Carmen Lucia Aranda Bargas
Expediente 729/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 729/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carmen Lucia Aranda Bargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MESA V. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el treinta de julio del año en curso; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, atendiendo a que no obstante que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó y concedió a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años, y una vez transcurrido éste deberá depurarse tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo Primero, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y haciéndose la certificación correspondiente en dicho original; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la anterior Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó fuera de audiencia, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. En cuanto al valor jurídico no lo tiene el presente juicio de garantías y el incidente de suspensión del cual deriva del mismo, sí tiene valor jurídico.
- Principal
V. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO.
- Principal
V. Agréguense a estos autos los informes justificados rendidos por el Secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior, por el Jefe del Departamento de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior y por la Directora de la Escuela Normal de Educación Preescolar, todos pertenecientes al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad y anexo que acompañan respectivamente, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a las partes en este juicio y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Ahora bien, y toda vez que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa se duele de los motivos por los cuales las responsables anularon sus estudios, así como la indebida fundamentación y motivación del acto reclamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término improrrogable de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste sí lo estime conveniente, amplíe su demanda de amparo respecto del contenido de los citados informes justificados. Se apercibe a la parte quejosa que, de no hacer manifestación alguna dentro del término concedido, este Juzgador continuará con el procedimiento del presente juicio de amparo únicamente contra el acto o actos señalados en el escrito inicial de demanda.
- Incidental
En Mérida, Yucatán, a las nueve horas con diecinueve minutos del dos de julio de dos mil dieciocho, en audiencia pública Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario Pablo Pérez Pacheco, con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. El Juez declara abierta la audiencia y el Secretario hace relación de la demanda y da lectura de las constancias existentes en autos y con los informes previos rendidos por el Secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior, por el Jefe del Departamento de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior y por la Directora de la Escuela Normal de Educación Preescolar, todos pertenecientes al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, mismos que obran agregados en autos. A lo anterior, el Juez acuerda: Ténganse por rendidos en tiempo y forma los informes previos de las autoridades responsables de que se tratan, para que sean tomados en consideración como correspondan; y hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, continúese con la celebración de la presente audiencia. Abierto el período de pruebas se da cuenta con las documentales que la parte quejosa exhibió a su demanda inicial; en mérito de lo cual, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo en vigor, se admiten las pruebas documentales antes citadas, las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica Abierto el período de alegatos, no se da cuenta con promoción alguna, por lo que se cierran dichas etapas. Asimismo se hace constar que la agente del Ministerio Público Federal adscrita, no interviene ni formula pedimento. A continuación, no habiendo diligencia pendiente por desahogar, ni pedimento de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, el Juez declara cerrada la audiencia y procede a dictar la resolución interlocutoria que sigue: Vistos los autos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo V-729/2018, promovido por CARMEN LUCÍA ARANDA BARGAS, contra actos de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (Gobierno del Estado de Yucatán) con residencia en esta ciudad y de otras autoridades, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales, y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En principio, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de garantías y de las constancias existentes en el incidente de suspensión, entre los cuales se encuentran los informes previos de las autoridades responsables, pues la demanda y actuaciones constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis que se aplica por identidad jurídica substancial, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De manera que la peticionaria de amparo reclama el oficio número ENEP-D/272-18 suscrito por la Directora de la Escuela Normal de Educación Preescolar con residencia en esta ciudad, en la cual por indicaciones de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (Gobierno del Estado de Yucatán) determinó la ilegal baja e invalidación de estudios de la parte quejosa como estudiante de dicho plantel, así como las consecuencias de dicho acto reclamado. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE. Por acuerdo de veinticinco de junio del año en curso, se ordenó tramitar por duplicado el presente incidente de suspensión, se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes previos, la cual en este día se verificó la audiencia incidental en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgador Federal es legalmente competente, para conocer y decidir de la presente suspensión definitiva, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 143, 144 y 146 de la Ley de Amparo en vigor, así como los numerales 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. VALORACIÓN DE PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En el presente asunto, en la etapa respectiva se dio cuenta con las documentales que la parte quejosa exhibió a su demanda inicial; por lo que con apoyo en lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo en vigor, se resolverá sobre la procedencia de la suspensión definitiva concedida atento a lo expresado por las autoridades en sus informes previos, las pruebas admitidas y la naturaleza de los actos reclamados. TERCERO. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS DE LA SUSPENSIÓN. En sus informes previos rendidos por las autoridades responsables éstas señalan: AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO Secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior perteneciente al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad. NIEGA Jefe del Departamento de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior perteneciente al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad. CIERTO Directora de la Escuela Normal de Educación Preescolar, perteneciente al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad. CIERTO CUARTO. NEGATIVA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Ahora bien, por lo que respecta a la autoridad señalada como responsable, Secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior perteneciente al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, se advierte que de la lectura de su informe previo rendido en autos, NEGÓ la existencia de los actos que se le reclama, consistente en el oficio número ENEP-D/272-18 suscrito por la Directora de la Escuela Normal de Educación Preescolar con residencia en esta ciudad, en la cual por indicaciones de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (Gobierno del Estado de Yucatán) determinó la ilegal baja e invalidación de estudios de la parte quejosa como estudiante de dicho plantel, así como las consecuencias de