Carmen Leonor Castellanos Ortíz.
Expediente 303/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 303/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carmen Leonor Castellanos Ortíz.
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de junio de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Ténganse por recibida la demanda promovida por Carmen Leonor Castellanos Ortiz, en cuanto miembro del colectivo "FRENA", por su propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 303/2022-II; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asuntos, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, del análisis sistemático demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: "Se reclama los seriales normas y actos inconstitucionales los cuales redundan en violaciones directas y sistemáticas a la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actuando el Presidente con facultades y atribuciones con los que no TIENE NI ESTÁN CONTEMPLADAS en términos del artículo 89, Constitucional el Presidente de México, al REALIZAR DONACIONES CUANTIOSAS DE DINERO DEL DINERO DEL PUEBLO MEXICANO REGALANDO DINERO DE MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS A GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASÍ COMO EL DE contratar y celebrar convenios con el gobierno de CUBA PARA QUE TRABAJEN Y COBREN COMO PROFESIONISTAS EN PAGO EN DÓLARES AMERICANOS 500 QUINIENTOS SUPUESTOS MÉDICOS (LO CUAL NO NOS CONSTA) DE NACIONALIDAD CUBANA, PARA QUE TRABAJEN COMO MÉDICOS ESPECIALISTAS EN NUESTRO PAÍS MÉXICO, ASÍ COMO TAMBIÉN A ENFERMERAS Y DEMÁS PERSONAL MEDICO DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, (CUBANOS) TRABAJEN EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN LOS 32 ESTADOS DE MÉXICO, SIN CUMPLIR CON TODAS LAS FORMALIDADES Y REQUERIMIENTOS LEGALES SEÑALADOS EN NUESTRO ARTICULO 5 CONSTITUCIONAL Y DEMÁS LEYES REGLAMENTARIAS DE LA MATERIA VIOLACIÓN DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN EN SU ART. 5 QUE A LA LETRA DICE: ARTICULO 5, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Que a la letra dice: A NINGUNA PERSONA PODRÁ IMPEDIRSE QUE SE DEDIQUE A LA PROFESIÓN, INDUSTRIA, COMERCIO O TRABAJO QUE LE ACOMODE, SIENDO LÍCITOS, EL EJERCICIO DE ESTA LIBERTAD, SOLO PODRÁ VEDARSE POR DETERMINACIÓN JUDICIAL, CUANDO SE ATAQUEN LOS DERECHOS DE TERCERO, O POR RESOLUCIÓN GOBERNATIVA, DICTADA EN LOS TÉRMINOS QUE MARCA LA LEY, CUANDO SE OFENDAN LOS DERECHOS DE LA SOCIEDAD. LA LEY DETERMINARA EN CADA ESTADA CUALES SON LAS PROFESIONES QUE NECESITAN TITULO PARA SU EJERCICIO. LAS CONDICIONES QUE DEBAN LLENARSE PARA OBTENERLO Y LAS AUTORIDADES QUE HAN DE EXPEDIRLO. Violaciones directas a la Constitución cometidas por parte del Presidente de la República, así como todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables, Violándose gravemente en forma por demás directa el cual se encuentra relacionado como lo es el artículo 32 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando claramente lo siguiente: ULTIMO PARRAFO DE DICHO ARTICULO CONSTITUCIONAL, LOS MEXICANOS SERAN PREFERIDOS A LOS EXTRANJEROS EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS, PARA TODA CLASE DE CONCESIONES Y PARA TODOS LOS EMPLEOS. CARGO O COMISIONES DE GOBIERNO EN QUE NO SEA INDISPENSABLE LA CALIDAD DE CIUDADANO Al darles preferencia el presidente de México y prioridad a los extranjeros y a los supuestos médicos y personal médicos que contrato mediante convenio celebrado con el gobierno cubano, está violentando y transgrediendo gravemente los derechos de preferencia que tienen nuestros nacionales médicos enfermeras-os, y personal médicos mexicanos, traduciéndose dichos actos cometidos por los responsables en violaciones directas a nuestra constitución antes señalados, al no observar y dar cumplimiento a los artículos constitucionales transgredidos los cuales se hacen valer como actos reclamados. Así mismo son diversas y múltiples leyes secundarias que se están violando por parte de todas y cada uno de las autoridades señaladas como responsables actuado en franca complicidad con el Presidente de la República, todas y cada una de las Secretarias de Estado antes señaladas como responsables participando conjuntamente en la contratación de médicos cubanos extranjeros. DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, en complicidad con el ejecutivo federal, se reclama la asignación de la partida presupuestal en pago de dinero de dólares americanos o de pesos mexicanos para pagarles PARA QUE TRABAJEN Y COBREN COMO PROFESIONISTAS EXTRANJEROS MEDICOS EN PAGO EN DOLARES AMERICANOS 500 QUINIENTOS SUPUESTOS MEDICOS CUBANOS (LO CUAL NO NOS CONSTA) DE NACIONALIDAD CUBANA, PARA QUE TRABAJEN COMO MEDICOS ESPECIALISTAS EN NUESTRO PAIS MEXICO. DEL C. SECRETARIO DE GOBERNACION conjuntamente con la DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MIGRATORIOS, en franca complicidad con el Poder Ejecutivo Federal, se les reclama la autorización ilegal de los MEDICOS CUBANOS EXTRANJEROS y demás personal médico, y de medicinas desconocidas de permitirles ingresar a nuestro país así como de darles autorización a todos ellos de que ingresen a territorio nacional por cualquier vía aérea, terrestre, marítima, y permitirles realizar trabajos como ocurrió en meses anteriores con motivo de la PANDEMIA MUNDIAL CORONAV1RUS DONDE INGRESARON A MEXICO MAS DE 600 FALSOS MEDICOS CUBANOS ( QUE NO TIENEN TITULO) reconociéndolos a todos ellos como médicos para que realizaran actividades como profesionistas en todo México sin cumplir con los requerimientos y las formalidades esenciales los cuales son obligatorios y que se deben de observar y cumplir de acuerdo a la LEY GENERAL DE PROFESIONES y demás disposiciones legales aplicables al presente caso. LA SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA, LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES AS! COMO LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL en franca complicidad con el Poder Ejecutivo Federal, se les reclama la autorización ilegal de los SEUDOS- MEDICOS CUBANOS EXTRANJEROS y demás personal médico así como de medicinas desconocidas sin patente de permitirles darles autorización a todos ellos realizar trabajos inherentes propios a médicos nacionales de MEXICO que cumplieron todos ellos con los estudios requerimientos y formalidades propios durante más de 25 años en UNIVERSIDADES POLITECNICOS TECNOLOGICOS Y DEMAS ESCUELAS MEDICAS DEL PAIS. DONDE INGRESARON EXTRANJEROS CUBANOS como ocurrió en meses anteriores con motivo de la PANDEMIA MUNDIAL CORONAVIRUS DONDE INGRESARON A MEXICO MAS DE 600 FALSOS MEDICOS CUBANOS (QUE NO TIENEN TITULO) reconociéndolos a todos ellos como médicos para que realizaran actividades propias como profesionistas en todo México sin cumplir con los requerimientos y las formalidades esenciales los cuales son obligatorios y que se deben de observar y cumplir de acuerdo a la LEY GENERAL DE PROFESIONES y demás disposiciones legales aplicables al presente caso" ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el criterio jurisprudencial de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. DESECHAMIENTO. En el caso concreto, este Juzgado Federal determina que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". Ahora, el artículo 5, fracción I, de la legislación de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley (.)". De la interpretación sistemática de estos dispositivos, se aprecia que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha diferenciado el interés jurídico del legítimo, acorde con sus elementos estructurales, criterio que se plasmó en la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), publicada en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, del rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." En ese contexto, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado en el presente juicio, conviene abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple", sino que es necesario que ese interés tenga sustento en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 581, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, del rubro siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO". Precisado lo anterior, en el caso, es inconcuso que el acto reclamado no afecta el interés jurídico de la peticionaria de amparo, al no existir agravio alguno, pues lo hace derivar, a su parecer que sufre una afectación directa, toda vez que aduce que se han realizado donaciones cuantiosas de dinero del pueblo mexicano, a gobiernos extranjeros, derivado de la celebración de convenios con el gobierno del país de Cuba, para que quinientos supuestos médicos de nacionalidad cubana, trabajen y cobren como profesionistas en pago en dólares americanos, como médicos especialistas en este país (sin acreditar tal circunstancia) situación que hasta este momento procesal para esta resolutora no se advierte que trascienda en su esfera jurídica. Ello, toda vez que, el acto tildado de inconstitucional, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo motivo de este expediente, resulta futuro y de realización incierta, habida cuenta que en el escrito de demanda y de cumplimento, como se adelantó la quejosa manifestó -bajo protesta de decir verdad- que le genera afectación en su persona y en perjuicio de los intereses de la sociedad en general e a intereses colectivos de toda la ciudadanía Mexicana en especial del sector salud punto importante y vulnerable donde se encuentran en estado de indefensión desde los niños, niñas, jóvenes, adultos, y adultos mayores violándose sus derechos humanos, toda vez que aduce que se