Carmen Nora García Caballero

Expediente 178/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 26 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
178/2022
Año
2022
Actuaciones
26
Última actuación
25/11/2022

Partes del expediente

  • Carmen Nora García Caballero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    PRAL 178/2022 MESA 7* AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las once horas con diecisiete minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, hora y fecha señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 178/2022, como se ordenó en acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintidós, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, asistido de Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta. Apertura de la audiencia. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por ******************** e informes justificados de las responsables. Asimismo, hace constar que a) no existe documento con el que deba darse cuenta y b) que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que la parte quejosa ofreció como prueba documental de su parte, la siguiente: Copia certificada de la sentencia dictada en el juicio de amparo 372/2018, de la estadística de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Copia certificada del testimonio de la ejecutoria de diez de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de inconformidad 21/2021, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito. Copia autorizada del acuerdo de catorce de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 372/2018, de la estadística de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado. Copia simple del acuse de recibo del oficio 0052/2022, fechado el doce de enero de dos mil veintidós. Copia simple del acuerdo de once de enero de dos mil veintidós, dictado en el expediente 430/2016, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del distrito judicial del Centro. Copia certificada de diversas constancias deducidas del expediente ********************, del índice del Juzgado Primero Civil de Etla, Oaxaca; mismas que el juez responsable encargado de ese órgano judicial allegó a este juicio de amparo (tomo anexo I) -ofrecida mediante escrito con folio de recepción 6823-. Diversas constancias correspondientes al expediente 430/2016, del índice del Juzgado Civil de la Villa de Etla, Oaxaca -ofrecidas mediante escrito con folio de recepción 6823-. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Oaxaca exhibió, como justificación a su informe, copia certificada de: Decreto número 591, emitido por la Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Oaxaca. Extra del Periódico Oficial de doce de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual se publica el decreto número 591. Decreto número 616, emitido por la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Oaxaca y Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca. Extra del Periódico Oficial de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual se publica el decreto número 616. Decreto número 2831, emitido por la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, mediante el cual se expide el Código Familiar para el Estado de Oaxaca. Extra del Periódico Oficial de cuatro de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se publica el decreto número 2831. Y la diversa responsable, juez Civil de la Villa de Etla, Oaxaca, ofreció como prueba documental de su parte: Copia certificada de diversas constancias deducidas del expediente ********************, de su índice; mismas con las que se formó el tomo anexo I relativo a este juicio. Copia certificada de diversas constancias deducidas del expediente ********************, de su índice; posteriores al auto de once de marzo de dos mil veintidós - remitida mediante oficio con folio de recepción 11187-. Copia certificada de la comparecencia de ocho de noviembre del año en curso, que obra en el expediente ********************, de su índice - remitida mediante oficio con folio de recepción 14916-. Además, la actuaria judicial adscrita al referido órgano judicial, mediante oficio 1025/2022 hizo suya la documental remitida por el juez responsable y que obra en tomo anexo relativo a este juicio. A lo que se acuerda: en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo se admite la prueba documental ofrecida por la parte quejosa y las tres autoridades responsables referidas; misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza, para ser considerada al resolver este juicio. No existiendo más pruebas que desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Etapa de alegatos. Abierto el período de alegatos, se hace constar que únicamente la parte quejosa los formuló mediante escritos con folios de recepción 5630, 9840 y 10422, sin que las demás partes hiciera uso de ese derecho ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentara pedimento; por lo que se cierra esta etapa y quedan vistos los autos para dictar la sentencia respectiva. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 178/2022 y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante demanda de amparo depositada el nueve de febrero de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional el diez de febrero siguiente, ********************, propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Legislatura Constitucional del Estado de Oaxaca y de otras autoridades; mismos que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. Actos que estimó violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación de la demanda y prevención. En auto de diecisiete de febrero del año en curso se formó expediente impreso y electrónico con el número 178/2022 y se previno a la parte quejosa en sus términos. TERCERO. Admisión. Previo cumplimiento a la prevención formulada y ratificación del contenido y firma del escrito aclaratorio por parte de la quejosa, mediante proveído de catorce de marzo del presente año se admitió la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente corresponde. CUARTO. Emplazamiento a la parte tercera interesada. El veinticuatro de mayo del año que transcurre se ordenó el emplazamiento de Pablo******************** Sánchez o Pablo********************, en su carácter de tercero interesado, mismo que quedó emplazado a esta instancia constitucional el veintitrés de junio de este año, como se advierte de la diligencia asentada por el actuario judicial adscrito al Juzgado Primero Civil de la Villa de Etla, Oaxaca. QUINTO. Citación. Seguido el juicio en su trámite, el quince de noviembre pasado se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza civil, además de que las autoridades responsables tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a la fijación clara y exacta de los actos reclamados, los cuales se hacen consistir en: Autoridad responsable Acto reclamado Congreso del Estado de Oaxaca Expedición, aprobación, promulgación y publicación de los decretos 591 y 616, mediante los que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Oaxaca y Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca; específicamente el artículo 664 Duovicies del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca Promulgación y Publicación de los decretos 591 y 616, mediante los que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Oaxaca y Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca; específicamente el artículo 664 Duovicies del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.. Director del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca. La publicación de los decretos 591 y 616, mediante los que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Oaxaca y Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca; específicamente el artículo 664 Duovicies del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Juez Primero de lo Civil del distrito de Etla, Oaxaca. La aplicación de los decretos 591 y 616, mediante los que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Oaxaca y Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca; que se traduce en el acuerdo de cinco de mayo de dos mil veintiuno, en el que se ordenó su emplazamiento y todo lo actuado en el expediente ********************. Actuario o ejecutor del Juzgado Primero de lo Civil del distrito de Etla, Oaxaca. La aplicación de los decretos 591 y 616, mediante los que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Oaxaca y Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, que se traduce en la ilegal e indebida notificación, traslado y emplazamiento en el expediente ********************. Es aplicable la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2014, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 181810, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman al 1) Congreso del Estado de Oaxaca, 2) Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y 3) jefe de la Unidad Jurídica del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, los dos últimos a través del jefe del Departamento de Asuntos Relativos a Controversias y encargado del Departamento de Juicios de Amparo de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Oaxaca, porque así lo manifestaron en sus informes justificados; máxime que al tratarse de normas generales publicadas en un medio oficial de difusión su existencia no está sujeta a prueba. Ahora, por lo que hace a las diversas responsables 4) juez Civil de la Villa de Etla, Oaxaca y 5) actuaria judicial adscrita a dicho órgano judicial, al rendir sus informes justificados, refirieron que eran parcialmente ciertos los actos que se les reclaman. Ello, porque en el juicio de divorcio incausado ********************, en auto de cinco de mayo de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda de Pablo******************** Sánchez o Pablo******************** y se ordenó emplazar a la demandada, aquí quejosa; emplazamiento que aconteció el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Sin embargo, por auto de once de marzo de dos mil veintidós, en un estudio oficioso de la diligencia de notificación, traslado y emplazamiento realizada a la demandada ********************; la juez de lo Civil del distrito judicial de la Villa de Etla, Oaxaca, la declaró nula, al haberse realizado por la ejecutora adscrita en un lugar distinto al ordenado en el referido expediente - se ordenó en calle Avenida Juárez Norte, número cincuenta y ocho (58), Barrio de la Cruz, Suchilquitongo, Etla, Oaxaca, y el emplazamiento se realizó en la Villa de Etla, Oaxaca- (fojas 112 y 114 del tomo anexo I). No obstante a lo anterior, dicha parcialidad se desvirtúa; toda vez que de las copias certificadas de diversas constancias deducidas del expediente ********************, allegadas por la juez responsable a este juicio de amparo, se advierte que aunque se dejó sin efectos la diligencia de notificación, traslado y emplazamiento realizada a la demandada, aquí quejosa, el auto de cinco de mayo de dos mil veintiuno, subsiste. De ahí que es cierto el acto que se le reclama a la juez Civil de la Villa de Etla, Oaxaca. Y por lo que hace al acto atribuido a la actuaria judicial adscrita a dicho órgano judicial, consistente en la ilegal e indebida notificación, traslado y emplazamiento en el expediente ********************, existía al momento de la presentación de la demanda (09-febrero-2022), por lo que también se tiene por cierto el acto que se le atribuye. CUARTO. Causa de improcedencia. 