se considerará que se efectúan dos adquisiciones. ARTÍCULO 158. Será gravable del impuesto, lo que resulte mayor de: I. El valor del inmueble cuyo dominio se adquiera y se determine por medio del avalúo que practique la Tesorería Municipal, una institución de crédito o un especialista en valuación debidamente acreditado ante el Departamento Estatal de Profesiones, en base al valor físico del inmueble. El avalúo que se considerará para determinar la base del impuesto, no deberá tener en ningún caso, una antigüedad de un año entre la fecha en que se practique y la fecha en que se realice el entero del impuesto; [Fracción reformada mediante Decreto No. 573-02 I P.O. publicado en el P.O.E. No. 20 del 8 de marzo del 2003] II. El valor catastral; y III. El valor del inmueble señalado en el acto de adquisición. En las adquisiciones que hubieran sido objeto de una operación anterior a la que se calcula el impuesto, pero sin que entre una y otra medien más de tres años, el valor gravable se determinará deduciendo del valor gravable en adquisición presente el valor gravado de la adquisición anterior. [Fracción I y III reformadas mediante Decreto No. 164 99 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 46 del 9 de junio de 1999]. Tratándose de bienes inmuebles cuya adquisición se derive de procesos de regularización de terrenos, promovidos por las diferentes instancias de gobierno, así como de programas de fomento a la vivienda de interés social y popular, se tendrá como base gravable la que resulte menor de las hipótesis establecidas en las fracciones anteriores. Para tales efectos, se entiende por vivienda de interés social aquella cuyo valor al término de su edificación, no exceda de la suma que resulte de multiplicar por 15 la Unidad de Medida y Actualización elevada al año, y por vivienda popular aquella que en iguales condiciones no exceda de la suma que resulte de multiplicar por 25 la Unidad de Medida y Actualización elevada al año. [Párrafo reformado mediante Decreto No. LXV/FRCLC/0266/2017 I P.E. publicado en el P.O.E. No. 15 del 22 de febrero de 2017] En cuanto a operaciones que tengan como fin la regularización de la tenencia de la tierra, llevadas a cabo por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, será optativo para el contribuyente acogerse al tratamiento anterior o al avalúo global practicado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, e individualizado en su operación. [Se adicionan dos párrafos mediante Decreto 217-96 publicado en el P.O.E. No. 46 del 8 de junio de 1996] En los contratos de arrendamiento financiero, se pagará el impuesto cuando el arrendatario financiero ejerza la opción de compra en los términos del contrato celebrado. Para los efectos de este impuesto, se considera que el usufructo y la nuda propiedad tienen un valor, cada uno de ellos, del cincuenta por ciento del total de la propiedad. Los avalúos a que se refieren los párrafos anteriores deberán comprender el terreno y las construcciones aun cuando se adquiera únicamente el terreno o las construcciones, salvo que se pruebe que el adquirente edificó con recursos propios las construcciones o que las adquirió con anterioridad habiendo cubierto el impuesto respectivo. [Para la determinación de la base del impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, a que se refiere el Libro II, Título III, Capítulo IV, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, durante el ejercicio fiscal de 2007, se omitirá tomar en consideración la fracción II del artículo 158. Articulo Segundo del Decreto No. 786-06 I P.O., publicado en Periódico No. 103 del 27 de diciembre del 2006] ARTÍCULO 159. La tasa del impuesto es del dos por ciento sobre la base gravable. Tratándose de acciones de vivienda nueva de interés social o popular, la tasa será la que se determine en las leyes de ingresos. [Párrafo reformado mediante Decreto No. 171-01 I P.O. publicado en el P.O.E. No. 42 del 25 de mayo del 2002] En aquellos Municipios en que así lo determinen sus leyes de ingresos, cuando la base gravable no exceda de 365 veces el salario mínimo general diario, vigente en la Capital del Estado, la tasa del impuesto podrá ser del 0%. [Párrafo reformado mediante Decreto No. 850-01 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 38 del 12 de mayo del 2001]." De los preceptos transcritos, se advierte que es objeto del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, la adquisición de los ubicados en el Municipio, con excepción de la que realicen la Federación, los Estados o Municipios, para formar parte del dominio público o los Estados extranjeros en caso de reciprocidad. Asimismo, que son sujetos de este impuesto las personas físicas o morales que adquieran inmuebles o los derechos relacionados con los mismos, a que este capítulo se refiere, ubicados en el Municipio. Además, se advierte que será gravable del impuesto, lo que resulte mayor de: I. El valor del inmueble cuyo dominio se adquiera y se determine por medio del avalúo que practique la Tesorería Municipal, una institución de crédito o un especialista en valuación debidamente acreditado ante el Departamento Estatal de Profesiones, en base al valor físico del inmueble; II. El valor catastral; y III. El valor del inmueble señalado en el acto de adquisición. Además, como se precisó con antelación, el artículo primero del Decreto LXVI/APTVV/0460/2019 I.P.O. por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal dos mil veinte del Municipio de Chihuahua, establece que las referidas tablas servirán de base para la determinación del valor catastral y el cálculo de las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria, durante el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Sin embargo, el artículo Sexto del citado Decreto, establece lo siguiente: "ARTÍCULO SEXTO.