Carmen Rodríguez Méndez
Expediente 610/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 610/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Carmen Rodríguez Méndez
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual comunica la resolución donde determinó que el Juez Tercero de Distrito en la misma materia en esta sede, es competente para conocer del asunto. Acúsese recibo. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 20 del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible, pues se trata de un cuaderno de antecedentes. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el comunicado del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo de las constancias que refiere e informa que admitió a trámite el conflicto competencial, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Por recibido el oficio del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Secretaría de Energía y otras autoridades, por violación al derecho fundamental reconocido en los numerales 1, 4, 14, 16 y 31 constitucionales, al efecto se acuerda: SE RECHAZA LA COMPETENCIA PROPUESTA POR EL ÓRGANO FEDERAL DECLINANTE. I. Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la peticionaria se duele de los siguientes actos: -De la Secretaría de Energía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Bienestar de México (Antes Secretaría de Desarrollo Social), Comisión Reguladora de Energía y Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la omisión legislativa, con relación al artículo 116 de la Ley de la Industria Eléctrica, para instrumentar programas de apoyos focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y oportuno, a precios asequibles, en zonas rurales y zonas urbanas marginadas para grupos de Usuarios del Suministro Básico en condiciones económicas de vulnerabilidad. -De Empresa Productiva Subsidiaria Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, la orden de realizar el recorte de suministro de energía eléctrica en su hogar, por el adeudo de la cantidad de ***** existente en el servicio *******, perteneciente a la quejosa, así como la omisión de garantizar un consumo mínimo y necesario de energía eléctrica para la misma. II. Respetuosamente se disiente de la postura del oficiante, y este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México NO ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA, toda vez que el acto reclamado deriva de una actuación de carácter administrativa, atribuida a la Comisión Federal de Electricidad. El artículo 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece los supuestos en que un Juez de Distrito especializado en amparo en materia administrativa es competente para conocer de un asunto. Es conveniente destacar que atendiendo a estas reglas, la preeminencia competencial entre dos jueces de distrito de distinta materia, se obtiene en razón de la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.100 K, de la Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "COMPETENCIA. CRITERIOS DE ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51, 52, 54 Y 55 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). De la lectura armónica y sistemática de los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se deriva un conjunto de reglas para la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito especializados por diversas materias con base en dos elementos fundamentales: a. La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados, porque se refiera a actos o leyes federales o locales sobre una materia o un bien jurídico tutelado determinado que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral. b. El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, esto es, si proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, lo que conduce a que pueda tener la calidad de autoridad administrativa; y si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada y, en todo caso, debe atenderse a cada supuesto para establecer qué criterio se privilegia. Así, conocerá un Juez de Distrito en materia penal, de los actos dictados por la autoridad judicial penal, inclusive de resoluciones dictadas en incidentes de reparación del daño o responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; o de cualquier autoridad que afecte la libertad personal, salvo las correcciones disciplinarias y medidas de apremio impuestas fuera de procedimiento penal; en estos casos, la competencia la define el carácter material del órgano judicial o la naturaleza penal del acto reclamado. En tratándose del amparo contra los actos dictados por la autoridad laboral o en un procedimiento seguido por la autoridad del mismo orden, así como de las leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo, conocerá un Juez de Distrito en materia laboral, según el caso; en este supuesto, la competencia la define la naturaleza material del órgano judicial o administrativo laboral o la naturaleza laboral del acto reclamado. Entonces, el Juez de Distrito en materia de trabajo conocerá de los juicios de amparo promovidos contra actos de la autoridad judicial; en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido del mismo orden; que se promuevan contra leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo o que sobre esa materia se dicten por una autoridad distinta de la judicial y los promovidos contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido o que afecten a personas extrañas al juicio. En los juicios de amparo promovidos en contra de los