Carmen Lilia Álvarez Saldaña

Expediente 1258/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1258/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
16/01/2023

Partes del expediente

  • Carmen Lilia Álvarez Saldaña
  • Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. No es óbice que a la fecha aún no fenece el plazo de diez días de las autoridades responsables para interponer recurso de revisión; ello es así, ya que, conforme a lo señalado por el numeral 87, párrafo segundo de la ley de la materia, las autoridades jurisdiccionales -como las designadas como responsables- carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso a) de esa normatividad. Asimismo, es depurable el original del incidente de suspensión, el cual deberá conservarse por el plazo de tres años, de conformidad con el artículo 18, fracción I inciso a) del citado Acuerdo General, pues se concedió la medida cautelar definitiva, por lo que se ordena glosarlo al expediente en que se actúa; mientras que es destruible el duplicado del incidente una vez que transcurran seis meses, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) de esa misma normatividad. Como en el presente asunto obran diversos documentos originales, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días hábiles comparezca a recogerlos; apercibida que de no hacerlo, serán destruidos, como lo dispone el artículo 21, párrafo segundo del Acuerdo General citado. Finalmente, agréguese el escrito de la parte tercera interesa, atento a su contenido, deberá de estarse a lo acordado en el presente proveído. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa..."

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por lista y por lista en página electrónica a la parte quejosa, el proveído de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, mismo que en síntesis establece: "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. No es óbice que a la fecha aún no fenece el plazo de diez días de las autoridades responsables para interponer recurso de revisión; ello es así, ya que, conforme a lo señalado por el numeral 87, párrafo segundo de la ley de la materia, las autoridades jurisdiccionales -como las designadas como responsables- carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso a) de esa normatividad. Asimismo, es depurable el original del incidente de suspensión, el cual deberá conservarse por el plazo de tres años, de conformidad con el artículo 18, fracción I inciso a) del citado Acuerdo General, pues se concedió la medida cautelar definitiva, por lo que se ordena glosarlo al expediente en que se actúa; mientras que es destruible el duplicado del incidente una vez que transcurran seis meses, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) de esa misma normatividad. Como en el presente asunto obran diversos documentos originales, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días hábiles comparezca a recogerlos; apercibida que de no hacerlo, serán destruidos, como lo dispone el artículo 21, párrafo segundo del Acuerdo General citado. Finalmente, agréguese el escrito de la parte tercera interesa, atento a su contenido, deberá de estarse a lo acordado en el presente proveído. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa..."

