Carmen Martínez Cisneros
Expediente 511/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 511/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 22/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carmen Martínez Cisneros
- Secretaría del Bienestar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada el ocho de agosto del año en curso, en la que se SOBRESEE el presente juicio de amparo. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Consecuentemente, se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la segunda parte de la certificación secretarial, se advierte que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto al cuaderno incidental, toda vez que no se formó mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Avpb*
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo VIII-511/2023, promovido por Carmen Martínez Cisneros contra actos de la Secretaría del Bienestar con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito depositado el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado el mismo día en este órgano jurisdiccional, Carmen Martínez Cisneros solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la Secretaría del Bienestar, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. Lo que estima violatorio de los derechos fundamentales que, refieren consagran los artículos 1° y 4° Constitucionales. SEGUNDO. ADMISION DE DEMANDA. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado de Distrito conocer de la demanda de amparo en comento, el que en auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, determinó prevenir a la parte quejosa, sobre algunas inconsistencias de su libelo. Dicho requerimiento lo solventó oportunamente en los términos de su escrito de nueve de mayo de dos mil veintitrés. Así, mediante proveído de diez de mayo del año en curso, este órgano jurisdiccional de amparo admitió a trámite; solicitó informe justificado a las autoridades responsables; y, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. En el mismo proveído se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual fue celebrada al tenor del acta que antecede; previos diferimientos. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer por materia, grado y territorio y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49, 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Toda vez que se reclama un acto formal y materialmente administrativo cuya ejecución acontece dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal con competencia mixta ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados, para lo cual se debe atender a la demanda de amparo, vista en su integridad y su escrito aclaratorio, de lo que se obtiene que la peticionaria de amparo reclama: De (1) la Secretaría de Bienestar y (2) Subsecretaría de Bienestar, ambas con sede en la Ciudad de México; (3) Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Michoacán; (4) Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo; (5) Dirección General de Operación Integral de Programas; (6) Dirección General de Padrones de Beneficiarios; y, (7) Dirección General para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: La omisión de dar respuesta a la solicitud presentada el veintiuno de junio de dos mil veintitrés e identificada como FUB (Formato Único del Bienestar) con número de folio 17024306, en la que solicitó su incorporación al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar, en representación de la (1) Secretaría de Bienestar y (2) Subsecretaría de Bienestar, ambos con sede en Ciudad de México, al rendir su informe justificado, manifestó que no es cierta la omisión reclamada a las autoridades citadas, ya que no cuentan con atribuciones para recibir las solicitudes de incorporación, ni realizar la compulsa de datos, ni el Formato Único de Bienestar, relativo al programa "Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores", ya que tales facultades le corresponden a las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, de cada entidad federativa. Por otra parte, el mismo Subdirector en representación de la (4) Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo; (5) la Dirección General de Operación Integral de Programas; (6) la Dirección General de Padrones de Beneficiarios; y, (7) la Dirección General para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, todas con sede en la Ciudad de México, también negaron la omisión reclamada a dichas entidades bajo el argumento de que lo reclamado en esta instancia constitucional se encuentra a cargo de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en cada Entidad Federativa. En este orden, independientemente de las afirmaciones de la parte quejosa, el acto omisivo reclamado será cierto o inexistente en función de la carga de la prueba con base en la forma en que se efectué la negativa, así como de las obligaciones y facultades constitucionales o legales que la autoridad a quien se le atribuye esté constreñida a realizar; más no simplemente por el sólo hecho de incurrir en la anotada omisión. Así, tomando en cuenta que se trata de un acto omisivo, la carga de la prueba recae, por regla general, en la autoridad; pero esto aplica cuando teniendo conocimiento está obligada actuar y no lo hace, lo que se traduce en una abstención con base en sus atribuciones. Es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación legal que es desatendida. Sirve de sustento la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 59, octubre de 2018, página 926, con registro digital 2018110, de texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos.". Concatenado a ello, las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para el ejercicio fiscal 2022, vigente en el momento que la quejosa presentó su solicitud, en su numeral 3.10, refiere: "3.10 Instancias Participantes 3.10.1 Instancias Ejecutoras La Instancia Ejecutora y responsable de