Carmen Monica Garcia Cuevas

Expediente 7/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 25 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
7/2021
Año
2021
Actuaciones
25
Última actuación
18/10/2021

Partes del expediente

  • Carmen Monica Garcia Cuevas
  • CARMEN MONICA GARCIA CUEVAS y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad y anexo que acompaña, a través del cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el incidente en revisión 238/2021, interpuesto por las autoridades responsables contra la sentencia interlocutoria dictada el nueve de marzo de dos mil dos mil veintiuno. Atento a la ejecutoria de mérito, hágase del conocimiento de las partes y notifíquese a las autoridades responsables en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo; que la Superioridad determinó: "ÚNICO. Se declara SIN MATERIA el recurso de revisión interpuesto por las autoridades responsables contra la resolución interlocutoria de nueve de marzo de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 7/2021." En tales condiciones, se ordena glosar el cuaderno de antecedentes respectivo al incidente original. Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria el juicio de amparo 7/2021, del que deriva el presente incidente de suspensión, sin que se haya ordenado su archivo, con motivo de los medios de impugnación interpuestos por las autoridades responsables; por tanto, en atención a lo asentado en líneas precedentes, se provee lo siguiente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido y glósese el incidente de suspensión original para que obre como corresponda. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) y tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo procédase a la destrucción del duplicado. Por cuanto a la copia certificada y anexo que devuelve relativa a las constancias que integran el incidente de suspensión 7/2021 y que le fueron remitidas con motivo del recurso revisión interpuesto por la autoridad responsable Dirección Contenciosa de la Oficina del Abogado General de la Secretaria de Salud, en representación de la Secretaría de Salud, se ordena la destrucción de las mismas en razón de que se cuenta con el incidente original, y anexo, ello a fin de evitar duplicidad de constancias. Por otra parte, en razón de que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, y toda vez que resulta innecesaria la conservación de las constancias que hizo llegar *************, apoderado legal de *************, en los autos del incidente de suspensión con la cual se formó el anexo, se ordena la devolución de las mismas, sin que sea necesario el acuse de recibo respectivo, ya que el sello de recepción de este oficio hará las veces de acuse. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales que amerite su notificación personal, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acordó y firma Macario Oviedo González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por oficio CCJ/ST/2788/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual transcribe el acuerdo de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, del que se advierte que se admitió el recurso de revisión hecho valer por las autoridades responsables en contra de la resolución incidental de nueve de marzo de dos mil veintiuno, mismo que se registró bajo el número 238/2021. Por otra parte, hágase del conocimiento de la Superioridad que con fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria el juicio principal de donde deriva el incidente de suspensión que refiere. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en la cual se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que por el momento se ordene el archivo del presente asunto, en razón de que el quince de julio de dos mil veintiuno, se remitieron al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito en Turno, las quejas interpuestas, por las autoridades responsables Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Morelos y Dirección Contenciosa de la Oficina del Abogado General de la Secretaria de Salud, en representación de la Secretaría de Salud, en contra de la suspensión definitiva de nueve de marzo de dos mil veintiuno, por tanto, una vez que se tenga conocimiento del Colegiado al que correspondió conocer de las mismas se deberá hacer de su conocimiento la presente determinación para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  4. Principal