- Para la determinación de la base del Impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, a que se refiere el Libro II, Título III, Capítulo IV, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, durante el ejercicio fiscal 2020, se omitirá la aplicación de la fracción II, del artículo 158, del referido ordenamiento jurídico." De lo anteriormente expuesto se colige, que si bien, la quejosa demostró haber realizado el pago del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, lo cierto es que no demostró la aplicación del decreto LXVI/APTVV/0460/2019 I.P.O. por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal dos mil veinte, del Municipio de Chihuahua, pues su propio artículo sexto, señala que durante el ejercicio fiscal dos mil veinte, se omitirá la aplicación de la fracción II, del artículo 158, del referido ordenamiento jurídico, relativa al valor catastral del inmueble, y para cuya determinación sirven de base las referidas tablas. En ese sentido, resulta inconcuso, que no se demostró el acto de aplicación del Decreto LXVI/APTVV/0460/2019 I.P.O. por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal dos mil veinte del Municipio de Chihuahua. Es aplicable a lo anterior, encuentra sustento en la tesis IV.1o.5 K, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible a página 659, IV, Agosto de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 197963, la cual señala: "AMPARO IMPROCEDENTE CUANDO NO EXISTE ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN, TRATÁNDOSE DE LEYES HETEROAPLICATIVAS. Si del contenido de la demanda se advierte que el quejoso, en relación con los actos reclamados, hace una referencia vaga e imprecisa de los actos concretos de aplicación, dado que, por una parte, los actos no habían acontecido y, por otra, se demostró que el acto afectaba a persona distinta al quejoso, ello impide establecer la vinculación necesaria con los actos legislativos que se impugnaron como heteroaplicativos, lo que es menester a fin de estar en posibilidad de examinar su constitucionalidad, actualizándose así, en relación con tales actos legislativos, la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, y además como motivo manifiesto e indudable, en los términos del artículo 145 del mismo ordenamiento legal, que amerita el desechamiento de plano de la demanda de garantías correspondiente." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto en el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se decreta el sobreseimiento en el juicio que se resuelve en lo atinente al Decreto LXVI/APTVV/0460/2019 I.P.O., por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal dos mil veinte, del Municipio de Chihuahua, dado que, como se afirmó, no se demostró que le fueran aplicadas. QUINTO. Causales de improcedencia que no se actualizan. Asimismo, el Congreso del Estado de Chihuahua señala que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del numeral 63, de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa fue quien de manera voluntaria realizó el pago respectivo, sin que se le conminara para tal efecto, de manera que no se puede tener como acto de aplicación imputable a la autoridad ejecutora; es decir, considera inexistente el acto de aplicación. No le asiste la razón a la autoridad responsable, respecto del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, en específico su artículo 158 y por lo que concierne al decreto LXVI/APLIM/0531/2019 I.P.O, dado que la parte quejosa acreditó la aplicación de los mismos a través de la exhibición de la factura T931637, expedida por la Tesorería del Municipio de Chihuahua, el nueve de julio de dos mil veinte, de cuyo contenido se advierte que se le aplicó el impuesto de traslación de dominio vigente para el ejercicio fiscal dos mil veinte; documental previamente valorada; de manera que contrario a lo manifestado por la citada responsable, la disconforme sí demostró el acto de aplicación del impuesto reclamado. Asimismo, la citada autoridad responsable sostiene que el juicio de amparo es improcedente ya que se trata de actos que tácitamente consintió la parte quejosa, al momento en que le fue aplicado un estímulo fiscal. En apoyo a su argumento invoca la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro "TRATO PREFERENCIAL ARANCELARIO. SI EL QUEJOSO CONTRIBUYENTE OPTÓ POR ESTE BENEFICIO, SE ACTUALIZA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS POR DIFERENCIAS DE TRIBUTOS AL COMERCIO EXTERIOR". Es infundada la causa de improcedencia referida, dado que de la ejecutoria que derivó la jurisprudencia que invoca la autoridad responsable, se advierte que en el supuesto analizado, se estimó que el consentimiento que derivó del hecho que el quejoso solicitó el trato prefencial arancelario establecido en un tratado comercial en el que México es parte; es decir, optó por un sistema normativo, por lo que, consintió expresamente las normas tributarias que regulan ese régimen fiscal, para efectos del juicio de amparo, supuesto, que no acontece en el particular, dado que