Carmen Julia Rodriguez Muñoz

Expediente 687/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
687/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
09/09/2019

Partes del expediente

  • Carmen Julia Rodriguez Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación que antecede de la Secretaría de este juzgado, se desprende que la parte quejosa dentro del término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, no interpuso recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de agosto del año en curso, por el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Agréguese a sus autos el escrito signado por la ISAAC NAVA MUÑOZ; en atención a su contenido, dígasele que no ha lugar acordar de conformidad su petición, en virtud de no ser parte en el presente asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por la quejosa CARMEN JULIA RODRIGUEZ MUÑOZ, en su carácter de madre de familia de ANAHI CORTES RODRIGUEZ, por el que manifiesta dar cumplimiento a los proveídos de seis y doce de agosto del presente año, sin que haya acreditado en forma alguna la representación con la que se ostenta. Por otra parte, atendiendo a que la parte quejosa solicita se admita la demanda de amparo por propio derecho, se provee: El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales establece que el juzgador examinará ante todo el escrito de demanda y si el Juez encontrare motivo "manifiesto" e "indudable" de improcedencia, la desechará de plano. Lo manifiesto surge cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de quien suscribe y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia VI.2o.J/290, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número ochenta, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, octava época, página sesenta y cuatro, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En el caso, la promovente de amparo reclama la negativa de entregarle a ANAHI CORTES RODRIGUEZ la documentación relativa a la terminación de estudios del nivel medio superior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (CECYTE). Ahora bien, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por su parte, el artículo 6° de la Ley de Amparo, dispone: "El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Por su estrecha vinculación, también conviene citar los preceptos 9, 14 y 15, del ordenamiento legal citado que disponen: "Artículo 9. [.] Los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal, así como los gobernadores y jefe de gobierno de éstos, procuradores General de la República y de las entidades federativas, titulares de las dependencias de la administración pública federal, estatales o municipales, podrán ser sustituidos por los servidores públicos a quienes las leyes y los reglamentos que las rigen otorguen esa atribución, o bien por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos. Cuando el responsable sea una o varias personas particulares, en los términos establecidos en la presente Ley, podrán comparecer por sí mismos, por conducto de un representante legal o por conducto de un apoderado." "Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual (sic) que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente." Si la promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de cincuenta a mil días de la unidad de medida y actualización vigente a esta fecha, cuyo valor fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, al momento de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días. [...]". "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad". Finalmente, el ordinal 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Articulo 22.- Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. (...)" De lo antes transcrito, se colige que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de garantías consiste en que siempre debe ser promovido a instancia de parte agraviada, por ello la representación de quien acude ante esta vía de amparo es un presupuesto que tendrá que acreditarse en términos de lo que establecen los dispositivos arriba anotados. En la especie, de la demanda de amparo de que se trata, no se advierte que se esté en presencia de uno de los supuestos a que aluden los multicitados artículos, para la procedencia de la interposición de la demanda por conducto de un tercero, pues si bien el artículo 6° de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías podrá ser promovido por conducto de representante, lo cierto es, que dicho concepto no debe atenderse de manera aislada, sino vinculado con los artículos 9, 14 y 15 de la ley de la materia. En materia penal existen tres supuestos en que la demanda de amparo puede promoverse por persona distinta a los quejosos: a) Cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 9 transcrito. b) Por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento penal (artículo 14). c) Por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; pero, con la salvedad de que el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo (artículo 15). Así, del escrito inicial de demanda no se advierte que en el presente se actualice ninguno de los supuestos enunciados; cuenta habida que no se aprecia que la quejosa se encuentre impedida para hacer valer la acción del amparo por sí misma; con independencia de que este viviendo bajo el mismo techos de la promovente, sin que se aprecia que exista alguna circunstancia que la imposibilite para signar la demanda de amparo por su propio derecho, de ahí que, es inconcuso que para efectos de la tramitación de este juicio, quien suscribe la demanda no están legitimada para promover el juicio de amparo a nombre o representación de la quejosa, máxime que no se está ante la presencia de uno de los actos señalados por dicho artículo 15 de la Ley de Amparo, en relación con el 22 constitucional. Se sostiene lo anterior, pues como se precisó no se advierte que la inconforme se encuentre imposibilitada ni física ni legalmente para hacer valer la acción constitucional, y hacerla llegar a este órgano de control constitucional por conducto de representante legal o cualquier persona, pues se reitera que el artículo 15 de la Ley de Amparo, prevé como excepción para que otra persona pueda promover a nombre del directamente agraviado, sólo cuando se encuentre imposibilitado para ello, y en el caso no se advierte dicha situación, pues se reitera no existe antecedente alguno de ese acto. Adicionalmente, como ya se dijo, tampoco reclama actos inminentes que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, pues el acto reclamado se hace consistir en la negativa de entregarle a ANAHI CORTES RODRIGUEZ la documentación relativa a la terminación de estudios del nivel medio superior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (CECYTE). Asimismo, apoya la jurisprudencia 2ª./J.75/97, visible en la página trescientos cincuenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Enero de mil novecientos noventa y ocho, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, de rubro siguiente: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO.". Igualmente, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Quinta Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, a foja dos mil setenta y seis, del tomo LXXIII, cuyo rubro refiere: "AMPARO PROMOVIDO A NOMBRE DE OTRO." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 6° aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo procedente es, desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, del ordenamiento legal en cita. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por la quejosa CARMEN JULIA RODRIGUEZ MUÑOZ, en su carácter de madre de familia de ANAHI CORTES RODRIGUEZ, por el que manifiesta dar cumplimiento a los proveídos de seis y doce de agosto del presente año, sin que haya acreditado en forma alguna la representación con la que se ostenta. Por otra parte, atendiendo a que la parte quejosa solicita se admita la demanda de amparo por propio derecho, se provee: El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales establece que el juzgador examinará ante todo el escrito de demanda y si el Juez encontrare motivo "manifiesto" e "indudable" de improcedencia, la desechará de plano. Lo manifiesto surge cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de quien suscribe y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia VI.2o.J/290, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número ochenta, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, octava época, página sesenta y cuatro, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En el caso, la promovente de amparo reclama la negativa de entregarle a ANAHI CORTES RODRIGUEZ la documentación relativa a la terminación de estudios del nivel medio superior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (CECYTE). Ahora bien, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por su parte, el artículo 6° de la Ley de Amparo, dispone: "El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Por su estrecha vinculación, también conviene citar los preceptos 9, 14 y 15, del ordenamiento legal citado que disponen: "Artículo 9. [.] Los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal, así como los gobernadores y jefe de gobierno de éstos, procuradores General de la República y de las entidades federativas, titulares de las dependencias de la administración pública federal, estatales o municipales, podrán ser sustituidos por los servidores públicos a quienes las leyes y los reglamentos que las rigen otorguen esa atribución, o bien por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos. Cuando el responsable sea una o varias personas particulares, en los términos establecidos en la presente Ley, podrán comparecer por sí mismos, por conducto de un representante legal o por conducto de un apoderado." "Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual (sic) que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente." Si la promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de cincuenta a mil días de la unidad de medida y actualización vigente a esta fecha, cuyo valor fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, al momento de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días. [...]". "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad". Finalmente, el ordinal 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Articulo 22.- Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. (...)" De lo antes transcrito, se colige que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de garantías consiste en que siempre debe ser promovido a instancia de parte agraviada, por ello la representación de quien acude ante esta vía de amparo es un presupuesto que tendrá que acreditarse en términos de lo que establecen los dispositivos arriba anotados. En la especie, de la demanda de amparo de que se trata, no se advierte que se esté en presencia de uno de los supuestos a que aluden los multicitados artículos, para la procedencia de la interposición de la demanda por conducto de un tercero, pues si bien el artículo 6° de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías podrá ser promovido por conducto de representante, lo cierto es, que dicho concepto no debe atenderse de manera aislada, sino vinculado con los artículos 9, 14 y 15 de la ley de la materia. En materia penal existen tres supuestos en que la demanda de amparo puede promoverse por persona distinta a los quejosos: a) Cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 9 transcrito. b) Por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento penal (artículo 14). c) Por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; pero, con la salvedad de que el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo (artículo 15). Así, del escrito inicial de demanda no se advierte que en el presente se actualice ninguno de los supuestos enunciados; cuenta habida que no se aprecia que la quejosa se encuentre impedida para hacer valer la acción del amparo por sí misma; con independencia de que este viviendo bajo el mismo techos de la promovente, sin que se aprecia que exista alguna circunstancia que la imposibilite para signar la demanda de amparo por su propio derecho, de ahí que, es inconcuso que para efectos de la tramitación de este juicio, quien suscribe la demanda no están legitimada para promover el juicio de amparo a nombre o representación de la quejosa, máxime que no se está ante la presencia de uno de los actos señalados por dicho artículo 15 de la Ley de Amparo, en relación con el 22 constitucional. Se sostiene lo anterior, pues como se precisó no se advierte que la inconforme se encuentre imposibilitada ni física ni legalmente para hacer valer la acción constitucional, y hacerla llegar a este órgano de control constitucional por conducto de representante legal o cualquier persona, pues se reitera que el artículo 15 de la Ley de Amparo, prevé como excepción para que otra persona pueda promover a nombre del directamente agraviado, sólo cuando se encuentre imposibilitado para ello, y en el caso no se advierte dicha situación, pues se reitera no existe antecedente alguno de ese acto. Adicionalmente, como ya se dijo, tampoco reclama actos inminentes que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, pues el acto reclamado se hace consistir en la negativa de entregarle a ANAHI CORTES RODRIGUEZ la documentación relativa a la terminación de estudios del nivel medio superior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (CECYTE). Asimismo, apoya la jurisprudencia 2ª./J.75/97, visible en la página trescientos cincuenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Enero de mil novecientos noventa y ocho, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, de rubro siguiente: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO.". Igualmente, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Quinta Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, a foja dos mil setenta y seis, del tomo LXXIII, cuyo rubro refiere: "AMPARO PROMOVIDO A NOMBRE DE OTRO." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 6° aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo procedente es, desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, del ordenamiento legal en cita. Notifíquese personalmente. ***

  4. Principal

    Agréguese a sus autos el escrito, registrado con el número 11507, suscrito por CARMEN JULIA RODRIGUEZ MUÑOZ, en su carácter de madre de ANAHI CORTES RODRIGUEZ, en atención a su contenido, y advirtiéndose que dicha promovente, no cumplió con el inciso b), señalado en el auto de prevención de fecha seis de agosto de dos mil diecinueve, por tanto, dígasele que sigue corriendo el término otorgado en el proveído mencionado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia visible en la página 400, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Primera Sala, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE.- Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo". También sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia visible en la página 133, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO.- De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda". Notifíquese personalmente.

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