Carmen Ramos Méndez

Expediente 186/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
186/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
24/03/2022

Partes del expediente

  • Carmen Ramos Méndez
  • Malaquías Martínez Valenzuela
  • CARMEN RAMOS MÉNDEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    I.- COMO SE TUVO POR DESECHADA LA DEMANDA DE AMPARO EN ESTE ASUNTO, EL AUTO CAUSÓ ESTADO EN ESTA PROPIA FECHA. SE ORDENA SU ARCHIVO DEFINITIVO. TODA VEZ QUE EN EL PRESENTE EXPEDIENTE EXISTE DOCUMENTO SUSCEPTIBLE DE DEVOLUCIÓN QUE OFRECIÓ LA PARTE QUEJOSA;REQUIÉRASELE PARA QUE COMPAREZCA AL RECINTO QUE OCUPA ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, A EFECTO DE RECOGERLO, DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO; CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO ASÍ, DICHO DOCUMENTO SEGUIRÁ LA MISMA SUERTE QUE ESTE EXPEDIENTE, ESTO ES, SU DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    I.-DESECHAMIENTO.

  3. Principal

    I.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS; ASÍ COMO, POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN DE FECHA QUE SE SEÑALA EN EL RUBRO "SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS", QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Desahogo de la Prevención.* Visto el escrito de cuenta, signado por Malaquías Martínez Valenzuela y Carmen Ramos Méndez, téngaseles por desahogada la prevención formulada en proveído de quince de febrero de dos mil veintidós, pues en sincronía con el escrito de veinticuatro de febrero anterior, bajo protesta de decir verdad, manifiestan los antecedentes del acto reclamado al describir el estado procesal que guarda el juicio especial hipotecario 403/2011, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial de Huimanguillo, Tabasco; adjuntan las copias necesarias para correr traslado a las partes; y exhiben copia simple de la cédula de notificación de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, de la que se aprecia el contenido del auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el citado juicio especial hipotecario, el cual constituye el acto combatido en esta vía constitucional. Por tanto, al respecto se provee: Desechamiento En el caso, de manera notoria, manifiesta e indudable, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, por lo que la demanda de amparo debe desecharse de plano, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo indirecto, tiene la obligación de estudiar la demanda y de encontrar una causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, en el entendido que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento en la jurisprudencia 1879, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 2125, Novena Época, registro 1003758, de rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en ???????? el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Acto reclamado En primer lugar, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso 1, fracción I, del propio ordenamiento, conviene señalar que de la lectura íntegra de la demanda de amparo y escritos aclaratorios que se proveen, se advierte que el acto reclamado en esta vía constitucional es en esencia, el siguiente: En ese sentido, atento a lo manifestado por los ocursantes, se tiene que el acto reclamado en el presente juicio consiste en: a) El auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el cuadernillo formado con motivo de la tercería excluyente de dominio, deducido del juicio especial hipotecario 403/2011, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial de Huimanguillo, Tabasco, a través del cual, se ordenó la entrega voluntaria del bien inmueble adjudicado a la parte actora, en un plazo de cinco días hábiles. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 2004, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". ???????????? I. Postura de este órgano jurisdiccional. En relación con el acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, debido a que los quejosos, previamente a promover el juicio de protección de derechos fundamentales, debieron agotar el recurso de reconsideración, previsto por los artículos 342, 343, 347, 350 y 352, del Código de Procedimientos Civiles para del Estado de Tabasco, atento al principio de definitividad. Al respecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, establece lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." Dicho principio de definitividad deriva de lo establecido en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:(.