Carmen Vázquez Vila y Otros.
Expediente 1214/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1214/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 13/11/2018
Partes del expediente
- Carmen Vázquez Vila y Otros.
- Carmen Vázquez Vila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó de plano la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimos y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibida y se ordena agregar a los autos la comparecencia del quejoso ***, mediante la cual da cumplimiento a lo acordado en proveído de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho (fojas 33 a 34), ratificando la firma y el contenido del escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el dieciséis de octubre del año en curso y registrado con el folio 016599, a través del cual desahoga la prevención efectuada el cuatro de octubre de dos mil dieciocho (fojas 19 a 23), manifestando bajo protesta de decir verdad el acto reclamado en el presente sumario, la fecha en que tuvo conocimiento del mismo y refiere algunos antecedentes. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." ***
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibida y se ordena agregar a los autos la comparecencia del quejoso ****, mediante la cual da cumplimiento a lo acordado en proveído de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho (fojas 33 a 34), ratificando la firma y el contenido del escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el dieciséis de octubre del año en curso y registrado con el folio 016599, a través del cual desahoga la prevención efectuada el cuatro de octubre de dos mil dieciocho (fojas 19 a 23), manifestando bajo protesta de decir verdad el acto reclamado en el presente sumario, la fecha en que tuvo conocimiento del mismo y refiere algunos antecedentes. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la sentencia interlocutoria de tres de septiembre de dos mil dieciocho, emitida en los autos del expediente familiar ****, del índice del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Chiapa de Corzo, Chiapas, por medio de la cual se declara improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el quejoso en contra de la diligencia de requerimiento de pago y embargo realizada en ejecución de sentencia, el ocho de marzo del año en curso, así como de la diversa de veinticuatro de mayo siguiente. Lo anterior, en razón de que a juicio de quien esto determina, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo, 61, de la Ley de Amparo , relativa al principio de definitividad, es decir, a la exigencia de agotar los recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar el acto impugnado. Ello, ya que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto de las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. De esa forma, la hipótesis -acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, ya que la resolución impugnada puede ser modificada, revocada o anulada, a través del medio de defensa ordinario establecido en la norma secundaria, en el caso concreto, a través del recurso de queja previsto en la fracción II, del artículo 697, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas . En efecto, el dispositivo en cita establece la procedencia del recurso de queja tratándose de las interlocutorias dictadas en ejecución de sentencia, entre las que se ubica la resolución interlocutoria impugnada, puesto que ésta se emitió en ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, derivado del incidente de nulidad de actuaciones que el aquí quejoso promovió en contra de la diligencia de requerimiento de pago y embargo efectuada el ocho de marzo del año en curso; por tanto, es evidente que previo a la promoción del juicio de amparo, el impetrante debió agotar el recurso de queja previsto por el artículo 697, fracción II, del Código de Procedimiento Civiles para el Estado de Chiapas. Se afirma lo anterior, pues si bien del escrito de demanda, así como por el que se desahoga la prevención de cuatro de octubre del año en curso (fojas 19 a 23), no se desprende la etapa en que se encuentra el juicio de divorcio por mutuo consentimiento, lo cierto es que de la documental que exhibió el quejoso al presente juicio, relativa a la resolución impugnada (fojas 06 a 08), es de obtenerse que dicho juicio se encuentra en etapa de ejecución, puesto que el aquí quejoso, previo a promover el incidente de nulidad de actuaciones, interpuso incidente de ejecución del convenio que se elevó a cosa juzgada. De ahí que al advertirse que el peticionario no agotó el recurso de queja previamente a la promoción del juicio de amparo, a pesar de que se encontraba obligado, en función del principio de definitividad que rige en el mismo, y que consiste precisamente en que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se agoten todos los recursos o medios de defensa que la ley otorgue a las partes de un juicio o procedimiento, es que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Por otra parte, en el caso a estudio, es de estimarse que también se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo; preceptos que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De los citados numerales se desprenden dos reglas, una general y una específica, para la procedencia del juicio de amparo indirecto. La regla general de procedencia del juicio de amparo, se desprende del primer párrafo de la fracción IV, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia. La segunda regla específica de procedencia se obtiene de los párrafos segundo y tercero de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de la materia, en cuanto a que el juicio en la vía indirecta es procedente sólo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Cabe señalar que en relación a las hipótesis previstas en la fracción IV del precepto en comento (fracción III de la abrogada Ley de Amparo), el Alto Tribunal ha sostenido que la razón de ser de esa norma radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Es decir, al prohibir la promoción de amparos en contra de las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se tiene que tomar en cuenta que la razón de ser de la norma es evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie, en virtud de que el perjuicio en contra del ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final del procedimiento relativo, e inclusive, si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante, aplica la misma regla, esto es, debe esperar que culmine el procedimiento de ejecución. Sirve de apoyo a lo esgrimido, la jurisprudencia 1a./J. 36/2004 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene por rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL." No obstante lo anterior, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que es procedente el juicio de amparo indirecto en etapa de ejecución de sentencia, en contra de los actos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. A manera de ejemplo, el Alto Tribunal estableció la procedencia del juicio de amparo contra la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencedora, ya que la misma no tiene por objeto la ejecución de la propia sentencia, por lo