Carmen Salome Cureño Hernández
Expediente 375/2023 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 375/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Consejería Jurídica Federal
- Carmen Salome Cureño Hernández
- Vicente Vega Peña, Integrante del Comisariado del Ejido de Poblado de San Antonio de la Laguna Pueblo Originario Asunción Malacatepec, Municipio de Donato Guerra, Estado de México
- Titular del Área Resolutora de la Contraloría Interna Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México
- Valentín Feliciano de Jesús, Integrante del Comisariado del Ejido de Poblado de San Antonio de la Laguna Pueblo Originario Asunción Malacatepec, Municipio de Donato Guerra, Estado de México
- Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Queja
Firmeza procesal del auto de desechamiento. Por otra parte, vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días para recurrir el auto de once de octubre de dos mil veintitrés, en el cual la presidencia de este tribunal colegiado desechó el recurso de queja interpuesto, sin que se hubiera hecho valer medio de defensa alguno; en consecuencia, se declara firme dicho proveído. Infórmese el contenido del presente acuerdo al juez de origen, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo, toda vez que el Módulo de Interconexión lo genera de manera automática. En términos de lo dispuesto por el artículo 99 y 99 Bis del, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro Electrónico de Control dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo y valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas anotaciones que se hagan en el libro de control. En la sentencia dictada en el presente asunto.
- Queja
Desechamiento -legitimación-. Para el caso concreto, se considera necesario hacer un análisis sobre la legitimación cuando se combaten las multas impuestas en el juicio de amparo y, con posterioridad, verificar si el recurrente cuenta con aquella, al ser un presupuesto esencial para la procedencia del medio de impugnación. Legitimación para interponer queja contra multas en amparo. Pues bien, para tener por acreditada la legitimación en un recurso de queja cuando se impugna una multa impuesta por un juez de amparo a un servidor público que actúa en nombre de una autoridad, debe verificarse quien suscribe el medio de impugnación y, en su caso, si quien suscribe en representación, lo hace en nombre de la persona física o de la autoridad, aunado a que se debe verificar si puede representar a la persona en lo individual. Ello es así, toda vez que la multa se impone en lo personal a la persona física y no a la persona moral oficial que representa, por lo que únicamente el servidor público es quien, en forma exclusiva y por sí misma, tendría legitimación para promover el recurso en contra de tal determinación, y no quien representa a al ente del estado. Al respecto, debe decirse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 114/2014, determinó que los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, tienen por objeto dotar a los órganos jurisdiccionales de amparo de los medios necesarios para lograr el cumplimiento de las ejecutorias constitucionales, de los que destaca el deber de los juzgadores federales de aplicar multa a los titulares de las autoridades responsables que no cumplan con los requerimientos efectuados para tal efecto. Destacó la Sala que la multa en cuestión constituye una sanción impuesta a las personas físicas que ocupan el cargo de titulares de la autoridad que corresponda, debido a haber desobedecido los mandatos del juez. Sostuvo el Máximo Tribunal del País que las multas impuestas por desacato a una sentencia o resolución que se imponen a las personas físicas, en su actuar como servidores públicos del órgano de gobierno que tiene el carácter de parte en el juicio de amparo, como autoridad responsable y no a la persona moral oficial u órgano de gobierno. Asimismo, señaló que, si la multa correspondiente se impuso a la persona física que desempeñaba el cargo respectivo, es claro que ésta es la que debe cubrir el monto de aquélla de su propio peculio y no con el presupuesto que tenga asignado la dependencia de gobierno de que se trate. Precisó que sostener lo contrario implicaría despojar de toda efectividad a las multas, pues éstas jamás causarían un perjuicio al sujeto al que están dirigidas y, en consecuencia, éste no tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar a la imposición de tal sanción. En tal razón la Segunda Sala consideró que, si la multa impuesta por el incumplimiento de la ejecutoria de amparo es una sanción a la persona física que, en su actuar como servidor público, incurre en el desacato al fallo constitucional y no a la autoridad responsable; consecuentemente, el agravio derivado de la resolución que determina su aplicación no repercute en la persona moral oficial, ni en alguno de sus órganos, por lo que no afecta su esfera jurídica ni incide en su patrimonio público. De tal ejecutoria derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2014 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de nuestro País, de rubro y texto siguientes: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE IMPONE MULTA A UN SERVIDOR PÚBLICO POR NO CUMPLIR UNA EJECUTORIA DE AMPARO. El artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja procede contra las resoluciones emitidas después de dictada la sentencia de amparo indirecto que no admitan recurso de revisión y por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar perjuicio a alguna de las partes. Por su parte, los artículos 192, 193 y 258 de la propia ley prevén que los juzgadores federales deberán imponer multa al titular de la autoridad responsable que incumpla una ejecutoria de amparo. Ahora, la multa en cuestión constituye una sanción para la persona física que desempeña el cargo respectivo, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate. Así, las personas morales oficiales carecen de legitimación para interponer el citado recurso de queja, contra la resolución emitida en un juicio de amparo indirecto que impone multa a un servidor público por no cumplir una ejecutoria de amparo, toda vez que dicha resolución no afecta sus derechos patrimoniales, pues la multa debe cubrirla la persona física a quien le fue impuesta en su carácter de servidor público y, por tanto, sólo éste es quien, por derecho propio, está legitimado