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)" De la interpretación sistemática de las disposiciones constitucional y legal transcritas, se pone de manifiesto el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, de tal manera que el gobernado que estime haber sido agraviado por un acto de autoridad, cuando ésta tenga la calidad de tribunal judicial, administrativo o de trabajo, puede acudir a solicitar el amparo únicamente después de haber agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar o nulificar la resolución o acto que lo lesiona. Además, el numeral citado en primer término establece, entre otras, la hipótesis de excepción a la observancia de ese principio, ante la dudosa procedencia del recurso o medio de defensa ordinario. Esta hipótesis de excepción a la aplicación del principio de definitividad se introdujo en la Ley de Amparo en vigor, pues la ley de la materia abrogada no la contemplaba. En la parte en comento, se privilegia el acceso al juicio de amparo, ante la incertidumbre jurídica en la que se coloca al gobernado que pretende combatir un acto de autoridad, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa ordinario es incierta o dudosa, conforme a la ??????????????? legislación que lo rige. Por tanto, el principio de definitividad deriva de la intención del legislador, de que el juicio de amparo proceda únicamente respecto de actos definitivos, que no sean susceptibles de modificación o invalidación por recurso ordinario alguno. Con ello se da oportunidad al gobernado que interviene dentro del procedimiento judicial, administrativo o laboral, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación que estime le causa el acto de autoridad. En ese contexto, para efectos del juicio de amparo, el recurso ordinario o medio de defensa es aquel que reúne esencialmente las siguientes características: a) Que su objeto sea que el promovente pueda obtener la revocación, modificación o nulidad de la resolución o actuación que lesiona sus intereses. b) Se encuentre dispuesto en la ley correspondiente; y, c) Tenga previsto un procedimiento para su resolución. II. Justificación. En el caso concreto, como se adelantó, el acto reclamado no es definitivo, ya que conforme a su naturaleza, es impugnable a través del recurso de reconsideración, de conformidad con lo previsto en los artículos 342, 343, 347, 350 y 352, del Código de Procedimientos Civiles para del Estado de Tabasco, los cuales en lo conducente, disponen: "Artículo 342.- Recursos Para impugnar las resoluciones judiciales se conceden los siguientes recursos: I.- Reconsideración; II.- Apelación; y III.- Queja." "Artículo 343.- Legitimación para impugnar Podrán impugnar: El litigante si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al proceso y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. No podrá apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no logró la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, podrá apelar o adherirse a la apelación." "Artículo 347.- Procedencia En ningún caso las sentencias podrán ser sujetas al recurso de reconsideración. Los autos que no fueren apelables y los decretos podrán ser impugnados a través del recurso de reconsideración, salvo que la ley expresamente disponga que no son recurribles." (Lo subrayado es propio) "Artículo 350.- Apertura de segunda instancia La segunda instancia no podrá abrirse sin que se interponga el recurso de apelación." "Artículo 352.- Resoluciones apelables Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I.- Las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables; II.- Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código, y III.- Las resoluciones que dicten los jueces para resolver las reclamaciones que se hagan valer contra las medidas cautelares, conforme al artículo 185. No serán apelables las sentencias y demás resoluciones que se dicten en los juicios de la competencia de los juzgados de paz, con excepción de las que se dicten en los juicios del registro extemporáneo de actas del estado civil, en los términos previstos en el artículo 481 Bis 2 de este Código." De la lectura efectuada de los numerales transcritos, en lo que interesa destacar, se colige que la codificación procesal civil del Estado de Tabasco, contempla el recurso de reconsideración, cuya naturaleza tiene por efecto que los autos que no fueren apelables puedan reponerse (revocarse, modificarse o nulificarse), con la misma tramitación. Así las cosas, de las premisas legales señaladas, válidamente puede concluirse que el acto aquí reclamado, antes de acudir al juicio de amparo, era susceptible de ser controvertido a través del recurso de reconsideración, a???????? que se refiere el artículo 347 del Código de Procedimientos Civiles para del Estado de Tabasco, pues tal medio de impugnación tiene por objeto que el tribunal responsable, a la luz de los agravios planteados, confirme, revoque o modifique, total o parcialmente, el acto combatido. Lo anterior es así, ya que la reconsideración es un medio impugnativo ordinario, que procede contra autos que no sean apelables, siendo estos los autos de trámite emitidos en los juicios de índole civil y exceptuando los autos que expresamente marque el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. Por tanto, si de la integridad de la demanda de amparo que se analiza, se advierte que los quejosos impugnan el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el cuadernillo formado con motivo de la tercería excluyente de dominio, deducido del juicio especial hipotecario 403/2011, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial de Huimanguillo, Tabasco, a través del cual, se ordenó la entrega voluntaria del bien inmueble adjudicado a la parte actora, en un plazo de cinco días hábiles, pronunciada por