    S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 7/2021; y R E S U L T A N D O 1. Presentación y datos de la demanda. Por escrito recibido el doce de enero de dos mil veintiuno en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, ************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos y autoridades siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE SALUD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IV.- ACTOS RECLAMADO: La negativa a aplicar la vacuna contra el Covid19 omisión de garantizar el tratamiento quirúrgico del quejoso." Lo cual estimó violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Admisión y trámite del juicio. Por auto de catorce de enero de dos mil veintiuno, este Juzgado admitió la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación, y fijó día y hora para la audiencia constitucional, la que se celebró el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno; y, C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 51, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los acuerdo generales número 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse además de la omisión de prestar atención medica al quejoso por una autoridad administrativa en materia de salud en el Estado, la cual por su naturaleza, tiene efectos positivos, y que por tanto, se ejecuta materialmente en esta circunscripción. II. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda se advierte que los actos reclamados consisten en: 1) De la Secretaría de Salud la emisión de "La Política Nacional Rectora de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la enfermedad COVID-19 en México", con fecha de publicación de once de enero de dos mil veintiuno; 2) Como primer acto de aplicación de la misma, la negativa verbal de aplicarle a la quejosa la vacuna contra el virus SARS-COV-2 y/o la enfermedad COVID-19, emitida por parte de la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social, el once de enero de dos mil veintiuno, sustentada en que por el momento sólo le era aplicable al personal de salud de primera línea de control de dicha enfermedad, al encontrarse en la primer etapa del documento referido, cabe señalar que tal negativa no la impugna por vicios propios. III. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la Secretaría de Salud consistente en la emisión de "La Política Nacional Rectora de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la enfermedad COVID-19 en México", ya que además de que la responsable reconoció su existencia, al tratarse de una norma general no está sujeta a prueba, aunado a que el mismo se encuentra disponible para su consulta en la página oficial electrónica www.coronavirus.gob.mx, lo que constituye un hecho notorio, resultando aplicable al respecto la jurisprudencia XX.2º.J/24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 2470 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, correspondiente a enero de dos mil nueve, que este tribunal comparte, cuyo rubro es: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR." Ello además, porque conforme al artículo segundo, del "ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, A LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)"1 emitido por el 1 "Primero. Se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Consejo de Salubridad General, es a dicha autoridad y no a otras, a quien le corresponde determinar las acciones para atender la emergencia sanitaria producida por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), de allí que sea la mencionada quien cuenta con facultades para la emisión del mismo, y que por ello, sólo a ella le sea imputable su dictado. De la misma forma es cierto el acto de aplicación reclamado por la quejosa a la Secretaría de Salud y al Instituto Mexicano del Seguro Social, consistente en la negativa verbal de aplicarle la vacuna contra el virus SARS-COV-2 y/o la enfermedad COVID-19, de once de enero de dos mil veintiuno, pues a pesar de que dichas autoridades negaron el acto reclamado, tal negativa se encuentra desvirtuada por el contexto en particular en que ocurrieron tales actos, pues en virtud de la existencia de la norma prohibitiva que les impedía otorgar el acceso a dicha vacuna, y del hecho de que al momento de la promoción de la demanda la aquí quejosa no había sido vacunada, se demuestra que tal negativa existió. Lo que corrobora lo manifestado por las autoridades en sus informes, en los que defienden que dicha vacuna sólo le corresponde a las personas conforme de lo que se obtiene precisamente que le están negando el acceso a dicho insumo con tal sustento. IV. Improcedencia del juicio de amparo. El estudio de las causales de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo.2 Y en el caso, este juzgado advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, Segundo. La Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia prevista en el numeral anterior." 2 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." de la Ley de Amparo3, relativa a cuando subsiste el acto reclamado, pero no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, por las siguientes razones. En principio, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, conviene tener presente que el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, ningún sentido tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Asimismo, se tiene que de conformidad con la tesis 2a. XLVIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 196442, la diferencia entre la causa de improcedencia en estudio, y la diversa de cesación de efectos contenida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, radica en que la primera surge por causas ajenas a la voluntad de la autoridad, mientras que la segunda acontece por la actividad o participación de ella, como se advierte del contenido de tal criterio, el cual es del texto siguiente: 3 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)". "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Ahora bien, en el caso concreto, los actos reclamados por la quejosa consisten en la emisión de "La Política Nacional Rectora de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la enfermedad COVID-19 en México"; y con fundamento en el mismo, como acto de aplicación, la negativa de las responsables en aplicarle la vacuna contra el virus SARS-COV-2 y/o la enfermedad COVID-19, sustentada en que al momento en que fue peticionada se encontraba en la primera etapa de implementación, en la que únicamente le resultaba aplicable al personal de salud de primera línea de control de dicha enfermedad. Asimismo, se tiene que la quejosa sostiene que dicha petición para que le fuera otorgada la vacuna fue con base en que se ostentó con cincuenta y seis años de edad. Y concatenado ese hecho, con el relativo a que en el momento en que esto se resuelve, conforme al documento en mención, desde el mes de abril se está haciendo efectiva la etapa tres de ese proceso de vacunación, que corresponde a personas de cincuenta a cincuenta y nueve años de edad, se tiene que si bien los actos reclamados subsisten, los mismos ya no surten efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o la materia de ellos -el impedimento para que una persona de cincuenta y seis años de edad solicite la vacuna en cuestión--. Precisamente, el reclamo de la quejosa se perfila a cuestionar que la política de vacunación aludida, y el acto de aplicación en el que se hizo efectiva, resultan inconstitucionales, ya que en ellos en sustancia se le impidió que ostentándose como una persona de cincuenta y seis años de edad accediera a dicho insumo durante la primer etapa de la misma; a pesar de que personas con esa edad, pueden resultar prioritarias a otras mayores, en razón de su particular situación, -como al sufrir padecimientos o comorbilidades que la posicionen en una situación vulnerable-. Y bajo tal contexto, es que puede concluirse que tal objeto o materia de esos actos, dejo de surtir efectos, pues actualmente las personas con cincuenta y seis años de edad, tienen acceso a la referida vacuna, al ya actualizarse la etapa en la que pueden peticionar su aplicación; tan es así que esa política de vacunación ya no implica un impedimento para que personas con dicha edad soliciten la aplicación de la vacuna, y por lo mismo, la negativa de once de enero de dos mil veintiuno, que se le realizó a la quejosa también dejó de carecer de sustentó, al dejar de existir el fundamento en que se apoyó. Lo que evidencia aún más el oficio ingresado por el representante del Instituto Mexicano del Seguro Social, el once de junio de dos mil veintiuno, en el que expuso que al ya estar vigente la tercera etapa de vacunación, la quejosa tenía expedito el derecho de solicitar la aplicación de la misma. En esos términos, toda vez que la parte quejosa no reclamó por vicios propios la negativa precisada, es que un eventual falló protector carecería de efectos, pues la potencial concesión de amparo que podría darse en este juicio, sería para el efecto de que se desaplicara "La Política Nacional Rectora de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la enfermedad COVID-19 en México"; y en ese sentido, se le permitiera a la quejosa solicitar la vacuna, siendo que actualmente se insiste, la misma ya puede ser peticionada por personas de cincuenta y seis años de edad, que corresponde a aquella como la que se ostenta la amparista. De allí que se actualice la causa de improcedencia en estudio, resultando aplicable por sus consideraciones la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 173858 y de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Lo anterior, aunado a que, en todo caso, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII,4 correlacionado con el diverso 5º, fracción I,5 ambos de la Ley de Amparo, relativa a la falta de interés jurídico y/o legítimo, puesto que la quejosa no demostró la afectación que le causan los actos en mención, ya que no acreditó con prueba idónea la edad con la que se ostenta. En efecto, ello se tiene ya que sólo agrega copias simples del formato denominado "registro de hemodiálisis", mientras que de conformidad con el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2° y la tesis de jurisprudencia de rubro "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, 4 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legitimas del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieren de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" 5 "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa."

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