para controvertir tal decisión." En atención a esas consideraciones, este tribunal colegiado ha sostenido en diversos precedentes que tales consideraciones son aplicables independientemente del procedimiento donde se imponga la multa respectiva, esto es, en el juicio de amparo aun cuando no se esté en la etapa de cumplimiento y ejecución de una sentencia, en la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad y en el mismo cumplimiento; pues se insiste, quien deberá de pagar la misma es la persona física que desempeña el cargo respectivo, pues quien deberá cubrir el monto de aquélla de su propio peculio es la persona física y no con el presupuesto que tenga asignado la dependencia de gobierno de que se traten de ahí que resulten aplicables por igualdad de razón las consideraciones expuestas en los párrafos que anteceden. No pasa inadvertida la existencia de la jurisprudencia 2a./J. 142/2017 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de rubro: "SERVIDOR PÚBLICO A QUIEN SE IMPONE UNA MULTA EN EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. PUEDE RECURRIRLA A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES O DELEGADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9º, DE LA LEY DE AMPARO", en cuya tesis se sostiene el criterio en el sentido de que como la multa impuesta a la autoridad responsable, se origina con motivo del cargo público del funcionario y del ejercicio de sus funciones públicas, no existe impedimento jurídico para que sea representado por los abogados encargados de la defensa jurídica de la institución conforme a las disposiciones aplicables, toda vez que la figura de la representación responde a la finalidad de no distracción de las labores de los titulares de las dependencias públicas, a la no interrupción de sus funciones; y, en el caso específico, a evitar que se entorpezcan las labores de las personas morales oficiales, mientras los servidores públicos multados ocupan su tiempo en defenderse de la sanción; sin embargo, para ubicarse en ese supuesto resulta indispensable que en el escrito de queja se refiere expresamente esencialmente que representa a la persona física y justificar tal representación en la normativa aplicable; por tanto, no es válido que el servidor público que ejerce la representación señale que actúa en nombre de la persona moral oficial. Tiene aplicación la jurisprudencia R.A.CS. J/16 A (11a.), emitida por el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, cuyo contenido se comparte, de rubro y contenido siguiente: "RECURSO DE QUEJA. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO LA AUTORIDAD QUE EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE O DELEGADO DEL TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, IMPUGNA LA MULTA IMPUESTA A ESTE ÚLTIMO, SIN PRECISAR QUE ACUDE EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA FÍSICA QUE EN SU CARÁCTER DE SERVIDOR PÚBLICO FUE SANCIONADO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes al analizar diversos recursos de queja interpuestos contra el auto en que se impuso una multa al titular de la autoridad responsable, mismos que fueron instados por los representantes de esta última, sin precisar en los escritos de interposición relativos, que acudían en representación de la persona física que fungía como servidor público sancionado, sostuvieron criterios discrepantes por cuanto a si, interpuesto el medio de impugnación de esa forma, la parte recurrente tenía o no legitimación para hacerlo. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, determina que la autoridad que en su carácter de representante o delegado del titular del cargo de autoridad responsable, impugna la multa impuesta a este último, sin precisar que acude en representación de la persona física que en su carácter de servidor público fue sancionado, carece de legitimación para interponer el recurso de queja respectivo. Justificación: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las personas morales oficiales carecen de legitimación para interponer el recurso de queja contra el auto en el que se decreta una multa a quienes tienen el cargo de titulares de las autoridades responsables, porque no afectan su patrimonio, y sí el de las personas físicas que en su carácter de servidores públicos son sancionados, toda vez que deben cubrir el importe de la multa con sus propios recursos. Sin embargo, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 142/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se abrió la posibilidad de que el servidor público pueda ser representado en el recurso de queja respectivo por los representantes o delegados de la autoridad responsable. En ese sentido, tienen legitimación para interponer el medio de impugnación respectivo: 1) por su propio derecho, la persona física que en su carácter de servidor público fue sancionada; y, 2) el representante o delegado de la autoridad responsable a cuyo titular le fue impuesta la multa recurrida, siempre que precise que acude en representación de la persona física que funge como servidor público sancionado; en el entendido que de no hacerlo así, se entendería que quien interpone el recurso de queja es la persona moral oficial, quien carece de legitimación para instar el medio de impugnación en ese supuesto. Caso concreto. En el caso concreto, debe precisarse que el recurso de queja en contra del auto de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés -imposición de multa-, dictado por el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto ********************, en el cual se impuso multa a la persona física que es Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por no haber dado cumplimiento a los requerimientos que se le efectuaron mediante acuerdos de catorce, veintiuno, veintiocho y treinta y uno de agosto, así como once de septiembre del año en curso emitidos en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo referido. Sin embargo, el presente recurso de queja fue interpuesto por ********************, en su carácter de delegado de la autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en términos de lo dispuesto en el artículo 9, de la Ley de Amparo; esto es, no lo interpone en representación de la persona física sino de la moral oficial, por lo que se entiende que fue interpuesto por la autoridad responsable y no así, como persona física que ostenta el cargo a quien le fue impuesta la multa. Sin que del contenido del propio oficio de agravios se advierta que el representante o delegado de la autoridad responsable a cuyo titular le fue impuesta la multa recurrida, precise que acude en representación de la persona física que funge como servidor público sancionado; en el entendido que, de no hacerlo así, se entenderá que quien interpone el recurso de queja es la persona moral oficial, quien carece de legitimación para instar el medio de impugnación en ese supuesto. Consecuentemente, si la multa se le impuso en lo individual a la persona física que ostenta el cargo de Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y no a la dependencia que representa, por lo que es dicho funcionario quien, en forma exclusiva y por sí misma, tiene legitimación para promover el recurso en contra de tal determinación, y no quien representa al Instituto referido, por lo que la queja es notoriamente improcedente, debido a que fue interpuesto por ********************, en su carácter de delegado del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, debe desecharse, en virtud de que la recurrente carece de legitimación para interponerlo. Así lo ha sostenido el Pleno de este Tribunal Colegiado de Circuito al resolver, por unanimidad de votos, los recursos de queja 42/2023, 45/2023 y 111/2023. De ahí que, lo procedente es desecharlo por notoriamente improcedente. No pasa inadvertido para que el recurrente hubiese mencionado en su oficio de agravios, como fecha de auto impugnado el de seis de junio de dos mil veintitrés, lo cual debe estimarse como un mero error mecanográfico, mismo que es posible corregir por este Tribunal Colegiado, teniendo en cuenta los demás datos que se refieren en el mismo, por ello, se provee en el recurso de queja la fecha de proveído de que se trata. A lo anterior, tiene aplicación la tesis P. XLVIII/98, página 69, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBE DE SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTICULO 79 DE LA LEY DE AMPARO". Domicilio y delegados. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su oficio y como sus delegados, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona. Consulta de expediente electrónico. En virtud de que la parte quejosa solicita se le conceda la consulta al expediente electrónico del presente asunto, y toda vez que cuenta con el usuario ********************, el cual sí se encontró de la consulta realizada en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación (SEPJF); de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta al presente expediente electrónico, en el entendido de que se podrá acceder al mismo una vez que el presente proveído se integre al expediente en que se actúa; haciendo de conocimiento que la autorización respectiva estará en todo momento condicionada a que la Firma Electrónica se mantenga vigente. Se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional encargado del Sistema integral de Seguimiento de Expediente (SISE), para que autorice el nombre de usuario ******************** para que pueda realizar la consulta del expediente electrónico. Datos de contacto. Respecto de lo anterior, se tiene como medio de contacto alterno el correo electrónico ********************, a través del cual podrá comunicársele cuestiones distintas a las procesales, lo que NO IMPLICA que tal medio se tenga para oír y recibir notificaciones personales, como se mencionó en el apartado anterior, toda vez que NO lo contempla así la Ley de Amparo. Exhorto a las partes. Atento a lo dispuesto por el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Medios de contacto con este tribunal. Se hace de conocimiento a las partes que pueden establecer contacto con este órgano de control de constitucionalidad, para cuestiones no procesales, en el sitio web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, seleccionando el apartado de "Servicios Jurisdiccionales"; en términos de lo dispuesto por el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en los artículos 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, y 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las diligencias que se realicen en el presente expediente. Uso de medios electrónicos. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que en términos de la Circular 12/2009, suscrita por la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que no existe impedimento legal para que las partes por sí o a través de sus autorizados hagan uso de cámaras fotográficas, grabadoras, celulares, lectores laser o cualquier otro similar que sirvan para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resolución que se dicten, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de ello precisándose el documento del que se obtiene la reproducción, en la inteligencia de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales, previa razón de constancia que se deje en autos.
- Amparo en revisión
Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el escrito de cuenta, mediante cual el Comisariado y Consejo de Vigilancia del Núcleo Ejidal de San Antonio La Laguna, del municipio de Donato Guerra, Estado de México, por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de amparo Juan Villegas Mejía, -recurrente-, solicita: copias certificadas de las fojas mencionadas en su escrito. II. Expedición de copia certificada. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, expídase a costa del promovente, las copias que solicita en su escrito, previa toma de razón que de su recibo e identificación conste en autos. Finalmente, devuélvanse los presentes autos al archivo de este tribunal colegiado.
- Juicio de Amparo Directo
Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días para recurrir el auto de trece de julio de dos mil veintitrés, en el cual la presidencia de este tribunal colegiado se declaró legalmente incompetente por razón de la vía, sin que se hubiera hecho; en consecuencia, se declara firme dicho proveído. Remisión de autos al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. Como está ordenado en auto de siete de agosto de dos mil veintitrés, remítanse los presentes autos -previa formación del cuaderno de antecedentes-, así como los autos del juicio administrativo 82/2023, al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para que conozca del mismo, solicitándole atentamente el acuse de recibo respectivo.
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