esta pensión será la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios. Corresponderá a las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, participar en la coordinación e implementación del Programa en términos de la normatividad aplicable. Asimismo, deberán resguardar los expedientes de las personas derechohabientes completos, garantizando la confidencialidad y la protección de datos personales que sean recabados, mediante los mecanismos de seguridad física y digital necesarios, en cumplimiento con las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública aplicables. (.)" De lo transcrito, se observa que la instancia ejecutora y responsable del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores será la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios, en coordinación con las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en las entidades federativas. En ese entendido, debe tenerse inexistente la omisión atribuida a la (1) Secretaría de Bienestar; (2) Subsecretaría de Bienestar; (4) Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo; (5) Dirección General de Operación Integral de Programas; (6) Dirección General de Padrones de Beneficiarios; y, (7) Dirección General para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, todas con sede en la Ciudad de México; dado que no se encontraban en aptitud legal de atender a lo solicitado, pues de conformidad con las disposiciones normativas citadas, son las Delegaciones de Programas para el Desarrollo de cada Entidad Federativa quienes tienen competencia específica para atender y dar seguimiento a las solicitudes presentadas por la población. En tales condiciones, como la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa; debe sobreseer en este juicio respecto de los actos reclamados a las autoridades enunciadas, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el (3) Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Michoacán, se obtiene que es cierta la omisión atribuida a dicha autoridad responsable. Esto, con independencia de que haya indicado que dicha entidad no es responsable de darle seguimiento a los trámites realizados por los beneficiaros de los diferentes programas a cargo de la Secretaría del Bienestar, aduciendo que no está facultada para validar los trámites realizados por los beneficiarios; que hay autoridades que se encargan de ejecutar el programa; y, que éstas son las facultadas para revisar de manera detallada el cumplimiento de los requisitos para solicitar el alta en el padrón de beneficiaros, en términos de las reglas de operación. De esta manera, dice, la Delegación funge como autoridad operadora, esto es, realizar el llenado de los Formatos Únicos de Bienestar (en adelante FUB); de capturarlos en los sistemas; y, una vez que resulten procedentes hacer la convocatoria para la entrega de los pagos correspondientes, precisando que dentro de ese proceso de validación de los FUB es realizada por la Dirección General para la Validación de Beneficiarios. Sin embargo, por las razones expuestas en el considerando que antecede, tales aseveraciones se desvirtúan, ya que de conformidad con el numeral 3.10 de las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para el ejercicio fiscal 2022, vigente en el momento que la quejosa presentó su solicitud, la instancia ejecutora y responsable del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores será la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios, en coordinación con las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en las Entidades Federativas. Máxime, que en el informe justificado hizo manifestaciones que evidencian su certeza, pues remitió el memorándum número 136.700.724.136.2023, de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en el que se informa el estatus de la hoy quejosa; y, en lo que interesa en esta instancia constitucional lo relativo al Formato Único de Bienestar con folio 17024306, en el sentido de que por medio de dicho formato la impetrante solicitó la reactivación de la pensión; la cual no fue procedente, debido a que la beneficiaria Carmen Martínez Cisneros presentó una inconsistencia en su CURP (doble registro). De modo que, posteriormente se le realizó el trámite de corrección o actualización de datos, así como la revisión de datos en padrón con la CURP MACC440426MJCRSR05 con número de folio 17033187 y número de captura 8419453, con la finalidad de que cambie su estatus actual dentro de programa "Activo No Emitible (Retención Por No Cobrar Apoyos Consecutivos)". Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 211004, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.". Certeza que se corrobora con las documentales que adjuntó a su informe de ley, constancias que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su numeral 2°, ya que se trata de documentos públicos, expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la diversa jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 53, tomo VI, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1907-1995, con registro 394182, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente hacen prueba plena." QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, habrá de analizarse si en la especie operan causales de improcedencia de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que se trata de un estudio oficioso y preferencial, por ser una cuestión de orden público, en términos de lo dispuesto en el diverso precepto 62 del ordenamiento en cita. En el caso, con independencia de las causales de improcedencia invocadas por las autoridades responsables, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y" Esta causa de improcedencia se actualiza cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, es decir, aun cuando los efectos del acto de autoridad controvertido subsistan, en caso de concederse el amparo resultaría jurídicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la concesión del amparo, porque la prerrogativa afectada, que se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica del quejoso, se modificó sin causar un perjuicio susceptible de ser reparado mediante la resolución concesoria de amparo. Es así, pues el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados; por ello, el legislador ha establecido como principio que rige su procedencia, la circunstancia que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, tendrá lugar cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, lo cual se actualiza en el caso que se advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han materializado en la esfera jurídica de la quejosa, ni se materializarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, como se precisó en párrafos anteriores, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte requirente constitucional en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria; lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector no cumpla con su finalidad. En el caso concreto, la parte quejosa reclama al Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Michoacán, la omisión de dar respuesta a la solicitud presentada el veintiuno de junio de dos mil veintitrés e identificada como FUB (Formato Único del Bienestar) con número de folio 17024306, en la que solicitó su incorporación al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Al respecto, resulta importante destacar que el Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado informó lo relativo al Formato Único de Bienestar con folio 17024306, en el sentido de que por medio de dicho formato la quejosa solicitó la reactivación de la pensión, la cual no fue procedente, debido a que la beneficiaria Carmen Martínez Cisneros presentó una inconsistencia en su CURP, ya que se detectó que cuenta con dos registros de Clave Única de Registro, pues dentro del sistema presentó las siguientes: MACC440426MMNRSR08 y MACC440426MJCRSR05. Por lo anterior, en data veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, personal adscrito al programa en comento se constituyó en el domicilio de la peticionaria de amparo para nuevamente realizar el trámite de corrección o actualización de datos, así como la revisión de datos en padrón con la CURP MACC440426MJCRSR05, dando lugar al Formato único de Bienestar con número de folio 17033187 y número de captura 8419453, con la finalidad de que cambie su estatus actual dentro de programa "Activo No Emitible (Retención Por No Cobrar Apoyos Consecutivos)". Asimismo, el Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Michoacán, precisó que el FUB 17033187 fue debidamente capturado en el sistema con el que cuenta la Coordinación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, por lo que de momento de acuerdo a lo establecido al numeral 3.9.3. de las Reglas de Operación del Programa de Pensión para el Bienestar de las personas Adultas Mayores y del artículo 22, fracción III, corresponde validar el trámite a la Dirección General para la Validación de Beneficiarios de la Secretaría del Bienestar. Consecuentemente, es claro que en el momento que se levantó el Formato Único de Bienestar con folio 17033187 quedaron desvanecidos los efectos de la omisión correspondiente al formato con folio 17024306 -que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional-. Máxime que el personal de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Michoacán, al constituirse en el domicilio de la quejosa, al levantar el formato con número de folio 17033187, la quejosa tácitamente consintió la omisión de la contestación al formato 17024306, generando una nueva solicitud. De ahí que se concluye que el presente juicio de amparo se torna improcedente, en atención a que la omisión reclamada respecto de la solicitud 17024306, aunque subsiste, ya no podría surtir efecto legal en la esfera del impetrante de amparo, habida cuenta que conforme a las constancias remitidas por el Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Michoacán, se advierte que se levantó nuevo Formato único de Bienestar con número de folio 17033187 y número de captura 8419453, con la finalidad de que cambie su estatus actual dentro de programa "Activo No Emitible (Retención Por No Cobrar Apoyos Consecutivos)". Por tanto se reitera que, el acto omisivo que combate la parte quejosa -si bien formalmente subsiste-, también es verdad que su objeto o materia no prevalece y ya no podría surtir efecto legal alguno. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." La anterior determinación de sobreseimiento impide que este órgano jurisdiccional aborde el estudio de los argumentos vertidos por el peticionario del amparo. Sirve de cimiento a lo anterior, la tesis VI. 1o. J/23 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, registro digital 226555, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". En tal virtud, al haberse actualizado la hipótesis de improcedencia anunciada al inicio de este apartado, se impone sobreseer en los autos del presente juicio de amparo. Finalmente, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio: "MINISTERIO PÚBLICO SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Carmen Martínez Cisneros en contra del acto y autoridades que quedaron precisados, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy ocho de agosto de dos mil veintitrés en que lo permitieron las labores del Juzgado de Distrito. Doy fe. aeol