  3. Principal

    Expediente principal 1258/2022-VI. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL El Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con quince minutos del veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1258/2022-VI, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, Erik Juárez Olvera, Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, quien actúa ante la secretaria Erandi Paulina Fuentes Chávez, que autoriza y da fe, declara abierta la diligencia sin que sea necesaria la asistencia de la partes, ya sea física o virtualmente a través de videoconferencia, en virtud de que tanto sus pruebas como alegatos los pudieron hacer valer por escrito, a fin de acatar lo dispuesto en el Acuerdo General 09/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020 relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, en el sentido de continuar con un esquema de trabajo en el que se evite la concentración de personas en las instalaciones de los órganos jurisdiccionales con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor provocada por el virus COVID-19. Posteriormente, la secretaria procede a la lectura de la demanda de amparo y demás constancias de autos, sin necesidad de hacer relación expresa de ellas. Enseguida, se abre el periodo probatorio en el que la secretaria da cuenta con las pruebas que obran en autos y, al respecto, el suscrito Juez acuerda: de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen admitidas y desahogadas dichas probanzas en razón de su propia y especial naturaleza y, al no existir prueba pendiente por desahogar, procede a cerrar este periodo. Enseguida, se abre la fase de alegatos en la que la secretaria da cuenta con los formulados por el tercero interesado; por ende, quien esto juzga determina: tener precluido el derecho del resto de las partes por no hacerlo valer oportunamente. No habiendo otra prueba por desahogar ni promoción pendiente por acordar, de conformidad con lo establecido en el ordinal 124 de la Ley de Amparo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede a dictar la siguiente resolución: Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1258/2022-VI; RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN Y DATOS DE LA DEMANDA. Por escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Naucalpan de Juárez, Estado de México, el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, y posteriormente turnado a este juzgado, Carmen Lilia Álvarez Saldaña, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra los actos de autoridad que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. TRÁMITE. Por auto de veintisiete de octubre del año en curso, este órgano federal admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables sus informes con justificación, dio intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, una vez integrado el jucio, inició al tenor del acta que antecede; CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo que disponen los artículos 35 y 37 primer párrafo, de la Ley de Amparo; toda vez que se reclama un acto con ejecución dentro del territorio en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción, fracción I, de la Ley de Amparo, la parte quejosa reclama: a) La falta de emplazamiento al juicio 794/2022, del índice del Juzgado Segundo Civil de Cuautitlán Izcalli, Estado de México y todo lo actuado dentro del mismo. b) La orden de lanzamiento respecto del inmueble ubicado en Privada Lille, Casa 3, del Fraccionamiento Urbi, Quinta Montecarlo, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables Jueza del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán Izcalli, México, así como la notificadora y ejecutora adscritas a dicho Juzgado, al momento de rendir sus informes justificados, aceptaron los actos que se les atribuyen, en su respectivo ámbito de competencias. Lo cual se corrobora con las documentales allegadas al juicio, consistente en copia certificada de las actuaciones del juicio de origen; las cuales producen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de esta última en su artículo 2°, por tratarse de documentos públicos expedidos por autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o este órgano federal las advierta de oficio, previo al estudio de fondo, se debe analizar si se actualiza, o no alguna causa de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso precepto 6°, ambos de la Ley de Amparo, los cuales, de forma conjunta disponen que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico de la parte quejosa. El concepto de "afectación al interés jurídico" se ha determinado como condición imprescindible para la procedencia del juicio constitucional, de tal manera que en caso de no ser demostrada aquélla, torna improcedente el juicio de amparo promovido. Es de precisarse, que el interés jurídico se hace consistir en el derecho que les asiste a los particulares para reclamar, en la vía de amparo, cualquier acto de autoridad perpetrado en contra de éstos, que estimen que vulneren su esfera jurídica de derechos; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por determinado acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en sus derechos o intereses; en ese contexto, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto de autoridad reclamado, de manera que, el sujeto que posee esta titularidad, puede ocurrir al juicio de garantías a fin de reclamar las violaciones cometidas en su perjuicio, pero no otra persona. Lo anterior, se encuentra sustentado en la jurisprudencia VI. 2°. J/87, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la Octava Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1 Julio a Diciembre de 1990, página 364, de registro digital 224803, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." I. ACTO RECLAMADO: FALTA DE LLAMAMIENTO AL JUICIO DE ORIGEN. Tocante al acto reclamado consistente en la falta de llamamiento al juicio de origen, se surte la causal de improcedencia invocada, atento a que de las copias certificadas allegadas por el Juez responsable, mismas que fueron previamente valoradas, se advierte que las partes del juicio especial de desahucio 794/2022, del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán Izcalli, México, son José Carlos Avilés Castañeda, quien constituye la parte actora, y Albeto García Sánchez, como parte demandada, de ahí que la quejosa Carmen Lilia Álvarez Saldaña, no participa en el proceso del que emanan los actos reclamados, ya que no es parte procesal, ni tampoco se advierte que haya comparecido a defender algún derecho en esa instancia. En esas condiciones, es patente que al no ser instaurado dicho juicio en su contra, la falta de emplazamiento a tal asunto no afecta su esfera normativa y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de amparo respecto a dicho acto, al actualizarse la causa de improcedencia aludida. Ilustra a lo anterior, por analogía, la tesis VI.2o.C.297 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIX, Abril de 2009, página 1907, de registro digital 167493, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO EL AUTO DE EXEQUENDO NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO. Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame, ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse en el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo." II. ACTO RECLAMADO: ORDEN DE LANZAMIENTO. Respecto a la orden de lanzamiento del inmueble ubicado en Privada Lille, Casa 3, del Fraccionamiento Urbi, Quinta Montecarlo, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, que la quejosa aduce tiene en su posesión con motivo del contrato de compraventa que celebró con Doris Jaen Cortés Álvarez, también se surte la aludida causal de improcedencia. En el caso concreto, Carmen Lilia Álvarez Saldaña, comparece al presente juicio de amparo a defender su derecho de poseer el bien inmueble referido, bajo el argumento de ser propietaria del mismo, de ahí que la causa generadora de esa posesión, es el contrato de compraventa. Ahora bien, a fin de demostrar el derecho que ostenta, aportó como prueba de su intención el "contrato privado de compraventa" celebrado el veintitrés de febrero de dos mil diez, entre Doris Jean Cortés Álvarez, como parte vendedora y Carmen Lilia Álvarez Saldaña, como compradora, respecto del inmueble consistente en "LOTE DE TERRENO Y CASAS EDIFICADAS EN EL NÚMERO 1 Y 3, DE LA "PRIVADA LILLE", DEL FRACCIONAMIENTO AMPLIACIÓN DE LA ZONA URBANA DENOMINADA "URBI QUINTA MONTECARLO", MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO". Sin que la quejosa hubiera aportado medio de convicción tendiente a demostrar que se trata de un mismo bien raíz, esto es así, ya que para que haya certeza de la identidad entre el predio sobre el cual se tramitó el juicio de origen y el diverso sobre el cual defiende Carmen Lilia Álvarez Saldaña, era necesario identificar con precisión la ubicación y extensión de los mismos, para lo cual se requería contar con elementos técnicos y científicos propios de la topografía - agrimensura -, en virtud de que la ubicación métrica de predios no es una cuestión que pueda resolverse con los conocimientos generales al alcance de todas las personas, sino que es necesario de los conocimientos técnicos de un perito en la materia de agrimensura. Apoya a lo anterior las jurisprudencias VI.1o.C. J/131, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro: "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES." Además, aquel contrato de compraventa resultaría igualmente insuficiente aun cuando se hubiera demostrado la identidad del inmueble cuya entrega se ordenó realizar en el juicio natural y que defiende la peticionaria de amparo, pues carece de fecha cierta. Así, en primer lugar debe precisarse que, a efecto de dilucidar si la impetrante del amparo tiene interés jurídico para acceder al juicio constitucional, se examinará la validez de los documentos o probanzas en que se sustente aquella causa generadora de la posesión, aun cuando la determinación que se emita en el juicio de amparo no tiene la consecuencia de declarar la legitimidad de la posesión a favor de la parte quejosa. Al respecto, se invoca la jurisprudencia P./J. 1/2002 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, página 5, de registro digital 187733, que dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la. posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En ese sentido, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que la parte promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión - en el entendido de que las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común-. Atinente al tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio tengan eficacia probatoria y surtan efectos contra terceros, requieren ser de fecha cierta, lo que tiene como propósito garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales; de ahí que, tal exigencia debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes y no frente a terceros. En la inteligencia que la certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes, de ahí que sea a partir de esa fecha cuando el documento respectivo obtiene esa calidad y, por ende, cuando resulta exigible frente a terceros el derecho que en éste se consigne. Al respecto, se cita por analogía la jurisprudencia 1a./J. 24/2008 de la novena época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, página 11, de Registro digital 169963, que dice: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." De ese modo, para demostrar el interés jurídico en un juicio de amparo indirecto, en contra de una orden de desposesión de un bien inmueble, resulta suficiente que la parte quejosa exhiba el contrato de compraventa de fecha cierta, misma que debe ser anterior a la orden combatida, lo que acontece cuando dicho documento: I. Se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; II. Se presente ante un fedatario público por razón de su oficio para su certificación; o III. A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes, porque ésta lleva a entender que no pudo plasmar su firma después de su fallecimiento. Por lo tanto, si el contrato de compraventa exhibido por la quejosa no se encuentra inscrito en un Registro Público de la Propiedad, ni fue presentado ante un fedatario público que por razón de su oficio pueda certificarlo, y tampoco se actualiza el supuesto de que alguno de los firmantes haya fallecido; es incuestionable que resulta insuficiente para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa en este juicio. Es aplicable, por analogía, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 46/994, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales". Por lo anterior, dicho documento no es apto para conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Carmen Lilia Álvarez Saldaña, por no ser de fecha cierta el documento con el que se pretende acreditar el interés jurídico, lo que ocasiona que el derecho que ostenta la quejosa no pueda ser oponible frente a terceros. Sustenta a la presente determinación, la jurisprudencia 1a./J. 62/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, consultable en la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, página 329, de registro digital 2020978, que dice: 4 "INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO CONTRA LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. PARA DEMOSTRARLO ES SUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR A DICHA ORDEN. La posesión protegida por el artículo 14 constitucional no es otra que la definida por el derecho común, conforme al cual es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, sin embargo, para efectos del juicio de amparo, ese derecho debe tener origen en alguna de las figuras establecidas en la ley. Así, el contrato de arrendamiento, al ser un título que se sustenta en una figura jurídica que genera el derecho a poseer, constituye una base objetiva, que fundada y razonablemente produce la convicción de que el arrendatario tiene derecho a poseer el bien de que se trate. En consecuencia, para demostrar el interés jurídico e instar el juicio de amparo indirecto contra una orden de desposesión de un bien inmueble, resulta suficiente el contrato de arrendamiento de fecha cierta anterior a la misma, esto debido a que tal característica hace que produzca efectos frente a terceros ajenos a su suscripción, y dota al quejoso del interés jurídico aludido. En el entendido de que las decisiones que el órgano de control de constitucionalidad tome en relación con la eficacia del título, tienen consecuencia exclusivas en el juicio de amparo, pues no deciden sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, lo que deberá dilucidarse ante la potestad común." En consecuencia, al no haberse acreditado el interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional es indudable que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia invocada, por lo cual, resulta procedente sobreseer en el juicio con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En la inteligencia que, en virtud del sobreseimiento decretado, no es posible examinar los conceptos de violación planteados por la quejosa, como lo establece la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación volumen 24, tercera parte, página 49, registro digital 239006, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito del tercero interesado José Carlos ..., por medio del cual señala domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones y formula alegatos. De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en los estrados de este órgano federal, pues así lo señaló expresamente. También se tienen por autorizadas a las personas que menciona en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos y las restantes para los efectos que indica. De conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los alegatos que vierte, los cuales se podrán tomar en consideración al momento de resolver el presente asunto. Por otra parte, del estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días, concedido a las partes en proveído de diecisiete de noviembre actual, para que se impongan del contenido de los informes justificados rendidos por la Juez y Notificadora ambos adscritos al Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán Izcalli, México; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional fijada para el día de hoy y, en su lugar, se señalan las nueve horas con quince minutos del veintisiete de diciembre dos mil veintidós. Notifíquese.

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