han realizado donaciones cuantiosas de dinero del pueblo mexicano, a gobiernos extranjeros, derivado de la celebración de convenios con el gobierno del país de Cuba, para que quinientos supuestos médicos de nacionalidad cubana, trabajen y cobren como profesionistas en pago en dólares americanos, como médicos especialistas en este país; empero, como se adelantó, tal acto al día de la fecha es inexistente, toda vez que el martes veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se publicó la convocatoria con la cual inició la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicas y Médicos Especialistas, misma que anunció el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, durante la conferencia de prensa matutina que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el propósito de la jornada es cubrir trece mil setecientos sesenta y cinco plazas, de las cuales cinco mil doscientos cincuenta y dos, se ubican en sistemas de salud de quince entidades federativas donde está en marcha el Plan de Salud para el Bienestar. Asimismo, el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, explicó que la citada jornada nacional de reclutamiento está abierta desde el veinticuatro de mayo de dos mi veintidós a mediodía a través del portal medicosespecialistas.gob.mx y hasta el último minuto del viernes tres de junio del año en curso, posteriormente el siete de junio siguiente, se darán a conocer los resultados; las y los aspirantes seleccionados recibirán una invitación para acudir el once de junio de dos mil veintidós, alguna de las treinta y dos sedes para completar el proceso. En la plataforma medicosespecialistas.gob.mx las y los profesionales interesados pueden postularse por tipo de especialidad y lugar de adscripción. Para registrarse deben completar la información con nombre, Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC), correo electrónico, especialidad, cédula profesional y lugar actual de residencia. Posteriormente, la plataforma genera un número de usuario con el cual podrán continuar el proceso. Máxime que es un hecho notorio que dicha convocatoria se encuentra vigente, con la cual no se ha divulgado alguna otra noticia que indique lo contrario. Asimismo, durante la conferencia de prensa matutina denominada "La Mañanera" del veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, el Presidente de la República Mexicana, manifestó lo siguiente: "Vamos a llenar con los médicos mexicanos hasta donde se pueda. Pero sabemos que no vamos a tener, desgraciadamente, todos los especialistas que requerimos, sobre todo en la montaña de Guerrero". De ahí que sea inconcuso que hasta este momento procesal ya se haya realizado la contratación de Médicos Cubanos que aduce la parte quejosa, por lo que el acto reclamado es futuro y a la fecha no existe, ya que como quedó asentado, primero se contrataran médicos mexicanos y si es el caso de que no se cubran las plazas, se contratara médicos extranjeros. Es aplicable al caso por identidad jurídica la jurisprudencia P.J.18/2020 de la Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 82, Enero de 2021, Tomo I, pagina 5, que establece lo siguiente: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. LAS VIDEOGRABACIONES CONTENIDAS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL Y, POR TANTO, PUEDEN SER OFRECIDAS POR LAS PARTES EN AQUÉL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron en forma contradictoria en torno a si una videograbación se debe considerar como prueba documental para efectos del incidente de suspensión en el juicio de amparo y, en consecuencia, si procede su admisión como medio probatorio. Criterio jurídico: Las videograbaciones constituyen una prueba documental, pues independientemente del soporte en el que consten y se aporten al incidente de suspensión, cuentan con la capacidad de registrar datos de interés procesal y, además, pueden desahogarse por su propia naturaleza y sin necesidad de una diligencia especial, siempre que el juzgador cuente con el equipo necesario para su reproducción y, de no ser así, el oferente de la prueba lo aporte. Justificación: Esta interpretación resulta acorde con los artículos 1o. y 14 de la Constitución General, al ser más protectora del debido proceso, entre cuyas formalidades esenciales que lo conforman está la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas. En este sentido, el artículo 143 de la Ley de Amparo establece que en el incidente de suspensión únicamente se admitirán las pruebas documental y de inspección judicial y, tratándose de los casos a que se refiere el artículo 15 de ese ordenamiento, la prueba testimonial. A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el avance de las tecnologías de la información supone un importante cambio en el ámbito judicial lo que, desde luego, incide