el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial de Huimanguillo, Tabasco; sin que contra dicha determinación hayan interpuesto el recurso de reconsideración a que se refiere el artículo 347 y demás relativos del Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco; entonces, ello trae consigo que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Además que, como más adelante se verá, no se está en ninguno de los supuestos de excepción a ese principio, en términos de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues los quejosos son los promoventes de la tercería excluyente de dominio en la cual se emitió el acto reclamado; de ahí que, al ser parte en ese procedimiento, se encuentran en aptitud de agotar los recursos ordinarios a su alcance, con la finalidad de que se nulifique, revoque o modifique el acto reclamado, antes de acudir a esta vía. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas.". Asimismo, sirve de apoyo por las razones jurídicas que la informan, la tesis XXI.2o.C.T.11 C (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima ???????? Época, Libro 43, junio de 2017, Tomo IV, página 3026, registro digital 2014489, de rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL TERCERO OPOSITOR, QUIEN CON ANTERIORIDAD PROMOVIÓ TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO DENTRO DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL Y AGOTÓ LOS RECURSOS ORDINARIOS A SU ALCANCE. De acuerdo con el artículo 1362 del Código de Comercio, será tercero opositor aquel que comparezca a juicio a deducir una acción distinta a la debatida entre las partes; asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 7/98, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE.", determinó que el tercero extraño a juicio es aquel que no fue parte material en un procedimiento y que, sin embargo, sufre un perjuicio con la resolución o ejecución que en aquél se emita; también se ha equiparado a éste, a quien habiendo sido señalado como parte en el procedimiento, no fue emplazado o lo fue incorrectamente. Así, el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. En ese sentido, para efectos del juicio de amparo indirecto, no tiene el carácter de tercero extraño a juicio el tercero opositor, quien con anterioridad promovió tercería excluyente de dominio dentro de un juicio ejecutivo mercantil y agotó los recursos ordinarios a su alcance; es así, pues la finalidad de dicha tercería es que se nulifique, revoque o modifique el embargo reclamado; por tanto, desde que hace valer ese medio ordinario de defensa, pierde su calidad de tercero extraño a juicio." En ese contexto, se establece que no es optativo para los quejosos, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, ya que es suficiente que la ley que rige al acto reclamado contenga el medio de impugnación idóneo para que esté a disposición del interesado y pueda ejercitarlo, lo que conlleva la obligación de su tramitación respectiva, sin distinción alguna, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de protección de derechos fundamentales. Los razonamientos expuestos ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, de admitirse la demanda de amparo. Sin que en el caso nos encontremos con alguna excepción al principio de definitividad contemplada en la hipótesis legal analizada, pues no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco el acto reclamado consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. De igual forma, el quejoso no es persona extraña al procedimiento, ni la procedencia del recurso de reconsideración en comento está sujeta a interpretación adicional, ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, pues el artículo 347 del Código de Procedimientos Civiles para del Estado de Tabasco, es claro en establecer su procedencia.??????????????? Lo anterior es así, pues no debe perderse de vista que, por más que se pretenda un mayor acceso al juicio de derechos fundamentales, prevalece la obligación de respetar sus principios y formalidades, como lo es, el agotar el principio de definitividad, salvo contadas excepciones que, como tales, no deben ser desnaturalizadas para abrir toda oportunidad de defensa constitucional a los gobernados, en detrimento de la seguridad jurídica que procura garantizar el establecimiento claro de recursos ordinarios, de procedencia obligatoria, antes de acudir al juicio de amparo; ello, en aras de velar por la certidumbre de las partes en litigio. Orienta lo expuesto, la tesis I.3o.C.64 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, mayo de 2015, Tomo III, página 2295, registro 2009267, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU COMPATIBILIDAD CON LA NORMATIVA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Si bien de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, son de observancia general no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, con el objeto de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, ello no implica que la normativa en materia de derechos humanos sea incompatible con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, dado que éste no puede considerarse como un recurso, sino como un