Carmen Patricia Palma Olvera

Expediente 871/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
871/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
24/12/2021

Partes del expediente

  • Carmen Patricia Palma Olvera

Actuaciones

  1. Principal

    V.- Cúmplase.

  2. Principal

    V.- Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el telegrama remitido por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, con el cual transcribe el proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 1461/2021-IV de su índice, del que se advierte en su parte conducente que aceptó la competencia planteada por este Juzgado, avocándose al conocimiento de este asunto y acusa recibo del oficio 19559/2021 de veintiséis de noviembre del año en curso, librado por este órgano jurisdiccional, relativo a la demanda de amparo promovida por Carmen Patricia Palma Olvera, contra actos que atribuye al Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes, avocándose al conocimiento del asunto. Ahora bien, toda vez que en proveído de dos de diciembre del año en curso, se tuvo por recibido el escrito signado por Martha Gabriela Rojo Castillo, en su carácter de autorizada de la quejosa Carmen Patricia Palma Olvera, con el cual, con motivo de la incompetencia declinada en autos señaló autorizados para oír y recibir notificaciones y domicilio en la ciudad de Cancún, para el mismo efecto, mediante atento oficio electrónico que al respecto se libre, remítase el escrito antes citado, para los efectos legales conducentes en el juicio de amparo 1461/2021-IV del juzgado que asume la competencia declinada. En consecuencia, hágase las anotaciones en el libro respectivo; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, procédase al archivo del presente juicio como asunto concluido. Asimismo, en cumplimiento al artículo 21, del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer del presente juicio de amparo; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión, así como que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso j) del indicado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto antes citado. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. En cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese.

