Carmen Jovana Cruz Delgado
Expediente 1789/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1789/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/02/2018
Partes del expediente
- Carmen Jovana Cruz Delgado
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, doce de febrero de dos mil dieciocho. QUEJA Intégrese el oficio signado por el Secretario Adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual remite testimonio de la resolución emitida en el recurso de queja 189/2017, en la cual se determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por Carmen Jovana Cruz Delgado, contra el proveído de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de amparo 1789/2017, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca." Acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas. ARCHIVO En acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.
- Principal
"...INTEGRESE EL ESCRITO SIGNADO POR LA QUEJOSA, POR EL CUAL INTERPNE RECURSO DE QUEJA,..." CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS...... RINDASE EL INFOME RESPECTIVO AL QUE SE ANEXARA EL ESCRITO DE AGRAVIOS EN ORIGINAL Y COPIAS CETIFICDAS DE TODO LO ACTUADO EN EL PRESENTE JUICIO..."
- Principal
RADICACIÓN Visto el escrito de demanda signado por Carmen Jovana Cruz Delgado, regístrese bajo el número de expediente 1789/2017-VI-B. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis íntegro de demanda, se obtiene que la parte quejosa reclama: La orden de citación emitida por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Seis de Trámite, de la Unidad de Investigación "AL", Toluca, Estado de México, en la carpeta de investigación ***, número económico ***/2017. DESECHAMIENTO En ese sentido, resulta improcedente el juicio de amparo, en atención a que se actualiza la causa prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" "XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la Presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". Dicha disposición hace referencia a la fracción I del numeral 5°, también de esa legislación, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". De lo anterior es dable decir, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa; en el entendido de que el quejoso es el titular, en el caso, de un derecho subjetivo o bien, en otros casos, de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos a que se hace referencia en el artículo 1o de la ley de la materia y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cabe decir además, que los elementos constitutivos del interés jurídico, el cual en el caso interesa, consisten en demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Requisitos anteriores, que en caso de no satisfacerse alguno de ellos, el juicio de amparo será improcedente. Por tanto, para que el juicio de amparo sea procedente, se requiere, indispensablemente, que quien lo promueva demuestre la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada 2a. LXXX/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013 Tomo 3, página 1854, materia común, Décima Época, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente.". Ahora bien, como ya quedó de manifiesto, el acto reclamado corresponde a un citatorio para que se presentara, ante el agente del Ministerio Público, a fin de llevar a cabo una diligencia ministerial; lo que de ninguna manera puede considerarse como un acto de autoridad que pueda afectar o restringir su libertad personal, como lo aduce. Lo anterior es así, porque de inicio, por citatorio debe entenderse, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, edición 22.ª, publicada en 2001, como el documento con que se convoca a una persona para que comparezca ante alguien; y, dicho sea de paso, por citar debe entenderse, en lo que interesa, avisar a alguien señalándole día, hora y lugar para tratar de algún negocio; o bien, en Derecho, notificar una resolución administrativa o judicial con el fin de que su destinatario comparezca ante la autoridad que la dictó. Además, los párrafos primero y segundo del artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que resulta ser la legislación procedimental que corresponde a los actos realizados dentro de la carpeta de investigación, establecen lo siguiente: "Artículo 91. Forma de realizar las citaciones Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto. También podrá citarse por teléfono al testigo o perito que haya manifestado expresamente su voluntad para que se le cite por este medio, siempre que haya proporcionado su número, sin perjuicio de que si no es posible realizar tal citación, se pueda realizar por alguno de los otros medios señalados en este Capítulo. [.]." De lo anterior, se advierte que un citatorio emitido por una autoridad como en el caso corresponde al agente del Ministerio Público, no es otra cosa, más que el mero aviso de dicha autoridad al aquí quejoso, para que comparezca o se presente en determinado día, hora y lugar para cierta cuestión; sin que ello represente un acto de molestia al destinatario del aviso, pues de ninguna manera se le está obligando a comparecer, pues bien puede no acudir a la cita; de ahí que en el caso no se da el segundo requisito para tener por constituido el interés jurídico del quejoso, a fin de promover el juicio de amparo contra dicho citatorio, relativo a la afectación de un derecho subjetivo y en esa medida el juicio de amparo resulta improcedente y por tanto debe desecharse. No es óbice que el Ministerio Público podrá imponerle alguna medida de apremio en caso de no comparecer; ya que ello es un acto de realización futura e incierta, por la cual en todo caso, de actualizarle alguna medida, tendrá expedito su derecho de acción para promover el correspondiente juicio de amparo contra la misma. Tal criterio ha sido sostenido por el Cuarto y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el recurso de revisión ****, respetivamente. Sin que obste a lo anterior que la accionante de amparo manifiesta que el citatorio se encuentra dirigido a diversa persona de nombre ***, no así a ****; sin embargo, aduce también, que la responsable refirió que se trataba de la persona buscada, por lo que debía comparecer a la cita ministerial. En las relatadas circunstancias, al existir motivo manifiesto e indudable de la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Carmen Jovana Cruz Delgado, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADA En relación a la autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que ésta se avala en términos amplios siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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