4.1. PRIMERA CAUSAL. Previo al estudio del fondo del asunto, es necesario analizar si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, por lo que hace al acto reclamado consistente en la ilegal e indebida notificación, traslado y emplazamiento en el expediente ********************, misma que se atribuye a la actuaria judicial adscrita al Juzgado Civil de la Villa de Etla, Oaxaca, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que, textualmente, establece: "ART. 61.- El juicio de amparo es improcedente: - - - [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". A manera de referencia, cabe destacar que los efectos de un acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que, debe entenderse, implica no sólo la detención definitiva de la autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Efectivamente, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ese derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando, ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En este juicio se actualiza dicha hipótesis de improcedencia, porque la parte quejosa, como ya se precisó, reclama: La ilegal e indebida notificación, traslado y emplazamiento en el expediente ********************. En tanto que de las documentales que la responsable, juez Civil de la Villa de Etla, Oaxaca, allegó a este juicio de amparo, se advierte que por auto de once de marzo de dos mil veintidós, en un estudio oficioso de la diligencia de notificación, traslado y emplazamiento realizada a la demandada ******************** el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, la juez de lo Civil del distrito judicial de la Villa de Etla, Oaxaca, la declaró nula, al haberse realizado, por la ejecutora adscrita, en un lugar distinto al ordenado en el referido expediente - se ordenó en calle Avenida Juárez Norte, número cincuenta y ocho (58), Barrio de la Cruz, Suchilquitongo, Etla, Oaxaca, y el emplazamiento se realizó en la Villa de Etla, Oaxaca- (fojas 112 y 114 del tomo anexo I). En consecuencia, pretender analizar la constitucionalidad de dicho acto resultaría contrario a derecho, dado que el mismo ha perdido todo efecto jurídico y no generaría ningún beneficio a la parte quejosa; ante ello, es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado como si no hubieren invadido la esfera jurídica del particular. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio respecto del acto consistente en la ilegal e indebida notificación, traslado y emplazamiento en el expediente ********************. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª /J 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de 1999, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, con el rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." 4.2. SEGUNDA CAUSAL. Por otra parte, también se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, respecto al acto consistente en 1) el proveído de cinco de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente ********************, en el que se ordenó el emplazamiento de la aquí quejosa ********************; que se atribuye al juez Civil de la Villa de Etla, Oaxaca, toda vez que por virtud del cambio de situación jurídica en el expediente ********************, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, al no poder decidirse en aquél sin afectar la nueva situación jurídica. Para estar en posibilidad de demostrar lo anterior, es preciso señalar que el primer párrafo de la fracción indicada prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro de un procedimiento, ya sea judicial o administrativo, seguido en forma de juicio, en el que se produce un diverso acto que trae como resultado un cambio de situación jurídica en el procedimiento referido, de manera tal que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto, resultando, por tanto, irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto impugnado. Así, del primer párrafo, de la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, es posible distinguir los elementos o requisitos que deben reunirse para que opere la causal de improcedencia que nos ocupa, a saber: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo provenga de un procedimiento judicial o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que se emita una resolución que cambie la situación jurídica en el procedimiento; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Cabe destacar que este último requisito se introdujo por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 2a. CXI/96, con registro 199808, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Ahora, en lo relativo al requisito de que se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica del quejoso respecto del procedimiento, debe señalarse que es el elemento principal del motivo de improcedencia que nos ocupa, y se refiere a la posición de la parte justiciable frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso particular y, que, además, invariablemente, debe verificarse dentro de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio. En ese tenor, el cambio de situación jurídica supone la existencia precisamente de una situación determinada y la posterior emisión de una resolución que tenga como consecuencia la creación de una diversa que sustituye a la anterior. Así, el cambio de la situación jurídica resulta de las etapas en que normalmente se va desenvolviendo un proceso, esto es, se presenta cuando habiéndose complementado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando paso a que se inicie una nueva etapa o situación; lo anterior, en el entendido de que el cambio debe operar en el