Carmen Velázquez Miceli
Expediente 230/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 230/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/04/2019
Partes del expediente
- Carmen Velázquez Miceli
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el proveído de catorce de marzo de dos mil diecinueve (fojas 55-60), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, ha causado estado, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído que carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CATORCE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO QUE DICE Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; catorce de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese al sumario los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, a través del Presidente, y actuaria de su adscripción, con domicilio en esta ciudad, para los efectos legales conducentes, mediante el cual remite la primera de las nombradas, copia certificada de los autos que integran el expediente laboral ************ de su índice. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Por otra parte, del escrito inicial de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa *********** reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: DE LA ORDENADORA: La DILACIÓN PROCESAL ante la falta de notificación y emplazamiento al juicio laboral dentro del expediente ************ Contrario a lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, no obstante que la demanda inicial presentada en su contra data desde el mes de AGOSTO 08 de 2018. DE LA EJECUTORA: La DILACIÓN PROCESAL ante la continua y reiterada falta de notificación y emplazamiento legal, al tercero interesado, del expediente ********* cuando menos con diez días hábiles de anticipación a la fecha y hora señalada para la Audiencia de Ley; no obstante que la demanda inicial presentada' en su contra data desde AGOSTO 08 de 2018". Ahora bien, visto el contenido de dichas constancias, este juzgador advierte que en el caso opera la causal de sobreseimiento prevista por la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, por ser cuestión que por ser de orden público, su estudio es de oficio, conforme a lo previsto en el párrafo final del artículo invocado, como enseguida se verá. En efecto, precisa señalar que el artículo 63, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone: "ARTICULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". De la interpretación del artículo en cita, se desprende que cuando de las constancias de autos aparezca de manera clara que no existe el acto reclamado, o bien, al no advertirse de las constancias, que la parte quejosa pueda probar su existencia hasta la celebración de la audiencia constitucional, de no hacerlo, debe decretarse el sobreseimiento del juicio. Lo que da pauta a considerar que la disyuntiva "o", permite decretar el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado, aún antes de la celebración de la audiencia constitucional cuando, como en el caso, como se verá, de las constancias aportadas por la autoridad compareciente claramente se prueba que la omisión reclamada no existía a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Es decir, si bien es costumbre de los órganos jurisdiccionales el decretar el sobreseimiento en la audiencia constitucional, a partir de la publicación de la Ley de Amparo vigente desde el tres de abril de dos mil trece, específicamente de la redacción del numeral 63, fracción IV, se colige que fue intención del legislador autorizar a los tribunales de amparo a decretar el sobreseimiento por inexistencia de actos en dos momentos, el primero en la audiencia constitucional o, como en el caso, en cualquier momento procesal, cuando de las constancias apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Luego, tenemos que el acto del que se duele la solicitante de amparo es la omisión por parte de las autoridades responsables Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, y actuario de su adscripción, consistente en la falta de notificación y emplazamiento de los terceros interesados dentro de los autos del expediente ************* cuando menos con diez días hábiles de anticipación a la fecha y hora señalada para la audiencia de ley; no obstante que la demanda inicial fue presentada desde el seis de agosto de dos mil dieciocho. Ahora, para lograr una correcta intelección del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, es necesario analizarlo en relación con otros preceptos de la propia ley, como son los diversos numerales 1o. fracción I y 75, los cuales establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad El artículo 1o., fracción I, que ha sido transcrito, establece claramente que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales, es decir, se está refiriendo a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Por lo que, si se analiza el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de amparo en armonía con los diversos que también han sido transcritos, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que cuando se trate de actos de carácter positivo deben analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues dicho precepto no distingue la materia en que se haya originado el acto, como tampoco ocurre respecto a la naturaleza de éste. En ese sentido, este juzgador estima que al reclamar la quejosa la omisión de las autoridades responsables Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, y actuario de su adscripción, consistente en la falta de notificación y emplazamiento de los terceros interesados dentro de los autos del expediente *********** cuando menos con diez días hábiles de anticipación a la fecha y hora señalada para la audiencia de ley; no obstante que la demanda inicial fue presentada desde el seis de agosto de dos mil dieciocho, éste resulta ser inexistente, toda vez que de las copias certificadas remitidas por la citada junta, se advierte que en el juicio laboral *********** con fecha veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, se ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido, en virtud de que la parte actora se desistió de manera lisa y llana de todas y cada una de las acciones y prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda de veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Determinación que fue pronunciada con anterioridad a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, esto es, el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, según se advierte del sello y papeleta puestas por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad (foja 1); circunstancia que es clara y evidente de que para cuando se promovió el juicio de amparo el expediente laboral ya se encontraba totalmente concluido, ante el desistimiento de la parte actora, por lo que se ordenó el archivo del referido juicio laboral, razón por la cual, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la ley reglamentaria del juicio constitucional, ello es así, porque la causa de sobreseimiento es notoria e indudable y manifiesta. En ese orden, al actualizarse la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 26/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena época, del Semanario Judicial y su Gaceta, que literalmente expone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese orden, es patente que a nada práctico conduciría esperar a la celebración de la audiencia constitucional, porque la parte quejosa no podría desvirtuar con algún elemento de prueba que aún persiste la omisión reclamada, si la autoridad demostró con documentos que hacen prueba plena, que tal omisión ya no existía al momento de la presentación de la demanda, de ahí que en aras de no retardar injustificadamente la resolución de este asunto, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de sustento, por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de dos mil tres, página 386, del rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". No obsta lo anterior, el hecho de que con esta fecha se recibieron los informes justificados de las autoridades responsables y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido de dicho informe, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido de los informes y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causa de improcedencia que se invoca. Por otro lado, es menester destacar que el análisis de las causas de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; además, las causas de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Al respecto, es dable invocar la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 3, página 2066, registro electrónico 2002537, consultable con el epígrafe y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia". En ese mismo tenor, es aplicable la tesis consultable en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, página 1641, registro electrónico 2004217, cuyo texto es el siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, así como al agente del Ministerio Público de la adscripción y por oficio a las autoridades responsables; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado y cúmplase.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte, que en proveído de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve (foja 333), se agregó el oficio de la última de las dependencias a las que se le requirió informaran sobre el domicilio del tercero interesado ********* Con base a lo anterior, se advierte que no ha sido posible llevar a cabo el emplazamiento del tercero interesado antes mencionado, no obstante haber enviado diversos despachos; asimismo en múltiples ocasiones se ha requerido a la parte quejosa, proporcione domicilio donde pueda ser emplazado el mismo, de los cuales obran razones actuariales de la imposibilidad de realizarlos en ellos. De igual manera, de autos se advierte que, mediante escrito presentado por los quejosos el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho (foja 137 y 138), los mismos manifestaron encontrarse imposibilitados para cubrir los gastos que se generen por la publicación de los edictos para emplazar al tercero interesado ********** además, de que se encuentran recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Número Catorce "El Amate", con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, desde hace dieciséis años, y ser de escasos recursos. Así, considerando las condiciones anteriormente expuestas, este órgano de control constitucional estima que se acredita la imposibilidad de los aquí quejosos para cubrir el gasto de la publicación de los edictos correspondientes a este juicio de amparo, al no tener la capacidad económica para sufragar dichos gastos. Bajo esa óptica, la ausencia de publicación de los edictos dirigidos a emplazar a la víctima u ofendido de un delito, por falta de recursos económicos o demás aspectos del justiciable, no representa un