actos dictados por la autoridad judicial administrativa conocerá un Juez de Distrito en materia administrativa; en todos estos casos, la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales definen la competencia. Por otro lado, el artículo 54, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece, con especial referencia a la competencia de los Jueces de amparo en materia administrativa, una vis atractiva especial, al indicar que deben conocer de los juicios de amparo contra autoridad distinta de la judicial, salvo los casos de extradición y de las demandas de amparo promovidas contra leyes y disposiciones de observancia general en materia penal. De modo que por esta regla general, la preeminencia la tiene la autoridad origen del acto reclamado, esto es, si no es judicial, en principio el competente será el Juez en materia administrativa, salvo que el acto afecte la libertad, porque entonces, atendiendo a este bien jurídico, el más importante después de la vida, el competente será el Juez de amparo penal. Finalmente, en tratándose del amparo promovido contra actos dictados por la autoridad judicial civil, en el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, conocerá un Juez de Distrito en materia civil; por lo que en este supuesto, la competencia la define la naturaleza formal del órgano judicial y, en su caso, cuando se promueve el juicio de amparo en contra de leyes y disposiciones de observancia general en materia civil, es la naturaleza del bien regulado, lo que define la competencia." En la especie, la autoridad oficiante determinó carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo, argumentando que los actos reclamados se encuentran dentro del ámbito del derecho mercantil, por derivarse de un contrato de suministro de energía. Del mismo modo, sostuvo que la controversia planteada deriva de una relación de naturaleza comercial, con obligaciones recíprocas para las partes, a partir de la suscripción, aceptación, adhesión y continuación del contrato de suministro de energía eléctrica; además, consideró que la omisión reclamada se encuentra relacionada con dicha contratación. El suscrito no comparte esos argumentos, pues es pertinente tener presente que al resolver la contradicción de tesis 69/2017, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupó de establecer qué juez de distrito especializado debe conocer del juicio de amparo en el que se impugnan actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrados con la Comisión Federal de Electricidad, a fin de determinar si tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. En principio, la Segunda Sala puntualizó que ha sido criterio reiterado que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que aquél es improcedente, sin desconocer la posibilidad de que se le atribuyan violaciones a derechos humanos. También precisó que del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, entre otras, una competencia residual de los jueces de distrito en materia administrativa para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta a la judicial; en ese contexto concluyó que se surte la competencia de dichos juzgadores para conocer de los que se promuevan contra la Comisión Federal de Electricidad, por no tener carácter de judicial ni ubicarse en un supuesto de excepción. La Segunda Sala del Alto Tribunal sostuvo que la competencia del juez no lo vincula a reconocer el carácter de ente autoritario que se atribuya a la Comisión, sino que lo habilita a definir tal circunstancia en cada caso concreto, ya sea al momento de calificar la admisión de la demanda, o bien, al resolver en la audiencia constitucional, mediante el análisis de la naturaleza del acto reclamado. Por ello, precisó que el hecho de que se establezca que sea un juzgado de distrito especializado en la materia administrativa quien determine lo anterior, no implica un pronunciamiento sobre si el acto reclamado a la Comisión Federal de Electricidad motiva que se le tenga como autoridad para efectos del juicio de amparo o sobre la vía que resulte procedente, pues precisamente eso será parte del objeto del estudio que haga el juzgador. Por tanto, determinó que deben ser los jueces de distrito de esa especialidad los que conozcan del amparo indirecto promovido contra actos de la Comisión Federal de Electricidad relativos al suministro de energía eléctrica, debido a que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación los faculta para tal efecto, al concentrar en su ámbito competencial las impugnaciones que se estimen como actos de autoridad distinta a la judicial, con algunas salvedades en las que no se ubica la empresa productiva del Estado. Las relatadas consideraciones se reflejaron en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 35/2018, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, Tomo I, abril de 2018, página 497, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LOS JUECES DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, SON COMPETENTES PARA CONOCER Y DECIDIR SOBRE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA SUS ACTOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se le reclamen actos previstos en el contrato de suministro de energía eléctrica. Por su parte los artículos 52, fracción IV, 50, fracción II y 51, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disponen que los Jueces de Distrito en Materia Administrativa conocerán de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta a la