dicho acto reclamado, sin que exista prueba en contrario de la parte quejosa; por ende, procede negar a la parte quejosa por lo que a ésta corresponde la medida cautelar solicitada, ante la inexistencia de los actos reclamados, dados los términos de la jurisprudencia con el rubro siguiente: "INFORME PREVIO. Debe tenerse por cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y consecuentemente negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario" Por otra parte en cuanto, a las diversas autoridades responsables, Jefe del Departamento de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior y Directora de la Escuela Normal de Educación Preescolar, ambos perteneciente al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, admiten la existencia del acto reclamado que se les atribuye, tal y como se advierte de sus correspondientes informes previos. Atento a lo anterior, por lo que ve a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, respecto a las autoridades responsables, Jefe del Departamento de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior y Directora de la Escuela Normal de Educación Preescolar, ambos perteneciente al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, relativo al acto que se les atribuye, que hace consistir en el oficio número ENEP-D/272-18 suscrito por la Directora de la Escuela Normal de Educación Preescolar con residencia en esta ciudad, en la cual por indicaciones de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (Gobierno del Estado de Yucatán) determinó la ilegal baja e invalidación de estudios de la parte quejosa como estudiante de dicho plantel, se niega dicha medida cautelar por tratarse de actos consumados, habida cuenta que actuar en forma contraria, por la naturaleza de los mismos, equivaldría a darles efectos restitutorios, lo cual es propio de la suspensión definitiva que se pronuncie en el presente incidente. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia registrada bajo el rubro: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE." QUINTO. CONCESIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR. Ahora bien, respecto de las consecuencias del acto reclamado, al Jefe del Departamento de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior y a la Directora de la Escuela Normal de Educación Preescolar, ambos perteneciente al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, procede analizar si están colmadas las exigencias previstas en el primero párrafo del artículo 138 de la Ley de Amparo vigente, cuyo texto dispone: "Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y,...". Para lo cual es indispensable determinar que por apariencia de buen derecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que es un conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Motivo por el cual, actualmente se exige al juzgador constitucional que al momento de examinar la procedencia de la medida cautelar solicitada, conforme a lo preceptuado en el primer párrafo del artículo 138 en comento, que se analice si de concederse la medida suspensional con base en esa apariencia, no se cause una afectación al interés social, pues de lo contrario, no puede concederse, aun ante la actualización de esa apariencia de buen derecho, dado que se pondría en peligro los intereses de la sociedad o de otros sujetos de derecho, desnaturalizándose de esta manera la institución de la suspensión, toda vez que sólo en esa medida se puede justificar el otorgamiento de la medida cautelar en presencia de actos consumados; y siempre y cuando se hayan satisfecho antes de un aparente buen derecho los requisitos establecidos también en el diverso numeral 128, consistentes en que la solicite el agraviado (fracción I), y no se siga perjuicio al interés social ni contravengan disposiciones de orden público (fracción II). Lo anterior se señala así, pues sería un contrasentido jurídico que se otorgara la medida cautelar, aun ante la apariencia del buen derecho a quien no fuera el agraviado, cuando se actualizara una contravención a disposiciones de orden público o se afectara a la sociedad; lo cual desde luego tornaría de suyo improcedente la medida. Por ende, en relación a los actos de ejecución que se atribuye a las referidas autoridades, que pudieran traducirse en las consecuencias del oficio número ENEP-D/272-18 suscrito por la Directora de la Escuela Normal de Educación Preescolar con residencia en esta ciudad, en la cual por indicaciones de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (Gobierno del Estado de Yucatán) determinó la ilegal baja e invalidación de estudios de la parte quejosa como estudiante de dicho plantel. Atento a lo anterior, se procede analizar los supuestos del artículo 128 de la Ley de Amparo, disponen que para el otorgamiento de la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) que la solicite el quejoso y, b) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El primero de dichos requisitos implica que la indicada solicitud la realice quien considere afectado un interés jurídico o legítimo por la norma o acto reclamado. Mientras que el segundo amerita un análisis acerca de los conceptos a que se refiere el invocado inciso b; Y, en particular lo concerniente al interés social, mismo que debe entenderse como la atención, cuidado o tendencia que tiene la sociedad, o algún grupo de ella, a que no se causen daños o perjuicios que, inclusive, puedan llegar a ser irreparables y, por ende, conseguir existan las condiciones esenciales para su desarrollo armónico. Cabe citar, por analogía, la Jurisprudencia, bajo el rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA.". En el caso, la parte quejosa, cumple con las condiciones de que se trata pues la medida cautelar fue solicitada por CARMEN LUCÍA ARANDA BARGAS, quien aduce respecto a las consecuencias del oficio número ENEP-D/272-18 suscrito por la Directora de la Escuela Normal de Educación Preescolar con residencia en esta ciudad, en la cual por indicaciones de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (Gobierno del Estado de Yucatán) determinó la ilegal baja e invalidación de estudios de la parte quejosa como estudiante de dicho plantel, del que se infiere que los actos de las autoridades responsables sí le pueden causar un perjuicio. En consecuencia, como la medida suspensional solicitada, por cuanto a las consecuencias derivadas de la ilegal baja e invalidación de estudios de la parte quejosa como estudiante de dicho plantel, no contraviene ninguna disposición de orden público ni puede causar una afectación al interés social con la misma; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 138 referido y el diverso 147 del propio ordenamiento legal, se CONCEDE la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que las autoridades responsables dentro de la esfera de sus atribuciones, restablezcan provisionalmente a la directa quejosa en el goce del derecho violado; esto es, continúe de forma normal con sus estudios de licenciatura, e incluso presente los exámenes correspondientes al semestre en el que se encuentre, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte en el expediente principal del cual deriva este incidente. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en los artículos 138 y 146 de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE NIEGA a ********, la suspensión definitiva de los actos que reclama del Secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior, del Jefe del Departamento de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior y de la Directora de la Escuela Normal de Educación Preescolar, todos pertenecientes al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el cuarto considerando de esta resolución. SEGUNDO.- SE CONCEDE a *++++++++++, la suspensión definitiva de los actos que reclama del Jefe del Departamento de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior y de la Directora de la Escuela Normal de Educación Preescolar, ambos perteneciente al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el quinto considerando de esta resolución
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