Carmen Melissa Leyja Castro

Expediente 154/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
154/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
23/05/2019

Partes del expediente

  • Carmen Melissa Leyja Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Incidental

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y atendiendo a lo ordenado en el proveído de esta fecha dictado en el juicio de amparo 154/2019-VI, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los presentes cuadernos incidentales, enseguida se provee: De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, segundo párrafo, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, además conforme a lo dispuesto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se concedieron las medidas cautelares (suspensiones provisional y definitiva) respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables; por lo que, en su momento únicamente se dejaran para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de las medidas cautelares y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Ahora bien, toda vez que el presente incidente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de éste a partir del veinticuatro de noviembre de dos mil diecinueve, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el original del incidente de suspensión al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, en contra del proveído de treinta de abril de dos mil diecinueve (fojas 179 a 182), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia dentro del presente juicio de amparo; en tal razón, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de esta última legislación, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales. En consecuencia de lo anterior, es de sostenerse que el presente juicio se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este asunto es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Por otro lado, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.

  3. Incidental

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, nueve de mayo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio 9611/2019, signado por el Juez Séptimo de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 158/2019-VI, librado a efecto de notificar al tercero interesado José Alonso Jasso Sánchez, el proveído emitido el doce de marzo del año en curso (fojas 20 a 26); en tal razón, de conformidad con lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, de esta última legislación, agréguese a sus autos; asimismo, se ordena dar de baja de la estadística de este juzgado federal la citada comunicación oficial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, treinta de abril de dos mil diecinueve. Téngase al Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con asentamiento en esta ciudad, rindiendo su informe justificado; asimismo, con fundamento en el dispositivo 119 de la ley de la materia, dada su propia y especial naturaleza, se tiene por admitida y desahogada la documental allegada por la citada autoridad responsable; sin embargo, resulta innecesario ponerla a la vista de las partes por las consideraciones que enseguida se expondrán. Ahora bien, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio de garantías se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito estima que referente al acto reclamado por la quejosa Carmen Melissa Leyja Castro, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I del artículo 77 de la actual Ley de Amparo: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, Junio de 1999, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el acto reclamado por la parte quejosa, se hace consistir, en esencia, en que no se ejecute la audiencia celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente 423/2018, del índice el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, residente en esta ciudad, en la que se decretó como reglas de convivencia que: ". se modifica la medida provisional decretada el treinta de enero de dos mil diecinueve, quedando en los términos siguientes: Modificación al régimen de custodia, convivencia y alimentos provisionales. I. La custodia de los menores de edad A.A. e I., de apellidos J.L., será ejercido por su madre Carmen Melissa Leyja Sánchez, en el domicilio ubicado en calle Capacitación Laboral, esquina con Integración Familiar, número 1, de la colonia Vamos Tama ulipas, de esta ciudad. II. La convivencia que ejercerá el padre con el mencionado menor de edad, se llevará a cabo a partir del sábado a las 14:30 horas hasta el lunes a las 12:00 horas, misma que se desarrollará en el domicilio del padre ubicado en calle Paseo de las Acacias, número 102 de la colonia Antonio Bermúdez, de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Asimismo, precisan que dicho rol provisional iniciará este sábado dieciséis de marzo de dos mil diecinueve. En ese sentido, ambas partes convienen que para el ejercicio de la convivencia, el padre deberá recoger y reintegrar al menor en las instalaciones del CECOFAM de esta ciudad, ubicado en avenida Jardín, esquina con avenida Las Plazas, sin número, fraccionamiento Estancias Residenciales, código postal 87345, de esta ciudad, teléfono 8688243265." Ahora bien, de las copias certificadas anexadas al informe de cuenta, se advierte que dentro del citado expediente, promovido por la quejosa Carmen Melissa Leyja Castro, en contra del tercero interesado José Alonso Jasso Sanchez, el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, la actora aquí agraviada, presento un convenio sobre la guarda y custodia de los menores de edad de iniciales A.A.J.L. e I.J.L., el cual el día veintitrés del presente mes y año, fue ratificado por ambas partes, lo que trajo como consecuencia que el veinticinco siguiente, se dictara la sentencia correspondiente, en donde el mencionado asunto se elevo a categoría de cosa juzgada, ya que fue resuelto la materia del conflicto. Documental a la que se confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, por tratarse de documento público. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". De lo anterior, se puede apreciar que el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la ejecución de la audiencia celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente 423/2018, del índice el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, residente en esta ciudad, en la que se decretaron las reglas de convivencia entre los menores de edad antes precisado y sus padres, ha quedado sin efectos, puesto que la responsable el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, se dictó la sentencia correspondiente, en donde el mencionado asunto se elevo a categoría de cosa juzgada, ya que fue resuelto la materia del conflicto. En consecuencia, se advierte con claridad que ha dejado de tener efectos el acto reclamado pues la autoridad ha emitido la sentencia correspondiente que resolvió la materia del asunto, que era la causa de pedir en esta instancia constitucional, actualizando la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ante lo cual, debe sobreseerse en esta contienda constitucional, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley reglamentaria. Por la razón que informa, es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, que consta en la foja 1343, del tomo XXX, octubre de 2009, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y DERECHO DE PETICIÓN. SU REGULACIÓN EN LOS ARTÍCULOS 8o. Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. La garantía consagrada en el artículo 8o. constitucional se refiere, de manera general, al derecho que tienen los gobernados de recibir una respuesta de cualquier autoridad, a una petición que formulen por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Por su parte, el segundo párrafo del artículo 17 constitucional establece específicamente la garantía de acceso a la impartición de justicia, según la cual, los particulares deben observar los requisitos, formas y procedimientos que establezcan las leyes, para de esa manera obtener un pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional, que resuelva sobre las pretensiones planteadas. Lo anterior lleva a concluir que el derecho a recibir una respuesta de la autoridad judicial, tiene una regulación especial desde el punto de vista constitucional, que se distingue de la regulación general relacionada con el derecho a obtener una respuesta de cualquier autoridad. Por ello, cuando un particular promueve ante una instancia jurisdiccional alguna acción, procedimiento o medio de defensa y no encuentra respuesta, la garantía que pudiera encontrarse en riesgo de ser vulnerada, es la relacionada con el derecho de acceso a la justicia regulada, especialmente, en el artículo 17 constitucional y no la diversa garantía general consagrada en el diverso artículo 8o." No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de garantías sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por todo lo anterior, se deja sin efectos el desahogo de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con treinta y cinco minutos del veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

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