en el presente asunto, la peticionaria de amparo no optó por el sistema normativo que reclama. De ahí lo infundado de la causa de improcedencia en estudio. Por su parte, el Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, manifiesta que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, ambos de la Ley de Amparo, virtud a que la solicitante del amparo omitió combatir la promulgación y publicación del Decreto reclamado por vicios propios. En ese sentido, los artículos 61, fracción XXIII y 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, en su orden, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.] VIII. Los conceptos de violación." El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo dispone que en la demanda de amparo tiene que expresarse la autoridad o autoridades responsables y que, en caso de que se impugnen normas generales, el quejoso debe señalar a los titulares de los órganos del Estado a quienes la ley encomiende su promulgación. Asimismo, establece que no debe llamarse a juicio a las autoridades que intervinieron en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio de la norma, si no se impugnan sus actos por vicios propios; no obstante, esta última excepción no se previó tratándose de la autoridad que promulgó la ley. En estas condiciones, es indispensable la participación del órgano promulgador, ya que puede hacer valer los medios de defensa contra la admisión de la demanda, o bien, exponer y demostrar causas de sobreseimiento o vicios en la personalidad del quejoso que el juzgador no pueda advertir oficiosamente. Por tanto, debe llamarse a juicio al titular del Poder Ejecutivo correspondiente, como autoridad encargada de la promulgación de la norma reclamada, pues de lo contrario se haría nugatorio el artículo 87, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que no se le permitiría interponer el recurso de revisión, por el simple hecho de no haber sido parte en el sumario de derechos fundamentales y, en consecuencia, desconocer la sentencia dictada. En tales consideraciones es infundada la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable. Finalmente, en virtud de que las partes no hicieron valer diversa causa de improcedencia y quien resuelve no advierte la actualización de alguna distinta a las ya analizadas, se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada. SEXTO. Conceptos de violación. La parte peticionaria de la protección federal expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en interés del principio de economía procesal, aunado a que la omisión de su trascripción, no impide a quien resuelve, cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad analizándose para tal efecto, los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Lo anterior encuentra soporte en la Jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 50/2010, localizada en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Estudio de fondo. Son infundados los argumentos que a manera de conceptos de violación expresa la parte quejosa. A continuación se exponen las razones de ello. En primer término, resulta importante reiterar que está demostrado el acto de aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veinte, ya que al efecto, la quejosa exhibió la factura T931637, expedida por la Tesorería del Municipio de Chihuahua, de nueve de julio de dos mil veinte, a nombre de Carolina Andrea Salcido Salcido, donde se advierte un importe de $27,800.00 (veintisiete mil ochocientos pesos, por concepto de impuesto por traslación de dominio, en el periodo de dos mil veinte. Al respecto, en esencia, la disconforme argumenta que el artículo 158 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, que regula la base gravable del impuesto de traslación de dominio, es violatorio del principio de equidad y proporcionalidad tributaria, de conformidad con el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Señala que lo anterior es así, ya que se deja al arbitrio de la autoridad administrativa la clasificación de los inmuebles dentro de los parámetros establecidos en las tablas, al no estar delimitados con precisión los tipos de construcción y no existir directriz establecida en la ley para realizar alguna clasificación; circunstancia que la deja en estado de indefensión por no estar en posibilidad de determinar qué valor de construcción le corresponde para determinar la base gravable. Es infundado lo anterior. Así es, en lo atiente a la trasgresión al principio de proporcionalidad tributaria del artículo 158 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, cabe desatacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido la garantía de proporcionalidad tributaria, vinculándola de manera directa e indisoluble con el concepto de capacidad contributiva, de tal manera que ha sostenido que dicho principio constitucional consiste en la obligación de que cada sujeto pasivo deberá contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva; es decir, que su aportación al gasto público corresponda a una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos o de la manifestación de riqueza gravada. Así, el principio exige que el impuesto se determine de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, a fin de que ayuden en forma cualitativamente superior las personas que obtengan ingresos elevados, respecto de los que alcancen medianos o reducidos recursos. De lo anterior se sigue que se