Carmen Patricia Quiñonez Piña

Expediente 116/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
116/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
21/04/2021

Partes del expediente

  • Carmen Patricia Quiñonez Piña

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, en que se hace constar que no se interpuso el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintiséis de febrero de dos mi veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. archívese el asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    vista la demanda de amparo que promueve ***, por propio derecho, contra actos de la Directora de Responsabilidades "C" adscrita a la Auditoria Superior de la Federación y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los artículos 103, fracción I y 107 fracción III de la Constitución. Fórmese cuaderno de amparo físico y electrónico a que se refiere el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 116/2021-V. De la revisión integral realizada a la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: TIENEN EL CARÁCTER COMO ORDENADORAS: Se señala como autoridad responsable a la Directora de Responsabilidades "C" adscrita a la Auditoria Superior de la Federación, Lic. Luisa María Moreno Cárdenas con domicilio en Carretera Picacho Ajusco No. 167, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Demarcación Territorial Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México. TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES EJECUTORAS: Ciudadano notificador adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoria Superior de la Federación, Miguel Ángel León Torres con domicilio en Carretera Picacho Ajusco No. 167, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Demarcación Territorial Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México. IV.- ACTOS RECLAMADOS: A).- De la autoridad responsable ordenadora se reclama: El ordenamiento de la ilegal notificación relativo al oficio citatorio para desahogo de audiencia de inicio a procedimiento de responsabilidades resarcitorias expediente DGR/C/11/2020/R/15/196 iniciado por la ordenadora, llevado a cabo por el CIUDADANO DILIGENCIARIO adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoria Superior de la Federación, Miguel Ángel León Torres, con fecha 12 de noviembre de 2020, en primer lugar porque se llevó a cabo en un domicilio que no es casa habitación y/o domicilio convencional que la suscrita señalara dentro del procedimiento DGR/C/11/2020/R/15/196, por otro lado dicho emplazamiento se llevó a todas luces de manera irregular ya que la naturaleza de la notificación exige ciertos requisitos acorde con ley aplicable a la materia, dicho requisito indispensable es que se notifique de manera PERSONAL al presunto. Como consecuencia de lo anterior se reclama la NOTIFICACIÓN ILEGAL realizada el 3 de noviembre de 2020, toda vez que como la suscrita quejosa no fui notificada legalmente del oficio citatorio para desahogo de audiencia como lo dicta la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, mismas que la misma autoridad cita y viola en la cedula de notificación. B).- De la AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA se reclama: Del ciudadano notificador adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoria Superior de la Federación, Miguel Ángel León Torres la falta absoluta e ilegal la notificación que llevo a cabo el día 30 de noviembre del 2020, toda vez en ningún momento se cercioro que la identidad de la persona a quien notifico, NO SOY YO ni mi representante legal que YO haya designado dentro del procedimiento DGR/C/11/2020/R/15/196." El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa, cuyo rubro y texto es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Del precepto transcrito se conoce, que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracciones II y III, inciso b), de la Ley de Amparo, prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. ) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (. ) II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (. )" Las causas de improcedencia factibles de actualizarse en el juicio de amparo no se limitan a las hipótesis previstas en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que su fracción XXIII posibilita decretar la improcedencia de la instancia constitucional en razón de cualquier otro motivo derivado de la Constitución Federal o de la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que se obtiene de lo establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la propia Ley de Amparo. A efecto de explicar cómo es que opera ese motivo de improcedencia; debe partirse por señalar que el numeral citado en último término prevé los supuestos de procedencia del juicio de amparo en su modalidad de bi-instancial, entre ellos los regulados por sus fracciones II y III, y que se refieren a la impugnación de actos provenientes de autoridades administrativas distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y comprende los siguientes supuestos: 1. La reclamación de actos u omisiones aislados o no procedimentales; y 2. La impugnación de actos provenientes de un procedimiento que se tramite en forma de juicio ante las referidas autoridades administrativas que no tienen el carácter de tribunales, concretamente las siguientes: a) Resoluciones definitivas por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Atendiendo a estos últimos supuestos, se obtiene que el juicio de amparo indirecto, por regla general, no es procedente en contra de aquellos actos que se emiten dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, sino que ese medio de defensa debe promoverse hasta que se pronuncie la resolución que le ponga fin, pudiendo hacer valer en ese momento tanto las violaciones en las que incurra tal resolución como las que se hayan actualizado en la etapa procedimental. La prohibición legal en cuestión encuentra su origen en la necesidad de limitar la procedencia del juicio de amparo y evitar su uso