Carmen Patricia Barrera Willie
Expediente 551/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 551/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Carmen Patricia Barrera Willie
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el acuerdo de diecisiete de mayo del año en curso, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo con que se formó este expediente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado para todos los efectos legales, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado de los presentes autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de veintiséis de abril del presente año, se previno a la parte quejosa, para que aclarara su demanda de amparo en los siguientes términos: ".Exhiba documento fehaciente para acreditar la personería que ostenta como apoderado legal de ******************** ********************, toda vez que la carta poder presentada resulta insuficiente para acreditar tal extremo en el presente juicio de amparo..." Se apercibió a la parte quejosa que de no cumplir con lo antes señalado en el plazo indicado, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendría por no presentada la demanda de amparo de que se trata; sin que a la fecha cumpliera esa prevención. Por no presentada la demanda que dio origen al presente juicio. Consecuentemente, si la parte quejosa, no cumplió cabalmente los términos señalados en el auto aclaratorio, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la citada Ley, se tiene por no presentada la demanda que dio origen al presente juicio.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Prevención. A efecto de determinar lo que en derecho proceda respecto de la admisión de la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II y IV en relación con el 108, fracción IV, y 110 de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con las copias del escrito inicial de demanda y aclaratorio necesarias para cada una de las partes, esto es, una por cada autoridad responsable que señale, una más para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, dos para los cuadernos incidentales; se sirva aclarar su demanda de amparo y: - Exhiba documento fehaciente para acreditar la personería que ostenta como apoderado legal de********************, toda vez que la carta poder presentada resulta insuficiente para acreditar tal extremo en el presente juicio de amparo. En efecto, los casos de que necesite comparecer por conducto de representante legal es de puntualizarse que la calidad de apoderado puede justificarse con instrumento notarial, el cual deriva de un mandato, entendido como el contrato por virtud del cual el mandatario, que es quien recibe la representación, se obliga a ejecutar por cuenta del mandante, es decir, del representado, los actos jurídicos que éste le encarga. Así, la legislación especial que delimita esta figura jurídica es el Código Civil Federal y de su ordinal 2551, se obtiene que el mandato puede otorgarse en escritura pública; en escrito privado firmado por el otorgante y testigos, y ratificado ante autoridad competente (notario público, Juez de Primera Instancia o Juez Menor, entre otros), y podrán ser generales o especiales, atendiendo a las limitaciones que se hagan, de conformidad con los artículos 2553 y 2554 de dicha legislación. De estos últimos preceptos se pone de relieve que el mandato puede ser general o especial, estos a su vez, el general puede ser de distintos tipos, a saber: poder general para pleitos y cobranzas, poder para actos de administración y, poder para actos de dominio, por lo que por disposición legal cualquier otro mandato será especial. De igual forma, el diverso precepto 2,555 del ordenamiento legal antes invocado, establece que para el caso de que se otorgue poder general, cuando el interés del negocio para el que se confiere sea superior al equivalente a mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de otorgarse; o, cuando en virtud de él haya de ejecutar el mandatario, a nombre del mandante, algún acto que conforme a la ley debe constar en instrumento público, deberá otorgarse en escritura pública o en carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario, ante los jueces o autoridades administrativas correspondientes. En el entendido de que el poder general o carta poder deben otorgarse con anterioridad a la presentación de la demanda, pues dicha representación surte sus efectos precisamente a partir de la fecha en que se otorgó. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior en el plazo indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, de conformidad con el artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Criterio jurisprudencial. No pasa inadvertida la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), sin embargo, los actos reclamados no se ubican en alguno de los supuestos previstos en los numerales 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional. El artículo 107, párrafo primero, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes". Por su parte, el numeral 126 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal". Los preceptos legales de referencia, son producto de la reforma constitucional en materia de amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación y la posterior expedición de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, lo que generó, en cuanto a la suspensión en el amparo indirecto, un nuevo sistema equilibrado, orientado en la preservación de los derechos humanos y contar con mayores elementos de control, con objeto de evitar el abuso en su concesión y el dictado de resoluciones que lastimen la sensibilidad social. En el artículo 107, primer párrafo, fracción X, constitucional, se estableció que correspondería al legislador determinar tanto las condiciones como los casos en los que la suspensión sería procedente y, en función de esto, al expedir la ley reglamentaria en vigor, no sólo reconoció al juez de distrito la discrecionalidad para decidir sobre ella y estableció los parámetros normativos para el desarrollo general o específico de la ponderación, sino le otorgó la facultad de determinar los supuestos en los que la suspensión era procedente en función de ciertos bienes jurídicos de índole irreductible o preponderante. Aunado a ello, el artículo 126, transcrito, dispone que en el auto de admisión de la demanda, el juez podrá conceder la suspensión de plano, la que de otorgarse deberá comunicarse sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento, cuando se trate de los actos siguientes: a) Importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas. b) Las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales (prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). c) La incorporación forzosa en el ejército, armada o fuerza aérea nacionales. d) Tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. De ese modo, la suspensión de "oficio" o de "plano", se decide sin sustanciar incidente y sin exigir requisito alguno para que surta efectos, pues la medida tiene por objeto la protección de bienes jurídicos irreductibles y de preservación preponderante, cuya protección conlleva una urgencia y gravedad que permiten al juzgador actuar de manera inmediata. Así, el legislador estableció una serie de actos o supuestos en los que se impuso el otorgamiento de la medida cautelar sin mayor trámite o ponderación y con exclusión de la discrecionalidad del juzgador, a fin de evitar que se materialicen o consumen actos que afecten bienes jurídicos irreductibles y de preservación preponderante. En ese sentido, la omisión de suministrar el servicio de agua potable no se ubica en alguno de los supuestos de urgencia mencionados que amerite decretar la suspensión de plano, ya que en la demanda se precisó que la falta de servicio solamente impide realizar diversas actividades con normalidad, como bañarse, cepillar los dientes, lavar manos e ir al baño, pero que la quejosa paga semanalmente por recibir el suministro de agua. Tampoco, constituyen una multa excesiva o con tales actos se confiscaron bienes o se impusieron penas inusitadas o trascendentales en la quejosa. Luego, al no actualizarse alguna de las hipótesis establecidas por el legislador que justifique la suspensión "de plano" en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, procede prevenir al promovente en los términos señalados. Domicilio y autorizado. Por otro lado, Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica; y como autorizado para tal efecto en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a********************, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que entró en vigor por Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio del dos mil cinco; y en términos restringidos de dicho numeral a ********************, toda vez que su cédula profesional no se encuentra registrada en el aludido sistema. Consulta expediente electrónico De conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como en el diverso 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a los usuario ********************, la consulta del expediente electrónico. Por tanto, se comisiona a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita, para que realice la autorización respectiva en el expediente electrónico del citado usuario. Exhortación al resto de las partes -juicio en línea-. Con apoyo en el segundo párrafo del artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea" del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias. Asimismo, de conformidad con los artículos 261 y 262 del citado Acuerdo General, hágase del conocimiento de las partes, que las personas que acudan a los órganos jurisdiccionales podrán hacer uso de los equipos de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrán para tal efecto, los cuales podrán destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circulación 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas.
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