Carmen Montes Espinoza
Expediente 25/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 25/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/02/2021
Partes del expediente
- Carmen Montes Espinoza
- Karina Sauceda Castro Directora de la Policía Estatal de Vialidad Comisario Jefe
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Advirtiéndose de los presentes autos que a la fecha en que se actúa, la parte promovente no se inconformó con el desechamiento de demanda dictado el dieciocho de enero de dos mil veintiuno; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Expediente y registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 25/2021. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por ***, en contra de los actos de la Directora de la Policía Estatal de Vialidad Comisario Jefe, por violación al artículo 16 constitucional, en atención a su contenido, se provee: Domicilio para recibir notificaciones y autorizados Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que se indica en la demanda de amparo. En términos de lo dispuesto por el segundo párrafo, última parte, del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Eduardo Benítez Juárez, por así haberlo solicitado expresamente la parte promovente. Correo electrónico. En términos de lo establecido en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene a la parte promovente señalando correo electrónico y número de teléfono móvil, a fin de establecer contacto y comunicación no procesal en caso de estimarse necesario. Consulta física del expediente. Se les hace saber a las partes que para la consulta física del expediente, en términos de lo establecido en el artículo 3 del multirreferido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" en el cual se encuentra el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos. Análisis de desechamiento De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que por "manifiesto" debe entenderse cuando el motivo de improcedencia es patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda; y, lo "indudable" resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ... Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Acto reclamado De la lectura de la demanda se advierte que Carmen Montes Espinoza reclama de la autoridad responsable la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en el recurso de inconformidad 40/2020, emitido por la Directora de la Policía Estatal de Vialidad de Puebla. Causal de improcedencia De lo anterior, este juzgado de distrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Del precepto legal en cita, se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rigen, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a dichas leyes, se suspendan los efectos de los actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa de que se trate, con los mismos alcances y sin mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Lo anterior, debido a que debe cumplirse con lo requerido por los principios rectores del juicio de amparo, siendo uno de éstos el principio de definitividad, que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b), fracción III, del artículo 107 de la Constitución General de la República, para que en el caso de serle adversos los resultados, hasta entonces acudir a la Justicia Federal a demandar el amparo y protección. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que un recurso es un medio de defensa instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada, mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada. ..Así, los artículos 3° de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla y 4° de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, establecen: Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla "Artículo 3. El juicio contencioso administrativo procede contra las resoluciones administrativas definitivas, actos administrativos y procedimientos que establece el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla." Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla "Artículo 4. El Tribunal tendrá competencia para conocer de: A. Los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública estatal o municipal con facultades de autoridad, y los particulares; II. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; III. Las dictadas por autoridades fiscales estatales y municipales en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; IV. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por los ordenamientos fiscales y administrativos, indebidamente percibido por el Estado o Municipios cuya devolución proceda de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables; V. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas aplicables; VI. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario público estatal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla; VIII. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. También, las que por repetición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los términos de la ley de la materia; IX. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla; X. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; XI. Las que resuelvan el recurso de revocación en materia de responsabilidad administrativa; XII. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen las leyes fiscales y administrativas aplicables, o, en su defecto, en el plazo de tres meses. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; XIII. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos; XIV. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado, en términos de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, y XV. Las demás que establezca la presente Ley y las disposiciones aplicables. (.)" Los preceptos transcritos, -entre otras cuestiones- establecen que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla conocerá del juicio contencioso administrativo, respecto de los actos administrativos que menciona la ley orgánica aplicable, de conformidad con el artículo 3° de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla; de lo que se advierte que en términos de la fracción XIII del artículo 4° de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla se prevé la procedencia respecto de las determinaciones que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla. .... En el caso, el acto reclamado lo constituye la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en el recurso de inconformidad 40/2020, emitido por la Directora de la Policía Estatal de Vialidad de Puebla. Bajo ese contexto, el acto reclamado se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 4°, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, que establece que el juicio contencioso administrativo procede en contra de las determinaciones que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla. Ello, porque -como se advierte- a través del acto ahora reclamado la autoridad respectiva emitió la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en el recurso de inconformidad 40/2020, signado la Directora de la Policía Estatal de Vialidad de Puebla. .........Aunado a lo anterior, el acto reclamado es de naturaleza administrativa y no penal, además de que no se aduce alguna violación de derechos contenidos en los numerales 19 y 20 constitucionales; no reclama leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, de modo que no se actualiza está excepción y; el acto reclamado no son de los contenidos en el artículo 22 constitucional, por ser una resolución administrativa. Por lo expuesto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en el recurso de inconformidad 40/2020, emitido por la Directora de la Policía Estatal de Vialidad de Puebla. Desechamiento En consecuencia, al surtirse la causal de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 y, con apoyo del artículo 112 y 113, de la Ley de Amparo, lo que procede, como se expresó anteriormente, es desechar de plano la demanda de amparo. ....