desmedido, partiendo de la idea de que en ocasiones, las violaciones que se cometen en el procedimiento pueden resarcirse al momento de que se emite la resolución definitiva, máxime si no implican de por sí una transgresión a derechos sustantivos de los gobernados. Tampoco debe soslayarse que la regla general en cuestión admite excepciones que se obtienen tanto del contenido de la norma como de su interpretación efectuada por los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación. Así, se observa el reconocimiento obligatorio de las siguientes tres excepciones al principio que se analiza: 1. Tratándose de personas extrañas al procedimiento, quienes están legitimadas para impugnar aquellos actos que integran el procedimiento aun cuando no se trate de la resolución definitiva; tal como expresamente lo ordena el artículo 107, fracción VI, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. 2. En aquellos supuestos en los que el acto emitido dentro del procedimiento implique una ejecución de imposible reparación, tal como prevé el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo; y 3. Cuando se haga valer la inconstitucionalidad de leyes y se señale como acto concreto de aplicación a alguno de los integrantes del procedimiento, siempre que tales actos efectivamente sean de imposible reparación. En ese sentido, es de indicar que la explicación de la primera de las excepciones analizadas no implica mayor complejidad, dado que proviene de la propia regulación otorgada expresamente por el legislador en el precepto legal que se analiza, concretamente en su fracción VI, aplicada por analogía. Por otra parte, se observa la intención del legislador de prever dentro de los supuestos de procedencia del juicio de amparo bi-instancial la impugnación de actos emitidos dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuya ejecución sea irreparable, ya que de no hacerlo así, se consentiría la existencia de violaciones a los derechos sustantivos de los gobernados no resarcibles a través de medio de defensa alguno. Lo anterior, en razón de que en algunos casos, la transgresión a la esfera jurídica de derechos ocasionada por un acto emitido en la etapa de instrucción de un procedimiento no puede subsanarse al pronunciarse la resolución que le ponga fin, dado que de esa cuestión no se ocupa, de ahí que el legislador estimara necesario reconocer la procedencia del juicio de garantías. Por último, el hecho de reconocer la procedencia del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento, aun cuando no constituyan la resolución definitiva, siempre que se trate del primer acto de aplicación de la ley en perjuicio del promovente y se reclame también ésta, deriva del principio de indivisibilidad en el juicio de garantías contra una norma heteroaplicativa, que impide su examen desvinculándola del acto de aplicación reclamado que actualiza el perjuicio. Por tanto, el amparo procede tanto contra la ley como contra su primer acto de aplicación conforme a la fracción I del ordenamiento legal mencionado. Esto siempre que las resoluciones que se reclamen dentro del procedimiento respectivo sean de imposible reparación Para ilustración, la Jurisprudencia 2a./J. 215/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 267 del tomo XXXI, Enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala lo siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA CUANDO SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De los artículos 16, fracción XXVIII, 79, fracción X, 110, 121 a 123, 125, 127, 134 y 136 a 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en relación con los diversos 73, fracciones XII, párrafo tercero, y XV y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que cuando se impugne la inconstitucionalidad de una ley dentro de un procedimiento administrativo disciplinario seguido con fundamento en el referido artículo 136 y el Consejo de la Judicatura Estatal aplique como sanción al servidor público la suspensión, destitución o inhabilitación, solamente procederá el juicio de amparo indirecto, como excepción al principio de definitividad, sin necesidad de esperar a que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia dicte la resolución definitiva al resolver el recurso de revisión oficioso, cuando se acredite que es el primer acto de aplicación de la ley reclamada, y además de imposible reparación. Lo anterior es así, porque razonar en sentido contrario llevaría a paralizar todos los procedimientos administrativos con el solo hecho de impugnar la inconstitucionalidad de la ley, lo que es contrario al fin perseguido por el juicio de amparo. Además, en el caso, es aplicable por analogía, lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Amparo." Al hacer un análisis de la demanda este juzgado advierte que se trata de actos que son indudablemente parte de un procedimiento administrativo, diligencias que además está obligado a realizar la autoridad responsable para integrar correctamente el procedimiento de que se trata. Precisado lo anterior, se impone analizar si, a pesar de la conclusión anunciada, se actualiza alguno de los supuestos citados que provoquen la desestimación de la causa de improcedencia en estudio. Procede verificar si los actos reclamados en este juicio son aquellos que deban calificarse como de imposible reparación. Ahora, de los antecedentes expuestos bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa en su demanda de amparo, así como de las documentales que anexa a su escrito inicial, es posible colegir lo siguiente: "I.- El día 14 de noviembre de 2020 recibí una llamada por parte del C. Luis Andrés Méndez Tello quien fue mi persona de confianza en algunos procedimientos judiciales el año pasado, pero con quien actualmente no tengo ninguna relación para decirme que recibió una cedula de notificación por parte de la Auditoria Superior de la Federación ya que fueron a buscarlo a EL para notificarlo alegando que A MI no me encontraron en ningún domicilio que tuviera la dependencia, y que era parte de un procedimiento pero que no podía dar le la razón del mismo el notificador a menos que se diera por notificado en el mismo acto. II.