Carmen Sara Vázques Arellanes
Expediente 882/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 882/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Carmen Sara Vázques Arellanes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del auto en el que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que éste ha CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. Ahora, tomando en consideración que NO existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 20, fracción II del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la DESTRUCCIÓN del expediente principal, en términos de los artículos 20 antepenúltimo párrafo, 21, 22 y 23 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se autoriza a la persona secretario y/o actuario judicial a que firmen los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos, el oficio del Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por medio del cual en atención al requerimiento formulado por auto de trece de septiembre del año en curso, ratifica su informe justificado en los términos ahí descritos -con las precisiones que se detallarán más adelante-. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que exhibe, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que los actos reclamados consisten en: ? La omisión de dar respuesta a la solicitud de trámite catastral formulada el diecinueve de mayo de dos mil veintidós. En ese contexto, en el presente se estima no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, puesto que del informe justificado recibido en proveído de trece de septiembre del año actual y oficio de cuenta, con anexo, permiten ver que se actualiza, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, de manera que con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado, por los motivos que a continuación se exponen. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, en torno al tema que nos ocupa, es aplicable la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página 210, materia común, novena época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". También, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, página 38, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL". Sobre esas bases, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera SECCIÓN AMPARO MESA II-D PRAL. 882/2023 jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Precisado lo anterior, se sostiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia apuntada, por las razones que a continuación se expondrán. Recuérdese que en el caso en estudio, el quejoso reclama la omisión por parte de la autoridad responsable de dar respuesta a su solicitud de trámite catastral formulada el diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Luego, de las constancias que anexó la responsable a su informe justificado y oficio de cuenta, se aprecia que mediante oficio ICEO/DG/CEM/DTS/868/2023, de doce de septiembre del presente año, dio respuesta a la solicitud de trámite catastral presentada por la parte quejosa el diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Lo que notificó el doce de septiembre citado, por conducto de su autorizado. Determinación y notificación que se realizó de forma posterior a la presentación de la demanda -doce de septiembre de dos mil veintitrés- de ahí, que se considere que han cesado los efectos del acto reclamado al ser destruidos por completo de forma total e incondicional; además de que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. No pasa desapercibido que al rendir informe justificado la autoridad responsable haya hecho referencia a la solicitud de trámite catastral presentada por la parte quejosa quince de diciembre de dos mil veintiuno; pues en su oficio de cuenta, ratificó dicho informe, precisando que en la fecha indicada se presentó inicialmente la solicitud, pero derivado de un requerimiento que se le hizo, el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, aquél se tuvo solventado, lo que evidencia que se trata de la misma solicitud, cuya omisión de respuesta se reclama en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo VI, materia común, página 81, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". SECCIÓN AMPARO MESA II-D PRAL. 882/2023 En tales circunstancias, al estimarse acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. En el caso, se estima que la presente determinación no transgrede el derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, de acuerdo al cual toda persona tiene derecho a un juicio para determinar sus derechos y obligaciones ante un Juez o Tribunal competente, porque la naturaleza y alcances de dicho principio no implican eludir los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, ya que tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Además, que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo en vigor, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, y por ende, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la misma, esto es, las once horas con cincuenta y dos minutos del cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Al caso, sirve de apoyo por las razones que la sustentan, la jurisprudencia número 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, entre las emitidas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En consecuencia, se ordena se realicen las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se autoriza a la Secretaria judicial a firmar el oficio que derive de la presente determinación. Notifíquese personalmente.