que no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia; asimismo, cuando se impugna la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De igual manera, ha sustentado que el juicio de amparo es procedente en contra de actos que afectan derechos sustantivos de manera inmediata, cuya regla estimó que no es exclusiva de los actos emitidos dentro de juicio, sino que le resulta extensiva a aquellos acaecidos en el periodo de ejecución de sentencia, siempre que los derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Ello, pues no debe impedirse el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, habida cuenta que en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Bajo ese contexto, si en el presente asunto el acto reclamado se hace consistir en la la sentencia interlocutoria de tres de septiembre de dos mil dieciocho, emitida en los autos del expediente familiar 654/2012, del índice del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Chiapa de Corzo, Chiapas, por medio de la cual se declara improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el quejoso en contra de la diligencia de requerimiento de pago y embargo realizada en ejecución de sentencia, el ocho de marzo del año en curso, así como de la diversa de veinticuatro de mayo siguiente, deviene inconcuso que se actualiza la causal examinada. Lo anterior así, pues como se dijo anteriormente, la resolución combatida constituye un acto dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, y tratándose de ese tipo de reclamos el juicio de amparo indirecto sólo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, debiéndose entender por "última resolución", en forma genérica, la que declara cumplida la sentencia, o en su caso, la que establece la imposibilidad para cumplirla. En efecto, la resolución que se combate no constituye la última resolución dictada para llevar a cabo la ejecución de la sentencia emitida en el juicio de origen, ya que debe distinguirse entre lo que se entiende por una resolución dictada "para la ejecución de una sentencia" y por una dictada "en ejecución de sentencia"; la primera debe entenderse como aquella que está encaminada directa e inmediatamente a la ejecución de un fallo y que por su propia naturaleza ya no requiere de otra determinación legal; en cambio, la resolución dictada en ejecución de sentencia no constituye precisamente la última determinación judicial previa a su material ejecución, sino que en su caso, puede estar o no orientada a preparar y lograr tal objetivo. Así, lo ha sostenido el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis I.5o.C. 341 C , cuyo rubro es: "SENTENCIAS, DISTINCIÓN ENTRE LAS RESOLUCIONES DICTADAS 'PARA' O 'EN' EJECUCIÓN DE." Por consiguiente, el peticionario deberá esperar en su caso, a la culminación del procedimiento relativo, es decir, a la emisión de la resolución en que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, para impugnar las violaciones cometidas en el mismo, incluidas las que se cometieron en diligencia de requerimiento de pago y embargo efectuada el ocho de marzo del año en curso, así como de la diversa de veinticuatro de mayo siguiente, combatidas mediante el incidente de nulidad de notificaciones cuya resolución de tres de septiembre del actual, se combate, así como, las que a su consideración se causen con la resolución que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones. Un criterio en contrario implicaría obstaculizar el cumplimiento de la sentencia en detrimento del derecho del ejecutante a reclamar lo obtenido en un juicio civil de origen, en el que se presume se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, en el que la parte ejecutada tuvo la oportunidad de ser oída y vencida previamente al acto privativo, aun cuando haya decidido, de haber sido el caso, no comparecer al mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia VII.2o.C.23 K , sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PROMOVIDO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Es improcedente el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones emitidas con motivo del trámite de un incidente de nulidad de actuaciones promovido contra actos dictados dentro del periodo de ejecución de la resolución que dio por concluida la fase contenciosa de un litigio pues, como el procedimiento está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, siendo que el referido incidente no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, del cual deriva que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución respectivo. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones, promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio, salvo cuando la nulidad demandada sea relativa a la notificación de la sentencia". En consecuencia, al haberse actualizado las causales de improcedencia previstas en las fracción XVIII y XXIII del artículo 61, ésta última en relación con el diverso 107, fracción IV, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. Notifíquese."
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por quien se ostenta como ***. De conformidad con el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Ahora, por firma autógrafa, se entiende según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: "Nombre y apellido, o título de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad o para obligarse a lo que en él dice". El vocablo "firma" proviene del latín firmare, cuyo significado es afirmar o dar fuerza. A su vez, la palabra "firma", se define como "Afirmar, dar firmeza y seguridad a una cosa" (diccionario citado). En este orden de ideas y trasladando los mencionados conceptos al campo del derecho constitucional, debe decirse que la firma consiste en asentar al pie del escrito el nombre y apellido de la persona que lo emite, en la forma en que acostumbra hacerlo, con el propósito de expresar la voluntad de las partes de ejercer un derecho. En el caso en concreto, la firma plasmada en el escrito de cuenta, es notoriamente distinta a la estampada en la demanda de amparo, como se advierte del siguiente cuadro comparativo: FIRMA DE ESCRITO DE DEMANDA FIRMA DE ESCRITO DE CUENTA En esa medida, no se tiene la certeza de que fue su voluntad presentar el escrito, pues la firma que contiene el ocurso de cuenta es notoriamente distinta a la que aparece al calce del escrito inicial de demanda. A efecto de estar en posibilidades de acordar lo procedente, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la promovente para que dentro del término de tres días hábiles contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional, con identificación oficial vigente y advertida de las penas en que incurre quien declara con falsedad ante autoridad, manifieste si ratifica o no la firma que calza en el escrito de cuenta e indique si la reconoce como suya, apercibida que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por no presentado el escrito de referencia. Tiene apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 3a. 24 , sustentada por la Tercera Sala, cuyo rubro dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA". Notifíquese.
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