incumplimiento del aquí quejoso que dé lugar al sobreseimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO. El artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, impone la obligación de emplazar al tercero perjudicado al juicio de garantías, inclusive mediante edictos, ante el extremo de no obtener datos para localizarlo. La observancia de esta formalidad en el juicio de amparo directo en materia penal promovido por el enjuiciado cumple con el objetivo de otorgar a la víctima u ofendido del delito, con derecho a recibir la reparación del daño, la oportunidad de ser escuchado respecto del interés que tiene en la subsistencia del acto reclamado. Ahora bien, en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso que le impidan dar cumplimiento al requerimiento para que se realice el emplazamiento del tercero perjudicado mediante edictos, como la falta de recursos económicos para cubrir el costo, derivada de la privación de su libertad personal como consecuencia de la sentencia condenatoria que reclama o de sus condiciones personales, basta que se exprese esta condición de insolvencia económica para que, en estricto apego a los fines del juicio de amparo y de la garantía de acceso a la justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se proceda a ordenar la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal". Igualmente, la tesis jurisprudencial clave 108/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo". Por tanto, a efecto de no dejar al quejoso en estado de indefensión, gírese oficio al Administrador Regional dependiente de la Dirección General de Administración Regional de la Secretaría Ejecutiva de Obra, Recursos Materiales y Servicios Generales del Consejo de la Judicatura Federal, residente en esta ciudad, para que solicite a quien corresponda, la publicación del edicto respectivo, por el que se emplace a juicio al tercero interesado ******** que se realizará por tres veces, de siete en siete días naturales, en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico cotidiano de circulación nacional, en el que se hará constar un extracto del mismo, de conformidad con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo dispone su artículo 2. Lo anterior en términos del artículo 239 fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el 27 fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo. Finalmente, como parte de las obligaciones que tiene este juzgador, de velar porque entre la fecha en que culmine el plazo otorgado para el emplazamiento de la parte tercera interesada y aquella que se hubiere señalado para la celebración de la audiencia constitucional, pueda transcurrir el término de treinta días a que se refiere el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a fin de que la parte tercera interesada este en aptitud de comparecer a juicio en defensa de sus intereses; de conformidad en lo dispuesto en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se deja sin efectos la audiencia señalada para para las nueve horas con diez minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve y se fijan en su lugar las NUEVE HORAS DEL DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE para su verificativo, a fin de que pueda transcurrir el término ya mencionado. Sin que pase inadvertido para este juzgador, que acorde a lo establecido en el artículo 115, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la celebración de la audiencia constitucional debe señalarse a más tardar dentro del término de treinta días; sin embargo, tomando en consideración el término de treinta días a que se refiere el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, provoca que no sea posible fijarla sino hasta la fecha indicada en el párrafo que antecede Sustenta lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicado en la página 1737, tomo XXIII, Mayo de 2006 del Semanario Judicial de la federación y su gaceta correspondiente a la Novena época, registro 175092, que establece: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. OBLIGACIONES DEL JUEZ DE DISTRITO. Cuando en la tramitación del juicio de amparo indirecto se ordena el emplazamiento del tercero perjudicado mediante la publicación de edictos, al Juez de Distrito le asiste la obligación de velar porque entre la fecha en que culmine el plazo otorgado al quejoso para recoger las publicaciones de mérito y aquella que se hubiere señalado para la celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo suficiente que legalmente permita que las indicadas comunicaciones procesales se realicen de siete en siete días y, que entre la fecha en que se practique la última de éstas y antes de que verifique la audiencia del juicio, pueda transcurrir el término de treinta días a que se refiere el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio constitucional, así como aquel que debe mediar entre la fecha del emplazamiento y esa audiencia para que, en todo caso, el interesado pueda rendir pruebas de las que ameritan anuncio y preparación especial, previsto en el artículo 151 de la Ley de Amparo; ya que de no ser así, al quejoso se le impondría una obligación procesal imposible de cumplir viéndose, además, afectado inútilmente en su patrimonio". Notifíquese personalmente a la parte quejosa, agente del ministerio público de la federación adscrito, por lista al tercero interesado ********** y por oficio a la autoridad responsable.
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