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Expediente y registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 25/2021. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por ***, en contra de los actos de la Directora de la Policía Estatal de Vialidad Comisario Jefe, por violación al artículo 16 constitucional, en atención a su contenido, se provee: Domicilio para recibir notificaciones y autorizados Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que se indica en la demanda de amparo. En términos de lo dispuesto por el segundo párrafo, última parte, del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Eduardo Benítez Juárez, por así haberlo solicitado expresamente la parte promovente. Correo electrónico. En términos de lo establecido en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene a la parte promovente señalando correo electrónico y número de teléfono móvil, a fin de establecer contacto y comunicación no procesal en caso de estimarse necesario. Consulta física del expediente. Se les hace saber a las partes que para la consulta física del expediente, en términos de lo establecido en el artículo 3 del multirreferido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" en el cual se encuentra el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos. Análisis de desechamiento De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que por "manifiesto" debe entenderse cuando el motivo de improcedencia es patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda; y, lo "indudable" resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ... Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Acto reclamado De la lectura de la demanda se advierte que Carmen Montes Espinoza reclama de la autoridad responsable la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en el recurso de inconformidad 40/2020, emitido por la Directora de la Policía Estatal de Vialidad de Puebla. Causal de improcedencia De lo anterior, este juzgado de distrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Del precepto legal en cita, se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rigen, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a dichas leyes, se suspendan los efectos de los actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa de que se trate, con los mismos alcances y sin mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Lo anterior, debido a que debe cumplirse con lo requerido por los principios rectores del juicio de amparo, siendo uno de éstos el principio de definitividad, que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b), fracción III, del artículo 107 de la Constitución General de la República, para que en el caso de serle adversos los resultados, hasta entonces acudir a la Justicia Federal a demandar el amparo y protección. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que un recurso es un medio de defensa instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada, mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada. ..Así, los artículos 3° de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla y 4° de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, establecen: Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla "Artículo 3. El juicio contencioso administrativo procede contra las resoluciones administrativas definitivas, actos administrativos y procedimientos que establece el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla." Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla "Artículo 4. El Tribunal tendrá competencia para conocer de: A. Los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública estatal o municipal con facultades de autoridad, y los particulares; II. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; III. Las dictadas por autoridades fiscales estatales y municipales en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; IV. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por los ordenamientos fiscales y administrativos, indebidamente percibido por el Estado o Municipios cuya devolución proceda de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables; V. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas aplicables; VI. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario público estatal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla; VIII. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. También, las que por repetición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los términos de la ley de la materia; IX. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla; X. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; XI. Las que resuelvan el recurso de revocación en materia de responsabilidad administrativa; XII. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen las leyes fiscales y administrativas aplicables, o, en su defecto, en el plazo de tres meses. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; XIII. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos; XIV. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado, en términos de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, y XV. Las demás que establezca la presente Ley y las disposiciones aplicables. (.)" Los preceptos transcritos, -entre otras cuestiones- establecen que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla conocerá del juicio contencioso administrativo, respecto de los actos administrativos que menciona la ley orgánica aplicable, de conformidad con el artículo 3° de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla; de lo que se advierte que en términos de la fracción XIII del artículo 4° de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla se prevé la procedencia respecto de las determinaciones que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla. .... En el caso, el acto reclamado lo constituye la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en el recurso de inconformidad 40/2020, emitido por la Directora de la Policía Estatal de Vialidad de Puebla. Bajo ese contexto, el acto reclamado se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 4°, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, que establece que el juicio contencioso administrativo procede en contra de las determinaciones que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla. Ello, porque -como se advierte- a través del acto ahora reclamado la autoridad respectiva emitió la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en el recurso de inconformidad 40/2020, signado la Directora de la Policía Estatal de Vialidad de Puebla. .........Aunado a lo anterior, el acto reclamado es de naturaleza administrativa y no penal, además de que no se aduce alguna violación de derechos contenidos en los numerales 19 y 20 constitucionales; no reclama leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, de modo que no se actualiza está excepción y; el acto reclamado no son de los contenidos en el artículo 22 constitucional, por ser una resolución administrativa. Por lo expuesto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en el recurso de inconformidad 40/2020, emitido por la Directora de la Policía Estatal de Vialidad de Puebla. Desechamiento En consecuencia, al surtirse la causal de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 y, con apoyo del artículo 112 y 113, de la Ley de Amparo, lo que procede, como se expresó anteriormente, es desechar de plano la demanda de amparo. ....
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