cumplirá con la garantía de proporcionalidad tributaria cuando el impuesto sea congruente con la capacidad contributiva de los causantes, la cual debe relacionarse con una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, luego es necesario que exista una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o la tarifa de un impuesto. Conceptos que pueden advertirse así, de las jurisprudencias 109/99 y 10/2003, de rubros respectivos: "CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS." (Visible en la página 22, del Tomo: X, Noviembre de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta) y "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES." (Visible en la página 144, del Tomo: XVII, Mayo de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Ahora, el inciso a), de la fracción IV, del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la facultad de los Municipios de percibir sus propias contribuciones a efecto de administrar su hacienda, que se integra con los gravámenes a la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Disposición que adquiere relevancia, pues constituye el fundamento constitucional de los impuestos municipales tales como el predial, mejoras y los traslativos de dominio, cuyo común denominador en este caso lo es la disposición inmobiliaria comprendida en el territorio integrante del Municipio. A partir del precepto que antecede los Municipios del país cuentan con la legislación necesaria para regular la recaudación de dichos gravámenes, premisa a partir de la cual la actividad jurisdiccional ha efectuado el estudio de éstos en distintas ocasiones y determinado reglas generales atendiendo a los elementos del impuesto que puedan ser comunes, y, particulares para aquellas disposiciones que se distingan en las diversas mecánicas tributarias. Sobre dicha premisa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 4/2006, analizó el principio de proporcionalidad tributaria del sistema para determinar la base gravable del impuesto sobre adquisición de inmuebles previsto en el artículo 138 del Código Financiero del entonces Distrito Federal, ocasión en la cual, en torno a su naturaleza jurídica, indicó que: "[.] el objeto del gravamen es de los llamados impuestos directos, en razón de que recae concretamente sobre la posesión del inmueble que se adquiere; de aquí que grave una situación normal y permanente; además, porque la transcripción de los artículos 138 y 139 del Código Financiero del Distrito Federal permite constatar que el impuesto de cuenta recae sobre el acto de adquisición de la cosa objeto del gravamen, sin tomar en cuenta la situación de la persona que adquiere el bien inmueble, y que por esa razón se constituye en el sujeto pasivo del impuesto.". De tal manera que conforme a la naturaleza precisada en dicha ocasión, el hecho imponible de este impuesto -la circunstancia fáctica que da pie al nacimiento de la obligación tributaria- está constituida por el acto de adquisición del inmueble respectivo, pues configura la situación jurídica de hecho que el legislador tomó en cuenta para establecer el tributo de cuenta. Una vez establecido que la traslación de dominio es un impuesto directo, debe considerarse que la capacidad contributiva en este tipo de tributos aparece en forma directa e inmediata, pues en términos de la jurisprudencia P./J. 2/2009, "[.] porque son soportados por personas que perciben, son propietarias o poseedoras de ellos [.]". Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1129, del Tomo XXIX, Abril de 2009, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. PARA DETERMINAR SI UNA CONTRIBUCIÓN CUMPLE CON ESE PRINCIPIO, ES NECESARIO ATENDER A SU NATURALEZA PARA ESTABLECER LAS FORMAS COMO SE MANIFIESTA LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. La capacidad contributiva no se manifiesta de la misma manera en todas las contribuciones, pues aparece en forma directa e inmediata en los impuestos directos, como los que recaen en la renta o el patrimonio, porque son soportados por personas que perciben, son propietarias o poseedoras de ellos, mientras que en los indirectos la capacidad tiene un carácter mediato como la circulación de bienes, la erogación, el gasto y el consumo, ya que parten de la previa existencia de una renta o patrimonio, y gravan el uso final de toda la riqueza a través de su destino, gasto o tipo de erogación que refleja indirectamente dicha capacidad. Luego, para determinar si una contribución cumple con el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario atender a la naturaleza de dicho tributo a fin de conocer la forma como se manifiesta y modifica la capacidad contributiva." Bajo este panorama, deviene infundado lo expresado por la quejosa, al controvertir sustancialmente la constitucionalidad de la base gravable por estar disociada del objeto del impuesto, pues en principio ha sido reconocida la naturaleza del tributo como directo, tipo en el que la capacidad contributiva de los sujetos se refleja de manera inmediata en sus distintas manifestaciones el ingreso, la propiedad o la posesión; y, si en la especie la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispuso que la hacienda municipal se integrará con las contribuciones que se establezcan por la traslación de los inmuebles, en dicho caso resulta cierto que el objeto constituye la transmisión patrimonial y la manifestación objetiva de riqueza fue el valor del peculio