Carmen Mónica García Cuevas
Expediente 573/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 573/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Carmen Mónica García Cuevas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Devolución de documentos: Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Carmen Mónica García Cuevas, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Instituto Mexicano del Seguro Social en Morelos. Acto reclamado: ".La reasignación de clínica para la realización de tratamiento subrogado de hemodiálisis por parte del IMSS, a la Clínica San Pablo S. A. de C. V., sin que dicha clínica cuente con los elementos mínimos indispensables para el otorgamiento a nivel masivo, poniendo en riesgo la vida de la suscrita. La violación irrestricta a los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades socioeconómicas en el otorgamiento de hemodiálisis subrogado.". SEGUNDO. El veintidós de abril de dos mil veintiuno, esta autoridad radicó el asunto con el número de expediente 573/2021, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La reasignación de clínica para la realización de tratamiento subrogado de hemodiálisis por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Clínica San Pablo Sociedad Anónima de Capital Variable, con violación a los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades socioeconómicas. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Morelos (denominación correcta), por conducto de la Jefatura de Servicios Jurídicos, al rendir el informe justificado negó el acto reclamado, manifestando que la contratación para la subrogación de servicios es la Jefatura de Servicios Administrativos de ese Órgano atendiendo a lo dispuesto por el artículo 144, último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, que indica que para el eficaz desempeño de sus atribuciones se integrará de las jefaturas y unidades administrativas autorizadas por la Dirección General o la Dirección de Administración y Evaluación de las Delegaciones, las cuales tendrán a su cargo el desempeño de las atribuciones que se establezcan en los manuales, sin que la parte quejosa haya desvirtuado la negativa no obstante que tal carga procesal le corresponde. En consecuencia, como se ha señalado lo procedente es sobreseer en el juicio respecto del acto que se reclama a la autoridad previamente citada, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. En otra vertiente, de autos se desprende que esta autoridad en observancia a lo informado por la autoridad responsable de la participación de diversa autoridad responsable, por acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo para llamar a juicio a la autoridad titular de la Jefatura de Servicios Médicos de Prestaciones Médicas del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Morelos, en la inteligencia que de considerarlo así, deberá cumplir con los requisitos a que se refieren los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo. Ahora bien, esta autoridad advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5.° fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.) Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)". De los preceptos transcritos se obtiene que la improcedencia del juicio de derechos fundamentales puede colegirse de causales contempladas en alguna disposición diversa al numeral 61 de la Ley de Amparo, es decir, el señalamiento que de ellas hace este artículo es enunciativo, no limitativo, confiriendo la posibilidad de que la referida figura derive de los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. De igual forma se advierte, entre otras disposiciones, que en el juicio de amparo es parte la autoridad o autoridades responsables; teniendo tal carácter quienes ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar los actos reclamados y que las autoridades que realicen esos actos deberán ser señaladas como responsables. Así, el juicio de amparo es improcedente cuando no se señalan como autoridades responsables a las que ordenan y ejecutan los actos reclamados, al existir la imposibilidad jurídica para determinar su inconstitucionalidad, en tanto que las autoridades no designadas no tienen la oportunidad de acudir al juicio de amparo en defensa de sus actos. Asimismo, que el solicitante de amparo tiene la carga de señalar a las autoridades responsables que tengan injerencia en el acto reclamado. En ese orden de ideas, se estima improcedente el juicio de amparo, porque la quejosa no designó como autoridad responsable al titular de la Jefatura de Servicios Médicos de Prestaciones Médicas del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Morelos, que es la encargada de realizar la contratación para la subrogación de servicios médicos, con domicilio oficial en boulevard Benito Juárez dieciocho, colonia centro de Cuernavaca, Morelos. Lo anterior, no obstante que se le dio vista con el informe justificado rendido por el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Morelos, autoridad que informa quien es la autoridad encargada de realizar la contratación subrogada de servicios médicos como el que reclama la quejosa. Aunado al hecho, que esta autoridad mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, requirió a la parte quejosa a fin de no dejarla en estado de indefensión, si era su voluntad ampliar la demanda de amparo con el apercibimiento que de no hacerlo, seguiría con la secuela procesal con la demanda inicial. Por consiguiente, si la parte quejosa omitió señalar como autoridad responsable a la que ordenó contratar la subrogación de servicios médicos como el que reclama, se imposibilita analizarla, pues quien la contrato no fue llamado a este juicio de amparo indirecto, motivo por el cual no estuvo en posibilidad de defender su actuación. Es decir, este Juzgador Federal se encuentra jurídicamente imposibilitado para analizar la demanda de amparo en ese aspecto, pues no podría válidamente resolver sobre la constitucionalidad de los referidos actos reclamados, cuando la autoridad que debió tener el carácter de responsable no fue llamada a juicio para defender la constitucionalidad de su actuación. Robustece lo anterior, la jurisprudencia sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Publicada en la página 468, Tomo II, Octubre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registrada con número 208065, de rubro y texto: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Sin que pase desapercibido para este resolutor, que la quejosa mediante escrito recibido el dos de junio de la presente anualidad, manifestó que era su deseo señalar como autoridad responsable al titular de la Jefatura de Servicios Médicos de Prestaciones Médicas del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Morelos, sin embargo, al no cumplir tal manifestación, con lo que disponen los numerales 108 y 110 de la Ley de amparo, se le tuvo por no desahoga la prevención. En mérito de lo expuesto, al actualizar la causal de improcedencia a que se refieren la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción II del 5.° y fracción III del artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo y entonces, acorde a lo establecido en el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento, procede sobreseer en el juicio constitucional. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del cuaderno de amparo, de los que se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de la materia, para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que tuvo por no presentada la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en autos, sin que la impetrante de amparo lo haya interpuesto; por tal virtud, QUEDA FIRME la resolución de referencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Jaime César Pereyra Román, que autoriza. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el escrito y oficio de cuenta. En el primero de los documentos, el autorizado de la parte quejosa, solicita se de vista al ministerio público de la federación, por considerar que las autoridades responsables, en sus diversos informes, han realizado conductas que pueden ser constitutivas de delito. Al respecto, dígasele al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad con lo solicitado. Lo anterior, en razón de que en la etapa en que se encuentra el presente expediente, este juzgador no puede calificar la veracidad o no del contenido de los informes y demás manifestaciones de las autoridades responsables, ya que ello implicaría prejuzgar sobre su contenido. Por tanto, se dejan a salvo los derechos del promovente para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinente. Por otro lado, en la segunda de las comunicaciones recibidas, la Jefa de Departamento de Amparos Indirectos, en representación del Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, rinde su informe justificado. Al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, se tiene por señalado el domicilio que indica, por ser el oficial en el que reside dicha autoridad. En consecuencia a lo anterior y toda vez que con esta fecha se ordenó dar vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas con un minuto del veintinueve de junio del dos mil veintiuno, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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