Carmen Teresa Rodríguez Martell

Expediente 927/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
927/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
30/12/2022

Partes del expediente

  • Carmen Teresa Rodríguez Martell

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese sin mayor proveído el oficio signado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, al que acompaña el escrito de suscrito por las directas quejosas*** por el cual desisten del presente juicio de amparo; atento a lo anterior, deberá estar al estado procesal que guardan los autos del que se advierte que por proveído de veinticuatro de noviembre del presente año, se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, determinación que causó estado el siete de los actuales.. Cúmplase.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, mediante el cual remite los escritos signados conjuntamente por las directas quejosas*** por los cuales desisten del presente juicio de amparo; atento a lo anterior, deberá estar al estado procesal que guardan los autos del que se advierte que por proveído de veinticuatro de noviembre del presente año, se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, determinación que causó estado el siete de los actuales. Notifíquese.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito firmado de manera autógrafa aparentemente por las directas quejosas*** recibido a través el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), signado electrónicamente por*** mediante el cual se pretende revocar la representación de*** quienes promovieron este juicio de amparo en nombre de las dos primeras mencionadas, así como desistir del presente juicio; atento a su contenido, deberá estarse al proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós, en el que causó estado la resolución de veinticuatro de noviembre del presente año, en la que se desechó la demanda de amparo que originó este asunto. Notifíquese.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, siete de diciembre de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito determinó por una parte, sobreseer en el juicio, y por otra negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por*** contra la orden de aprehensión emitida el cuatro de agosto de dos mil veinte, por*** Juez de Control y Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, en el proceso penal*** su ejecución. Inconforme con dicha determinación, el quejoso*** interpuso recurso de revisión, del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz; órgano que mediante resolución de veintiocho de julio de dos mil veintidós, dictada en el toca*** determinó modificar la sentencia recurrida, para el efecto de*** En ese entendido, la autoridad responsable*** Juez de Control y Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, en cumplimiento a dicha ejecutoria debía*** Concesión que se hizo extensiva a las autoridades ejecutoras, 2. Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León, ambos con residencia en Monterrey; 6. Fiscal General del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; y 7. Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro Córdoba, Veracruz. Por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintidós, se requirió a las autoridades responsables, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, las autoridades responsables*** Juez de Control y Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León; 2. Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León, ambos con residencia en Monterrey; 6. Fiscal General del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; y 7. Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro-Córdoba, Veracruz, mediante oficios de fechas nueve y diecinueve de agosto, dos, cinco, seis, ocho y veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, respectivamente, remitieron las constancias con las que consideraron dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de treinta de septiembre siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que las partes quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por las responsables, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable*** Juez de Control y Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, se advierte en lo que trasciende que el dos de septiembre de dos mil veintidós, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la orden de aprehensión emitida el cuatro de agosto de dos mil veinte, contra*** en el proceso penal*** Posteriormente, en esa misma data, al analizar nuevamente la solicitud de libramiento de orden de aprehensión formulada por la Fiscalía en contra del aquí quejoso, determinó que en virtud de que dicha representación social no justificó la necesidad de cautela prevista en la fracción III, del artículo 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo procedente era negar la petición ministerial de trato. Por su parte, las autoridades ejecutoras, 2. Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León, ambos con residencia en Monterrey; 6. Fiscal General del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; y 7. Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro Córdoba, Veracruz, informaron las acciones realizadas en cumplimiento del fallo protector. En consecuencia, dado que las responsables cumplieron con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, pues han restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo a este juicio. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otra parte, toda vez que en la caja de valores de este Juzgado Federal, se encuentra el billete de depósito número N 910442, expedido a favor del quejoso*** a efecto de que surtiera efectos la suspensión definitiva que le fuera concedida en los autos del incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo; por tanto, se requiere al quejoso para la devolución del dicha garantía, lo que deberá realizar dentro del término de dos años que establece para ello el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, contado a partir de la fecha en que quede legalmente notificado del presente proveído; apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo de dos años se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, esto con fundamento en el artículo citado. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando el disco de videograbación remitido por el Juez responsable; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, electrónicamente a la parte quejosa, por lista a la tercero interesada*** por oficio a la autoridad con el carácter de tercera interesada.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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