  3. Principal

    V-Agréguese a los autos el escrito signado por Martha Gabriela Rojo Castillo, en su carácter de autorizada de la quejosa, mediante el cual con motivo de la incompetencia declinada en autos, señala autorizados para oír y recibir notificaciones y domicilio en la ciudad de Cancún, para el mismo efecto. Ahora bien, toda vez que en proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, se remitió el juicio de amparo al Juzgado de Distrito en turno, con residencia en Cancún, Quintana Roo, con motivo de la competencia declinada por este Juzgado; por tanto, una vez que se advierta a que Juzgado le correspondió conocer del mismo, se comunicará dicho escrito, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    V-Se da cuenta con la demanda de amparo de cuenta promovida por Carmen Patricia Palma Olvera, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, regístrese en el Libro de Gobierno respectivo, bajo el número 871/2021-V-A.Ahora, resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida.Ahora, debe decirse que del análisis de la demanda se advierte que la parte promovente del juicio señala como acto reclamado el siguiente:DENEGACIÓN DE JUSTICIA consistente en la injustificada OMISIÓN de acatar y dar cumplimiento a lo ordenado mediante sentencia dictada en autos de fecha 28 de septiembre de 2020 del Toca Familiar número 36/2020 del índice de la H. Segunda Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. Ahora, del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente, en el apartado de antecedentes, manifestó que el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, en autos del toca familiar número 36/2020 del índice de la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar y Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, se dictó sentencia en la que se ordenó acumular los autos del expediente 352/2018 y del 534/2014, ambos del índice del Juzgado Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, al expediente 289/2014 del índice del Juzgado Familiar de Primera Instancia de Solidaridad, Quintana Roo, con residencia en Playa del Carmen, Quintana Roo, revocando la sentencia apelada y ordenando reponer el procedimiento a partir del auto de fecha diez de febrero de dos mil veinte, y a la fecha esta última autoridad citada, ha sido omisa en acatar lo ordenado en el toca 36/2020.Ahora, resulta pertinente destacar que este juzgado federal advierte que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, ello con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo. Al efecto, los artículos antes citados establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:.VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.".De la lectura de los preceptos legales antes citados, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber:Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.En las dos primeras reglas, se requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, esto no solo es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios jueces de distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una sola jurisdicción; en cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos o más distritos diferentes, al precisar que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro.La tercera regla prevé el caso en el que el acto reclamado no requiere ejecución material, lo que da competencia al juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se aprecia que la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al juez de amparo más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los jueces de distrito con jurisdicción en los distritos, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro.Esto, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia.Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.En el caso, se reclama la omisión de la autoridad Juzgado Familiar de Primera Instancia de Solidaridad, Quintana Roo, con residencia en Playa del Carmen, Quintana Roo, de acatar lo ordenado en el toca 36/2020, del índice de la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar y Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, esto es, reponer el procedimiento a partir del auto de fecha diez de febrero de dos mil veinte, en los autos del expediente 289/2014 de su índice.Situación que la única autoridad judicial señalada como responsable debe ejecutar en Playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, como se desprende de sus manifestaciones que bajo formal protesta de decir verdad, realizó en su escrito de demanda y en el apartado de antecedentes.Por ende, debido a que el acto reclamado a la autoridad responsable se deriva de una resolución de segunda instancia que ordena la reposición del procedimiento, tal acto tiene ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado señalado. En consecuencia, se determina que el presente juicio de amparo, debe ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden de reposición del procedimiento respectivo, con independencia del lugar donde resida el tribunal de segunda instancia.Lo antes expuesto encuentra debido sustento en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL. Las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento tienen ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, los juicios de amparo en contra de dichas resoluciones, deben ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden de reposición del procedimiento respectivo, con independencia del lugar donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 36 de la Ley de Amparo" Registro digital: 179090 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 37/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Marzo de 2005, página 229 Tipo: Jurisprudencia .De lo expuesto se obtiene que para fijar la competencia del juicio de amparo intentado por la parte promovente, debe atenderse a la regla referida en el numeral 1 del presente auto, es decir, que deberá conocer de éste el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde se ejecuten, se estén ejecutando, se hayan ejecutado o deba ejecutarse el acto reclamado. Ahora, como ya se señaló el acto reclamado se tendrá ejecución fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, esto es, en la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo, por tanto, cabe concluir que, en el caso concreto, para determinar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer del juicio de amparo promovido, debe atenderse al lugar donde ésta tuvo, tiene o tendrá ejecución, lo que en la especie ocurriría en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo.Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial que comprende un axioma compatible con la Nueva Ley de Amparo, de la Séptima Época, Volumen 217-228, Séptima Parte, Página 88, consultable bajo el número de registro 245025, cuyo y texto refieren lo siguiente:"COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.". Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio de derechos fundamentales se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, quien por razón de territorio ejerce jurisdicción en esa ciudad en que tendrá lugar la ejecución del acto reclamado, por lo que este órgano de distrito carece de competencia legal en términos del primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo.Previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, de conformidad con el numeral 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio con las copias de la demanda y sus anexos, al Juez de Distrito en turno en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, se solicita al que le corresponda conocer, informe a este órgano jurisdiccional el trámite que se sirva dar a lo anterior, a fin de integrar debidamente el presente expediente.Se tiene como domicilio del tercero interesado para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, aún los de carácter personal el que indica en su ocurso de cuenta y por autorizada en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada Martha Gabriela Rojo Castillo, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito; y a las restantes personas como sus autorizados con las limitaciones que dispone el artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones, toda vez que así fueron solicitados expresamente.Ahora bien, previa búsqueda en el módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advirtió que el usuario "garojo" se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 35, 36, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario para consultar el presente expediente en línea; por tanto, hágase del conocimiento Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, para que en términos del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes.Finalmente, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de veintiocho de julio del año en curso, téngase a la parte quejosa señalando número de teléfono, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Con fundamento en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. De lo anterior, sin que haya que lugar a notificar personalmente la presente determinación al promovente, en atención a la Jurisprudencia 12/96, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página cincuenta y cinco, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALIA DE PARTES COMUN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCION. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE", que en lo conducente establece:".es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término, a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existe oficina de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado". NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

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