Carmen Raquel Ramírez Orozco

Expediente 667/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
667/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
22/02/2022

Partes del expediente

  • Carmen Raquel Ramírez Orozco

Actuaciones

  1. Principal

    Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual remite testimonio de la resolución pronunciada el treinta y uno de enero del año en curso, en el expediente Q.C. 11/2022, en la que dicho cuerpo colegiado declaró infundado el recurso de queja interpuesto por las solicitantes del amparo, en contra de la determinación de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, por la que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ******, de lo que se toma conocimiento. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. En consecuencia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido y se ordena hacer las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por otra parte, es de señalarse que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; precepto que establece que aquéllos expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido, serán susceptibles de destrucción, dentro de los que encontramos, las demandas de amparo que se hayan tenido por no presentadas, las que se hayan desechado, los juicios en los que se haya decretado la incompetencia y en el presente asunto, se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del acuerdo general referido. Así, una vez cumplido el plazo de conservación y transcurrido el diverso de tres años posteriores al de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el numeral 21 del acuerdo general en cita. Notifíquese por oficio al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y por lista a las quejosas.

  2. Principal

    Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio signado por la actuaria del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual acusa recibo de las constancias que se remitieron con motivo del recurso de queja, promovido por *****, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por las quejosas ***** en contra del proveído dictado el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, por el que se desechó de plano la demanda-, mismo que fue registrado con el número Q.C. 11/2022, e informa que se admitió el citado medio de defensa; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista.

  3. Principal

    Dada la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito signado por ********************, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por las quejosas ********************, ******************** y ********************, todas de apellidos ********************; mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de veintisiete de agosto del año en curso, por el que se desechó de plano la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 99 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia del citado medio de impugnación, en el sentido de que efectivamente en la data mencionada, se dictó el proveído al que alude el recurrente; por lo tanto, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, el ocurso original de agravios y copia certificada de todo lo actuado. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, póngase a disposición del órgano jurisdiccional que corresponda el expediente electrónico; en ese sentido, se instruye al secretario del juzgado encargado del trámite de este expediente, para que, a más tardar el día en que se haga la publicación de este auto, proceda a realizar el trámite correspondiente a dicha autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese por lista.