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POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LO SIGUIENTE; V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo VIII-511/2023, promovido por Carmen Martínez Cisneros contra actos de la Secretaría del Bienestar con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito depositado el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado el mismo día en este órgano jurisdiccional, Carmen Martínez Cisneros solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la Secretaría del Bienestar, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. Lo que estima violatorio de los derechos fundamentales que, refieren consagran los artículos 1° y 4° Constitucionales. SEGUNDO. ADMISION DE DEMANDA. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado de Distrito conocer de la demanda de amparo en comento, el que en auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, determinó prevenir a la parte quejosa, sobre algunas inconsistencias de su libelo. Dicho requerimiento lo solventó oportunamente en los términos de su escrito de nueve de mayo de dos mil veintitrés. Así, mediante proveído de diez de mayo del año en curso, este órgano jurisdiccional de amparo admitió a trámite; solicitó informe justificado a las autoridades responsables; y, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. En el mismo proveído se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual fue celebrada al tenor del acta que antecede; previos diferimientos. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer por materia, grado y territorio y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49, 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Toda vez que se reclama un acto formal y materialmente administrativo cuya ejecución acontece dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal con competencia mixta ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados, para lo cual se debe atender a la demanda de amparo, vista en su integridad y su escrito aclaratorio, de lo que se obtiene que la peticionaria de amparo reclama: De (1) la Secretaría de Bienestar y (2) Subsecretaría de Bienestar, ambas con sede en la Ciudad de México; (3) Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Michoacán; (4) Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo; (5) Dirección General de Operación Integral de Programas; (6) Dirección General de Padrones de Beneficiarios; y, (7) Dirección General para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: La omisión de dar respuesta a la solicitud presentada el veintiuno de junio de dos mil veintitrés e identificada como FUB (Formato Único del Bienestar) con número de folio 17024306, en la que solicitó su incorporación al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar, en representación de la (1) Secretaría de Bienestar y (2) Subsecretaría de Bienestar, ambos con sede en Ciudad de México, al rendir su informe justificado, manifestó que no es cierta la omisión reclamada a las autoridades citadas, ya que no cuentan con atribuciones para recibir las solicitudes de incorporación, ni realizar la compulsa de datos, ni el Formato Único de Bienestar, relativo al programa "Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores", ya que tales facultades le corresponden a las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, de cada entidad federativa. Por otra parte, el mismo Subdirector en representación de la (4) Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo; (5) la Dirección General de Operación Integral de Programas; (6) la Dirección General de Padrones de Beneficiarios; y, (7) la Dirección General para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, todas con sede en la Ciudad de México, también negaron la omisión reclamada a dichas entidades bajo el argumento de que lo reclamado en esta instancia constitucional se encuentra a cargo de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en cada Entidad Federativa. En este orden, independientemente de las afirmaciones de la parte quejosa, el acto omisivo reclamado será cierto o inexistente en función de la carga de la prueba con base en la forma en que se efectué la negativa, así como de las obligaciones y facultades constitucionales o legales que la autoridad a quien se le atribuye esté constreñida a realizar; más no simplemente por el sólo hecho de incurrir en la anotada omisión. Así, tomando en cuenta que se trata de un acto omisivo, la carga de la prueba recae, por regla general, en la autoridad; pero esto aplica cuando teniendo conocimiento está obligada actuar y no lo hace, lo que se traduce en una abstención con base en sus atribuciones. Es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación legal que es desatendida. Sirve de sustento la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 59, octubre de 2018, página 926, con registro digital 2018110, de texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos.". Concatenado a ello, las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para el ejercicio fiscal 2022, vigente en el momento que la quejosa presentó su solicitud, en su numeral 3.10, refiere: "3.10 Instancias Participantes 3.10.1 Instancias Ejecutoras La Instancia Ejecutora y responsable de esta pensión será la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios. Corresponderá a las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, participar en la coordinación e implementación del Programa en términos de la normatividad aplicable. Asimismo, deberán resguardar los expedientes de las personas derechohabientes completos, garantizando la confidencialidad y la protección de datos personales que sean recabados, mediante los mecanismos de seguridad física y digital necesarios, en cumplimiento con las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública aplicables. (.)" De lo transcrito, se observa que la instancia ejecutora y responsable del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores será la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios, en coordinación con las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en las entidades federativas. En ese entendido, debe tenerse inexistente la omisión atribuida a la (1) Secretaría de Bienestar; (2) Subsecretaría de Bienestar; (4) Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo; (5) Dirección