transferido, destacando que atento a la regulación indicada en la Constitución Política de los Estados Unidos, la facultad impositiva de los Municipios circunscribe a la propiedad inmobiliaria, no a la monetaria, motivo por el cual la capacidad debe fijarse a través del valor real del bien y no de la transacción, persiguiendo al objeto y no al sujeto. Lo cual se advierte con mayor claridad, de lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 4/2006, en la parte que indica: "En efecto, resulta claro que el legislador, al señalar diversas variantes, a fin de determinar la base gravable para el cálculo del impuesto, considerando el valor más alto que resultara entre el valor de adquisición, el catastral y el comercial obtenido del avalúo practicado, pretendió establecer objetivamente y de acuerdo a la realidad económica, la medición de la capacidad contributiva del sujeto pasivo en la realización del hecho imponible, sobre todo si se toma en cuenta que la transmisión de la propiedad de un inmueble se efectúa mediante actos jurídicos y circunstancias muy diversas, propias del momento y lugar en que se realiza el hecho imponible o generador de la obligación fiscal. --- En efecto, las circunstancias de que el tributo en cuestión esté circunscrito dentro de los llamados impuestos directos y que, además, el hecho imponible se circunscribe al acto mismo de adquisición obligan a sostener que para la determinación de su base gravable no debe atenderse a las características propias del sujeto pasivo de la relación tributaria, sino al valor real del inmueble materia de la adquisición, en cuanto configura una manifestación efectiva de la capacidad contributiva del adquirente. --- De lo anterior se sigue que la inclusión de diversos sistemas para determinar la base gravable, con la precisión de que ésta se determinará a partir del valor más alto de los ahí establecidos, responde a la necesidad de fijar de manera cuantitativa la manifestación real de riqueza expresada en la adquisición del inmueble, ya que, según lo sostuvo esta Segunda, al fallar, por unanimidad de cuatro votos, en sesión de fecha tres junio de dos mil cinco, la contradicción de tesis 13/2005-SS, la determinación de la base gravable de los tributos aspira a ser la expresión económica de fidelidad y exactitud de la cuantificación del hecho imponible, que a su vez representa una concreción específica de la capacidad contributiva del sujeto del impuesto, lo que explica que, en la especie, tratándose del impuesto sobre adquisición de inmuebles, el legislador haya establecido diversos mecanismos, a fin de desentrañar el valor real del objeto del impuesto, fijar cierta uniformidad y otorgar certeza al contribuyente, al señalar que la base de dicha contribución será el valor más alto entre: el valor de adquisición del inmueble, el valor catastral, o el avalúo que realice la autoridad o las personas registradas o autorizadas por ella, conforme al manual y los lineamientos expedidos por la propia Administración. --- Lo anterior, porque, además, no es posible aceptar jurídicamente que el único valor real sea el de la adquisición, es decir, el precio pagado por el inmueble, pues, como ya se ha dicho, la transmisión de la propiedad puede ocurrir a través de diferentes vías jurídicas, que no supongan necesariamente una erogación como contraprestación por la adquisición, tal cual puede ocurrir, a manera de ejemplo con la donación o la prescripción adquisitiva, la sucesión, la división de la copropiedad o la extinción del usufructo. --- Así, es evidente que tratándose de la adquisición de un inmueble, resulta indispensable la determinación de su valor real, a fin de estar en condiciones de establecer la base gravable para la cuantificación del impuesto correspondiente, sin que para ello se pueda atender únicamente al precio de la operación de adquisición, pues, se insiste, el hecho imponible del impuesto de mérito está circunscrito al acto de adquisición del inmueble, por lo que la definición de su base gravable habrá de estar vinculada estrechamente con el valor real del mismo, haciendo abstracción de las características, de las circunstancias y de las particularidades del adquirente. --- En este orden de ideas, como la adquisición de un inmueble por sí sola refleja capacidad contributiva del sujeto pasivo, es claro que la determinación de la base gravable del impuesto relativo, mediante el valor más alto que se obtenga de cualquiera de los sistemas previstos en el artículo 138 del Código Financiero para el Distrito Federal, no viola el principio de proporcionalidad tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.". En consecuencia, existe congruencia entre el objeto y la base gravable, pues el artículo 155 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, que regula el primer elemento del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, establece como hecho imponible la traslación de los ubicados en el Municipio; y, el segundo elemento se dispone en el diverso 158, que señala como real capacidad contributiva inmobiliaria el valor real del bien adquirido, siendo objetiva al determinar este último adjetivo a partir de la mecánica que el precepto prevé, ya que se establece como valor real el más alto de los que se establezcan en el avalúo de la Tesorería, el catastral o el fijado en la adquisición. Respecto al principio de equidad tributaria, contrario a lo pretendido por la