  4. Principal

    Dada la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda presentada por *****, por derecho propio, contra actos de la Tercera Sala y del Juez Trigésimo Octavo, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a las prerrogativas contenidas en los artículos 1° y 17 constitucionales, fórmese expediente -tanto físico como electrónico- y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 667/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y provéase lo que en derecho corresponda. En ese sentido, la misma debe desecharse en atención a las consideraciones que se vierten a continuación. En efecto, de su estudio integral se advierte que el acto reclamado por las inconformes, se hace consistir en el siguiente. La resolución de dos de agosto de dos mil veintiuno, dictada por la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca ****, que confirmó el proveído de veintinueve de abril del año en curso, emitido en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de *******, expediente ****, del índice del Juzgado Trigésimo Octavo de lo Familiar del citado tribunal. Cabe destacar que en el proveído combatido, el juez de la causa -en la parte que interesa- no proveyó de conformidad la solicitud de las aquí inconformes de llamar a dicho juicio sucesorios, a sus finados hermanos de nombres ********, a través de sus descendientes, toda vez que el fallecimiento de los antes mencionados, sucedió de forma posterior a la de la autora de la sucesión; por lo tanto, las requirió para que señalaran el nombre y domicilio de los albaceas de las sucesiones respectivas, a efecto de que a través de ellos, se deduzcan sus derechos en la de origen. Ahora, de lo expuesto en la demanda, bajo protesta de decir verdad se deduce lo siguiente: Las promoventes son parte formal y material en el procedimiento sucesorio de origen, tan es así que tienen el carácter de denunciantes. No existe incertidumbre en cuanto a que el juicio intestamentario natural se encuentra en el trámite de la primera sección. En esas condiciones, este juzgado federal considera que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 172, fracción XII, así como 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. En efecto, los preceptos citados establecen lo siguiente: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: - - - [.] - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: - - - [.] - - - V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; - - - [.] - - -." Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: - - - [.] - - - XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Ahora, del análisis de lo dispuesto por dichos preceptos, en la parte y sentido citados, se advierte que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio, solamente procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Sobre el indicado tipo de actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que el quejoso no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. Y, es que en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, ya que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Precisado lo anterior, es importante tomar en cuenta que los juicios sucesorios son procedimientos de carácter universal y peculiar, que se componen de cuatro etapas, las cuales se deciden por separado; a saber, 1) Sucesión, 2) Inventarios y avalúos, 3) Administración, y 4) Partición y adjudicación. En esa guisa, la acción de amparo indirecto, por regla general, es procedente en cada una de las tres primeras fases, hasta que se decide el fondo de cada una de ellas, momento en el que pueden hacerse valer las violaciones de carácter adjetivas, o bien, si el acto reclamado constituye un obstáculo para su conclusión. Sentado lo precedente, el acto aquí reclamado consistente la resolución de segunda instancia que confirmó la decisión del juez primario no acordar de conformidad la solicitud de las quejosas de llamar a juicio a los fallecidos ****, a través de sus descendientes, sino a través de los albaceas de las respectivas sucesiones de los mimos, no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, pues no afecta los derechos sustantivos de las impetrantes consagrados en la Constitución, no les impide el ejercicio de algún derecho, no atenta en contra de aquéllas prerrogativas de las que no se le puede privar ni restringir, de ahí que las consecuencias del acto reclamado son sólo intraprocesales; aunado a que, la misma no constituye el pronunciamiento que finalice la etapa procesal del sucesorio de origen, por ende, la presente instancia constitucional deviene improcedente en su contra; pues también es importante señalar que tampoco puede considerarse que la resolución combatida obstaculice la culminación de la primera fase del procedimiento sucesorio de origen. Así, al tratarse de aspectos que pueden o no trascender al resultado del fallo definitivo y al constituir una violación procesal, pueden impugnarse a través del juicio de amparo que se haga valer en contra de la determinación definitiva que se dicte en el procedimiento de origen -previo cumplimiento al principio de definitividad- si la eventual afectación adjetiva trasciende en el resultado del fallo. Apoya el criterio aquí estimado por analogía la jurisprudencia IV.2o. J/13, cuyo texto es: AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial. En consecuencia, al advertirse motivos manifiestos e indudables de improcedencia, con fundamento en lo establecido en el numeral 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. Determinación a la que se arriba en total observancia del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir la demanda de que se trata y darle el cauce legal correspondiente, ya que el inconforme no podría demostrar una cuestión diversa a la aquí analizada, esto es, que el acto combatido no genera una afectación a sus derechos sustantivos, lo cual como ya como se dijo, es notorio y manifiesto para este órgano jurisdiccional derivado de las alegaciones realizadas bajo protesta de decir verdad -lo cual crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las declaraciones respecto de su falsedad u omisión de datos-, por lo que se estima que aún y cuando se llegaren a recabar los informes y constancias del juicio de origen, la conclusión a la que se arribaría luego de tenerlas a la vista, sería la misma, ello con el concerniente gasto en recursos materiales como humanos -tanto para las partes como para el propio Estado-. En términos de lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común de las quejosas a ***. En diverso aspecto dado que las promoventes del amparo señalaron como domicilio para y recibir notificaciones las listas de publicación de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, hágansele todas las notificaciones, aun las de carácter personal, por ese medio, hasta en tanto las inconformes realicen la designación correspondiente. Se tienen por autorizados para oír y recibir notificaciones, a las personas que señala en su escrito inicial. Asimismo, se faculta en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******, toda vez que tiene inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así a ****** a quien se le autoriza solamente en los términos señalados en el párrafo que antecede, hasta en tanto inscriba su cédula profesional en dicho sistema, sin perjuicio de que una vez que cumpla con lo anterior y previa designación que se haga en su favor por parte de la quejosa, se proverá lo conducente. Sin embargo, dígase a las promoventes que no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado en relación con el correo electrónico proporcionado, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo no contempla la posibilidad de realizar las notificaciones respectivas por ese medio; lo que si se encuentra previsto, es que las mismas pueden practicarse vía electrónica a través del nombre de usuario que en su caso proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y previa petición expresa para tal fin en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo. Con independencia de lo anterior, se toma nota de la citada herramienta tecnológica que se proporciona para contacto con la parte de que se trata en términos del artículo 5°, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció el reinicio de labores con la permanencia de medidas para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad conocida como coronavirus: COVID-19. Notifíquese por lista a las inconformes.

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