General de Operación Integral de Programas; (6) Dirección General de Padrones de Beneficiarios; y, (7) Dirección General para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, todas con sede en la Ciudad de México; dado que no se encontraban en aptitud legal de atender a lo solicitado, pues de conformidad con las disposiciones normativas citadas, son las Delegaciones de Programas para el Desarrollo de cada Entidad Federativa quienes tienen competencia específica para atender y dar seguimiento a las solicitudes presentadas por la población. En tales condiciones, como la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa; debe sobreseer en este juicio respecto de los actos reclamados a las autoridades enunciadas, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el (3) Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Michoacán, se obtiene que es cierta la omisión atribuida a dicha autoridad responsable. Esto, con independencia de que haya indicado que dicha entidad no es responsable de darle seguimiento a los trámites realizados por los beneficiaros de los diferentes programas a cargo de la Secretaría del Bienestar, aduciendo que no está facultada para validar los trámites realizados por los beneficiarios; que hay autoridades que se encargan de ejecutar el programa; y, que éstas son las facultadas para revisar de manera detallada el cumplimiento de los requisitos para solicitar el alta en el padrón de beneficiaros, en términos de las reglas de operación. De esta manera, dice, la Delegación funge como autoridad operadora, esto es, realizar el llenado de los Formatos Únicos de Bienestar (en adelante FUB); de capturarlos en los sistemas; y, una vez que resulten procedentes hacer la convocatoria para la entrega de los pagos correspondientes, precisando que dentro de ese proceso de validación de los FUB es realizada por la Dirección General para la Validación de Beneficiarios. Sin embargo, por las razones expuestas en el considerando que antecede, tales aseveraciones se desvirtúan, ya que de conformidad con el numeral 3.10 de las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para el ejercicio fiscal 2022, vigente en el momento que la quejosa presentó su solicitud, la instancia ejecutora y responsable del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores será la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios, en coordinación con las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en las Entidades Federativas. Máxime, que en el informe justificado hizo manifestaciones que evidencian su certeza, pues remitió el memorándum número 136.700.724.136.2023, de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en el que se informa el estatus de la hoy quejosa; y, en lo que interesa en esta instancia constitucional lo relativo al Formato Único de Bienestar con folio 17024306, en el sentido de que por medio de dicho formato la impetrante solicitó la reactivación de la pensión; la cual no fue procedente, debido a que la beneficiaria Carmen Martínez Cisneros presentó una inconsistencia en su CURP (doble registro). De modo que, posteriormente se le realizó el trámite de corrección o actualización de datos, así como la revisión de datos en padrón con la CURP MACC440426MJCRSR05 con número de folio 17033187 y número de captura 8419453, con la finalidad de que cambie su estatus actual dentro de programa "Activo No Emitible (Retención Por No Cobrar Apoyos Consecutivos)". Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 211004, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.". Certeza que se corrobora con las documentales que adjuntó a su informe de ley, constancias que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su numeral 2°, ya que se trata de documentos públicos, expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la diversa jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 53, tomo VI, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1907-1995, con registro 394182, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente hacen prueba plena." QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, habrá de analizarse si en la especie operan causales de improcedencia de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que se trata de un estudio oficioso y preferencial, por ser una cuestión de orden público, en términos de lo dispuesto en el diverso precepto 62 del ordenamiento en cita. En el caso, con independencia de las causales de improcedencia invocadas por las autoridades responsables, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y" Esta causa de improcedencia se actualiza cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, es decir, aun cuando los efectos del acto de autoridad controvertido subsistan, en caso de concederse el amparo resultaría jurídicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la concesión del amparo, porque la prerrogativa afectada, que se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica del quejoso, se modificó sin causar un perjuicio susceptible de ser reparado mediante la resolución concesoria de amparo. Es así, pues el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados; por ello, el legislador ha establecido como principio que rige su procedencia, la circunstancia que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, tendrá lugar cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, lo cual se actualiza en el caso que se advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han materializado en la esfera jurídica de la quejosa, ni se materializarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, como se precisó en párrafos anteriores, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte requirente constitucional en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria; lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector no cumpla con su