peticionaria de amparo, la distinción normativa que contiene el penúltimo párrafo, del artículo 158, no transgrede el principio de equidad tributaria, previsto en la fracción IV, del artículo 31, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien, dicho principio se basa en que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una situación idéntica y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, de ahí, que un trato desigual pueda afirmarse como jurídicamente posible, en tanto exista una razón suficiente para efectuar dicha distinción. Ahora, la permisión al legislador de efectuar distinciones requiere de que éstas se justifiquen, ello a través de la motivación legislativa empleada para ello atendiendo a los distintas clases, conceptos y características que se refirió en la jurisprudencia P./J. 120/2009, las cuales pueden expresarse en las distintas fases del proceso legislativo, o bien, en el informe justificado al ser sometidas a escrutinio de regularidad constitucional, como así lo indicó la jurisprudencia P./J. 35/2010, e inclusive se señaló en la tesis aislada 2a. XXVII/2009, que su justificación puede deducirse del mismo precepto que establezca la distinción. "MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS. Los tribunales constitucionales están llamados a revisar la motivación de ciertos actos y normas provenientes de los Poderes Legislativos. Dicha motivación puede ser de dos tipos: reforzada y ordinaria. La reforzada es una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos o normas en los que puede llegarse a afectar algún derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de vista constitucional, y precisamente por el tipo de valor que queda en juego, es indispensable que el ente que emita el acto o la norma razone su necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, ponderando específicamente las circunstancias concretas del caso. Tratándose de las reformas legislativas, esta exigencia es desplegada cuando se detecta alguna "categoría sospechosa", es decir, algún acto legislativo en el que se ven involucrados determinados valores constitucionales que eventualmente pueden ponerse en peligro con la implementación de la reforma o adición de que se trate. En estos supuestos se estima que el legislador debió haber llevado un balance cuidadoso entre los elementos que considera como requisitos necesarios para la emisión de una determinada norma o la realización de un acto, y los fines que pretende alcanzar. Además, este tipo de motivación implica el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) La existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que procedía crear y aplicar las normas correspondientes y, consecuentemente, que está justificado que la autoridad haya actuado en el sentido en el que lo hizo; y, b) La justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los motivos por los que el legislador determinó la emisión del acto legislativo de que se trate. Por otra parte, la motivación ordinaria tiene lugar cuando no se presenta alguna "categoría sospechosa", esto es, cuando el acto o la norma de que se trate no tiene que pasar por una ponderación específica de las circunstancias concretas del caso porque no subyace algún tipo de riesgo de merma de algún derecho fundamental o bien constitucionalmente análogo. Este tipo de actos, por regla general, ameritan un análisis poco estricto por parte de la Suprema Corte, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador. En efecto, en determinados campos -como el económico, el de la organización administrativa del Estado y, en general, en donde no existe la posibilidad de disminuir o excluir algún derecho fundamental- un control muy estricto llevaría al juzgador constitucional a sustituir la función de los legisladores a quienes corresponde analizar si ese tipo de políticas son las mejores o resultan necesarias. La fuerza normativa de los principios democrático y de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan los Congresos Locales, en el marco de sus atribuciones. Así, si dichas autoridades tienen mayor discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que en esos temas las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. Por el contrario, en los asuntos en que el texto constitucional limita la discrecionalidad del Poder Legislativo, la intervención y control del tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. En esas situaciones, el escrutinio judicial debe entonces ser más estricto, por cuanto el orden constitucional así lo exige. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma." (Época: Novena Época Registro: 165745 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 120/2009 Página: 1255) "NORMAS TRIBUTARIAS QUE ESTABLECEN UN TRATO DIFERENCIADO ENTRE CONTRIBUYENTES QUE SE UBICAN EN CIRCUNSTANCIAS SIMILARES. LAS RAZONES TENDENTES A EXPLICARLO PUEDEN EXPONERSE EN EL INFORME JUSTIFICADO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el requisito de motivación de los actos legislativos se satisface cuando las leyes se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas, sin que ello implique que todas y cada una de las disposiciones que integran una ley deban ser materia de una motivación específica. Asimismo, ha considerado que para emitir un juicio de constitucionalidad respecto de normas que establecen un trato diferenciado no es indispensable que en el proceso legislativo