mismo procedimiento de donde emanan los actos reclamados. En este sentido se pronunció la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada con registro 354674, perteneciente a la Quinta Época, visible en la página 1573 de rubro y contenido: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Para que exista la causal que menciona la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que el cambio de situación jurídica se opere en el mismo procedimiento de que emanan los actos reclamados y que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decirse en el juicio, sin afectar la nueva situación jurídica." Por lo que atañe al requisito inherente a que el acto reclamado no pueda ser analizado sin afectar la nueva situación jurídica en el procedimiento y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, los órganos del Poder Judicial de la Federación han precisado que la irreparabilidad a que hace alusión esta fracción es jurídico-procesal y no física o material, pues no existe imposibilidad de esta naturaleza para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero sí un impedimento jurídico para ello. Lo anterior encuentra sustento en la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Tomo VIII, Septiembre de 1991, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página 145, Octava Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CUÁNDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso." Por último, en cuanto al requisito de la autonomía o independencia que debe existir entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, debe considerarse que entre las actuaciones procesales que generaron una y otra situación jurídica no exista un vínculo de subordinación, sino que sean independientes entre sí, de manera tal que aun cuando la situación jurídica reclamada en primer término adolezca de vicios que pudieran determinar su ineficacia jurídica la nueva situación pueda subsistir aunque la primera se invalidara. Es importante advertir que si bien, en términos genéricos, el procedimiento se entiende como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente y, usualmente, la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. Así, los requisitos enunciados configuran la causal de improcedencia del juicio de amparo en términos de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por ende, la ausencia de alguno de ellos tendrá como consecuencia que no se configure. Expuesto lo anterior, debe decirse que en ese asunto la parte quejosa reclama (como acto de aplicación): 1) El proveído de cinco de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente ********************, en el que se ordenó el emplazamiento de la aquí quejosa ********************; mismo que se atribuye al juez Civil de la Villa de Etla, Oaxaca. Además, de conformidad con lo aducido por la impetrante, es ilegal el acuerdo de cinco de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de divorcio incausado ********************, así como el emplazamiento que le fue realizado el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno en cumplimiento a dicho acuerdo (mismo que, como se dijo en líneas anteriores, fue declarado nulo), pues señala que dicha actuación se sustentó en diversos artículos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, entre los que se encuentra el 664 Duodecies, aunado a que, refiere, no tuvo conocimiento de la existencia de dicho expediente sino hasta la vista que le fue otorgada en el diverso juicio de amparo 372/2018, en auto de catorce de enero de dos mil veintidós. Ahora, como se dijo, en diversa determinación de once de marzo de dos mil veintidós, en un estudio oficioso de la diligencia de notificación, traslado y emplazamiento realizada a ********************, la juez de lo Civil del distrito judicial de la Villa de Etla, Oaxaca, la declaró nula (fojas 112 y 114 del tomo anexo I); pero no se dijo nada respecto la nulidad del auto de cinco de mayo de dos mil veintiuno, en el que se ordenó llamar a juicio a la demanda, aquí quejosa; mismo que, por tanto, subsistió. Sin embargo, de la copia certificada de la comparecencia espontánea de ocho de noviembre de dos mil veintidós, se aprecia que el actor en el expediente civil ********************, Pablo******************** Sánchez o Pablo********************, manifestó que la razón de su comparecencia era para desistirse de la demanda entablada contra ********************, siendo todo lo que tenía que manifestar. De ahí que la juez responsable, con fundamento en el artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, tuvo al actor, bajo su más estricta responsabilidad, desistiéndose de la demanda promovida contra la citada persona, y considerando que dada la etapa procesal no había quedado fijada la litis, en razón de que se declaró la nulidad del emplazamiento, refirió que resultaba innecesario dar vista a la demandada, al no haber sido llamada a juicio; finalmente, ordenó el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. De lo reseñado se evidencia que el contradictorio de origen concluyó ante el desistimiento de la acción de la parte actora, lo que tuvo como consecuencia que quede sin efectos el acuerdo de cinco de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente ********************, en el que se ordenó el emplazamiento de la parte demandada con los fundamentos ahí invocados, así como sus consecuencias. De ahí es dable concluir que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, toda vez que el acuerdo de cinco de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente ******************** quedó superado procesalmente, por la diversa determinación adoptada en la comparecencia espontánea de ocho de