en la fase probatoria de un procedimiento; de ahí que para determinar la naturaleza de una videograbación se debe partir de que, jurídicamente, un documento es cualquier instrumento con capacidad para registrar datos o información, donde lo principal es su capacidad de registro y, lo secundario, el soporte en el que aparece recogido dicho objeto. Además, si el legislador federal hizo énfasis en la finalidad protectora de la suspensión, e incluso facultó al órgano jurisdiccional para solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere convenientes para resolver sobre la suspensión definitiva, válidamente se puede concluir que las partes pueden ofrecer una videograbación contenida en un medio electrónico como prueba documental en el incidente de suspensión para que el juzgador pueda obtener certeza sobre hechos relevantes y, de ser el caso, otorgarle cierto valor probatorio, siempre que ello no comprometa la celeridad que debe imperar en dicho incidente. Al respecto, no pasa inadvertido que, dependiendo del soporte en el que se ofrezca la prueba en cuestión, se requiere un medio técnico para su reproducción; sin embargo, ello no amerita una diligencia especial que retrase la impartición de justicia, sino únicamente que el juzgador cuente con el equipo necesario para su reproducción y, de no ser así, podrá aportarlo el oferente de la prueba." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de la Octava Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 79, Julio de 1994, Página: 15, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Antecedentes de los que se aprecia que dicho acto puede considerarse futuro e incierto para la procedencia del juicio Lo anterior es así, porque el Máximo Tribunal de justicia del país determinó que para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, el agravio que los actos reclamados causen al quejoso deben ser actuales, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causarán dicha afectación, lo que no se actualiza en el caso, pues la aseveración de la justiciable constituye una especulación, al no proporcionar datos que revelen que efectivamente habrá una afectación de carácter ambiental que refiere, pues en los antecedentes que relató no se advierte dicha circunstancia. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de este sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 5º de la ley de la materia condiciona su promoción a que los actos reclamados perjudiquen a la parte quejosa. Por consiguiente, si de la lectura de la demanda no se infiere la inminencia del acto reclamado, es evidente que no existe el agravio que refiere la amparista, por ende, no le causa perjuicio alguno. Ahora, el artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo procede contra leyes o actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos; es decir, se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. La determinación que aquí se adopta, se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la justicia federal, a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce de la garantía individual violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación. Criterio en contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos. Asimismo, teniendo en cuenta que en el presente asunto se combaten actuaciones de carácter positivo, su existencia debe analizarse de conformidad con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, porque es sabido que el juicio constitucional procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los referidos artículos 1o., fracción I, 6, y 63, fracción IV de la Ley de Amparo. En ese sentido, es de colegirse que se trata de un supuesto hipotético de la vulneración de un derecho que no se ha actualizado y, por ende, no puede ser lesionado. Así, se desprende que el promovente plantea un acto que a la fecha de la presentación de la demanda, en su caso, no ha sucedido, sino que pudiera serlo en el futuro, según aduce. Por ello, la demanda que se provee, resulta improcedente respecto de dicho acto de manera notoria en atención a que la parte quejosa no acredita siquiera de manera indiciaria que dicho acto que por ésta vía reclama sea cierto, concreto, inminente y actual, sino probable o eventual. De todo ello es inconcuso que el acto reclamado en la forma planteada en la demanda de cuenta, no ha producido en la parte quejosa algún daño real, directo, concreto, inminente e irreparable en sus derechos humanos y garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por ende, trastocado su esfera jurídica. Por lo anteriormente expuesto, resulta procedente concluir que la demanda de prerrogativas fundamentales que se provee, es notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto por los preceptos legalmente transcritos, dado que no es de aquéllos que ocasionen perjuicios actuales e inminentes a la parte impetrante, pues de sus manifestaciones no se advierte el agravio actual y directo que la ley, tratado, reglamento o acto de autoridad le ocasione, más aún, se hace consistir en una probable afectación que en el futuro puede o no darse, por lo que tiene el carácter de futuro y no de inminente realización. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio establecido por la Primera Sala en la Tesis visible en la página 1384 del Tomo XXXVI, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." De igual forma, tiene aplicación, por analogía la tesis visible en la página 120, Tomo: IX, Enero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tener literal siguiente: "ACTOS FUTUROS, PROBABLES E INCIERTOS. SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. Cuando el acto reclamado en el juicio de garantías, se hace consistir en el auto que apercibe a una de las partes litigantes, mediante cualquiera de las medidas de apremio, en el caso de incumplir con el requerimiento de la autoridad, es indudable que constituye un acto futuro, probable e incierto, cuenta habida que de una correcta interpretación de la tesis relacionada en tercer lugar con la jurisprudencia número 74, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, visible en la Página 123, que dice: "ACTOS FUTUROS", se desprende que el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea inminente, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de la autoridad, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se ha de dictar, hipótesis que no se actualiza, cuando el actuar de la responsable, se encuentra condicionado por la conducta previa de los particulares o partes en litigio, como sucede con la probable utilización de las medidas de apremio, pues bastaría cumplir con lo ordenado por la autoridad para que aquéllas no se hicieran efectivas y, por consiguiente, su actualización constituye un acto futuro e incierto, y por ello, procede sobreseer en el juicio de amparo." De igual forma, cobra aplicación a lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1032, tomo XV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTOS FUTUROS O PROBABLES. Contra ellos es improcedente conceder el amparo.". Finalmente, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 839, tomo XX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTOS FUTUROS. Contra ellos es improcedente conceder la protección federal.". En esas condiciones, inconcuso resulta que en el caso cobra vigencia la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la presente demanda de amparo promovida por Carmen Leonor Castellanos Ortiz, en cuanto miembro del colectivo "FRENA", por su manifiesta e indudable improcedencia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las parte y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa e la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para los impetrantes de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente incidente de suspensión, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte solicitante el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que éstas les han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Ahora, toda vez que el impetrante de garantías precisó como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, los cuales no pueden tenerse como tal, dígasele que hasta en tanto señale uno en esta ciudad, las notificaciones que deban hacérsele, incluso las de carácter personal, se le realizarán por medio de la lista, de acuerdo con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Apoya esta consideración la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, identificada con la clave XXII.1º.22K, visible en la página 1067, del tomo VIII, diciembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ESTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía , se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público". Por otra parte, téngase como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley que rige el juicio constitucional a Valente Arizabalo Priego, Edmundo A. Vite, Ruperto Martínez Gómez, y Alejandro Romel Martínez , toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registradas sus cédulas profesionales que los acredita como licenciados en derecho. No así a Miguel Ángel Amaro Martagón y Diana Gutiérrez García, toda vez que no cuentan con dicho requisito. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pág. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que una vez que se normalicen en su totalidad las labores presenciales en este órgano jurisdiccional, el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo; y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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