verdadero juicio previsto en el artículo 107 de la Carta Magna, en el que se sientan las bases a las que se sujetará el procedimiento y el orden jurídico que lo regula a través de la Ley de Amparo, en cuyo artículo 61 establece diversas causas de improcedencia como presupuestos procesales que deben atenderse, pues lo contrario daría lugar a una situación permanente de inseguridad jurídica en relación con todos los actos de autoridad, lo que resulta ajeno y contrario a los fines que persiguen el juicio de amparo, la Constitución y los propios tratados sobre derechos humanos. Ahora bien, el citado artículo 61, en su fracción XVIII, señala como casos de excepción al principio de definitividad cuando: a) se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente por desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Por tanto, el principio de definitividad es compatible con la normatividad en materia de derechos humanos, ya que la observancia de los requisitos para acceder al juicio de amparo resultan acordes con los lineamientos establecidos en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que su trámite es rápido, sencillo y únicamente se requiere estar en el supuesto de afectación de un acto de autoridad para acceder a la posibilidad de impetrar la protección de la Justicia Federal, dentro del plazo previsto por la ley. De ahí que el derecho de acceso a la justicia no se traduce en una facultad para transgredir las normas que rigen al procedimiento; tampoco implica que quede al arbitrio de los gobernados interponer o no los recursos previstos en la ley ordinaria contra los actos que se señalan como reclamados, pues la ley de la materia dispone específicamente en qué casos el quejoso puede acudir directamente al juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa." III. Conclusión. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que la parte quejosa estuvo en aptitud de hacer valer el recurso de reconsideración contra el auto que por esta vía constitucional reclama, lo cual no hizo, debe estimarse que no agotó el principio de definitividad y, por tanto, lo que procede, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, es desechar de plano la demanda de amparo en cuestión. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 1870, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 2116, Novena Época, registro 1003749, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." Sin que dicho pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de derechos fundamentales. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto a cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, página 772, registro 2006485, que establece: ???????????? "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Así como, por su contenido y alcance, la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 525, registro 2002286, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 530, registro 2002359, que establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Anotaciones. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Acceso a la información. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa a las partes que las resoluciones y demás actuaciones que se generen en este expediente son públicas, lo que implica que serán accesibles a cualquier persona, siempre que los titulares de la información brinden su consentimiento; por lo cual, se les comunica que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos ersonales; no obstante lo cual, si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, mediante la elaboración de la versión pública correspondiente, con la supresión de datos personales, en términos de lo previsto en el artículo 30 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo. Lo anterior de conformidad con el criterio emitido por la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, al resolver el recurso de revisión 2/2004, de rubro y texto siguientes: "OPOSICIÓN DE LAS PARTES. AUNQUE NO EXISTA, DEBERÁ SUPRIMIRSE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL EN LA VERSIÓN PÚBLICA DE LAS SENTENCIAS. En las versiones públicas de las sentencias se debe suprimir la información considerada como confidencial, aunque no exista oposición de las partes, sin que con ello se impida conocer el criterio del órgano jurisdiccional, conforme a lo establecido en los artículos 4, fracción III, 7, 8 y 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental". Así como el criterio 1/2011 que derivó de la resolución emitida por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintisiete de enero de dos mil once, en el expediente relativo al procedimiento de clasificación de información 241/2010-J; del epígrafe y contenido siguientes: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En este sentido, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y ???????? que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos"

  4. Principal

    I. CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN EL CUAL NO HA LUGAR A TENER POR DESAHOGADA LA PREVENCIÓN.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco · 15,768 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano