Carmen Segura Mendoza
Expediente 5/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 5/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Carmen Segura Mendoza
Actuaciones
- Principal
Notificación a la parte quejosa conforme al artículo 27 fracción I, inciso B de la Ley de Amparo. "Ciudad de México, a dieciocho de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de cinco de enero del año en curso, por el cual se desechó su demanda de amparo; en consecuencia, queda FIRME dicho auto. ARchívese, devuélvanse los documentos exhibidos " Notifíquese.
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta signado por el Director General Adjunto "A" en la Unidad de Asuntos Jurídicos en representación de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por el Director General Adjunto de Pago de Predios e Indemnizaciones y por el Director General de Programación y Presupuestación, todos de la citada Secretaría, mediante el cual informan las acciones realizadas a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Asimismo, informan que se elaboró en términos del artículo 47 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la correspondiente programación presupuestal para el cumplimiento de pago mismo que fue remitido al Director General de Presupuestación de la citada dependencia, solicitándole que fuera remitido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su autorización. De lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. No obstante, no ha lugar a tener por desahogado el requerimiento formulado en auto de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis; toda vez que si bien es cierto que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en específico el Director General Adjunto de Pago de Predios e Indemnizaciones (en su carácter de ejecutora de gasto) elaboró el programa presupuestal de cumplimiento de pago, el cual fue remitido al Director General de Programación y Presupuestación de la Secretaria (autoridad competente), en términos del citado artículo 47, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mediante oficio IV- 410-003360, de trece de diciembre del año en curso. Programa que posteriormente la autoridad antes citada, remitió al Director General de Programación y Presupuesto "B" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por ser la competente para los efectos pertinentes. Lo anterior, a fin de obtener la ampliación líquida que solicitó de la partida 36402, "Indemnizaciones por expropiación de predios", del Programa L001 "Obligaciones Jurídicas Ineludibles"; también es cierto que una vez que se le requirió a la autoridad Director General de Programación y Presupuesto "B" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dicha autoridad informó a través del oficio registrado con el número de orden 24194, del libro de correspondencia de este juzgado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se encuentra imposibilitada para intervenir en el asunto, toda vez que es responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dar cumplimiento a la ejecutoria con cargo a su presupuesto autorizado y cubrir las obligaciones de cualquier índole derivadas de las resoluciones definitivas emitidas por la autoridad competente. (...) En ese sentido, se le reitera por última ocasión a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que a fin de obtener el monto que se requiere para acatar el fallo en el presente asunto, deberá realizar las gestiones necesarias, con el fin de cubrir las obligaciones hasta por un monto que no afecte los objetivos y metas de los programas prioritarios, sin perjuicio de que el resto de la obligación deberá pagarse en los ejercicios fiscales subsecuentes conforme a dicho programa. Lo anterior, hágase del conocimiento del Director General Adjunto de Pago de Predios e Indemnizaciones, del Secretario y del Director General de Programación y Presupuestación, todos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a fin de que realicen las acciones necesarias previstas en el multicitado artículo 47 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que se esté en posibilidad de pagarle a los quejosos las cantidades que les corresponden con motivo de la protección constitucional otorgada. Sin que en el caso, sea procedente requerir al Secretario de Hacienda y Crédito Público, como autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria que nos ocupa, pues en vista de lo informado por dicha autoridad, resulta pertinente que las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, sigan el procedimiento descrito en líneas precedentes para obtener los recursos económicos necesarios para pagarles a los quejosos la indemnización que les corresponde. No obstante lo anterior, con copia simple del oficio de cuenta, gírese oficio a la autoridad Director General de Programación y Presupuesto "B" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que manifieste a este órgano jurisdiccional lo que a su interés legal convenga en relación a lo informado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en relación a la imposibilidad que le asiste para cumplir con el fallo protector. En tal contexto, hágase del conocimiento de las autoridades responsables de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, que las cantidades que debe pagar a favor de los quejosos constituyen una obligación cuyo cumplimiento y eficacia no se encuentran condicionados a que se gestione y obtenga la partida presupuestal destinada específicamente para su pago, en virtud que existe una responsabilidad que está encaminada a realizar los trámites y gestiones que correspondan para restituir a la parte agraviada en el goce de sus derechos fundamentales violados, responsabilidad que va más allá de los trámites efectuados para obtener el presupuesto necesario a fin de realizar el pago correspondiente, pues el cumplimiento de las sentencias de amparo no está sujeto a la voluntad de las autoridades responsables, sino a la supremacía de la Constitución General de la República. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el presupuesto de egresos se rige por el principio de anualidad, debido a que el ejercicio fiscal por razones de política tributaria comprende un periodo de un año, para el cual, se planea precisamente el gasto público, lo que implica una programación de actividades y cumplimiento de proyectos, lo cierto es que el artículo 126 de la Constitución Federal, reconoce que el presupuesto no debe ser estricto, inflexible ni imposible de modificar, pues prevé la posibilidad de que pueda variarse, al establecer que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior, de donde se desprende, que en el propio texto de la norma constitucional referida, subyace el principio de modificación del presupuesto original para su adecuación a las necesidades sobrevenidas; situación que permite solicitar los ajustes presupuestarios necesarios para enfrentar las obligaciones del gasto que necesaria e ineludiblemente deben autorizarse, como en el caso que nos ocupa por tratarse del cumplimiento de una sentencia de amparo cuya ejecución es impostergable. (...) Finalmente, toda vez que las autoridades responsables no han dado cumplimiento a la resolución de nueve de agoste de dos mil dieciséis, en que se resolvió el incidente innominado, con fundamento en los artículos 17 y 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 104, 105, 111, 113 y 208 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Director General Adjunto de Pago de Predios e Indemnizaciones, al Secretario y al Director General de Programación y Presupuestación todos de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, siguientes a la legal notificación del presente proveído, remitan a este órgano jurisdiccional las constancias con las que acrediten el cumplimiento de la ejecutoria, en términos de la resolución interlocutoria de mérito, para lo cual deberán: (...) Finalmente, como lo solicitó la autoridad oficiante, remítase a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, copia de los oficios registrados bajo los números de correspondencia 22892, 23289 y 24672, signados por las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito, en representación de su Titular y del Director General de Programación y Presupuesto "B" de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito. Lo anterior, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
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