se hayan expresado las razones que justifican esa determinación, pues la autoridad jurisdiccional competente deberá analizar tales normas a la luz de los principios constitucionales y atento a los argumentos expuestos por los interesados para determinar si resultan o no contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En congruencia con lo anterior, si el Poder Legislativo no está constitucionalmente obligado a exponer una motivación específica y concreta para cada precepto, debe dársele oportunidad de expresar los argumentos correspondientes en el informe justificado, los cuales deberán ser atendidos por el juzgador. Sostener lo contrario implicaría dejar inaudita y en estado de indefensión a la autoridad legislativa pues, por una parte, se le exime de la obligación de aportar una motivación específica en el proceso legislativo que culmina con la expedición del ordenamiento legal cuestionado y, por otra, se haría caso omiso de las razones que se aportan en el juicio para justificar la distinción de trato. Cabe precisar que ese proceder dota a los justiciables de mayor seguridad jurídica, pues se logra un mejor control de la regularidad constitucional en la medida en que el órgano jurisdiccional competente contará con más elementos de juicio, lo que le permitirá adoptar una determinación de mayor rigor técnico y jurídico, máxime cuando es el órgano creador de la norma -es decir, el que mejor conoce los motivos tomados en cuenta para su emisiónquien aporta elementos para hacer un análisis constitucional más completo." (Época: Novena Época Registro: 164749 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Abril de 2010 Materia(s): Administrativa Tesis: P./J. 35/2010 Página: 6) "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LEYES QUE DAN TRATO DESIGUAL A SUPUESTOS DE HECHO EQUIVALENTES. NO NECESARIAMENTE DERIVAN DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY CORRESPONDIENTE O DEL PROCESO LEGISLATIVO QUE LE DIO ORIGEN, SINO QUE PUEDEN DEDUCIRSE DEL PRECEPTO QUE LO ESTABLEZCA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos de autoridad legislativa, el requisito de fundamentación se satisface cuando aquélla actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere y la motivación se colma cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que deben regularse jurídicamente. Asimismo, la Segunda Sala de ese Alto Tribunal ha establecido que el principio de igualdad, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como límite a la actividad del legislador, no postula la paridad entre todos los individuos, ni implica necesariamente una igualdad material o económica real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato, como criterio básico para la producción normativa. Así, del referido principio deriva un mandamiento vinculante para el legislador ordinario, que le exige dar trato igual en supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles uno desigual. Por tanto, dada la posición constitucional del legislador, en virtud de su legitimidad democrática, no se exige que toda diferenciación normativa deba ser justificada en la exposición de motivos o bien, en todo el proceso legislativo, sino que es suficiente que la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable. De lo anterior se concluye, que dicha justificación objetiva y razonable, deberá ser valorada por el órgano de control, ya sea con base en lo expuesto en el proceso legislativo, o bien, con lo expresado en el propio texto de la ley, a efecto de contar con elementos suficientes que le permitan determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto o preceptos reclamados: de ahí que, no será inconstitucional de suyo la norma jurídica que contenga un mandamiento que dé trato desigual a supuestos de hecho equivalentes, cuando el legislador no exprese las razones para ese trato diferenciado en la iniciativa, en los dictámenes, o en general en el proceso legislativo, si resulta un hecho notorio, derivado del texto de la ley, la finalidad que persigue la disposición respectiva, toda vez que fue el propio cuerpo legislativo el que en el ordenamiento jurídico de que se trate, ha consagrado esas razones." (Época: Novena Época Registro: 167712 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Marzo de 2009 Materia(s): Constitucional Tesis: 2a. XXVII/2009 Página: 470) A partir de lo anterior, existe una justificación en el sistema normativo del Estado de Chihuahua que permite sustentar la distinción que establece el penúltimo párrafo, del artículo 158, esto es, existen razones por las cuales el legislador decidió gravar el usufructo y la nuda propiedad empleando como base el cincuenta por ciento del valor del bien. Para ello, es menester considerar en la legislación civil en qué consiste el usufructo y la nuda propiedad. En relación al primer concepto, el artículo 982 del Código Civil para el Estado de Chihuahua, dispone que es el derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos, así respecto de un mismo bien existen dos partes que disponen de éste en modo distinto, uno en calidad de propietario quien transmitió el dominio y se reservó la nuda propiedad; y, otro que recibe el beneficio del disfrute del bien ajeno, denominado usufructuario. Dicha situación tiene como característica que ambas partes disponen de derechos sobre un inmueble, empero no de su totalidad. Bajo la anterior premisa, y atendiendo que el impuesto