Carmen Río Sánchez
Expediente 497/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 18 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 497/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 25/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Carmen Río Sánchez
- Guadalupe González Ríos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
Visto el estado que guardan los autos del juicio principal del que deriva el cuaderno incidental en que se actúa, en específico el proveído de esta fecha, en el que se declaró ejecutoriado el auto en que sobresee fuera de audiencia dictada en el juicio principal; por tanto, deja de surtir efectos la suspensión definitiva concedida y a efecto de observar lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se procede a la valoración de los presentes cuadernos. Por cuanto hace al ORIGINAL del incidente de suspensión, toda vez que el once de mayo de dos mil dieciséis, se concedió la medida cautelar solicitada, es susceptible de ser DEPURADO, una vez transcurridos cinco años de dictada la resolución definitiva acorde con lo dispuesto en el punto Vigésimo Primero, fracción III, párrafo segundo; y respecto al DUPLICADO del citado incidente, éste deberá de ser DESTRUIDO una vez transcurridos seis meses de haberse resuelto la suspensión definitiva solicitada, de conformidad con lo establecido en el punto Vigésimo, fracción III, del Acuerdo General antes mencionado; en consecuencia, remítanse al archivo hasta en tanto transcurran los plazos antes señalados.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto dictado el seis de julio de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
Agréguese a los autos para obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Juez Mixto de Paz del Municipio de Eduardo Neri, Guerrero, del Distrito Judicial de Los Bravo, mediante el cual envía copia certificada del auto plazo constitucional, emitido en la causa penal 07/2016-V, instruida contra Carmen Ríos Sánchez, Doris, Guadalupe y Rafael, de apellidos González Ríos, en el delito de lesiones, y en contra de Rafael González Ríos, por el delito de daños (a la propiedad), cometidos en agravio de Ma. Esther Ríos Sánchez. Analizadas las constancias de mérito, y el estado procesal que guardan los presentes autos, este Juzgado Federal, advierte de oficio la actualización de una causal de improcedencia que impide el análisis de la acción constitucional, como enseguida se demostrará. En efecto, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación." Es preciso destacar que la ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que, al existir un cambio de situación jurídica no es jurídicamente viable, sino ocioso, emprender el análisis de un acto que quedó superado por otro en la inercia procesal y la situación jurídica de los quejosos es otra al encontrarse en una etapa procesal distinta de la en que en inicio aduce, le causó agravio y que motivó la promoción de juicio, ya que además de analizar la anterior situación jurídica que constituyó de inicio el acto reclamado, necesariamente afectará la nueva, por lo que no sería factible restituirles en el pleno goce de las garantías transgredidas, dado que el cambio dejó irreparablemente consumadas las violaciones que en su caso hubieren existido. Los elementos que determinan la actualización de esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Hipótesis que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el caso, la autoridad responsable el Juez Mixto de Paz del Municipio de Eduardo Neri, Guerrero, residente en esta ciudad, remitió copias certificadas de la resolución dictada el veintinueve de mayo de dos dieciséis, dentro de la causa penal 07/2016-V, en la que decretó auto de formal prisión a Carmen Ríos Sánchez, Doris, Guadalupe y Rafael, de apellidos González Ríos, en el delito de lesiones, y en contra de Rafael González Ríos por el delito de daños (a la propiedad) cometidos en agravio de Ma. Esther Ríos Sánchez. Ahora bien, lo que justifica la causal en estudio es que, no es jurídicamente factible analizar y en su caso decidir respecto de aquél acto reclamado (orden de aprehensión); toda vez que dicha etapa procesal fue sustituida por el auto de formal prisión aludido, cambiando con ello, la situación jurídica que el impetrante de garantía reclamó al inicio de su demanda de amparo. Orienta lo anterior la jurisprudencia en materia penal la./J.17/2008, emitida con motivo de la contradicción de tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de catorce de febrero de dos mil tres, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el Legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, tomando en consideración que ha cambiado la situación jurídica que los quejosos reclaman al inicio de su demanda de amparo, se actualiza la causal de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; consecuentemente, con fundamento en el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Es así, toda vez que ningún objeto tiene ya continuar con el trámite del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. Por ende, no es jurídicamente factible analizar y en su caso decidir respecto de aquél acto reclamado (orden de aprehensión); en virtud de que dicha etapa procesal fue sustituida por el auto de formal prisión, cambiando con ello, la situación jurídica que los impetrantes reclamaron al inicio de su demanda de amparo. En virtud de lo anterior, SE DEJA SIN EFECTOS LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL QUE TENDRÍA VERIFICATIVO EL ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales conducentes; y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, enviado por el Juez Mixto de Paz del municipio de Eduardo Neri, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 77/2016 (número de orden 282/2016). Dese de baja la comunicación recibida en el Libro Oficial de Gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional. En consecuencia, téngase legalmente emplazado a juicio a la tercero interesada Ma. Esther Ríos Sánchez, y toda vez que de las constancias que acompaña la autoridad de cuenta, se advierte que la referida tercera interesada no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y a la fecha le ha transcurrido el termino concedido para ello; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento inserto en proveido de once de mayo del año en curso, y con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, la presente notificación, así como las subsecuentes aún las de carácter personal, háganse por medio de lista que se publique en los estrados de este juzgado.
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