- Principal
SSan Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos, el oficio del Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por medio del cual en atención al requerimiento formulado por auto de trece de septiembre del año en curso, ratifica su informe justificado en los términos ahí descritos -con las precisiones que se detallarán más adelante-. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que exhibe, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que los actos reclamados consisten en: ? La omisión de dar respuesta a la solicitud de trámite catastral formulada el diecinueve de mayo de dos mil veintidós. En ese contexto, en el presente se estima no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, puesto que del informe justificado recibido en proveído de trece de septiembre del año actual y oficio de cuenta, con anexo, permiten ver que se actualiza, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, de manera que con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado, por los motivos que a continuación se exponen. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, en torno al tema que nos ocupa, es aplicable la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página 210, materia común, novena época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". También, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, página 38, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL". Sobre esas bases, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera SECCIÓN AMPARO MESA II-D PRAL. 882/2023 jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Precisado lo anterior, se sostiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia apuntada, por las razones que a continuación se expondrán. Recuérdese que en el caso en estudio, el quejoso reclama la omisión por parte de la autoridad responsable de dar respuesta a su solicitud de trámite catastral formulada el diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Luego, de las constancias que anexó la responsable a su informe justificado y oficio de cuenta, se aprecia que mediante oficio ICEO/DG/CEM/DTS/868/2023, de doce de septiembre del presente año, dio respuesta a la solicitud de trámite catastral presentada por la parte quejosa el diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Lo que notificó el doce de septiembre citado, por conducto de su autorizado. Determinación y notificación que se realizó de forma posterior a la presentación de la demanda -doce de septiembre de dos mil veintitrés- de ahí, que se considere que han cesado los efectos del acto reclamado al ser destruidos por completo de forma total e incondicional; además de que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. No pasa desapercibido que al rendir informe justificado la autoridad responsable haya hecho referencia a la solicitud de trámite catastral presentada por la parte quejosa quince de diciembre de dos mil veintiuno; pues en su oficio de cuenta, ratificó dicho informe, precisando que en la fecha indicada se presentó inicialmente la solicitud, pero derivado de un requerimiento que se le hizo, el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, aquél se tuvo solventado, lo que evidencia que se trata de la misma solicitud, cuya omisión de respuesta se reclama en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo VI, materia común, página 81, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". SECCIÓN AMPARO MESA II-D PRAL. 882/2023 En tales circunstancias, al estimarse acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. En el caso, se estima que la presente determinación no transgrede el derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, de acuerdo al cual toda persona tiene derecho a un juicio para determinar sus derechos y obligaciones ante un Juez o Tribunal competente, porque la naturaleza y alcances de dicho principio no implican eludir los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, ya que tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Además, que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo en vigor, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, y por ende, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la misma, esto es, las once horas con cincuenta y dos minutos del cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Al caso, sirve de apoyo por las razones que la sustentan, la jurisprudencia número 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, entre las emitidas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En consecuencia, se ordena se realicen las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se autoriza a la Secretaria judicial a firmar el oficio que derive de la presente determinación. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio del Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual rinde informe justificado. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Dese cuenta con él al momento de celebrar la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que exhibe la autoridad oficiante, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en el momento procesal oportuno. Rectificación o ratificación. Ahora, en el caso conviene precisar que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, refirió como sus antecedentes, que solicitó trámite catastral -por conducto del Notario Público Número Ciento cinco del Estado de Oaxaca-, el diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Por su parte, la autoridad responsable al rendir su informe de ley, refirió que efectivamente el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se recibió en la Oficialía de Partes de ese Instituto, una Solicitud de Trámite Catastral, presentada por el aludido fedatario público, respecto de un bien en el cual aparece como adquirente la aquí quejosa. Asimismo, expresa que mediante oficio ICEO/DG/CEM/DTS/868/2023, de doce de septiembre del año en curso, notificó en esa misma data la respuesta a la aludida Solicitud. No obstante, del contenido del comunicado ICEO/DG/CEM/DTS/868/2023, se aprecia que la responsable al dar contestación a la mencionada Solicitud refirió lo siguiente: "Sin embargo, la solicitud presentada en el Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, el quince de diciembre de 2021, no se observa que este suscrita por el contribuyente". De lo anterior, se aprecia que la responsable aludió a una fecha diferente de la Solicitud de Trámite Catastral, pues por una parte de la demanda de amparo y del informe justificado que rindió, se expresó que la misma era de diecinueve de mayo de dos mil veintidós y, en el oficio con el que le dio contestación a la parte quejosa, aludió al quince de diciembre de dos mil veintiuno. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, requiérase a la autoridad responsable a efecto que en el plazo de tres días, contado legalmente, ratifique o rectifique su informe justificado, lo cual deberá realizar en términos del acuerdo de seis de septiembre del año en curso, esto es, en caso de ser cierto el acto reclamado, deberá remitir a este Juzgado de Distrito: - Copia certificada, en orden, completas y legibles, de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, acorde con el artículo 121 de la Ley de Amparo. En el entendido de que subsisten los apercibimientos con los que se le conminó en el referido auto admisorio, en caso de incumplimiento dentro del término legal referido. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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