traslativo grava la propiedad inmobiliaria en términos de la fracción IV, del artículo 115, Constitucional, el penúltimo párrafo, del ordinal 158, en estudio, no transgrede el principio de equidad tributaria, pues atendiendo a los conceptos jurídicos a los cuales el precepto otorga un trato distinto, se encuentra justificado ello, ya que la traslación del dominio de un bien existiendo un usufructo sobre éste implica que el titular no podrá disponer de la totalidad del mismo, sino que lo hará con las restricciones inherentes al sujeto que figure en la relación, esto es, si se le transmitió la nuda propiedad no dispone del dominio, o bien, si se le transmitió el usufructo no dispone de la propiedad. De tal suerte que lejos de provocar una situación inequitativa, causa un trato desigual a sujetos desiguales en aras de procurar una contribución proporcional en ambos casos, pues sería injusto que quien dispone únicamente del usufructo o la nuda propiedad pagara la totalidad del gravamen, respecto de un derecho que se le transmitió limitado, situación que denota la existencia de una razón, conforme a la figura jurídica, para justificar el trato distintivo del penúltimo párrafo, del artículo 158, de ahí lo infundado de los argumentos de la quejosa. Atento a lo anterior, no resultan aplicables al caso concreto la tesis que invocó la disconforme en sus respectivos conceptos de violación, virtud a que a través de ellas pretende dar soporte a sus argumentos, los cuales fueron desestimados. Así, ante lo infundado de los conceptos de violación expresados por la disconforme, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. Se precisa que de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, algunas de las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente fallo, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la vigente. OCTAVO. Notificación de la sentencia. Conforme a lo establecido en el artículo 11 del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 1, fracción IV, del propio Acuerdo, no corren plazos ni términos procesales, por lo que la notificación de la presente resolución se realizará de manera escalonada, a partir de que se normalicen las actividades de este juzgado. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 971/2020-IV, promovido por Carolina Andrea Salcido Salcido, contra los actos reclamados a las autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua y Congreso del Estado de Chihuahua, en esta ciudad, por los motivos y fundamentos precisados en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO ampara ni protege a Carolina Andrea Salcido Salcido, contra los actos reclamados a las autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua y Congreso del Estado de Chihuahua, en esta ciudad, por los motivos y fundamentos destacados en el séptimo considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente una vez que se reanuden labores, en los términos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Así lo resolvió y firma la licenciada María Guadalupe Contreras Jurado, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistida de Sandra Manuela Domínguez Villalba, Secretaria de su adscripción, con quien actúa y da fe, hoy nueve de noviembre de dos mil veinte, mediante firmas electrónicas (FIREL) Doy fe.*SMDV
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Chihuahua, Chihuahua, a las diez horas del once horas con veinte minutos del siete de octubre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto, María Guadalupe Contreras Jurado, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa con Sandra Manuela Domínguez Villalba, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124, de la actual Ley de Amparo, declara abierta la audiencia pública, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Congreso del Estado de Chihuahua, por conducto del Titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos y Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, a través del Director General de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno, ambas con residencia en esta ciudad. A continuación, se abre el período de ofrecimiento y recepción de pruebas y se da cuenta a la Juez, con la documental que se tuvo por recibida y admitida con la demanda de amparo, con la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana ofertadas por la parte quejosa. Enseguida, la Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119, 121, 123 y 124, de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes de las autoridades responsables; asimismo, se tienen por desahogadas 23/05/21 14:13:17 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.97.11 SANDRA MANUELA DOMINGUEZ VILLALBA 2 dada su propia y especial naturaleza las pruebas indicadas, para todos los efectos legales conducentes. Acto seguido, se pasa a la etapa de alegatos, donde se tienen reproducidos los formulados por la representación social, en el entendido que el resto de las partes no hicieron valer dicha prerrogativa; por tanto, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda, firmando los intervinientes mediante firmas electrónicas (FIREL). Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua (Autorizando mediante firmas electrónicas FIREL) María Guadalupe Contreras Jurado Secretaria (Autorizando mediante firmas electrónicas FIREL) Sandra Manuela Domínguez Villalba
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