finalidad. En el caso concreto, la parte quejosa reclama al Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Michoacán, la omisión de dar respuesta a la solicitud presentada el veintiuno de junio de dos mil veintitrés e identificada como FUB (Formato Único del Bienestar) con número de folio 17024306, en la que solicitó su incorporación al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Al respecto, resulta importante destacar que el Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado informó lo relativo al Formato Único de Bienestar con folio 17024306, en el sentido de que por medio de dicho formato la quejosa solicitó la reactivación de la pensión, la cual no fue procedente, debido a que la beneficiaria Carmen Martínez Cisneros presentó una inconsistencia en su CURP, ya que se detectó que cuenta con dos registros de Clave Única de Registro, pues dentro del sistema presentó las siguientes: MACC440426MMNRSR08 y MACC440426MJCRSR05. Por lo anterior, en data veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, personal adscrito al programa en comento se constituyó en el domicilio de la peticionaria de amparo para nuevamente realizar el trámite de corrección o actualización de datos, así como la revisión de datos en padrón con la CURP MACC440426MJCRSR05, dando lugar al Formato único de Bienestar con número de folio 17033187 y número de captura 8419453, con la finalidad de que cambie su estatus actual dentro de programa "Activo No Emitible (Retención Por No Cobrar Apoyos Consecutivos)". Asimismo, el Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Michoacán, precisó que el FUB 17033187 fue debidamente capturado en el sistema con el que cuenta la Coordinación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, por lo que de momento de acuerdo a lo establecido al numeral 3.9.3. de las Reglas de Operación del Programa de Pensión para el Bienestar de las personas Adultas Mayores y del artículo 22, fracción III, corresponde validar el trámite a la Dirección General para la Validación de Beneficiarios de la Secretaría del Bienestar. Consecuentemente, es claro que en el momento que se levantó el Formato Único de Bienestar con folio 17033187 quedaron desvanecidos los efectos de la omisión correspondiente al formato con folio 17024306 -que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional-. Máxime que el personal de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Michoacán, al constituirse en el domicilio de la quejosa, al levantar el formato con número de folio 17033187, la quejosa tácitamente consintió la omisión de la contestación al formato 17024306, generando una nueva solicitud. De ahí que se concluye que el presente juicio de amparo se torna improcedente, en atención a que la omisión reclamada respecto de la solicitud 17024306, aunque subsiste, ya no podría surtir efecto legal en la esfera del impetrante de amparo, habida cuenta que conforme a las constancias remitidas por el Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Michoacán, se advierte que se levantó nuevo Formato único de Bienestar con número de folio 17033187 y número de captura 8419453, con la finalidad de que cambie su estatus actual dentro de programa "Activo No Emitible (Retención Por No Cobrar Apoyos Consecutivos)". Por tanto se reitera que, el acto omisivo que combate la parte quejosa -si bien formalmente subsiste-, también es verdad que su objeto o materia no prevalece y ya no podría surtir efecto legal alguno. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." La anterior determinación de sobreseimiento impide que este órgano jurisdiccional aborde el estudio de los argumentos vertidos por el peticionario del amparo. Sirve de cimiento a lo anterior, la tesis VI. 1o. J/23 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, registro digital 226555, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". En tal virtud, al haberse actualizado la hipótesis de improcedencia anunciada al inicio de este apartado, se impone sobreseer en los autos del presente juicio de amparo. Finalmente, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio: "MINISTERIO PÚBLICO SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Carmen Martínez Cisneros en contra del acto y autoridades que quedaron precisados, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy ocho de agosto de dos mil veintitrés en que lo permitieron las labores del Juzgado de Distrito. Doy fe. aeol
- Principal
LUIS FELIPE SÁNCHEZ LUNA, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintiuno de julio al cuatro de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/3021/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretaria, dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo VIII-511/2023 promovido por Carmen Martínez Cisneros contra actos de la Secretaría del Bienestar y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: El Subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría del Bienestar, con residencia en la Ciudad de México. El Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Michoacán con residencia en esta ciudad. El Subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría del Bienestar a nombre de la Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo, la Dirección General de Operación Integral de Programas, la Dirección General para el Bienestar de Personas Adultas Mayores y la Dirección General de Padrones todas con residencia en la Ciudad de México. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que no existen medios de prueba por desahogar: Al no existir prueba alguna por desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar los formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY. LUIS FELIPE SÁNCHEZ LUNA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. MIRNA RODRÍGUEZ CALDERÓNCon fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Mah
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