- Debido a la inexistente relación entre el C. Luis Andrés Méndez Tello, demoro en conseguir mi número telefónico me llamo el mencionado día 14 de noviembre de 2020, para el día 15, un día posterior hacerme llegar vía correo electrónico la cedula de notificación para que hiciera lo que a mi derecho conviniera, misma que anexo al presente:" Esta última cedula de notificación es el acto que reclama la parte quejosa, sin embargo, constituye una resolución intraprocesal o intermedia dictada dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que no afecta de manera irreparable a la parte quejosa, pues no trastoca derechos sustantivos. El grado de afectación en la esfera jurídica del gobernado, se podrá determinar debido a que no se puede interponer una nueva queja por defecto en el cumplimiento de sentencia, ya que se agotó la instancia, pues hasta este momento procesal será posible evidenciar si el acto que reclama trasciende o no al resultado del fallo, ya que podrá ser que cumpla con la carga de acreditar algún impedimento para estar presente en la diligencia, y en ese caso podrá continuar el procedimiento el cual puede concluir con una resolución final favorable a los intereses del quejoso y que la violación procesal reclamada en su demanda de amparo no trascienda al resultado del fallo. El archivo provisional del expediente en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que sus efectos jurídicos son meramente intraprocesales, y por ende, no afectan algún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso se le otorgó la oportunidad de justificar la supuesta inasistencia a la audiencia de conciliación, con lo cual, desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo cuando se determine tenerlo por desistido de su pretensión. Al respecto conviene señalar que la intención del legislador de prever dentro de los supuestos de procedencia del juicio de amparo bi-instancial la impugnación de actos emitidos dentro de juicio cuya ejecución resulte irreparable, fue evitar la existencia de violaciones a las garantías individuales de los gobernados no resarcibles a través de medio de defensa alguno. Lo anterior, en razón de que, en algunos casos, la transgresión a la esfera jurídica de derechos ocasionada por un acto emitido en la etapa de instrucción de un procedimiento no puede subsanarse al pronunciarse la resolución que le ponga fin, dado que de esa cuestión no se ocupa, de ahí que el legislador estimara necesario reconocer la procedencia del juicio de amparo contra esos actos. La distinción entre actos dentro de un procedimiento que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la constitución y aquellos que solo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener tales características esos actos, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva. Por tanto, no se afecta alguno de sus derechos sustantivos ni se erigen como violaciones procesales trascendentales, ya que tal procedimiento seguirá su curso y una vez concluido tendrá expedito su derecho para promover sus defensas conforme convenga a sus intereses. Finalmente, con relación al tercer supuesto, en el presente asunto no se controvirtió la constitucionalidad de algún precepto legal o disposición normativa, con motivo del dictado de una resolución definitiva. Por lo que resulta que la omisión reclamada, deriva de una actuación intraprocesal, por tanto, de ninguna manera constituye la resolución definitiva ni se actualiza alguna de las excepciones que hagan procedente su impugnación a través del amparo indirecto, es decir, no se ostenta como tercero interesado, no son actos que deban considerarse como de imposible reparación y no se impugnó la constitucionalidad de algún precepto legal. Es aplicable la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), emitida por la Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo III, Mayo del dos mil catorce, página 1539, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción III, inciso b), este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo la demanda de amparo indirecto por los actos que se analizan es notoria, manifiesta e indudablemente improcedente. En tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo por actualizarse de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia invocada. Por último, debe señalarse que si bien el artículo 1°, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Lo cierto es que del principio pro persona no deriva necesariamente que lo planteado por los gobernados deba ser resuelto de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva, ya que ese principio no puede ser constitutivo de derechos, cuando no existe sustento para ello en las normas jurídicas aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque es conforme a las normas legales aplicables que deben resolverse las controversias. De este modo lo ha determinado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1ª./J.104/2013 (10ª), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, pág. 906, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Es por ello que con el desechamiento de la demanda de amparo no se impide al promovente acceder a la justicia, toda vez que la observancia de los supuestos de procedencia para él establecidos, es un requisito legal que se debe cumplir. Se cita al efecto, la tesis 1a. LXXXIV/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochocientos noventa, del libro XVIII, marzo de dos mil trece, tomo uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizado en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas que se señalan. HÁBILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a que practiquen las diligencias que se requieran en el presente asunto en horas y días inhábiles. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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