judicial, excepto los que provengan de procedimientos de extradición y cuando se reclamen normas generales en materia penal. Por lo cual, no debe confundirse la competencia con la procedencia, ya que si en el juicio de amparo indirecto se atribuyen a aquélla actos que el quejoso considera son de autoridad o pueden equiparársele, con tal señalamiento se surte su competencia, en los límites territoriales que esté establecida su especialización por materia, quienes en razón de dicha distribución de la tarea de juzgamiento entre los órganos jurisdiccionales, quedan habilitados para conocer y analizar lo correspondiente a la procedencia del juicio. Ello es claramente distinto, porque esta última atiende a la actualización de los requisitos de hecho o derecho que la normatividad establece para que el juez competente esté en condiciones de analizar la cuestión planteada. Por tanto, su competencia no los vincula a reconocer a la Comisión como ente autoritario, sino que los faculta para definir la procedencia del juicio en cada caso concreto, ya sea al momento de calificar la admisión de la demanda, o bien, al resolver en la audiencia constitucional mediante el análisis de la naturaleza del acto reclamado y si éste reviste características que permitan equipararlo a los de una autoridad responsable, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo." Además, es conveniente tener en cuenta el contenido de la tesis de jurisprudencia P./J. 83/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 28, registro digital 195007, que se reproduce enseguida: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." Conforme al criterio transcrito, para determinar la competencia por razón de la materia, debe atenderse a la naturaleza de la acción, la cual regularmente se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas (actos reclamados), los hechos narrados, las pruebas aportadas y los preceptos legales en que se apoye la pretensión atinente; en ese sentido, si la quejosa reclama el recorte del suministro de energía eléctrica, así como una omisión legislativa con relación al artículo 116 de la Ley de Industria Eléctrica, de la Secretaría de Energía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Comisión Reguladora de Energía, Secretaría de Bienestar de México y Empresa Productiva Subsidiaria Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, se concluye que dichos actos son de naturaleza administrativa porque en ellos no participa ninguna autoridad jurisdiccional de lo civil o de lo familiar, que los haya ordenado unilateralmente en uso de su poder de imperio y no se dirime una contienda ni se efectúa acto jurisdiccional alguno, por lo que es obvio que no encuadran en los supuestos que establece el artículo 60 la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para que este juzgador federal deba conocer de la demanda de amparo. En ese sentido, el análisis de los actos reclamados se debe efectuar a partir de su naturaleza intrínseca, y para ello deberán aplicarse las normas que regulan la actividad de dichas autoridades, pues se insiste, el suministro de energía eléctrica tiene su razón en las normas administrativas que rigen a las autoridades mencionadas, y no a los procesos mercantiles. Entonces, de conformidad con la fracción IV, del artículo 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien debe conocer del asunto es la autoridad declinante y no el suscrito. Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 57 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el suscrito respetuosamente rechaza la competencia planteada por la Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. En consecuencia, previa formación del cuaderno de antecedentes, devuélvanse íntegramente el expediente de amparo al órgano jurisdiccional aludido, para lo que tenga a bien determinar, solicitándose el acuse de recibo respectivo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y para los mismos efectos a las personas que señala, incluso para el uso de medios electrónicos. Respecto de quienes autoriza conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo, gozarán de las facultades amplias que prevé si tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; ya que de no ser así únicamente lo estarán para oír y recibir notificaciones. Como lo solicita la parte quejosa, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización electrónica correspondiente, con el usuario proporcionado, para consultar el expediente a través de la vía electrónica. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos citados, se RESUELVE: PRIMERO. Este Juzgado rechaza la competencia planteada por el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para conocer de la demanda de amparo promovida por ******, contra actos de la Secretaría de Energía y otras autoridades. SEGUNDO. Devuélvase el presente asunto al Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para los efectos legales conducentes, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el comunicado de la Sala responsable, mediante el cual informa lo actuado en vías de cumplimiento, de lo que el suscrito toma conocimiento, para los efectos legales correspondientes. Como lo solicita y considerando las particularidades del proceso de origen, se le concede el plazo de diez días más, legalmente computado a fin de que acate el fallo protector, subsistiendo el apercibimiento con el que se le conminó en autos. NOTIFÍQUESE.
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