Carmen Odilia Velasco Zepeda

Expediente 220/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
220/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
25/04/2019

Partes del expediente

  • Carmen Odilia Velasco Zepeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, a veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la notificación de la sentencia dictada el tres de los corrientes, se hizo a la parte que le pudo haber causado perjuicio, el cuatro siguiente; por tanto, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; debiendo remitir al archivo de este juzgado por separado los cuadernos del incidente de suspensión respectivos, agregando a los mismos copia autorizada del presente auto. Por otra parte, no obstante que en el presente asunto, se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo; sin embargo, lo procedente es declarar el presente juicio de amparo como susceptible de depuración, toda vez que se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se dejó sin materia la medida cautelar solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ** a favor de **, en contra de los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública y Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública en representación del Director Jurídico, ambos del Estado, con sede en esta ciudad; por los motivos precisados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ** a favor de **, en contra de los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública y Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública en representación del Director Jurídico, ambos del Estado, con sede en esta ciudad; por las razones expuestas en el considerando quinto de este fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación efectuada por la secretaría en la cuenta que antecede, en el sentido de que la parte quejosa no desahogó la vista que se le dio mediante proveído de once de los corrientes, dentro del término de quince días que se le otorgara para tal fin, el cual transcurrió del veinte de febrero al catorce de marzo del año en curso. En consecuencia, llevando adelante el apercibimiento contenido en dicho proveído, se tiene por no designada como autoridad responsable en este asunto al Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, domiciliado en esta ciudad; por lo que se procederá a resolver el presente juicio constitucional, por lo que respecta a las restantes autoridades señaladas como responsables en este asunto y por los actos a ellas atribuidos. Notifíquese como corresponda.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, once de marzo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, en representación del Secretario y Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica, ambos de dicha Secretaría, así como el anexo. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista de lo anterior a las partes; relaciónense en la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que del contenido de las constancias que se adjuntaron al informe de mérito, se advierte que con fecha diecisiete de febrero de dos mil diecinueve, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, hizo del conocimiento a la directa quejosa que los hechos por los que se encontraba detenida en la cárcel pública de dicha dependencia encuadraban en la conducta establecida en el artículo 42 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán y que a su vez se encuentra sancionada por dicho cuerpo normativo. "Articulo 42.- Los conductores no deberán conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, drogas, psicotrópicos, estupefacientes o cualquier otra sustancia que menoscabe sus capacidades para conducir, en términos de lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley." En ese sentido, procedió a calificar la sanción administrativa a imponer a la quejosa, en la que determinó un arresto de veinticuatro horas. Haciendo constar el Director Jurídico oficiante que en ese propio acto notificó a la impetrante del amparo CARMEN ODILIA VELASCO ZEPEDA la sanción impuesta. Ahora bien, como se estableció, la notificación de dicha resolución se realizó a la quejosa el dieciséis de febrero de dos mil diecinueve, sin embargo, al ser tal día inhábil por haber sido sábado, tal notificación deberá tenerse por hecha el día siguiente hábil, esto es, el dieciocho del referido mes y año. Por tanto, con fundamento en la fracción II, del artículo 111, de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, previsto en el numeral 17 de la ley de la materia, mismo que comenzó a correr a partir del día siguiente hábil al en que surtió efectos la notificación que se le hizo en fecha dieciséis de febrero de dos mil diecinueve, manifieste si señala o no como acto reclamado dicha determinación y como autoridad responsable en este asunto al Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro de ese plazo, el cual comenzó a computarse a partir del día veinte de febrero en curso, y vence el catorce de marzo siguiente, se tendrá a dicha autoridad como no designada en los presentes autos y se resolverá este juicio únicamente por lo que respecta a los actos y autoridades señalados en la demanda de amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, Materia(s) Común, Tesis P./J. 8/2018 (10a.), en la página 10, número de registro 2016652, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO. El artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo incorpora expresamente la figura de la ampliación de la demanda de amparo, para los casos en que no hayan transcurrido los plazos para su presentación, o bien, cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional. Este segundo supuesto se actualiza cuando el quejoso tiene conocimiento de nuevos actos reclamados o autoridades responsables, o la necesidad de presentar conceptos de violación novedosos derivados de la fundamentación y motivación que no se conocía con anterioridad, siempre que exista una estrecha relación con los actos impugnados inicialmente. Ahora, si bien el supuesto es abierto, por lo regular el referido conocimiento deriva directamente de las constancias y del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. En este caso, el cómputo del plazo para presentar la ampliación de demanda inicia al día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe justificado y ordena dar vista al quejoso, excepto cuando se acredite plenamente, que antes de la mencionada notificación, éste se ubicó en alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso el cómputo inicia a partir del día siguiente a ese conocimiento; sin que lo anterior esté vinculado con la vista que se otorga a las partes para imponerse del contenido del informe justificado, por ser actos procesales diferentes con finalidades también distintas, esto es, por un lado se encuentra la posibilidad de: (i) ampliar la demanda ante el conocimiento de actos, autoridades o aspectos novedosos relacionados -incorporando a la litis del amparo elementos que no habían sido integrados al juicio y, por ende, es necesario solicitar un nuevo informe justificado, ya sea a la propia autoridad o a una nueva-; y, por otro, (ii) imponerse del contenido del informe justificado respecto de argumentos y pruebas relacionados con el acto reclamado por el que originalmente se admitió la demanda. Una interpretación en la que se asumiera que el plazo para ampliar la demanda debe computarse a partir del día siguiente al del fenecimiento de la vista para imponerse del informe justificado, traería consigo, como consecuencia, alterar el contenido del artículo 18 invocado, ampliando sin fundamento legal los plazos establecidos por el legislador. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

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