noviembre de dos mil veintidós, donde la autoridad responsable tuvo a la parte actora por desistida de la demanda entablada y ordenó el archivo del expediente citado como asunto totalmente concluido. Lo que implica un cambio de situación jurídica que trae como consecuencia que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, puesto que al haberse desistido de la demanda origen del expediente ********************, ya no existe la afectación de la que se dolía la promovente de la instancia constitucional. Aunado a lo anterior, existe autonomía entre el acto y las consecuencias que se reclamaron en el juicio de amparo y la nueva determinación dictada en el expediente de origen, de modo que esta última puede subsistir, con independencia de que aquéllos resulten o no inconstitucionales. Con lo anterior, se pone de relieve que el nuevo estatus jurídico surgido con la determinación de tener por desistido al actor en el juicio de origen, modifica la situación jurídica de las actuaciones que motivaron la promoción de este juicio de amparo. En esas condiciones, es inconcuso que en la especie se ha creado una situación jurídica que impide analizar la anterior, lo que revela que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Por tanto, al haberse actualizado las causales de improcedencia previstas en las fracciones XXI y XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V del indicado ordenamiento legal, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados referidos. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de las normas que se tildan de inconstitucionales, toda vez que si se reprochan con motivo de los actos concretos de aplicación de las autoridades a) juez Civil de la Villa de Etla, Oaxaca y b) actuaria judicial adscrita a ese órgano judicial, y se decreta la improcedencia de los mismos, el órgano jurisdiccional se encontrará impedido para emprender el estudio de aquéllas, puesto que no pueden examinarse de manera autónoma, precisamente al ser combatida por su aplicación en actos específicos, de ahí que el perjuicio que manifiesta le irrogan las normas no pueda desligarse del acto en que se concretó. Resulta aplicable, en la especie, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Así, al haberse decretado el sobreseimiento respecto de los actos impugnados, se estima innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la quejosa, ya que una vez actualizada dicha figura, no es factible llevar a cabo el estudio de los motivos de disenso hechos valer. En ese sentido, se invoca la tesis emitida por el Pleno del Alto Tribunal de este País, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 187-192, Primera Parte, Séptima Época, Materia(s): Común, página 88, con número de registro 232302, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." QUINTO. Precisión sobre Acuerdo General aplicable. Hágase del conocimiento de las partes procesales que, en lo subsecuente, para la tramitación de este expediente, deberán estarse a las disposiciones previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1, 77, 119 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos reclamados al 1) Congreso del Estado de Oaxaca, 2) Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, 3) jefe de la Unidad del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, 4) juez Civil de la Villa de Etla, Oaxaca y 5) actuaria judicial adscrita al referido órgano judicial; precisados en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el diverso cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones en el libro de gobierno impreso y electrónico. TERCERO. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico, hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del citado Acuerdo General, y articulo décimo cuarto transitorio. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Ponciano Velasco Velasco Sandra Guzmán Rueda

  2. Principal

    PRAL 178/2022 MESA 7* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. 1. Glose de oficio. Incorpórese el oficio número 2779/2022, suscrito por la juez Primero Civil de Etla, Oaxaca, mediante el que, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo el veintiocho de octubre de este año, remite copia certificada de la comparecencia de ocho de noviembre del año en curso, que obra en el expediente *****, de su índice, en la que se tuvo a *****, aquí tercero interesado, desistiéndose de la demanda entablada contra *****. 2.1. Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase la citada documental como prueba de la autoridad oficiante; misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, para ser considerada en el momento procesal oportuno. 3. Se deja sin efectos requerimiento y apercibimiento. En virtud de lo anterior, toda vez que la citada documental se recibe vía ordinaria y con firma autógrafa, además de que es legible en su totalidad, se deja sin efectos el requerimiento y apercibimiento decretados en auto de quince de noviembre del año en curso al juez Civil de la Villa de Etla, Oaxaca; lo anterior, hágase del conocimiento de dicha autoridad para los fines legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 178/2022 MESA 7* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintidós. 1. Glose de oficio. Incorpórese el oficio número 2779/2022, suscrito por la juez Primero Civil de Etla, Oaxaca, sin firma electrónica, pero con una firma escaneada en el documento recibido; en su atención, a fin de evitar una dilación en el trámite de este juicio de amparo, en perjuicio de la parte quejosa, por esta ocasión se proveerá de conformidad la comunicación oficial, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con la precisión a la autoridad responsable oficiante que, en lo subsecuente, deberá promover a) físicamente en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional; b) mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 12/2020 (que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal). Lo anterior, tomando en consideración que durante el periodo en que la actividad del Poder Judicial de la Federación se desarrolló en el contexto de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19, se permitió la comunicación oficial con las autoridades responsables a través del correo electrónico institucional; sin embargo, el veintiocho de octubre de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 2. Autoridad no cumple requerimiento. En esas condiciones, si bien la autoridad de cuenta refiere cumplir con el requerimiento realizado el veintiocho de octubre de este año, pues, al efecto, remite copia certificada de las constancias solicitadas en ese auto; sin embargo, las mismas no son legibles en su totalidad. 2.1. Requerimiento a la autoridad responsable. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se requiere nuevamente a la juez Civil de la Villa de Etla, Oaxaca para que, dentro del término de tres días, siguientes a su notificación, remita: Copia certificada y legible de la comparecencia de ocho de noviembre del año en curso, que obra en el expediente *****, de su índice, en la que se tuvo a *****, aquí tercero interesado, desistiéndose de la demanda entablada contra *****. 2.2. Apercibimiento. Se apercibe a la referida autoridad que, de no cumplir con lo anterior sin causa justificada, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente al importe de cien días valores diarios de la unidad de medida y actualización; en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha de este auto. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, así como en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 3. Diferimiento de la audiencia constitucional. Por lo anterior, no es jurídicamente posible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere, y se fijan las once horas con diecisiete minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, para su celebración. 4. Precisión sobre acuerdo general aplicable. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes procesales que, en lo subsecuente, para la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a las disposiciones previstas en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid- 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 178/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, juez Civil de la Villa de Etla, Oaxaca, como justificación a su informe, se advierte que: a) En auto de cinco de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente *****, se ordenó el emplazamiento de la demandada *****. b) En diverso acuerdo de once de marzo de dos mil veintidós la juez responsable: - Declaró nula, de manera oficiosa, la diligencia de cita de espera y diligencia judicial de notificación, traslado y emplazamiento y requerimiento de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno realizada a la demandada *****, aquí quejosa, al advertir que se había realizado en lugar distinto al ordenado. - Acordó que no era procedente la acumulación de los juicios ***** y *****, solicitada por el actor, toda vez que se trataba de juicios con tramitación diferente, de ahí que no eran atractivos. - Para estar en condiciones de llevar a cabo el emplazamiento de la demandada, requería al actor para que manifestara si insistía o se desistía, en el trámite, dado el estado en que se encontraba el diverso expediente *****, relativo al juicio ordinario civil, que también había promovido contra la citada demandada. c) Requerimiento que la responsable reiteró al actor en auto de veintidós de abril de este año. 2. Requerimiento a la autoridad responsable. En esas condiciones, a fin de integrar correctamente la litis constitucional y toda vez que el juicio de divorcio incausado ***** y el juicio ordinario civil *****, tienen tramitación diferente, como lo refirió la responsable en auto de once de marzo del año en curso (foja 112 del tomo anexo I), con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se requiere a la juez Civil de la Villa de Etla, Oaxaca para que, dentro del término de tres días, siguientes a su notificación, manifieste: a) Si el actor, aquí tercero interesado, se desistió del juicio ***** o, bien, si ya ordenó dar cumplimiento al auto de cinco de mayo de dos mil veintiuno, en el que ordenó el emplazamiento de la parte demandada en dicho juicio. Remitiendo, al efecto, las constancias relativas a alguno de los supuestos anteriores. Apercibimiento. Se apercibe a la referida autoridad que, de no cumplir con lo anterior sin causa justificada, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente al importe de cien días valores diarios de la unidad de medida y actualización; en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha de este auto. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, así como en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 3. Diferimiento de audiencia. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha, se difiere y, en su lugar, se fijan las nueve horas con siete minutos del quince de noviembre de dos mil veintidós, para su desahogo. 4. Notificación. Efectúese la notificación de este proveído por medio de lista a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que se envíen oficios relativos, al tratarse de una determinación de mero trámite; con excepción de la autoridad requerida en este acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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